El 16 de octubre próximo se llevaran a cabo las elecciones judiciales. El gobierno lo planteo en la nueva CPEP [Constitución Política del Estado Plurinacional] y ahora quiere que la población termine "democratizando" el poder judicial. Pero como todo lo que plantea este gobierno, tiene su trampa: la cuestión democrática se termina diluyendo entre la burocracia del Estado.

Una trampa más

Esto es un engaño más. El gobierno quiere que la opinión pública diga: ahora la cosa en la justicia será más "justa" porque lo elegimos nosotros. Esta es la trampa del gobierno: no hay nada que elegir realmente. Es que los candidatos ya fueron elegidos por el Congreso: ahí es donde se cocinó todo. No existe tal "elección independiente" que pueda elegir la población; la selección que realizo el Congreso determino quienes serian los candidatos: no se pueden postular libremente para que la población decida. Si gana tal o cual, el gobierno los tendrá de su parte y hará a su antojo la justicia en este país.

La derecha reaccionaria, como es común, se puso en contra de las elecciones, por ser el judicial un poder que siempre estuvo a cargo de la elite de la burguesía. Por esto es que rechazan, por derecha, unas elecciones que en principio pudieron ser democráticas, rompiendo con la casta judicial.

A esto se le suma que el gobierno viene realizando juicios a todo opositor. Y es acá donde las cosas podrían cambiar y terminar de descabezar lo que fueron los oligarcas de siempre. Siempre este poder fue parte del reparto de poderes y en el cual la población no tenia ni arte ni parte: por eso el judicial es un poder del estilo "casta": porque es cerrado, y la población no puede decidir nada sobre él, siquiera mediante el mecanismo del voto secreto (como quiere ahora instrumentar el MAS, pero bastardeando realmente el mecanismo porque sólo se podrá elegir a quienes el propio gobierno autorizó).

Obviamente, no apoyamos esta posición de la derecha; nos diferenciamos de la derecha reaccionaria. Las elecciones tendrían que haber sido realmente libres, donde el pueblo pueda presentarse sin ninguna cláusula y sin pasar por organismos de control. Sólo el pueblo trabajador es capaz de determinar quien impartiría justicia.

¿Entonces, que se elige en octubre? Lo que se termina eligiendo será entre 116 candidatos. En el cual se elegirán nueve magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, siete al Tribunal Constitucional Plurinacional, siete del Tribunal Agroindustrial y cinco para el Consejo de la Magistratura.

Esto es separado en secciones entre hombres y mujeres en una papeleta donde llevaran los nombres de cada uno y un número. Se dice en las calles que con el número es donde harán campaña, y la designación será por el número x o z. Todo esto será un caos a la hora de elegir. Para la población, encima, la información es muy escasa. Terminará el gobierno llevando unas elecciones que nadie entiende que función tiene cada organismo.

Por una justicia al servicio de los explotados y oprimidos

La justicia sólo puede ser democrática si es tomada por la clase obrera en sus manos, elegida democráticamente en Asambleas Populares. Sólo así podrán los trabajadores estar tranquilos que la justicia no vendrá contra ellos: mediante la conformación de verdaderos Tribunales Populares. Esta experiencia se recorrió en la Comuna de Paris en el año 1871, así como luego de la Revolución Rusa y otros casos de revoluciones en el siglo XX.

Pero lo que planificó el MAS no es otra cosa que tratar de vaciar el reclamo de justicia popular desde abajo (todo el mundo sabe que en Bolivia hay amplias practicas de justicia originaria directa e independiente del Estado formal), tratando –mediante el mecanismo del voto secreto– de entregar en manos de la justicia del estado patronal todos los pleitos y litigios, institucionalizando los mismos.

En definitiva, este será un caso de pura demagogia oficialista; sólo será un poder judicial afín a los intereses del gobierno. Por esto decimos que en las elecciones de octubre VOTE NULO. Que el gobierno sepa que este tipo de acciones electorales tienen que ser realmente democráticas y no llevadas desde los intereses particulares del MAS.