El gobierno de Evo Morales soporta uno de los momentos más difíciles en lo que va del año desde el fallido intento de incremento del precio de los carburantes en enero, y desde la represión policial, el 25 de septiembre, de una protesta indígena en rechazo a la construcción de una carretera que afecta su territorio.

Entra en La Paz la marcha por el TIPNIS

La marcha llegó ayer fortalecida a la plaza Murillo de La Paz, luego de ser recibida por un masivo movimiento ciudadano. Morales invitó a sus líderes a un “diálogo directo”, según una carta difundida por el ministro de la Presidencia, Carlos Romero.

Esta es la octava ocasión, desde 1990, en que indígenas de tierras bajas marchan hacia la sede de gobierno por distintas razones. Sin embargo se trata de una de las que más solidaridad alcanzó.

Prueba de ello son las miles de personas que los acompañaron y recibieron con aplausos y lágrimas durante los últimos 12 kilómetros que recorrieron ayer desde las puertas de la ciudad, en el puesto de control de Urujara, hasta la plaza Murillo, donde se encuentran las sedes de los poderes Ejecutivo y Judicial. Morales no se hallaba en Palacio Quemado.

Así, los cerca de dos millares de marchistas recorrieron más 600 kilómetros en 66 días, subiendo desde los 237 metros sobre el nivel del mar de Trinidad, en el departamento de Beni, hasta los 3.600 de La Paz, con un saldo de varios enfermos y tres vidas perdidas , todas ellas de niños que fallecieron en distintas circunstancias, según informes de los medios locales.

Los marchistas provienen del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), una reserva ecológica ubicada en las sabanas de la amazonía al norte del país, y por cuyo núcleo cruza el segundo tramo de la carretera que el gobierno propone como proyecto de desarrollo nacional, en tanto que los pueblos indígenas de la zona la denuncian como atentatoria contra su hábitat.

Desde que la marcha comenzó, el 15 de agosto, vanos han sido los intentos del Gobierno –al menos en tres oportunidades– por aplacar el conflicto, que ha alcanzado su punto crítico durante la violenta represión policial del 25 de septiembre, que Morales reprobó antes de aclarar que no fue él quien había ordenado la medida.

Pero la aclaración presidencial no fue suficiente para amainar la protesta popular en las calles, donde se levantaron vigilias y manifestaciones a nivel nacional, que no se veían desde que el gobierno decidiera aprobar por decreto el incremento de carburantes hasta en un 99% la última semana de diciembre de 2010, medida conocida como el “gasolinazo” del MAS.

La presión social obligó entonces a Evo a derogar el decreto, como lo forzó ahora a suspender la construcción del segundo tramo de la carretera, cuyo futuro el gobierno prevé definir en un referéndum, según lo establece una ley ya aprobada y aún no promulgada. Consulta que los dirigentes de los marchistas ya han desahuciado advirtiendo que no dejarán La Paz sin conseguir “una ley que garantice que ningún proyecto (carretero) atravesará el Isiboro Sécure”.

Se cierra así un capítulo de un conflicto aún latente, el más prolongado de la era de Morales , pero también el de mayor impacto nacional y con efectos aún impredecibles. Esta vez es el movimiento indígena el que pone contra las cuerdas al gobierno, que se ha autodenominado como defensor del movimiento originario y de la Madre Tierra.

Completan el mal momento de Evo los resultados preliminares de las elecciones judiciales del domingo, cuya tendencia parece confirmar como mayoritarios los votos blancos y nulos por sobre los válidos, lo que ha sido empleado por la oposición política para plebiscitar la gestión gubernamental y cuestionar la legitimidad de los futuros jueces elegidos.