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Lecciones
del levantamiento popular
del 12 y 13 de febrero
Miguel
Pinto Parabá (Coordinador)
Sumario:
*
Presentación
del Coordinador
*
Introducción
de la COD de La Paz: La eclosión social boliviana y su raíz antiimperialista
*
Bolivia:
una fábrica de hacer pobres y desheredados
*
Gobierno
intentó sacrificar el salario del pueblo
*
Impuesto
al salario, una imposición del FMI
*
Sindicatos
revolucionarios: no estuvimos a la altura de la eclosión social
*
Analista
económico: se agotó el modelo, ahora hay que sepultarlo
*
Endeudamiento
externo, una nueva calamidad
*
La
quiebra fiscal
*
Los
rebeldes de uniforme
*
El
policía rebelde que derrotó al impuestazo del FMI
*
Hermano
contra hermano
*
El
poder mediático en Bolivia
*
Democracia
neoliberal: sangre, violencia e impunidad
*
MAS: la
solución viene de abajo
*
Mallku:
trabajamos para hacer caer al Gringo
*
¿Golpe
de Estado o salida popular?
*
Los
cinco desafíos del movimiento antineoliberal
*
Lecciones
del levantamiento popular boliviano y resoluciones del Encuentro
*
Trotskistas:
es hora del gobierno obrero campesino
*
Crisis
sindical: dirigentes de la COB quedan al descubierto
Presentación
del Coordinador
Con el
fin de realizar un balance crítico y autocrítico de la rebelión boliviana que
tuvo el trágico saldo de 33 muertos a bala y cerca de 2] O heridos, la Comisión
Política de la Central Obrera Departamental (COD) de La Paz organizó el Encuentro
Nacional: Lecciones del Levantamiento Popular del] 2 Y 13 de Febrero, que
se realizó en la Casa de Retiros del Padre Damián, en la ciudad de La Paz, el
25 y 26 de febrero
Este
evento, que contó con la participación activa de más de 350 dirigentes de todo
el país, fue la continuación de la "reunión conjunta de emergencia"
de la COD de La Paz, el Bloque Sindical Antineoliberal y el Estado Mayor del
Pueblo, que analizó, en Cochabamba, el domingo 16 de febrero, la grave
coyuntura política del país.
La sede
del Encuentro Nacional, lamentablemente, quedó pequeña para albergar a decenas
de intelectuales, universitarios, trabajadores de base, militantes de partidos
políticos, policías, militares y dirigentes que quisieron participar de las
deliberaciones. Muchos no pudieron ingresar a la reunión. Esta es una de las
razones principales que nos llevó a plasmar en el papel las Lecciones del
levantamiento popular del 12 y i3 de febrero.
Es
preciso aclarar que esta especie de gran reportaje, en blanco y negro, es una
producción colectiva.
Subrayamos
la invalorable colaboración que se recibió de los responsables del periódico
digital econoticiasbolivia.com, quienes hicieron el seguimiento
noticioso veraz del alzamiento popular del 12 y 13 de febrero y, luego, del
"Encuentro Nacional". Sin su material informativo hubiera sido
imposible la publicación de este sencillo texto.
Agradecemos,
también, el apoyo que recibimos del Centro de Estudios para el Desarrollo
Laboral y Agrario (CEDLA), que financió la impresión de quinientos ejemplares
de esta obra. Aclaramos que todas las recaudaciones que provengan de la venta
de estos textos irán a un "fondo de publicaciones" de la Escuela
Sindical de la COD-La Paz "Marcelo Ouiroga Santa Cruz", como decidió
el último Congreso Ordinario de los trabajadores del departamento.
Destacamos,
igualmente, la cooperación de los reporteros gráficos Jorge y Sergio Landaeta,
quienes nos permitieron bucear en su gigantesco archivo digital, donde
descubrimos históricas fotografías acerca de los acontecimientos de febrero.
Nos
sentiremos enormemente recompensados si estas páginas llegan a convertirse en
manos de los trabajadores de base y sindicalistas en instrumentos de reflexión
y organización, que, después, los lleve a empujar al país hacia una realidad
más justa y solidaria, sin explotados y sin explotadores.
Miguel
Pinto Parabá (Coordinador)
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Introducción:
La eclosión social boliviana y su raíz antiimperialista
El
levantamiento popular boliviano del 12 y 13 de febrero se desarrolló dentro de
un contexto internacional caracterizado por la lucha entre. dos mundos: 1) el
mundo guerrero y depredador del capital y 2) los movimientos sociales de
resistencia que están en ascenso.
Después
de los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas y el
Pentágono, el gobierno norteamericano dio un viraje en su política
internacional. que ahora se caracteriza por ser eminentemente guerrera.
Desde
entonces, quedó claro que la "doctrina imperialista de George Bush",
como explicó el escritor y docente universitario de Estados Unidos, James
Petras, tiene seis características particulares:
1) Es
ofensiva, porque Estados Unidos se está jugando la vida con este proyecto y,
por lo tanto, no tendrá contemplaciones con los países y movimientos sociales
que se le pongan al frente.
2)
Habla de "guerras permanentes" en todo el mundo.
3) Toma
decisiones militares unilaterales.
4) Su
política militar recolonizadora está relacionada estrechamente con el
"capital especulativo (el banquero)" y el "capital extractivo
(apuntalado por las empresas transnacionales)", que no genera empleo.
5) Es
elitista, pues no tiene consenso internacional ni dentro de su propio país.
6) Es
depredadora, porque busca la captura del excedente económico a través de la
fuerza.
En este
marco, la invasión que el gobierno norteamericano desató en Irak es un ejemplo
concreto de la forma cómo opera, en el 2003, la doctrina imperialista de Bush.
El
poder sobre la segunda reserva de petróleo del mundo, la baja de su precio a 20
dólares por barril —para que esto ayude a Estados Unidos a salir de su aguda
crisis de sobreproducción—, y la liquidación física del “integrismo islámico”
—que tiene fuertes tendencias antiimperialistas—, son los fines últimos de esta
guerra depredadora.*
Estados
Unidos, un gigante con pies de barro
En
América Latina, uno de los mecanismos clásicos que Estados Unidos utiliza con
éxito para poner de rodillas a los gobiernos neoliberales es la deuda externa.
Para aplicar sus políticas económicas y militares presiona a sus
"acreedores" a través del Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y otros aparatos de control estadounidenses.
Empero,
en el último año y medio, el imperio del norte ha radicalizado su estrategia ya
puesto en marcha otras medidas anexionistas, como, por ejemplo, el ALCA, la
construcción de bases militares y el respaldo a la guerra
"contrainsurgente" en toda Latinoamérica. El viraje, igualmente,
tiene rasgos belicistas.
La
política guerrera de la Administración Bush, sin embargo, tiene su talón de Aquiles.
Según Petras, la crisis económica de Estados Unidos es tal que su gobierno está
obligado a "chupar (a sus nuevas colonias) mil millones de dólares diarios
para superar su déficit fiscal". Este hecho ha azuzado sus conflictos
sociales internos y, al mismo tiempo, ha polarizado la lucha de clases en toda
América Latina.
Los
obreros, los campesinos y las clases medias empobrecidas de todo el continente
están viviendo un acelerado proceso de redicalización, que los ha impulsado a
protagonizar una serie de movimientos sociales que tienen hondas raíces
antiimperialistas y en algunos casos anticapitalistas. Y es en esta cadena de
hechos continentales donde surge, con virulencia, el levantamiento popular
boliviano del 12 y 13 de febrero, con todas las características que se exponen
en los 19 artículos de este texto.
El
alzamiento social de febrero, en el fondo, es parte de la luchJ untagónica
entre el mundo del capital y el mundo del trabajo.
Crisis
estructural
En los
artículos "Bolivia, una fábrica de hacer pobres y rebeldes"; "Gobierno
intentó sacrificar el salario del pueblo”, e "Impuestazo al
salario, un imposición del FMI" se muestra, con datos oficiales, la
crítica situación económica y social del país y la forma cómo el gobierno
pretendió confiscar una parte del salario de los trabajadores. Aquí queda al
descubierto el detonante que hizo estallar la eclosión social de febrero.
Luego,
dos analistas económicos hacen un puntilloso' balance acerca de la bancarrota
del modelo neoliberal-capitalista los textos informativos "Analista
económico: se agotó el modelo, ahora hay que sepultarlo"; "Endeudamiento
externo, una nueva calamidad”, y "La quiebra fiscal" se
esbozan también algunas pistas para remplazar el actual sistema económico.
Apoyados
con reveladoras fotografías. los artículos "Los rebeldes de
uniforme"; "El policía rebelde que derrotó el impuestazo del
FMI"; "Hermano contra hermano"; "El poder
mediático en Bolivia”, y "Democracia neoliberal: sangre, violencia
e impunidad” exponen algunos dispositivos internos de la rebelión.
Varios
sectores sociales, al final, realizan, desde diversos puntos de vista, la
crítica y la autocrítica de los acontecimientos del 12 y 13 de febrero. En "Sindicatos
y revolucionarios: no estuvimos a la altura de los acontecimientos"; "MAS:
la solución viene de abajo"; "Mallku: trabajamos para hacer
caer al gringo”; "Golpe de Estado o salida popular"; "Los
cinco desafíos del movimiento antineoliberal"; "Lecciones del
levantamiento popular boliviano"; "Trotskystas: es hora del
gobierno obrero campesino", y "Crisis sindical: dirigentes de
la COB quedan al descubierto" se revelan las fortalezas y debilidades
del envalentonado movimiento social boliviano.
En fin,
esta sencilla obra es un amplio balance de la crisis estructural del país hecho
por los trabajadores y para los trabajadores.
El
Comité Ejecutivo de la COD de La Paz, 26 de marzo de 2003
* Véase
Oscar Vargas, (2003): "Salir de la recesión bajando el precio del crudo
a 20 dólares”, Informe Especial, de La Prensa, La Paz,
20/03/03.
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Bolivia:
una fábrica de hacer pobres y rebeldes
En
el país, 350.000 personas carecen de empleo y tienen un ingreso cero; cada día,
tres mujeres mueren al dar a luz por falta de atención médica; la tasa de
mortalidad infantil alcanza a 67 por cada mil niños nacidos vivos; la
desnutrición en niños menores de 3 años es del 28%, y el gobierno quiso imponer
un impuestazo.
(Econoticiasbolivia.com)
El modelo boliviano se ha convertido en una verdadera fábrica generadora de
pobreza y rebeldía. En el último año casi 130 mil bolivianos cayeron en la
pobreza, más de 50 mil perdieron el empleo y el ingreso per cápita y el salario
tocaron fondo. Solo trepó el descontento y el malestar social que fueron los
ejes de la revuelta popular que conmocionó Bolivia.
Las
cifras oficiales de la debacle económica y social. agravadas en extremo en los
últimos años, muestran que el último trienio, entre 1999 y 2001, más de 380 mil
personas cayeron en la pobreza y la marginalidad, según el recuento de la
Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE).
La
indigencia y miseria crecieron vertiginosamente, especialmente en el área
urbana, por lo que la proporción de ciudadanos que sobrevive con menos de un
dólar al día se ensanchó hasta alcanzar a más de la cuarta parte de la
población. Oficialmente se estima que por lo menos cinco de los ocho millones
de bolivianos son pobres, estando la mitad de ellos en un estado de indigencia
y miseria.
Entre
1998 y 2002, el ingreso per cápita cayó en casi una quinta parte. Según los
datos del Ministerio de Hacienda, el ingreso per cápita en 1998 era de un poco
más de 1.100 dólares al año y en el 2002 de tan solo 900 dólares.
La
evaluación de UDAPE establece que "los últimos cuatro años han sido de
intensa crisis económica en toda Latinoamérica y que en Bolivia se tuvo un
crecimiento promedio del PlB de 1,6 por ciento, mientras que el nivel de
crecimiento poblacional alcanzó el 2,3 por ciento, lo que significa una tasa
negativa de crecimiento per cápita en ese lapso".
"Esta
situación ha tenido un efecto devastador sobre el sector productivo.
particularmente
en la industria manufacturera. Uno de los datos que más impacta de esta
situación es que una creciente proporción de la población vive con ingresos por
debajo de la línea de pobreza."
Muchos
de ellos, desempleados, trabajadores y niños de la calle, estudiantes y obreros
con míseros salarios. participaron activamente en la revuelta cívico policial.
que hizo tambalear al régimen neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada. durante
la segunda semana de este febrero loco.
Injusticia
social
La
bronca de los de abajo se estrelló contra las instituciones del Estado, los
partidos neoliberales y contra sectores empresariales, revelando el enorme
abismo que existe en Bolivia entre los sectores más acaudalados de la población
y los más pobres. Esta profunda brecha económica y social se ensanchó en los
últimos años con la caída del salario real y del ingreso per cápita, que
impactó con mayor rigor en los sectores más pobres y desprotegidos.
Esta
aguda desigualdad en la distribución del ingreso ha convertido a Bolivia en uno
de los países con más inequidad económica y social. Según la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL). Bolivia es el prototipo
latinoamericano de la desigualdad: la mayor parte de la población subsiste en
la extrema pobreza. mientras un puñado de personas concentra la mayor parte de
la riqueza. Esta injusta distribución de la riqueza se ahondó desde la
aplicación del modelo neoliberal, en agosto de 1985. Los datos oficiales
muestran que actualmente la quinta parte de los hogares más ricos recibe
ingresos casi 50 veces superiores al de la quinta parte más pobre. El 10 por
ciento de la población más acaudalada, entre los que se encuentra el presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada y la mayor parte de sus colaboradores, concentra un
tercio del ingreso nacional y tiene más dinero que el obtenido en conjunto por
el 70 por ciento de la población, compuesto principalmente por indígenas,
campesinos, trabajadores informales, obreros y mujeres.
Desempleo
e informalidad
Este
mayoritario segmento de la población empobrecida está asentado básicamente en
las microempresas y en la informalidad. El 65 por ciento de la población económicamente
activa está inmerso en el autoempleo de subsistencia familiar y en la
informalidad. El 83 por ciento de la población económicamente activa trabaja en
las micro y pequeñas empresas, con bajísimos niveles de productividad y que
sobreviven solo por la autoexplotación y el sacrificio familiar.
Sufriendo
como ellos, están otros 350 mil bolivianos que carecen de empleo y tienen un
ingreso cero. Cerca de otro millón de trabajadores tiene un empleo de baja
calidad y gana por debajo de lo que se necesita para cubrir el costo de una
canasta básica de alimentos y servicios básicos.
Sobre
este sector de asalariados, el gobierno boliviano quiso; bajo la presión del
Fondo Monetario Internacional. descargar el peso de la crisis fiscal, a través
de un impuesto al salario, lo que encendió la chispa de la convulsión social.
Para
los de abajo, era claro que el gobierno intentaba financiar, con el dinero de
los asalariados y de los más pobres, el despilfarro gubernamental. la
inocultable y extendida corrupción de los gobernantes y la masiva defraudación
tributaria que hacían empresarios nacionales y transnacionales petroleras.
El
impuestazo del gobierno de los millonarios era inaceptable para un país donde
cada día tres mujeres mueren al dar a luz por falta de atención médica, donde
la tasa de mortalidad infantil alcanza a 67 por cada mil niños nacidos vivos y
la desnutrición de niños y niñas menores de 3 años es del 28 por ciento.
La
rebeldía de los de abajo también se alimenta al constatar que por lo menos uno
de cada cinco bolivianos está desnutrido, que una de cada cuatro niñas y niños
tiene una estatura baja para su edad, que el cinco por ciento de las niñas y
niños nacen con bajo peso y que una de cada cuatro mujeres bolivianas en etapa
de gestación sufre de anemia por tener una deficiente alimentación. Y ni hablar
de la economía campesina y del área rural. donde sólo se cosecha pobreza,
amargura y rebelión social.
Por
eso, el impuestazo fue la gota que rebalsó el vaso. Las víctimas del modelo
neoliberal devolvieron el golpe, frenaron la confiscación de parte de los
salarios y refrendaron con sangre una advertencia: ya no están dispuestos a más
sacrificios para salvar al modelo boliviano de la bancarrota.
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Gobierno
intentó sacrificar el salario del pueblo
Junto
con el “impuestazo”, el proyecto dispuso un tratamiento favorable para los
empresarios, al disminuir el Impuesto al Valor Agregado del 13 al 12,5 % y el
Impuesto a las Transacciones del 3 al 2,5 %.
(Econoticiasbolivia.com)
Fue un atentado a la economía popular. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada
anunció, el domingo 9 de febrero, su intención de confiscar parte de los
salarios e ingresos de los trabajadores y empleados del sector público y
privado en una proporción que va desde el 4,2 por ciento al 12,5.
En su
mensaje a la nación, trasmitido por una red de canales televisivos, Sánchez de
Lozada comunicó que Bolivia marcha al colapso si el Estado continúa gastando
más de lo que tiene. El déficit fiscal del 2002 fue superior al 8,5 por ciento
y para el 2003 se pretendió, bajo la presión del Fondo Monetario Internacional,
reducirlo a un poco más del 5 por ciento, recortando los gastos del Estado e
incrementando sus ingresos a través de mayores contribuciones y sacrificios del
sector laboral.
Con el
denominado "impuestazo", trabajadores, obreros y empleados de clase
media tenían que entregar parte de sus ingresos al Estado en la siguiente
proporción: desde el 4,2 al 12,1 %.
El
presidente también anunció que durante el 2003 no iba a dar paso a las demandas
de aumento salarial planteadas por las organizaciones sociales y laborales.
"Hay
un sacrificio adicional (...) no vamos a aumentar sueldos ni salarios",
aseguró Sánchez de Lozada y anunció que tampoco iba a conceder incrementos en
el presupuesto de las universidades públicas.
En el
proyecto de presupuesto, Sánchez de Lozada planteó adicionalmente el recorte
del 10 por ciento en los gastos del gobierno nacional. del Congreso y del Poder
Judicial.
Pero
junto a la mayor contribución que debían erogar los asalariados, el presupuesto
dispuso un tratamiento favorable para los empresarios al disminuir el Impuesto
al Valor Agregado del 13 al 12,5 por ciento y el Impuesto a las Transacciones
del 3 al 2,5 por ciento.
Según Sánchez
de Lozada, con esa rebaja se devolvía a la economía 280 millones de bolivianos
y se hacían más competitivas a las empresas, que podían mejorar su crítica
situación y rebajar los precios de sus productos.
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Impuesto
al salario, una imposición del FMI
El
déficit fiscal del 2002 llegó al 8,5 % del Producto Interno Bruto (PIB). Los
ingresos fiscales se han erosionado y los gastos se han disparado hacia arriba,
generando una creciente brecha que fue cuestionada por el Fondo Monetario
Internacional.
(Econoticiasbolivia.com)
Con la plata de los de abajo y por mandato del Fondo Monetario Internacional
(FMI). el gobierno boliviano intentó desactivar la bomba fiscal que amenaza con
hacer estallar sus frágiles finanzas.
Del
bolsillo de los asalariados, obreros y empleados del sector público y privado,
el gobierno neoliberal pretendió sacar casi 90 millones de dólares durante la
gestión del 2003, monto que le permitiría eliminar el 30 por ciento del
abultado déficit fiscal.
que ha
crecido aceleradamente por el despilfarro gubernamental. la inocultable
corrupción del aparato estatal, los excesivos gastos de la alta burocracia y la
reforma neoliberal del sistema de pensiones.
El
déficit fiscal del 2002 ha sido del 8,5 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB). un nivel insostenible para una economía tan diminuta y endeble como la
boliviana. Los ingresos fiscales se han erosionado y los gastos se han
disparado hada arriba, generando una enorme brecha que fue cuestionada por el
Fondo Monetario Internacional. Bajo la presión de este organismo, que casi
siempre marca la agenda y el norte de lo que se hace en Bolivia, el gobierno
anunció la reducción del déficit hasta el 5,5 por ciento del PIB para el 2003.
En esta
línea, de reducir gastos e incrementar ingresos, Sánchez de Lazada solicitó al
Congreso boliviano la aprobación respectiva para confiscar parte de los
ingresos y salarios de los trabajadores y empleados en una proporción que va
desde el 4,2 por ciento al 12,5 por ciento. La aprobación de esta medida era
inminente, dada la mayoría congresal que ostenta el gobierno, aunque nunca se
descartó que el repudio generalizado de la población ante el denominado
"impuestazo" pueda hacerla retroceder. por lo menos en alguna
proporción.
Otro
mecanismo previsto para reducir el déficit fiscal fue el mayor aporte
tributario exigido a las petroleras extranjeras que operan en Bolivia. De
ellas, el gobierno pretendió obtener alrededor de 75 millones de dólares
adicionales, monto que equivale al 25 por ciento del recorte del déficit.
Esta
nueva contribución exigida a las petroleras fue recibida con malestar por las
empresas transnacionales, las que sin embargo no han quedado tan mal paradas en
su relación con el Estado boliviano, ya que denuncias públicas de los propios funcionarios
de gobierno daban cuenta que estas petroleras anualmente defraudan en impuestos
cerca de 120 millones dólares al fisco.
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Sindicatos
revolucionarios: no estuvimos a la altura de la eclosión social
Tres
días después del levantamiento popular del 12 y 13 de febrero, el movimiento
obrero y popular realizó una primera crítica y autocrítica de su accionar.
Coincidieron en que la eclosión social estuvo marcada por la nítida ausencia de
una dirección política revolucionaria.
Miguel
Pinto Parabá
(Econoticiasbolivia.com)
Organizaciones obreras departamentales y nacionales que se reunieron con la
dirección del "Estado Mayor del Pueblo", el domingo 16 de febrero, en
Cochabamba, para evaluar la candente coyuntura económica y social del país, coincidieron
en un hecho: la última sublevación social boliviana fue "espontánea",
pues no fue timoneada por alguna dirección sindical-o política organizada.
A la
hora de hacer el balance, todos los dirigentes sindicales y militantes de
partidos revelaron que fueron "sorprendidos" por el motín policial y
el levantamiento social del 12 y 13 de febrero, que tuvo un saldo de 33 muertos
a bala y más doscientos heridos.
, El
máximo líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, el dirigente . de
la Coordinadora del Agua, Oscar Olivera, el ejecutivo nacional del magisterio
urbano, Estanislao Aliaga, y el representante de las Centrales' Obreras
Departamentales (CODes) del país, Genaro Torrico, reconocieron
"autocríticamente" que ninguna de las organizaciones a su mando ni la
progubernamental Central Obrera Boliviana (COB) coordinaron acciones para
dirigir este movimiento. [Posteriormente, la dirección oficialista de la COB
fue derribada en un Congreso (Nota de SoB).]
Sin
embargo, varios ministros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada aseguraron
lo contrario. A través de varias conferencias de prensa acusaran primero al
MAS, luego al "Estado Mayor del Pueblo" y finalmente a otras
organizaciones departamentales y sociales de ser las "responsables"
de las violentas jornadas de la semana pasada e incluso las involucraron en un
supuesto "golpe de Estado”.
Las
causas
De
acuerdo a los dirigentes sindicales que se reunieron el 16 de febrero en la
sede de las Federación de Fabriles de Cochabamba, el levantamiento popular
tiene raíces históricas.
La
vertical aplicación del modelo de libre mercado (desde agosto de 1985), que
desarrolló altas tasas de pobreza y desempleo, generó las condiciones
materiales para una eclosión social. que se viene revelando en el país, con
matices cada vez más virulentos, desde los movimientos sociales de abril y
septiembre del 2000.
Los
últimos datos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB)
revelan que en los cinco años de gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga (1997-2002)
el número de muertos en los conflictos sociales ascendió a 80, mientras que el
actual régimen, en sólo seis meses, ya tiene en su haber 57 muertos.
Otro
dirigente afirmó que el gobierno no es que no quiere sacar al país de la
crisis, sino que materialmente "no puede", porque, desde la
privatización de las principales empresas estatales y su entrega a las
transnacionales, los recursos que ingresaban al Tesoro General boliviano
disminuyeron paulatinamente.
La
política de erradicación de la hoja de coca también disminuyó el flujo de
circulante en todo el país, lo cual no fue subsanado-por los planes de
"desarrollo alternativo", agregó, a su turno, el dirigente de los
cocaleros de los Yungas, Dionisio Nuñez.
"La
espontánea sublevación se estrelló contra 17 años de opresión. El
neoliberalismo murió y las políticas impuestas por el FMl fracasaron",
sintetizó Oscar Olivera.
Para
algunos sectores radicales, sin embargo, lo que ocurrió la anterior semana es,
en el fondo, producto de la "bancarrota" del sistema capitalista
boliviano, que ingreso en una profunda crisis.
Otros
dirigentes hicieron notar que, cuando la propiedad privada se encuentra en
peligro, los propietarios, inevitablemente, dan un viraje hacia posiciones
conservadoras. Tomaron como ejemplo el radical cambio de discurso que
experimentaron los 'líderes de las confederaciones de empresarios, antes y
después del levantamiento popular.
Con el
fin de evitar un nuevo "impuestazo", "paquetazo",
"gasolinazo", "corralito" u otra medida que pretenda reducir
el alto déficit fiscal, según los sindicalistas, los bolivianos deben lanzar la
propuesta de la "reversión" de todas las empresas privatizadas desde
1985. Esta idea recibió aplausos y fue ampliamente respaldada por los cerca de
cincuenta asistentes a la reunión.
Vándalos
o antisistémicos
Otro
tema que se analizó a profundidad fue la presunta participación de
"delincuentes", "vándalos" y "francotiradores" en
las jornadas del 12 y 13 de febrero.
Los
niños y jóvenes que "en masa" se dieron a la tarea de saquear y
quemar entidades estatales, sedes de partidos políticos y entidades bancarias,
en las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, no son
"vándalos" ni "delincuentes", como afirman equivocadamente la
mayor parte de los medios de información comercial. sino son grandes grupos de
jóvenes que no encuentran alternativas bajo el actual sistema económico, afirmó
el profesor Estanislao Aliaga, luego de explicar que los manifestantes
prácticamente "apedrearon y quemaron los iconos del poder económico y
política boliviano".
El
ataque al Palacio de Gobierno, la Vicepresidencia, el Ministerio de Trabajo,
las Prefecturas, los Bancos de propiedad de conocidos políticos, la Alcaldía de
El Alto, algunas empresas transnacionales y privatizadas, y las sedes de los
partidos políticos en función de gobierno estuvo, aparentemente, guiada por un
nivel de conciencia.
Para
los asistentes a la reunión, el tema de los "francotiradores" quedó
claro. Estos "asesinos a sueldo", en realidad, son
"paramilitares" dirigidos por el gobierno y la Embajada
Norteamericana, denunció el dirigente obrero de la sede de gobierno, Genaro
Tarrico, quien fue respaldado por varios participantes.
Evo
Morales, basado en "informes de militares patriotas", denunció que
los francotiradores tenían el objetivo de liquidar a los cabecillas de los
policías amotinados y algunos dirigentes sindicales radicales.
U n a s
imágenes televisivas presentadas por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos
muestra que fueron los propios militares quienes dispararon contra jóvenes,
trabajadores y dos paramédicos de la Cruz Roja, el 13 de febrero.
Debilitamiento
del aparato represivo
Otra
conclusión a la que llegaron los sindicalistas fue que el levantamiento popular
del 12 y 13 de febrero hizo "explotar el aparato represivo del Estado
boliviano”. La tropa policial, apoyada por algunos "oficiales
progresistas" derrotó el "impuestazo" al salario y puso en jaque
al Eiército.
Se
conoció también que los suboficiales y sargentos de algunas guarniciones
militares del departamento de La Paz se "negaron" a salir a las
calles para reprimir a los sublevados.
Los
medios de comunicación, para la mayoría de los asistentes, jugaron un rol
"negativo y progubernamental" en el conflicto. Se ocuparon de
caracterizar al levantamiento como un movimiento "vandálico y
delincuencial", para justificar una mayor represión. Acerca de este tema
no se sacó conclusiones y se planteó que sea un punto de urgente análisis en el
encuentro que se realizará en la ciudad de La Paz.
Pero,
todo este movimiento popular estuvo marcado por una característica central: la
nítida ausencia de una dirección política y sindical. Una sentida necesidad que
también será analizada, a mayor profundidad, en un "Encuentro Social
Nacional" que se desarrollará en La Paz, el 25 y 26 de este mes. .
Los
militantes del MAS, la dirección del Estado Mayor del Pueblo y otras
organizaciones sindicales y sociales no negaron esta crítica, que fue casi
unánime, en el sentido que sus cuadros políticos “no estuvieron a la altura de
los acontecimientos".
Un
grupo de dirigentes lanzó también dardos contra el Movimiento Indígena
Pachacuti (MIP), encabezado por el dirigente campesino Felipe Quispe.
Criticaron acremente la ausencia del controvertido "Mallku" y el
analista político, Álvaro García Linera, quienes, en el momento del conflicto,
se encontraban de visita en México.
Olivera,
Torrico y Morales, al filo del encuentro, plantearon la 'idea de organizar un
nuevo "órgano de poder", la "asamblea popular
constituyente"; empero, esto quedó también en el tapete de discusión.
Documento
de conclusiones
Luego
del debate de cerca de cuatro horas, se convocó a una conferencia de prensa
para presentar un pronunciamiento colectivo de siete párrafos. Entre los puntos
más sobresalientes, se ratificó el pedido de "renuncia del presidente y
vicepresidente de Bolivia;. se determinó continuar las movilizaciones y
vigilias en las carreteras, se decidió otorgar un plazo hasta fin de mes para
dar solución a los pedidos de varios sectores sociales, y se denunció a la
comunidad internacional la intención del gobierno de someter a los dirigentes
de las organizaciones sindicales antineoliberales a "procesos
penales" por haber participado en el levantamiento social de la semana
anterior.
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Analista
económico: se agotó el modelo, ahora hay que sepultarlo
Los
ideólogos del neoliberalismo pensaban que retirar el Estado de las actividades
productivas, los empresarios privados nacionales y extranjeros iban a sacar el
país de la crisis. Pasaron 18 años y esta teoría, al chocar con la realidad, se
hizo trizas.
(Econoticiasbolivia.com)
El modelo neoliberal boliviano está totalmente agotado y solo resta enterrarlo,
aseguró el economista de izquierda Pablo Ramos, que ve un cortocircuito en el
proceso de acumulación de capital que inviabiliza toda posibilidad de
crecimiento y desarrollo nacional.
El ex
rector de la Universidad Mayor de San Andrés explicó que la actual crisis
económica y social que vive Bolivia es producto del agotamiento de las
políticas neoliberales que no pudieron, desde su aplicación, en agosto de 1985,
impulsar el crecimiento económico ni reactivar los sectores productivos ni
menos generar un proceso de desarrollo nacional. "El único mérito del actual
modelo es haber abatido la hiperinflación y haber logrado. una temporal y
precaria estabilización", dijo durante el Encuentro Nacional: Lecciones
del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero, que se realizó en la
ciudad de La Paz el 25 y 26 de febrero, y en que participaron representantes de
las más importantes organizaciones sindicales y sociales del país.
La
quiebra del modelo boliviano es, según Ramos, estructural. En los últimos años,
Bolivia ha recibido millonarios ingresos desde el exterior, como nunca en su
historia, pero, paradójicamente, dentro del país cae la producción. aumenta el
desempleo y disminuye el ingreso de los ciudadanos. Entre 1985 y el 2000 el
país obtuvo un ingreso de 13.685 millones de dólares, provenientes de la
inversión extranjera, donaciones y préstamos de los organismos internacionales.
Ese millonario flujo de recursos no permitió, sin embargo, impulsar las
actividades productivas ni reactivar la economía. Por el contrario, las
condiciones de vida y de trabajo empeoraron al igual que la situación de la
industria, la agricultura, la minería, la construcción, el comercio y los
servicios.
Esta
grave contradicción (Bolivia recibe mucho dinero, pero su economía es cada vez
más débil y su población más pobre) muestra, según Ramos, que los millonarios
recursos están siendo canalizados, manejados y apropiados por las empresas
transnacionales y los sectores políticos y sociales que los respaldan.
Crisis
de los empresarios
Los
inversionistas extranjeros están ganando a manos llenas. Están inflando sus
costos y gastos para pagar muy poco en impuestos y en dividendos a los
bolivianos, y así se están llevando fuera, del país los millones que ganan
explotando los recursos naturales no renovables.
Las
transnacionales no están reinvirtiendo en Bolivia y esa es la gran falla de
modelo, explicó Ramos. Los ideólogos del neoliberalismo pensaban que al retirar
al Estado de las actividades productivas, los empresarios nacionales y
extranjeros iban a tener, desde 1985, el campo libre para hacer buenos
negocios, llenarse de dinero y, posteriormente, reinvertir en el país,
desarrollando la producción, generando más riqueza y empleo.
Pero
esa teoría no se hizo realidad, por lo menos en lo que interesa a los
bolivianos. En su generalidad, los empresarios nacionales, por su extrema
debilidad, no pudieron hacer grandes negocios y, por el contrario, muchos de
ellos están en la bancarrota. Los grandes negocios fueron a manos de las
transnacionales, que están sacando el excedente y las riquezas a sus países de
origen.
Por
ello. el actual proceso de acumulación de capital esta descapitalizando y
empobreciendo a Bolivia e impidiendo su crecimiento y desarrollo.
"El
modelo neoliberal provoca además, la informalización de la fuerza de trabajo.
la desindustrialización del país y profundas crisis en el área fiscal y
comercial."
Según
Ramos, el neoliberalismo está destruyendo a Bolivia y a los bolivianos, por lo
que urge sepultado y reemplazarlo con un nuevo sistema económico y social más
humano. más productivo y que sea capaz de generar las condiciones para un mayor
bienestar para la población.
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Endeudamiento
externo, una nueva calamidad
Cada
año Bolivia destina aproximadamente 300 millones de dólares para pagar los
intereses y amortizar parte del capital de la deuda externa. Con los nuevos
préstamos, el erario nacional tendría que erogar cerca de 600 millones anuales.
La nueva deuda será pagada por el gas.l'
(Econoticiasbolivia.com)
Sin poder ocultar el descalabro y agotamiento de su modelo económico, el
gobierno boliviano está apostando sus cartas de sobrevivencia a un mayor
endeudamiento externo, que puede ser una nueva y fatal calamidad para el país,
advirtió el ex rector universitario Pablo Ramos.
"Nos
están llevando por el peligroso camino del endeudamiento externo e
interno", dijo el especialista al dar a conocer que los gobernantes
tramitan créditos por un valor cercano a los 5.000 millones de dólares, como
única vía para financiar su plan económico y superar los graves déficits
financieros y fiscales.
Con
este monto. la deuda externa boliviana virtualmente se duplicaría, al igual que
el oneroso servicio que se paga anualmente a los acreedores externos. Cada año,
Bolivia destina aproximadamente 300 millones de dólares para pagar los
intereses y amortizar parte del capital. Con los nuevos préstamos. el erario
nacional tendría que erogar cerca de .600 millones de dólares anuales, cifra
que es superior a todos los recursos que el Estado destina como inversión
publica, lo que es insostenible en el mediano y largo plazo.
"La
deuda externa ha sido y es una calamidad para los países pobres, que se ven
obligados a comprometer sus recursos naturales. La nueva deuda será pagada con
el gas boliviano", dijo el especialista, quien cree que Bolivia está a
punto de repetir la vieja historia de los años 70 cuando los países
latinoamericanos se veían en el trance de "exportar o morir para pagar la
deuda externa".
Los
estudios oficiales y de entidades privadas sobre el endeudamiento externo en
Bolivia coinciden en que, históricamente, los préstamos del exterior han
beneficiado muy poco a la economía nacional y a los bolivianos y que, en su
mayor parte, han servido para financiar los gastos dispendiosos de la alta
burocracia estatal y para acrecentar múltiples formas de corrupción y
enriquecimiento ilícito de los gobernantes. Por las condiciones, plazos y
modalidades de los créditos, la deuda externa se ha convertido en uno de los
más grandes escollos para el crecimiento y desarrollo nacional.
"Pagamos
y pagamos, pero la deuda no disminuye y más bien crece", aseguró Ramos,
quien cree que los programas de alivio de la deuda, reprogramaciones y
condonaciones parciales realizadas en el pasado en beneficio del país por los
acreedores externos no han servido de mucho para resolver este problema, que
puede agravarse a extremos insostenibles si el gobierno persiste en su política
de mayor endeudamiento.
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La
quiebra fiscal
La
profunda crisis fiscal que vive Bolivia está expresando la quiebra del modelo
neoliberal. La política económica ha perdido el norte. Es necesario recuperar
las ganancias y ingresos de la explotaci{on del gas natural, de la minería y de
la agricultura comercial del oriente.
(Econoticiasbolivia.com)
El modelo neoliberal ha quebrado las finanzas bolivianas y ha generado una
profunda crisis fiscal y la debacle de los sectores productivos, aseguró el
economista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA),
Carlos Arze.
En su
disertación sobre la crisis fiscal en el Encuentro Nacional: Lecciones del
Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero, Arze explicó que el modelo de
libre mercado, inaugurado con el DS 21060. de agosto de 1985 está virtualmente
agotado.
La
situación es insostenible en el campo de las finanzas públicas. Los ingresos
del Estado se han erosionado y los gastos tienen una tendencia creciente, lo
que genera un déficit cada vez más abultado y peligroso.
Actualmente
el Estado ya no puede sostenerse con los impuestos porque gran parte de la
economía nacional funciona en la informalidad y en el precapitalismo. Además,
según Arze. el sistema tributario es demasiado inequitativo: afecta a los
trabajadores y a los consumidores que son los que más pagan impuestos, pero no
a las empresas. "Los empresarios virtualmente no pagan impuestos."
El
analista explicó que la insostenibilidad en los ingresos fiscales se agrava en
la medida que es el propio modelo económico el que socava sus bases de
sustentación. "El modelo ha profundizado el deterioro del aparato
productivo nacional y ha desindustrializado al país. Tenemos una industria poco
relevante, muy débil. El modelo acabó con muchas industrias y gran parte de la
industria formal ha sido reemplazada por las unidades productivas informales,
que no pagan impuestos."
En este
escenario, el especialista considera que los ingresos tributarios pagados por
la población no pueden aumentar más. "Creo que la presión tributaria
(porcentaje de la recaudación tributaria sobre el producto interno bruto) ha
llegado a su límite. En 1985 era del 2 por ciento del PIB y el 2002 fue de 15
por ciento, lo que ha significado que la gente sacrifique su consumo para pagar
impuestos."
Ante la
imposibilidad de aumentar los tributos, por la resistencia de la población
empobrecida, el gobierno busca financiar sus gastos mediante la contratación de
nueva deuda externa e interna, que sin embargo generaran nuevos problemas para
la economía nacional, advirtió Arze.
Para el
economista del CEDLA, la profunda crisis fiscal que vive Bolivia está
expresando la quiebra del modelo neoliberal. "La política económica ha
perdido el norte del desarrollo. La política neoliberal está asentada en la
mayor explotación de la fuerza de trabajo, en la mayor apropiación del ahorro
de los trabajadores y no en ingresos legítimos, Por ello, se debe recuperar el
rol productivo del Estado y modificar el financiamiento estatal: ya no se puede
presionar más a los trabajadores y consumidores. También es necesario recuperar
las ganancias e ingresos de la explotación del gas natural de la minería y de
la agricultura comercial del oriente."
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Los
rebeldes de uniforme
La
historia de los motines policiales se remonta a la década del ’40. En los
cuarteles, la explotación es peor que en las fábricas y cada día se atiza el
descontento y la lucha de clases. El 11 y 12 de febrero, los policías, junto
con el pueblo, resquebrajaron los cimientos del Estado.
(Gonzalo
Trigoso y Econoticiasbolivia.com - Gonzalo Trigoso es abogado laboralista y
asesor jurídico de la tropa policial. Participó activamente en los
amotinamientos, a pedido de los uniformados. Fue invitado como expositor al Encuentro
Nacional: Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero [Nota
del Coordinador]) Cuartel policial del Grupo Especial de Seguridad, a media
cuadra del palacio de gobierno en La Paz. Abril del 2000. La tropa amotinada
discute con pasión si se acepta la propuesta gubernamental de incrementar sus
salarios en 50 por ciento o, si por el contrario, se toma por asalto el
palacio. Fusil en mano, uno de los amotinados pregunta: ¿y qué haremos cuando
tomemos palacio? La respuesta a coro es contundente: ¡entregarlo a los obreros
y los campesinos! La discusión sube de tono: unos hablan de guerra civil, otros
de que los dirigentes obreros están vendidos al gobierno. Finalmente se decide
aceptar el aumento salarial y los amotinados bajan las armas.
El
motín policial del 2000 es apenas una parte de la lucha social que se libra al
interior del aparato represivo del Estado. La tropa y suboficiales de baja
graduación sobreviven en condiciones precarias, con salarios de hambre, sin
beneficios sociales ni ascensos. En los cuarteles, la explotación es mayor que
en las fábricas y cada día se atiza el descontento y la lucha de clases. La
historia de los rebeldes de uniforme es de larga data y se remonta a los años
posteriores a la Guerra del Chaco (1932-1935), cuando comienza la
profesionalización y organización moderna de esa institución.
Entre
revoluciones y motines
Así,
está grabada en la historia nacional, que el golpe militar nacionalista del
teniente coronel Gualberto Villarroel (apoyado por el MNR y RADEPA) de
diciembre de 1943 fue iniciado y vanguardizado por la policía de tránsito, los
humildes “varitas”. Fueron también los dos regimientos de carabineros los que
se batieron a muerte y hasta el final en su cuartel de la calle Calama, el 21
de julio de 1946, cuando la rosca minero-feudal colgó a Villarroel.
Años
más tarde, en la Revolución del 9 de abril de 1952, la policía jugó un papel
protagónico desde el principio junto a los comandos militarizados del MNR, el
proletariado minero-fabril y los universitarios. Los regimientos policiales
sostuvieron a sangre y bala las trincheras y posiciones revolucionarias
enfrentándose al Ejército. Un día después, estalla la insurrección popular y se
vence a la rosca minero-feudal y a .su ejército, ya fraccionado y debilitado al
extremo.
Durante
los gobiernos nacionalistas y militares, que habían debutado como
antiimperialistas y luego se sometieron a las directrices norteamericanas, se
funda la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías
(ANSCASSPOL) en febrero de 1967. Nacen como un sindicato de la tropa policial y
sus precursores recuerdan que fueron secuestrados por agentes de los organismos
de seguridad del Presidente René Barrientos y luego de ser torturados,
arrojados al agua en Río Abajo, pero tanto los fundadores como ANSCASSPOL
sobrevivieron.
En el
golpe de estado del general Luis García Meza Tejada, el 17 de julio de 1980, el
regimiento No. 1 de carabineros de la calle Colombia, en La Paz, se negó a
obedecer las órdenes de los golpistas y se acuarteló.
En los
últimos años muchas fueron las muestras del descontento al interior de la
policía. Diversos motines en los regimientos pasaron inadvertidas para la población,
como el de mediados de los años 90 del Grupo Especial de Seguridad (GES) que
fue reprimido por los cadetes de la Academia de Policías.
El
abril verde olivo
Sin
embargo, la historia actual de las luchas sociales de la policía por
reivindicaciones ligadas a los intereses obrero-populares y también sectoriales
comienza en abril del 2000, casi de manera anecdótica.
En la
ciudad de Santa Cruz un joven policía de tropa, Abad Hinojosa, inicia una
huelga de hambre pidiendo que se le pague su salario de tres meses. Dice que
necesita alimentar a su familia, pero nadie lo escucha y es reprimido. El
rebelde no se rinde, viaja a la ciudad de La Paz y reinicia la huelga en la
Catedral, reclamando ahora que el Estado pague los salarios adeudados a todo su
batallón, Su acción es apoyada de inmediato por la asociación de esposas de los
policías, a la cabeza de Guadalupe Cárdenas, y posteriormente por la sargento
Rosmery Vargas. La huelga crece al igual que la demandas:
los
amotinados exigen ahora un aumento del 20 por ciento para toda la policía
nacional.
Bolivia
vive un clima de convulsión social y la huelga de hambre policial incomoda a
muchos. Los sacerdotes desalojan a los huelguistas de la Catedral y el piquete
de Abad Hinojosa se instala en la sede de la Central Obrera Boliviana. En el
ayuno, los rebeldes siguen de cerca lo que pasa en el país:
en
Cochabamba el pueblo se levanta contra la Ley de Privatización del Agua, la VII
División de las Fuerzas Armadas (FFAA) utiliza francotiradores para frenar el
alzamiento, pero la Confederación de Campesinos consolida su bloqueo nacional
de caminos a escala nacional, la Coordinadora del Agua asume el control de
Cochabamba, el Bloque Sindical Antineoliberal se moviliza en el occidente del
país y en Achacachi, en el altiplano, los tanques están sembrando la muerte. La
insurrección asoma en el horizonte.
La
situación es insostenible y en la madrugada del sábado 8 de abril el general
Hugo Banzer, presidente de la República, dicta el Estado de Sitio y ordena al
GES la intervención del piquete de esposas y policías huelguistas, que estaba
concitando creciente apoyo entre la población civil y los uniformados. Banzer
quiere eliminar ese foco de tensión, pero el GES se amotina y dice abiertamente
que no reprimirá a sus camaradas ni a sus esposas.
A las
10:00 de la mañana del sábado, todas las unidades de la guarnición policial de
La Paz (10.000 efectivos) están amotinadas. Al mediodía marchan por la ciudad
con destino al cuartel del GES compañías y pelotones policiales armados para
reforzar a sus camaradas. A las 2 de la tarde hay más de 2.400 policías
acuartelados dentro del GES. En la tarde del sábado se une al motín el mayor
David Vargas, quien junto con un teniente, son los únicos oficiales que
materialmente apoyan a la tropa amotinada.
El
gobierno desespera. A medianoche del sábado 8, las FFAA atacan militarmente al
GES, cruzan disparos con la policía por 10 minutos, pero no logran doblegarla.
Un enfrentamiento mayor parece inevitable hasta que el gobierno retrocede y
emite un mensaje por televisión: pide paz inmediata, decide retirar a las FFAA,
deja sin efecto la Ley de Aguas, suspende el Estado de Sitio y propone dar un
aumento salarial a la policía del 50 por ciento y ya no del 20 por ciento que
había sido solicitado por la tropa.
En el
cuartel del GES ya saben de la rendición gubernamenta, pero muchos quieren más.
La tropa amotinada discute con pasión si se acepta el aumento salarial o, si
por el contrario, se toma por asalto el palacio. Finalmente se decide aceptar
el aumento salarial y los rebeldes bajan las armas. El domingo, las tropas
policiales abandonan el cuartel del GES. Sobre ellos, llueven los aplausos de
la población civil que se había concentrado desde el sábado para apoyarlos. Sin
saberlo, civiles y uniformados estaban tejiendo la historia de febrero del
2003.
A lo
largo del 2000 y 2001 hubo otras huelgas de hambre de efectivos policiales como
la del cabo Adolfo Borora, o el épico motín del Batallón de Seguridad Física
Privada para que se reconozca su derecho a la sindicalización y se respete el
fuero sindical de sus dirigentes.
La
revuelta de febrero
En
febrero de 2003 un amotinamiento ya cantado desde septiembre del pasado año se
inicia nuevamente en el GES. El descontento policial estalla el martes 11 ante
el anuncio del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de recortar el salario de
trabajadores y empleados públicos y privados, entre un 4 al 12,5 por ciento, a
través del impuestazo. Ese día, el GES se acuartela y demanda, en comunicación
directa con los gobernantes, la anulación del impuestazo y un incremento
salarial del 40 por ciento.
El
motín policial es de dominio público recién el miércoles 12. A mediodía,
estudiantes de secundaria del Colegio Ayacucho apedrean el Palacio de Gobierno,
desprotegido por falta de policías. Los militares reprimen con violencia y se
inicia la masacre de la Plaza Murillo.
Fuerzas
militares comienzan a disparar contra el pueblo movilizado y contra los cuadros
policiales que se encuentran en el GES y los alrededores. Francotiradores de
las FFAA disparan contra la población indefensa y también contra policías del
GES causando gran cantidad de bajas (muertos y heridos). La Paz respira un
ambiente de guerra civil. En los hospitales se llama a todo el personal médico
y paramédico, se solicita donación voluntaria de sangre, se hace conocer que no
hay más camas ni capacidad para atender a tantos heridos.
La
marcha convocada por la Central Obrera Departamental de La Paz se radicaliza y
se procede junto a la población civil al asalto y quema del Ministerio del
Trabajo (símbolo del abuso y prepotencia oficial en favor de los empresarios),
de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio de Desarrollo Sostenible,
del Tribunal de Justicia Militar, del propio Congreso Nacional, la Alcaldía de
la ciudad de El Alto que es reducida a cenizas y luego comienzan los saqueos a
los comercios e incluso fábricas.
La
lucha amenaza con generalizarse en toda la ciudad y desde el interior de la
República las guarniciones policiales se suman íntegras al motín. En La Paz,
trabajadores, desempleados, jóyenes de clase media y policías traba~ jan codo a
codo desarmando el poder establecido. Desesperado y con la voz quebrada, el
Presidente Sánchez de Lazada emite un mensaje televisivo haciendo un llamado a
la paz y retira el "impuestazo" .
Pero la
lucha continúa entre militares y policías. Incluso después del mensaje
presidencial. el pueblo continúa atacando propiedades públicas y privadas. Los
francotiradores del Ejército siguen con su cosecha macabra y suena como cruel
ironía que la sede de gobierno siga ostentando el nombre de La Paz. Al día
siguiente, jueves 13, marchas convocadas por diversos sectores de trabajadores
y pueblo en general continúan con el levantamiento popular. La multitud que
copa las principales ciudades del país clama por la renuncia del presidente
Sánchez de Lozada y del vicepresidente Carlos Mesa.
Las
sombras de la noche calman la sed de sangre y de venganza. El viernes 14, una
procesión de miles acompaña a los 10 policías caídos. "Guardia fiel, qué
te importa la vida si alumbrando te mata el deber", dicen los compañeros
de los acribillados. La trompeta anuncia el minuto de silencio y un teniente
del GES no puede reprimir las lágrimas: "A mi camarada siempre lo vaya
recordar como a un héroe".
"Estos
son los policías del pueblo", remata una señora, que carga un niño en
brazos y una infinita pena que se descarga en un hilito de sal y amargura por
los sucesos del 12 Y 13 de febrero.
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El
policía rebelde que derrotó al impuestazo del FMI
Los
policías de base ganan, en promedio, 1 boliviano [13 centavos de dólar] por
hora, El “impuestazo” confiscaba parte de los sueldos de los oficiales, con
cinco años de estudio. Así, el malestar de los jefes policiales se combinó con
la bronca de tropa y concluyó en el enfrentamiento con los militares.
Miguel
Pinto Parabá
(Econoticiasbolivia.com)
En Bolivia, muchos han comenzado a ver al líder de los policías rebeldes como
un émulo de Hugo Chávez. El mayor David Vargas, responsable del idilio entre la
policía y el pueblo, después de los sucesos del 12 y 13 de febrero, dice tener
el honor de haber derrotado al Fondo Monetario Internacional (FMI) aunque
reconoce que fue de manera involuntaria. Ahora, y junto a los uniformados
amotinados considerados un "factor de poder", advierte que el país
volverá a arder si el gobierno y las transnacionales insisten en la venta de
gas por puertos chilenos.
En
abril del 2000, la policía se "amotinó" y desactivó un Estado de
Sitio. Tres años después, apoyados por el levantamiento popular del 12 y 13 de
febrero, derrotaron el "impuestazo". Este acto les costó la vida a 10
carabineros, 4 militares y 19 civiles. Ahora, los policías, envalentonados,
aseguran "no tener miedo" a derramar nuevamente su sangre en defensa
de la democracia y la soberanía nacional.
En el
último motín policial hubo tres tendencias: una, la "radical",
apuntalada por la "tropa" policial que se opuso al impuesto al
salario y exigió un incremento de sueldos del 40 por ciento; otra, la
"mediadora", conformada por oficiales de alta graduación, y la
"orgánica" dirigida por la Asociación de Suboficiales y Clases de la
Policía.
En el
centro de operaciones —el cuartel del Grupo Especial de Seguridad (GES), que se
encuentra a media cuadra del Palacio de Gobierno, donde fueron acribillados los
diez policías— se impuso la segunda corriente, la de los oficiales de alta
graduación, que pusieron como "Comandante en Jefe" de los
insubordinados al Mayor David Vargas, quien también lideró el "motín"
policial en abril del 2000.
Ahora
la popularidad de Vargas, de 41 años de edad, creció. Algunos sindicalistas lo
comparan incluso con el coronel venezolano Hugo Chávez y el militar ecuatoriano
Lucio Gutiérrez. Otros dicen que esto es una exageración. El gobierno lo tiene
"fichado", Pero, lo cierto es que goza del apoyo de gran parte de su
institución y el respaldo de amplios sectores de la población.
A las
pocas horas de haber terminado el conflicto, se realizó esta entrevista con el
policía rebelde que puso en jaque a los dos últimos gobiernos. El mayor, un
hombre de voz serena y palabras medidas, no se anda con tapujos al momento de
evaluar a los grandes personajes que hacen noticia en el mundo: calificó a
George Busch, Osama Bin Laden, Sadam Husein y a quienes dirigen el FMl como
unos "pendejos... hijos de su madre..."; al Papa Juan Pablo 11 como
un hombre "controvertido"; a Lula, un "trabajador exitoso";
al Presidente Hugo Chávez, un "combatiente, y a Fidel Castro como "un
gran luchador y combatiente social".
Los
hechos
La Policía se sublevó a las dos de la tarde
del 11 de febrero. El mayor Vargas —también egresado de la carrera de
Psicología— relató que se hizo cargo del motín del GES recién a las cuatro de
la tarde, a pedido de sus camaradas.
Los
amotinados exigían una reunión con el ministro de Gobierno, pero éste recién se
presentó al día siguiente a las siete de la mañana.
El
ministro de Gobierno, Alberto Gasser, fue concreto en esa rápida reunión. Dijo
que el Poder Ejecutivo estaba dispuesto a dialogar, pero no bajo presión. Y que
el "impuestazo" era "innegociable". "Esta actitud de
soberbia enfureció a mis camaradas, quienes decidieron continuar con su
lucha."
Aclaró
que ellos, desde ese momento, hicieron tratativas con varios personeros de
gobierno para evitar el conflicto, pero nadie les atendió. Y la sangre llegó al
río.
El tema
se complicó cuando los estudiantes de secundaria del Colegio Ayacucho marcharon
en plena Plaza Murillo y apedrearon el Palacio de Gobierno a las 11,30 de la
mañana del 12 de febrero. A la media hora, llegó la Guardia Presidencial (el
Regimiento Militar "Colorados de Bolivia") y, armados hasta los
dientes, rodearon el Palacio de Gobierno. Luego de tres escaramuzas con gases
lacrimógenos, a las tres de la tarde finalmente se enfrentaron a los amotinados
con balas de guerra, con un saldo de 10 policías y 4 militares muertos y varios
heridos.
Causas
estructurales
Las
causas del motín policial, según Vargas, son "estructurales".
"Los periodistas tienen que entender que los policías de base ganan, en
promedio, l boliviano con 10 centavos (menos de 15 centavos de dólar) por hora.
Imagínense la calidad de vida que tienen nuestros efectivos. Este es el
detonante central que hizo estallar el levantamiento policial."
Además,
con el "impuestazo" los oficiales, con 5 años de estudio, también
estaban siendo afectados con un recorte a sus bajos sueldos. Este malestar de
los oficiales se "combinó" con la "bronca" de la tropa
policial y concluyó con el enfrentamiento con los militares, explicó.
Lo que
sucede, en opinión de Vargas, es que el gobierno intentó aplicar
"verticalmente" una política económica digitada desde el FMI.
"Los
bolivianos no somos los culpables del alto déficit fiscal que tiene el país.
Los únicos culpables son los que nos gobiernan. Los ministros y los
parlamentarios que, según la prensa, reciben otros sueldos de 'gastos
reservados' son los que también se llevan gran parte del dinero del Estado.
Otra cosa muy grave es que las empresas capitalizadas (bajo el control de
empresas transnacionales) no pagan impuestos y se están aprovechando de
nuestras riquezas. Esto hay que parar. Por eso, nosotros nos oponemos a la
venta del gas a Estados Unidos por puerto chileno."
Con un
metro y sesenta y pico centímetros de altura, pero con la talla ya de un líder,
el jefe de los policías rebeldes no tiene dudas que América Latina es un
continente "sometido" por los norteamericanos. Afirmó que Bolivia es
un "mendigo sentado en una silla de oro." "Contamos con riquezas
que ni los países europeos tienen. Sinceramente, no entiendo cómo aún somos un
país considerado pobre. Esto debe cambiar, para que nuestros hijos tengan un
lugar donde vivir humanamente."
"Las
cinco prioridades sociales que los bolivianos deben solucionar de forma
"urgente" son la pobreza, la salud, la educación, el desarrollo
sostenible y la seguridad ciudadana. Si no se da solución a estos temas, el
país, inevitablemente, arderá."
Industrializar
la coca
Sobre
el espinoso tema de la erradicación de la hoja de coca, el Mayor también tiene
un discurso radical: como parte de una estrategia de desarrollo sostenible, se
la debe "industrializar". Y aunque está de acuerdo con la propuesta
del gobierno de censar el consumo de coca, no apoya que sólo sea para el
'acullico' (masticación). sino también para su industrialización.
Está
convencido de la lucha contra el narcotráfico, sin embargo dijo que la que se
está librando "es una lucha hipócrita" impulsada por algunos
políticos que estuvieron comprometidos con regímenes que "incentivaron la
producción de cocaína". Cuando se le pidió nombres, afirmó vehementemente:
"¡Ustedes los periodistas saben de quiénes estamos hablando!"
Durante
las dictaduras militares de los años setenta y ochenta hubo un auge de la
producción de cocaína en Bolivia, incentivada o por lo menos tolerada desde las
esferas del poder.
Militante
de la democracia
En el
pico de la popularidad, confiesa que desde el 13 de febrero le
"llovieron" las propuestas para integrarse a partidos políticos que
desean lanzarse o relanzarse con éxito a la arena política. Aseguró, sin
embargo, que por respeto a su institución no militará en ninguno.
Vargas
se considera un "militante acérrimo de la democracia". Cree que, ante
todo, la policía debe defenderla.
"Si
en este momento hubiera un golpe de Estado, sin temor a equivocarme, la policía
de forma monolítica se enfrentaría a los militares junto al pueblo boliviano
para defender la democracia."
"Lamentó
mucho" que el gobierno se haya dado, en estos últimos días, a la tarea de
dividir a la fuerza policial. "No lo van a conseguir. Ahora vivimos un
idilio con el pueblo. Somos parte de las organizaciones sociales del país. Y
tenemos el honor internacional de haber derrotado al FMI. Pero creo, en honor a
la verdad, de forma involuntaria. Ahora, no les tenemos miedo. ¡Si quieren
lucha, lucha van a tener!"
Insiste
en que en el último levantamiento popular el Ejército perdió muchos espacios.
"Han tirado por la borda 30 años de prestigio. Esto marcará las futuras
luchas sociales. Yo espero de corazón que ya no haya más derramamiento de
sangre. El gobierno ahora tiene que aprobar medidas económicas por consenso,
sino tendrá oposición." Y para Vargas los motines policial es han
confirmado una certeza: "¡Aún existen pueblos dignos y soberanos...!"
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Hermano
contra hermano
No
faltaron los héroes anónimos que intentaron evitar el enfrentamiento entre
bolivianos. Pero el raudo tren de la historia es incontenible. En las ciudades
de La Paz y El Alto los iconos del poder económico y político fueron saqueados.
La gente, espontáneamente, pidió “la cabeza del Goni”.
(Econoticiasbolivia.com)
Era la única silueta con falda que se distinguía en medio del humo de los gases
y de los grupos de uniformados que cruzaban de un lado a otro de la Plaza de
Armas, en la sede de gobierno. El primer plano de la cámara mostró la cara de
una mujer adulta que abría los labios con mucho esfuerzo. Pero se dejó oír
"que me maten". Suplicaba que alguien le dispare. "No quiero
vivir para ver que mis hijos se maten entre ellos".
La
desesperada señora, el miércoles 12 de febrero, tenía a un hijo en el grupo de
militares que disparaban contra el grupo de los policías rebeldes, en el que
estaba su otro hijo.
A esas
horas, algo más de las 3 de la tarde, a media cuadra de la Plaza Murillo, en la
sede del Grupo de Seguridad Especial (GES) se lloraba a los policías muertos, y
en plena plaza ya se había reportado la baja de un efectivo militar.
A las 4
de la tarde y con el reporte de diez personas muertas y más de setenta heridas,
los civiles concentrados en los alrededores de la plaza principal. declarada
zona militar, empezaron a instalar barricadas, quemaron vehículos y pese al
mensaje presidencial de desistir de las nuevas políticas tributarias, pedían a
gritos "la cabeza de Goni".
Media
hora después, el presidente Gonzalo Sánchez de Lazada salió a las pantallas de
televisión por segunda vez, acompañado de los comandantes de la Fuerza Aérea
Boliviana, del Ejército y de la Policía Nacional, para ordenar a sus efectivos
el repliegue. Ya entonces empezaba a arder en llamas el Ministerio de Trabajo y
los heridos de balas y balines que seguían cayendo en las calles eran
trasladados por los ciudadanos civiles en frazadas del ejército, que ante la
confusión, habían dejado desparramadas los efectivos militares, luego apostados
en el Palacio de Gobierno.
A las 6
y mientras un reducido grupo de bomberos —porque el grueso se encontraba
amotinado también en la sede del GES— intentaba controlar el fuego del
Ministerio de Trabajo, grupos de civiles, que horas antes estaban por los
alrededores con el objetivo común de protestar contra el gobierno, iniciaron
otros incendios en la Vicepresidencia de la República, las sedes de los
partidos de gobierno, el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). el
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), la Unión Cívica Solidaria (UCS) y
las instalaciones de Burger King.
A las
diez de la noche también la Cervecería Boliviana Nacional empezó a arder y
grupos de jóvenes salían de las tiendas comerciales con calzados, comida y ropa.
En la
ciudad de El Alto, la Alcaldía Municipal fue incendiada, los cajeros
automáticos igualmente fueron asaltados y la empresa Aguas del IIlimani
saqueada, mientras en algunas esquinas grupos de personas se quitaban sillas y
máquinas.
En los
barrios residenciales de la zona sur, la furia de la gente de la zona norte
apenas llegó por las ondas de televisión, aunque tres canales, uno estatal, ya
habían cortado sus señales.
En la
puerta del GES una madre esperaba comunicarse con su hijo, no sabía nada de impuestazos
ni recortes salariales, solo quería que pare la masacre, que los humildes,
vestidos de militares y policías, no se sigan masacrando.
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El
poder mediático en Bolivia
El
13 de febrero, el periodismo televisivo se convirtió en el desaparecido cuatro
poder o contra poder, con la capacidad de juzgar a los otros tres poderes
formales. En ese momento, el gobierno de Sánchez de Lozada constató que no
controlaba ni la realidad real ni la realidad mediática.
Especial
para Econoticiasbolivia.com - Este es un resumen de la exposición realizada por
el periodista Andrés Gómez en el Encuentro Nacional: Lecciones del
Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero) ¿Existe el Poder Mediático en
Bolivia? Por supuesto, pero aún no está muy bien articulado ni sistematizado.
Los primeros visos comenzaron a surgir en 1985 cuando se liberalizó el mercado
de la comunicación. La aparición de la televisión privada fue clave. En la
década del 90, la incursión de políticos-empresarios en el control directo de los
medios (televisión, radios y periódicos) socavó y relativizó los poderes
tradicionales, diferenciados por Montesquieu: Legislativo, Ejecutivo y
Judicial.
La
vigencia del modelo de libre mercado terminó de consolidar el Poder Económico
por encima de los tres poderes tradicionales. Y de forma automática apareció en
el escenario político del país otro poder: el Mediático. Vale decir que la
ecuación del control del Estado había cambiado: Formalmente se necesitaba un
partido político para participar en las elecciones, pero para ganadas y durar
en el gobierno era indispensable tener el Poder Mediático, consecuencia del
poder económico.
El
liberalismo económico se sustentó durante 17 años sobre la base de la
propaganda, como la dictadura acudió a ella durante 30 años. Se produce esta
situación cuando la realidad real vence el espacio de la política. Entonces
ésta para seguir ejerciendo poder necesita crear otra realidad a través de los
medios. En definitiva, la función "del poder mediático es falsear los hechos
en nombre del bien común y evitar que la realidad del país empuje a la gente a
pretender cambiar sus condiciones de vida.
Las
jornadas del 12 y 13 de febrero significaron para los media, especialmente,
para la televisión un hito en la historia del periodismo: pues, por primera
vez, transmitía en directo una guerra civil. Fue para la televisión boliviana
lo que para la televisión mundial la guerra del Golfo Pérsico y los hechos del
11 de septiembre. En un instante, el periodismo televisivo se convirtió en el desaparecido
cuarto poder o contrapoder, con capacidad de crítica y de juzgar a los otros
tres poderes formales. En ese momento, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada
constató que no controlaba ni la realidad real ni la realidad mediática. Ante
ese panorama, tuvo que retomar el control de forma indirecta, lo que se pudo
verificar en los noticieros centrales de la noche (la cadena de la Red Uno, ATB
y PAT; Unitel fue el único canal que emitió su noticiero solo, pero desde Santa
Cruz; Canal 4, RTP denunció que fue obligado por el gobierno a cerrar sus
emisiones), cuando, prácticamente, todos los presentadores convocaban a la paz
social y defendían el orden establecido, en nombre de la democracia. Entonces,
los media retornaron a su papel de ser el Cuarto del Poder.
Pero
esos días demostraron al país que la propaganda no lo es todo, que no basta
para detener la crisis económica que abate a la mayoría de los bolivianos y
menos para camuflar la crisis moral que afecta a los políticos. Quedó sentado
que el control del poder mediático no es suficiente para administrar el
pensamiento crítico de la gente y menos para controlar sus necesidades vitales.
Entonces, resurgió otro poder: El Popular. Aunque en esta ocasión sin una clara
conducción política, es decir, sin el objetivo de tomar el poder político.
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Democracia
neoliberal: sangre, violencia e impunidad
En
Bolivia, hay una espiral ascendente de violencia estatal, que está directamente
relacionada al ascenso de la protesta social. La criminalización de la huelga y
la impune actuación de francotiradores son sólo dos ejemplos, Esta virulencia
estatal está alimentando la violencia social.
(Econoticiasbolivia.com)
La democracia neoliberal boliviana ha practicado sistemáticamente la violencia
estatal y una abierta impunidad para preservar los intereses económicos y
políticos de los grupos de poder, denunció la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos en Bolivia.
Desde
1985, año que se instaura en el país el modelo de libre mercado, se han
producido 180 muertes en conflictos sociales, más de seis mil heridos y más de
diez mil personas detenidas indebidamente, según el recuento del organismo
defensor de los derechos humanos.
"No
existe ningún detenido ni se ha sancionado a los culpables de la violación de
los derechos humanos. La impunidad es una política de Estado, al igual que la
violencia estatal", aseguró el vocero de la Asamblea, Sacha Llorenti.
En un
balance de la situación de los derechos humanos en Bolivia, Llorenti dijo que
la reciente convulsión social, protagonizada por cocaleros, campesinos,
policías, trabajadores y clases medias, en los primeros dos meses del 2003, han
confirmado la existencia de políticas institucionalizadas contrarias a los
derechos fundamentales de los ciudadanos.
"Hay
una espiral ascendente de violencia estatal, que está directamente relacionada
al ascenso de las protestas sociales. Cuanto mayor es la movilización popular,
mayor es la violencia estatal."
Otra
peligrosa manifestación de la intolerancia estatal es la "criminalización
de la protesta social", por la que los dirigentes y luchadores sociales
son las principales víctimas de la represión, que ahora ya asume
características de violencia extrema con la irrupción de francotiradores que
eliminan a los revoltosos, aseguró la Asamblea.
Francotiradores
"Los militares disparan contra la gente
porque tienen la total seguridad de que no serán procesados. El ejército sale a
matar y esa es la expresión más salvaje del Estado."
La
huella de los francotiradores está fresca en el recuento de la organización
defensora de los derechos humanos. "En abril del 2000, en la guerra del
agua, se comprobó la existencia de por lo menos un francotirador del ejército
(Róbinson Iriarte), quien inicialmente fue procesado y luego absuelto y promovido
de grado en la institución militar. Lo propio ocurrió con las masacres de
mineros en Capacirca, Amayapampa y La Huachaca, donde francotiradores del
ejército acribillaron, con disparos de precisión, al dirigente minero Galo Luna
y al profesor rural Rogelio Callisaya."
En la
revuelta cívico policial del 12 y 13 de febrero de 2003, la presencia de los
francotiradores, que acribillaron a varios de los 33 muertos en el alzamiento
popular de La Paz, también fue documentada con videos y grabaciones presentadas
en los canales de televisión.
"Ellos
(los francotiradores) tienen la misión de bajar la moral de los revoltosos.
Eliminan a los líderes y símbolos que consideran como enemigos. Por ello
también dispararon contra el hombre de la bandera blanca (quién en medio del
conflicto de social de febrero fue herido a bala cuando convocaba a la
pacificación en el centro de la ciudad de La Paz)", explicó Llorenti,
preocupado por las graves consecuencias que puede tener este accionar
gubernamental.
Espiral
de violencia
Y es que
la violencia estatal y la total impunidad están generando una violencia
"reactiva" de los más pobres. "Desde el 2000 se va generando una
violencia reactiva, no legal, pero legítima. El movimiento popular boliviano se
ha caracterizado por el uso de vías pacíficas para protestar (marchas,
caminatas, huelgas de hambre, crucifixiones, etc.), pero ante la sistemática
violencia estatal, están comenzando a responder con violencia."
"En
contraposición a lo que ocurría antes, en las jornadas de lucha del año 2000,
murieron más efectivos militares que cocaleros", explicó Llorenti, quien
cree que "la violencia ya es parte de la polarización y de la fractura
social. La reacción violenta de la gente, de la población civil, es cada vez
más frecuente, y esto puede generar graves consecuencias para la sociedad y el
futuro del país".
Según
la Asamblea, “una democracia, como la boliviana, que viola sistemáticamente los
derechos, humanos, ya no es una democracia".
Balas
contra la democracia
El
recuento de la violencia estatal de la democracia neoliberal contra los
movimientos sociales, tiene como principales hitos los siguientes hechos:
1)
Gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989): Estado de sitio, represión y
masivas detenciones. Masacre de Paratami.
2)
Gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993): Estado de sitio. Ejecución extrajudicial de cuatro personas.
3)
Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997): Estado de sitio (seis meses). Tres decenas de
muertos. Masacres de Eterazama, Caparcica y Amayapampa (En esa ocasión, como
ahora, trata de aparecer como víctima y denuncia que grupos guerrilleros fueron
los causantes de la violencia. Incluso da a conoces una lista de
conspiradores).
4)
Gobierno de Hugo Banzer Suárez (1997-2001): Violencia inusitada. Decenas de muertos en el Chapare, en la
guerra del agua, y en Achacachi.
5)
Gobierno de Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002): Treinta personas muertas. Asesinato
del dirigente cocalero Casimiro Huanco, ejecutado por militares.
6)
Gobierno de Ganzalo Sánchez de Lozada (agosto 2002-febrero 2003): Represión en el trópico de
Cochabamba en enero del 2003 y en las calles de La Paz y en los caminos de
Oruro, Chuquisaca, poyosí y Cochabamba en febrero. 57 muertos, 600 heridos y
más de dos mil personas detenidas indebidamente.
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MAS: la
solución viene de abajo
¿Asamblea
Popular o Asamblea Constituyente? ¿Existen diferencias entre estas dos
organizaciones? Román Loayza planteó la organización de una Asamblea
Constituyente. Sin embargo muchos sindicatos y movimientos sociales creen que
este ofrecimiento es sólo un “remiendo democrático”.
(Econoticiasbolivia.com)
El Movimiento al Socialismo (MAS) del líder cocalero Evo Morales tiene una
certeza: la solución a la profunda crisis económica y social que vive Bolivia
vendrá desde abajo.
"Hay
la necesidad de lograr la unidad del campo y la ciudad. Todos hablan de
revolución, pero la respuesta tiene que salir desde abajo", aseguró el
dirigente campesino del MAS, Román Loayza.
Durante
el Encuentro Nacional: Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de
febrero, desarrollado en ciudad de La Paz, el 25 y 26 de febrero, y
auspiciado por las centrales obreras departamentales y el Estado Mayor del
Pueblo, dijo que el "neoliberalismo en Bolivia está moribundo y que hay
que enterrarlo".
"Si
el Estado Mayor del Pueblo hubiese estado bien organizado, hubiésemos tomado el
poder (en las jornadas del alzamiento cívico policial de febrero).”
"No
hay que desanimarse, el momento de la toma del poder ya llegará", dijo al
explicar que el MAS propugna la construcción de una Asamblea Constituyente como
eje del cambio de estructuras en el país.
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Mallku:
trabajamos para hacer caer al Gringo
Felipe
Quispe, ex integrante del Ejército Guerrillero Tupac Katari, no terminó de
convencer a varios de los asistentes al Encuentro Nacional. Planteó que el
objetivo fundamental de la CSUTCB es la toma del poder político pero no a
través de elecciones. “¡Tiene que haber otra revolución!”
Econoticiasbolivia.com
(La Paz, marzo 5 de 2003) "Esta es una guerra a muerte. Estamos trabajando
y organizando a las bases para sacar a Goni del gobierno", aseguró el
"Mallku" Felipe Quispe, el máximo dirigente de la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Radical
en el discurso, Quispe explicó en el Encuentro Nacional que el
movimiento campesino, especialmente el de occidente, no participó activamente
en esas jornadas por estar en proceso de organización.
"En
algunos sectores del agro estamos aún en tiempo de cosecha, los compañeros
están metidos en sus cultivos, pero en dos o tres meses estaremos listos para
actuar", dijo al responder a los cuestionamientos de dirigentes obreros y
cocaleros que ven un abismo entre sus ardientes proclamas de rebeldía y su
accionar tibio y muy cercano al colaboracionismo con el gobierno neoliberal.
"Tienen
que entender que para bloquear caminos es necesario tiempo y organización. Hay
que caminar semanas para organizar el bloqueo. No nos movemos rápidamente en el
campo, no es como en la ciudad, y además es necesario aprender a valorar y
conocer a nuestros enemigos. Estamos viendo cómo está el Gringo (Gonzalo
Sánchez de Lozada)."
Sin
embargo, la explicación del Mallku, un ex militante del Ejército Guerrillero
Tupac Katari en los años 90, no terminó de convencer a varios de los asistentes
al Encuentro Nacional, organizado por la Central Obrera Departamental de
La Paz.
"Estamos
en etapa de preparación ideológica y organizativa. Nuestro objetivo es la toma
del poder político, pero no a través de las elecciones. Es un absurdo ir por el
camino de la democracia, tiene que haber otra revolución; ese el pensamiento de
la CSUTCB", dijo, al reivindicar la vía armada.
Curtido
por su paso por la cárcel, en la que estuvo por su actividad guerrillera,
Quispe, que es además un acucioso estudioso de la historia boliviana y autor de
varios libros sobre indigenismo y lucha armada, encuentra en el pasado las
raíces de su propuesta.
"Los
españoles nos han liquidado y sometido con la pólvora y la biblia. Simón
Bolívar libertó a los países andinos con las armas. En 1952, se hizo la
revolución nacional con la insurrección armada y ahora nos espera lo mismo. Eso
estamos preparando, eso estamos organizando, para eso estamos trabajando. Ya
llegará el momento de la cosecha."
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¿Golpe
de Estado o salida popular?
La
victoria popular contra el “impuestazo” y el gobierno fue alcanzada, pero sin
un claro referente político sindical. Las organizaciones sociales están
fragmentadas, Falta un programa político que sustituya al neoliberal. La clave
para avanzar es que la población recupere la confianza en sí misma.
(Econoticiasbolivia.com)
Si los trabajadores y el movimiento popular no logran fortalecerse ni avanzar
en lo programático y organizativo, en Bolivia se dará una salida autoritaria, a
través de un golpe militar y la eliminación selectiva de dirigentes sindicales,
pronosticó el representante del antineoliberal Estado Mayor del Pueblo, Oscar
Olivera.
"Bolivia
vive una profunda crisis estatal. Se ha roto la base política del sistema
democrático, el Estado perdió toda legitimidad y el poder está
fragmentado", dijo el dirigente fabril y conductor de la denominada
"Guerra del Agua". desatada en abril del 2000 en la ciudad de
Cochabamba y que estuvo a un paso de derribar al entonces presidente Hugo
Banzer.
Al
evaluar el alzamiento cívico policial del 12 y 13 de febrero del 2003, junto a
más de doscientos delegados obreros, campesinos y sectores radicalizados de la
clase media urbana. Olivera explicó que la crisis estatal que vive Bolivia no
se mantendrá por mucho tiempo.
"Hay
dos salidas: una autoritaria y otra pacífica y democrática. La primera, la
autoritaria. está avanzando aceleradamente. La derecha está construyendo sus
escenarios para salvar sus privilegios. Están trabajando para el golpe de
Estado y la eliminación selectiva de los dirigentes sociales."
"La
segunda salida es pacífica y democrática. El Estado Mayor del Pueblo (que
aglutina, bajo la dirección del líder cocalero Evo Morales y algunas centrales
obreras departamentales, a cocaleros, campesinos, obreros, estudiantes y
sectores de clase media) debe luchar por una auténtica democracia. Debemos
agotar todos los medios pacíficos y demostrar eso al pueblo, para que una vez
que tengamos que usar la violencia, esa sea legítima."
Según
Olivera, esas dos tendencias están en pugna en busca de dar una salida a la
conflictiva situación generada por la convulsión social y la extrema violencia
desatadas a principios de año.
La
crisis
En
enero, la política gubernamental de erradicación de cocales, impulsada bajo la
directa presión de Estados Unidos, chocó con violencia con la resistencia de
campesinos e indígenas productores de la hoja. En el trópico cochabambino
florecieron las balas y la muerte: 22 mil efectivos de las fuerzas combinadas
de la policía y el Ejército no pudieron doblegar a los cocaleros, aunque
dejaron un saldo de 13 muertos, 60 heridos y cerca de 200 detenidos
ilegalmente.
Ante la
imposibilidad de seguir ejerciendo la violencia estatal, el gobierno accedió al
diálogo sobre el tema de la coca y otras temas fundamentales como la
exportación del gas natural. la dotación de tierras, la integración al Tratado
de Libre Comercio de las Américas (ALCA), medidas económicas y presupuesto
nacional. Siete mesas de diálogo tratan estos temas, aunque sin resultados
positivos.
En
febrero, la intención gubernamental de imponer el "impuestazo" (un
impuesto sobre el salario de trabajadores y empleados del sector público y
privado) desencadenó un alzamiento popular, que puso en jaque al gobierno. La
policía, uno de los brazos armados del Estado, que casi siempre sirvió para
doblegar la resistencia popular, se dio la vuelta y puso patas arriba la
gobernabilidad. El presidente de la República, pese a anular el impopular
impuesto al salario, no tuvo más opción que utilizar al Ejército para
controlar, a punta de bala y metralla, a los amotinados y preservar su
permanencia en el poder.
"Se
ha puesto fin al monopolio que tenía la clase política para tomar decisiones.
La muchedumbre, la multitud ha destruido, en las jornadas del 12 y 13 de
febrero, los símbolos del poder político. El presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada se mantiene en el cargo apoyado sólo por las bayonetas del
Ejército", explicó Olivera.
Debilidades
y retos
La
victoria popular sobre el "impuestazo" y el gobierno fue alcanzada,
sin embargo, sin un claro referente político sindical. "En La Paz no hubo
una organización social o popular capaz de convocar a la población. Fue una
acción espontánea", dice el sindicalista al extraer las lecciones que deja
el alzamiento popular de febrero.
Entre
otras debilidades del movimiento antineoliberal están, según Olivera, la falta
de unidad entre las organizaciones laborales y sociales. "Seguimos
fragmentados, nos falta un verdadero y efectivo Estado. Mayor del Pueblo y nos
falta un programa que sustituya al neoliberal."
"Debemos
elaborar un discurso inclusivo, que incluya a todos los sectores populares. Un
discurso que sea creíble para la gente. Debemos construir un nuevo Estado,
donde el pueblo y los excluidos sean los que decidan."
"La
clave para avanzar en esta coyuntura es que la población recupere la confianza
en sí misma y para ello debemos devolver la capacidad eje debatir, analizar y
decidir a las bases", agregó.
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Los
cinco desafíos del movimiento antineoliberal
La
solución a la crisis que vive Bolivia se trasladó al escenario de los obreros.
Los trabajadores están obligados a dar una respuesta política, orientada no
sólo a liquidar el actual modelo, sino fundamentalmente a transformar de raíz
la estructura económico y social del país.
(Econoticiasbolivia.com)
El movimiento obrero y popular tiene que resolver cinco grandes e ineludibles
retos si pretende sepultar al neoliberalismo y abrir una senda de progreso y
bienestar para los bolivianos, sentenció el ex ejecutivo de la Central Obrera
Boliviana y de la Federación de Mineros, Edgar Ramírez.
Las
tareas urgentes son: superar los grandes problemas organizativos, estructurar
un programa y proyecto de poder, definir quiénes son los actores fundamentales
del proceso revolucionario, establecer nexos y vinculación con los nuevos
actores sociales y delinear las vías y mecanismos para la toma del poder.
Según
el veterano dirigente laboral, la profunda crisis estatal que vive Bolivia obliga
a los trabajadores a dar una respuesta política, orientada no sólo a liquidar
el actual modelo económico sino fundamentalmente a transformar de raíz la
estructura política, económica y social del país.
"Se
está derrumbando el poder económico y social de la burguesía, pero aún no hay
una contraparte del poder popular", dijo durante su participación en el Encuentro
Nacional: Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero.
"Primero
tenemos que resolver el problema de organización. Tenemos que tener una
organización capaz de elaborar propuestas y de ejecutar sus
planteamientos", aseguró Ramírez, convencido de que todos los trabajadores
y sindicalistas debieran trabajar para lograr la unidad en torno a una Central
Obrera dirigida por los sectores revolucionarios y no por representantes
ligados al modelo neoliberal y a los gobernantes de turno.
Otra
tarea ineludible e inmediata es la elaboración de un programa de poder.
"Necesitamos un programa. Necesitamos definir qué hacer con nuestro gas,
qué hacer con la minería y la industria, qué hacer para lograr el desarrollo
del país, qué hacer en el tema salarial y con las transnacionales."
Según
Ramírez, el movimiento antineoliberal también debe identificar claramente a los
actores sociales capaces de luchar y ejecutar el programa de los trabajadores.
"Debemos definir quiénes llevarán adelante nuestro programa: ¿serán los
candidatos?, ¿serán los políticos del Parlamento?, o ¿seremos los propios
trabajadores del campo y las ciudades? Eso debe quedar muy claro."
El
cuarto desafío es incorporar a nuevos sectores en la lucha social (policías,
desocupados, jóvenes y mujeres). "Tenemos que trabajar en fortalecer
nuestras organizaciones desde las bases. Las bases tienen que conocer y
discutir todo, tienen que decidir todo, porque sin ellas no hay respuesta
organizada de la población."
Definido
el programa político y fortalecida la organización de los trabajadores del
campo y las ciudades, el movimiento antineoliberal también debe resolver cómo
tomar el poder. "Los trabajadores tenemos que ver cómo sacamos del poder a
los gobernantes: ¿será a través del voto o será con la insurrección armada? Eso
debe quedar también muy claro para todos", agregó el sindicalista.
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Lecciones
del levantamiento popular boliviano y resoluciones del Encuentro
El
agotamiento del modelo neoliberal-capitalista es la causa fundamental del
espontáneo alzamiento del 12 y 13 de febrero. El Encuentro Nacional fijó como
tareas inmediatas el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada y la
construcción de un sistema económico y social alternativo al libre mercado.
(Econoticiasbolivia.com)
Las organizaciones sindicales y sociales que participaron del Encuentro
Nacional:
Lecciones
del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero, que se realizó en la ciudad de La
Paz el 25 y 26 de febrero, resolvieron iniciar un conjunto de tareas para
recuperar la otrora poderosa Central Obrera Boliviana (COB) de "manos del
gobierno" y asumir la responsabilidad histórica de construir un "Estado
de los trabajadores del campo y las ciudades".
En la
reunión participaron varias centrales obreras departamentales, sindicatos,
federaciones y confederaciones de todo el país, los gremios que pertenecen al
Bloque Sindical Antineoliberal —de línea opositora a la dirección oficialista
de la COB y al Poder Ejecutivo— y el Estado Mayor del Pueblo —una organización
también contraria al régimen y fuertemente influenciada por el Movimiento Al
Socialismo (MAS), partido del cocalero Evo Morales—.
Al
Encuentro Nacional también asistieron, como "invitados especiales",
representantes de instituciones, dirigentes de movimientos sociales y
profesionales comprometidos con los intereses de los trabajadores, como la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, el dirigente de los
campesinos del país, Felipe Quispe, el ex secretario Ejecutivo de la COB, Edgar
Ramírez, los economistas Pablo Ramos y Carlos Arce, el periodista Andrés Gómez,
el asesor legal de varias instituciones gremiales y sociales, Gonzalo Trigoso,
y el líder de los policías que se amotinaron el 12 y 13 de febrero, el Mayor
David Vargas.
Las
organizaciones reunidas el 25 y 26 de febrero coincidieron en varios puntos de
los que se destacan: 1) el último levantamiento popular fue
"espontáneo" y no tuvo una dirección política ni sindical; 2) este
último movimiento social, que costó la vida a 33 personas, fue producto del
"agotamiento" del modelo neoliberal; 3) falta, en Bolivia, una
"estrategia de poder" de los trabajadores, "alternativo" al
sistema "neoliberal-capitalista", que es "urgente"
construir, y 4) esta estrategia de toma del poder por parte de los trabajadores
del campo y las ciudades debe pasar por "derribar el Estado dirigido por
las transnacionales y la embajada norteamericana".
Por la
riqueza y complejidad de los planteamientos, transcribimos textualmente sus dos
resoluciones. Primero, el documento ¡No a la venta del Gas y recuperemos la
COB de manos del oficialismo! y, segundo, la Tesis de La Paz:
!Derroquemos el Estado de las transnacionales y construyamos el Estado de los
trabajadores del campo y las ciudades!
I –
No a la venta del gas y recuperamos la COB de manos del oficialismo
1.
Ratificamos el estado de emergencia de todos los sectores, trabajadores,
campesinos, clase media empobrecida, y todos los explotados del país, ante la
velada intención de venta del gas. Si el gobierno vende el gas, el pueblo
boliviano debe responder con huelga general indefinida, bloqueo de caminos a
nivel nacional, movilización permanente y una radical desobediencia civil.
Convocamos
también a los policías, militares patriotas y tropa a defender la soberanía
nacional que está en peligro.
2. Este
Encuentro define que no es una confrontación de ideologías, sino es un
Encuentro de organizaciones que están en la pelea contra el modelo neoliberal y
sus sirvientes, quienes aplican sumisamente los mandatos del FMI, BM, las
transnacionales y el gobierno del Norte.
3. Las
organizaciones sindicales y sociales del país definen fortalecer el Estado
Mayor del Pueblo, mientras la supuesta dirección de la COB se encuentra en
manos del gobierno. Nos ratificamos en el desconocimiento del supuesto comité
ejecutivo de la COB dirigido por Saturnino Mallku. Deben ser la CODs (Centrales
Obreras Departamentales) las que a la brevedad posible convoquen a un Congreso
Ordinario de la COB, para superar su crisis y recuperar la institución para los
trabajadores, campesinos y los explotados del país.
4. Por
la lucha consecuente, hasta conseguir el respecto de la autodeterminación de
los pueblos, la soberanía nacional, tierra y territorio, y justicia social.
5.
Convocamos a todos los sectores a la unidad hasta derrotar el modelo neoliberal
expulsando a las transnacionales y sus sirvientes criollos.
[Nota
de SoB: la dirección oficialista de la COB fue posteriormente destituida en ese
Congreso.]
II –
Tesis de La Paz: Derroquemos al Estado de las transnacionales y construyamos el
Estado de los trabajadores del campo y las ciudades
El Encuentro
Social Nacional que se realizó en La Paz, entre el 25 y 26 de febrero, sacó
varias lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero y,
sobre la base de este análisis, “resolvió una serie de medidas que deber ser
enriquecidas desde y con las bases de todos los sectores trabajadores del
país”.
1.
Derrotar definitivamente el modelo neoliberal capitalista e instaurar un modelo
económico, social y político dirigido y planificado por los trabajadores del
campo y las ciudades.
2.
Luchar por la reversión al Estado de las riquezas naturales y de todas las
empresas privatizadas y transnacionalizadas en forma corrupta.
3.
Ratificando que la tierra es de quien la trabaja, expropia la tierra de los
terratenientes y empresas transnacionales a favor de los originarios para
conformar centros agrícolas colectivos e industrializados.
4.
Planteamos la autodeterminación de las naciones oprimidas y la entrega de la
tierra y territorio a esos importantes sectores sociales.
5. Ante
la incapacidad del gobierno y por haber enlutado al país, los trabajadores organizados,
centrales obreras departamentales y el Estado Mayor del Pueblo, convocamos al
pueblo a luchar por la toma del poder.
6.
Derrotar y expulsar del estado boliviano a las transnacionales, al Banco
Mundial (BM), al Fondo Monetario Internacional (FMI).
7.
Desconocer el pago de la deuda externa, porque fue hecha de forma ilegal e
ilegítima.
8.
Convocar a la tropa y jóvenes oficiales de la policía a luchar, como lo
hicieron el 12 y 13 de febrero, junto a los trabajadores del agro y las
ciudades para instaurar una sociedad sin explotados ni explotadores.
9.
Convocar a nuestros hijos y hermanos de la tropa militar, a los sargentos,
clases, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas a dar vuelta las armas
y ayudarnos a expulsar del país al gobierno de las transnacionales y la
embajada norteamericana.
10.
Organizar en nuestros propios sindicatos, comunidades y organizaciones
sociales, medios de comunicación alternativos para combatir la política
distorsionadora de los grandes medios de prensa comerciales. Sugerimos
respaldar económicamente a nuestros medios de comunicación que aún están en
funcionamiento. Como estrategia de poder, planteamos la democratización y el
control social de todos los medios de comunicación comerciales.
11.
Reemplazar el poder judicial con tribunales populares, reemplazar el poder
legislativo con la Asamblea Constituyente Popular y de Pueblos Originarios,
y reemplazar el poder ejecutivo con un gobierno de los trabajadores del país.
12.
Poner en manos del nuevo Estado las riquezas y propiedades de los empresarios
privados, terratenientes, banqueros y grandes exportadores. Planteamos el
manejo social, planificado y colectivo de todo el aparato productivo boliviano.
13.
Derrocar al gobierno de las transnacionales, para instaurar un gobierno de los
trabajadores.
14.
Rechazar la venta del gas a Estados Unidos. Revertir a la propiedad y el
dominio del Estado los hidrocarburos. Poner como parte de la estrategia del
gobierno de los explotados la industrialización y el desarrollo del país sobre
la base del gas y en beneficio de los bolivianos. Si el gobierno vende,
unilateralmente, nuestro gas, el pueblo boliviano inmediatamente responderá con
la huelga general indefinida, con bloqueo de caminos a nivel nacional,
movilización permanente y una radical desobediencia civil. Alertamos que
tampoco permitiremos la enajenación del Mutún.
15.
Darnos a la tarea, en consulta a los trabajadores de base y en consonancia con
este documento, de construir un programa y estrategia de poder para lograr una
sociedad horizontal, justa y humana.
16.
Reiterar que con una papeleta multicolor y multisigno los trabajadores sólo
podemos llegar al gobierno pero no al poder.
17.
Adoptar como método de lucha para tomar el poder, los métodos colectivos de
acción directa que se dieron en abril y septiembre del 2000 y el 12 y 13 de
febrero del 2003. Sugerimos construir en los sindicatos y organizaciones
sociales Comités de Autodefensa revolucionarios.
18.
Derrocar al supuesto Comité Ejecutivo de la COB, copado por oficialista y
corruptos, y convocar, inmediatamente, a un Congreso Ordinario para potencia
nuestra institución matriz bajo principios revolucionarios. Que las CODs y las
organizaciones vivas dirijan el Congreso.
19.
Aclarar que los dirigentes sindicales y sociales que participamos de los
movimientos sociales, no somos ni “narcotraficantes”, “vándalos”,
“extremistas”, ni “terroristas”, sino revolucionarios.
20.
Sobre la base de los anteriores puntos, generar desde las bases la unidad de
los trabajadores e ingresar en el próximo conflicto con el gobierno en una
misma fecha. Resolvemos, además, adoptar como plataforma mínima de lucha el
documento de 11 puntos de la Central Obrera Departamental, aprobado en su
último ampliado.
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Trotskistas:
es hora del gobierno obrero campesino
La
miseria extrema en que se encuentra la gran mayoría de los bolivianos alcanza a
la tropa y la oficialidad de bajo rango, tanto de la Policía como del Ejército.
La clase dominante ya no es capaz de alimentar ni siquiera a quienes deben
cuidarle las espaldas. Por lo tanto hay que derribar al Estado burgués
(Econoticiasbolivia.com
- Aclaramos que, por decisión propia, ningún militante del POR participó en el Encuentro
Nacional. Empero, respetando la pluralidad ideológica con la que fue
realizada esta publicación, se decidió introducir íntegramente esta nota
informativa que permite tener al lector otro balance de la eclosión social de
febrero [Nota del Coordinador]) El trotskista Partido Obrero Revolucionario
(POR) de Guillermo Lora cree que Bolivia ya está madura para la revolución y la
dictadura del proletariado.
Al
evaluar el alzamiento popular de febrero, el POR destaca la quiebra del aparato
represivo del Estado y la posibilidad de resolver por esa vía el problema del
armamento de las masas.
Los
trotskistas están seguros que el movimiento obrero y popular camina
aceleradamente hacia la insurrección que daría fin con la propiedad privada de
los medios de producción y con el propio Estado burgués.
El POR
es, organizativamente, un diminuto partido, pero con una enorme y decisiva
influencia en la vida política y sindical boliviana desde los años 40. En esa
década elaboró la Tesis de Pulacayo, adoptada como biblia por los mineros
bolivianos, y en la que se proclama que la liberación nacional y social será
posible únicamente con el gobierno de obreros y campesinos.
Bajo su
influjo, a principios de los años 70, la Central Obrera Boliviana (COB) asumió,
en sus documentos y tesis, la tarea histórica de la construcción del
socialismo. En esa misma época, el POR y su líder Guillermo Lora fueron los
artífices de la denominada "Asamblea Popular", un verdadero soviet de
obreros, campesinos y clases medias empobrecidas, que fue destruido con el
golpe militar de Hugo Banzer en 1971.
En la
etapa neo liberal. los trotskistas mantuvieron su discurso contestatario,
proclamando la necesidad de la revolución social. Para ellos, los
acontecimientos del 12 y 13 de febrero no son una casualidad ni "un rayo
en el cielo sereno". Econoticiasbolivia extrae esta evaluación de Masas,
el vocero oficial del POR.
Evaluación
del POR
Masas (N° 1843) dice lo siguiente: No es
la primera vez (recordamos el amotinamiento del año 2000), ni será la última,
en que la tropa policial se rebela demostrando que el descontento social tan
profundo alcanza al propio aparato represivo del Estado burgués. La clase
dominante ya no es capaz de alimentar ni siquiera a quienes deben cuidarle las
espaldas. La miseria extrema en que se encuentra la gran mayoría de los
bolivianos alcanza a la tropa y a la oficialidad de bajo rango, tanto de la
Policía como del Ejército.
El
gobierno, servil ante las instrucciones del FMI, quiso imponer su maldito
impuestazo. No se imaginó que sería la policía quien desate la furia popular
contra la medida. Apenas se supo del amotinamiento policial, la población se
volcó a las calles a rodear la plaza (Murillo), esperanzada en que ésta podía
ser la oportunidad para asaltar este bastión, símbolo del poder burgués.
El
asedio no cedía pese a la brutal represión de los militares y sus
francotiradores que, no cabe duda, obedecían órdenes el gobierno que buscaba
ahogar en sangre la rebelión de la policía.
La
furia popular contra el gobierno se ensañó con los símbolos del poder:
Ministerios, Vicepresidencia, sedes de los partidos políticos de gobierno
fueron arrasados por la gente insurrecta en las calles. La gente no fue a
saquear estos edificios, no se llevaba nada, fue a destruirlos. Estaban
expresando así.
de
manera fetichista, su deseo de acabar con el poder burgués.
Grandes
lecciones
Los
hechos de los días 12 y 13 de febrero están llenos de lecciones.
Primero.
Nos muestra el camino para resolver el problema del armamento de las masas: La
quiebra del propio aparato represivo del Estado burgués. Las armas están en
manos de la policía y de las Fuerzas Armadas y es posible arrebatarlas de esas
manos, ganando a la tropa y a la oficialidad a la causa revolucionaria.
Segundo.
Es necesaria una dirección revolucionaria que conduzca la lucha de las masas a
materializar la revolución destruyendo el poder burgués y no sólo algunos de
sus símbolos. Destruir el poder burgués quiere decir echar del poder a la clase
dominante en su conjunto para instaurar el gobierno de los explotados: el
gobierno obrero-campesino que sepulte a las transnacionales y sus lacayos, la
burguesía nativa, que nos explotan y saquean el país. No se trata de pedir la
renuncia de Goni (el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada) para salvar el orden
burgués y su falsa democracia, como planteó el reformista y ambicioso Evo
Morales.
Se ha
logrado hacer retroceder al gobierno con lo del impuestazo. Corresponde ahora
exigir (como consignas de transición) que acabe la miseria extrema, superar la
desocupación masiva con trabajos permanentes, salario mínimo vital de acuerdo
al costo de la canasta familiar, presupuesto suficiente para las universidades
y para la salud pública, recuperar el gas y el petróleo de manos de las
transnacionales.
Si el
estado burgués es incapaz de atender estas demandas del pueblo hambriento, y si
como ya lo ha manifestado no puede dar de comer a los bolivianos, no merece
seguir existiendo y debe ser destruido. Debemos acabar con el orden social
burgués imperante, con la gran propiedad privada burguesa e instaurar el
gobierno de obreros y campesinos (la dictadura del proletariado).
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Crisis
sindical: dirigentes de la COB quedan al descubierto
.Un
hecho quedó claro después del 12 y 13 de febrero: los trabajadores de base
quieren luchar, pero la burocracia sindical no se los permite. Muchas cúpulas
gremiales están “infiltradas” por el gobierno. Sin embargo, desde abajo, varios
sectores obreros han palpado la necesidad de dotarse de direcciones que estén a
la altura de los acontecimientos.
Miguel
Pinto Parabá
(Econoticiasbolivia.com)
La burocracia sindical boliviana no se salvó del terremoto social del 12 y 13
de febrero: la dirección progubernamental de la Central Obrera Boliviana (COB)
quedó seriamente debilitada y con profundas fisuras. Ahora, el inmediato
recambio de dirigentes y el "fortalecimiento orgánico" de esa máxima
institución laboral es una "prioridad histórica", según algunas
Centrales Obreras Departamentales, federaciones y Confederaciones.
Igual
que el Bloque Sindical Antineoliberal —una agrupación de sindicatos opositores
al gobierno y también a la cúpula de la COB— y el Estado Mayor del Pueblo
—alianza gremial y social fuertemente influenciada por el Movimiento Al
Socialismo (MAS) de Evo Morales— la máxima organización de los trabajadores
bolivianos tampoco estuvo a la altura de los convulsivos acontecimientos de
febrero.
En esos
acontecimientos, la "corriente progubernamental" infiltrada en el
Comité Ejecutivo de la COB cumplió su rol colaboracionista. Pero, todo esto
mostró en el fondo un hecho esencial: la abismal separación entre bases y
dirigentes, que se inició desde 1985, año en que comenzó la aplicación del
modelo neo liberal.
La
gota que rebalsó el vaso
Por si
todo esto fuera poco, el 25 de febrero de 2003 (doce días después del
levantamiento popular), el máximo dirigente de la COB, Saturnino Mallku, fue
descubierto por varios medios de comunicación festejando su cumpleaños con
funcionarios del Ministerio de Trabajo y en dependencias de esta institución.
El
edificio del Ministerio de Trabajo, junto a otros íconos del poder, fue
apedreado, saqueado e incendiado por el pueblo, el 12 de febrero. Y el saldo
final de esa rebelión social. que comenzó con un motín policial, fue de 33
muertos a bala y más de 200 heridos.
El
festejo de Saturnino Mallku no mereció la expulsión, tal como exigieron varios
sectores de obreros del país. Ni siquiera fue sancionado verbalmente. La razón
de ello, es que gran parte del Comité Ejecutivo estuvo en la fiesta de
cumpleaños organizada por el ministro de Trabajo.
Coyuntural
mente, a Saturnino Mallku un grupo de dirigentes le aceptó un pedido de
"licencia indefinida", que, según sus propias declaraciones,
"fue conversado y concertado con su familia", ante la airada protesta
de varias organizaciones gremiales intermedias que pedían "su
cabeza". Pero, este hecho recién se definió orgánicamente el martes 11 de
marzo, en un Ampliado Nacional que se realizó en la ciudad minera de Oruro.
Saturnino
Mallku y su Comité Ejecutivo se agarraron con uñas y dientes de la dirección de
la COB. Sin embargo, no pudieron evitar la mayoritaria decisión del Ampliado de
convocar a un Congreso Ordinario, en el plazo ineludible de 60 días. [Este
Congreso, cambiaría toda la dirigencia de la COB (Nota de SoB)]
Separación
de bases y dirigentes
Todos
estos hechos, que para algunos dirigentes de la entidad sindical nacional son
"anecdóticos", tienen su explicación y relevancia histórica.
La COB
fue creada a los pocos días de la rebelión boliviana del 9 de abril de 1952. El
17 de abril nació como un "órgano de poder", firmemente ligada a los
intereses de los envalentonados obreros, que llevaron a la victoria a la
revolución.
Apoyada
en sus "sindicatos armados", la COB impulsó la nacionalización de la
minas, la reforma agraria y el voto universal. Hasta 1981 fue un actor político
que luchó contra todos los regímenes dictatoriales y, en 1982, finalmente, fue
un protagonista importante de la instauración de la democracia.
Pero,
con la aplicación del modelo neoliberal, en 1985, y el posterior despido de más
de 25 mil trabajadores mineros, la COB fue debilitada. Y, en 1989, con la caída
del Muro de Berlín, su esencia socialista, en la práctica, fue revisada casi
por todos sus dirigentes.
En este
contexto, una "cúpula burocrática", como dicen sus actuales
opositores, se posesionó lentamente de la dirección de la COB. En 1995, en
medio de un gran escándalo periodístico, se evidenció la presencia en sus filas
de dirigentes que "cobraban sueldo del Ministerio de Trabajo". El
hecho quedó en el olvido.
Tres
años después, en 1998, el ex Secretario Ejecutivo de la COB, Edgar Ramírez (de
línea antineoliberal), tras denunciar actos de corrupción, también decidió
abandonar el ente sindical nacional.
Después
que algunos líderes de la burocracia sindical fueran
"expulsados",estas denuncias, se constituyeron en algo común.
A la
hora de identificar la principal causa de la "corrupción" y
"burocratización sindical" existe consenso en varios analistas y
sindicalistas honestos: "la gran separación que existe entre dirigentes y
bases está matando a la COB".
"Los
dirigentes han dejado de ser controlados por los trabajadores, ya no van a las
asambleas, no rinden cuentas y han perdido los objetivos estratégicos e
históricos de los obreros, la instauración del socialismo, como rezan sus
documentos de principios", afirma una de las resoluciones del Seminarío
Nacional "Situación Política y Orgánica de la Central Obrera Boliviana
(COB)", que se realizó en diciembre de 2002, en La Paz.
El
último Congreso neoliberal
Un
último hecho orgánico-sindical que demostró la infiltración de "agentes
del gobierno" en la dirección del ente matriz de los obreros fue lo que
sucedió hace un año.
El 21
de marzo de 2002, mediante documentos públicos y conferencias de prensa
realizadas en Sucre (sede del último Congreso cobista), la Confederación
Sindical Única de Trabajadores de Campesinos de Bolivia, la Confederación de
Jubilados, la Confederación de Maestros Rurales, la Federación de Trabajadores
de la Prensa, la Confederación de Maestros Urbanos y Rurales, la Confederación
del Sistema de Seguridad Social, los Cocaleros, los Colonizadores, la Central
Obrera Departamental (COD) de La Paz, la COD-Cochabamba, la COD-Santa Cruz, la
COD-Potosí, la COD-Beni, COD-Sucre, la COR El Alto, la COR-Uyuni, la Federación
de Gremiales de La Paz, la Generación de Trabajadores Sin Jubilación y una
decena más de organizaciones departamentales y regionales, que le dan vida a la
Central Obrera Boliviana, determinaron "no participar" del XXI
Congreso Ordinario, con el argumento de que estaba "financiado y timoneado
por los partidos neoliberales (MIR, ADN Y el MNR, partido del actual presidente
de la República que en ese entonces estaba en la oposición)".
Luego
de que se nombrará "verticalmente". la nueva directiva de la COB, dos
días después, las organizaciones que abandonaron el evento firmaron el
documento La COB cayó en manos del gobierno (El Diario, 25-3-02),
con seis graves denuncias:
1. De
los 26 dirigentes (de la COB), 12 son militantes del Movimiento de la Izquierda
Revolucionaria (MIR, ahora en el gobierno); 7, militantes de Acción Democrática
Nacionalista (ADN, socio del gobierno); 4, militantes del Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR, ahora en el poder) y de 3 no se logró
identificar su militancia partidaria.
2. De
las 41 carteras que tiene la COB, 15 quedaron acéfalas por inasistencia o
abandono.
3. El
supuesto Comité Ejecutivo de la COB está integrada en un 90 por ciento por
organizaciones que no tienen bases o no hacen vida activa y orgánica.
4. El
autodenominado "bloque proletario (neoliberal)" quedó dividido. Los
delegados de la minería estatal y los jubilados mineros abandonaron el
Congreso. Los fabriles de La Paz también abandonaron el evento. Los petroleros,
harineros, ferroviarios y constructores, que, en los últimos años, no
protagonizaron ni una sola marcha de protesta o huelga, son los que les
respaldan.
5. Las
confederaciones, federaciones y CODes (Centrales Obreras Departamentales) que
hacen vida orgánica no tiene representación en la COB.
6. El
XII Congreso de la COB sólo se desarrolló con el 20 por ciento de las
organizaciones afiliadas.
Frente
a ello, Saturnino Mallku afirmó "haber sido correctamente elegido",
aunque luego admitió que fue apoyado por "pocos sectores".
"Si
el Congreso no terminaba con la elección de un 'Comité Ejecutivo eso
implícitamente definía el fin del ciclo de nuestra COB. Por eso nos pareció
correcto asumir este tipo de posición", agregó, en conferencia de prensa (El
Diario, 25-3-02).
Perspectivas
Ante
este crítico cuadro sindical boliviano, las organizaciones sindicales se
dividieron en tres grandes tendencias: 1) el Bloque Sindical Antineoliberal; 2)
el Estado Mayor del Pueblo, y 3) el "supuesto" Comité Ejecutivo de la
COB.
Las dos
primeras tendencias han logrado realizar trabajos conjuntos para unificar a los
distintos sectores. Por ejemplo, el sábado 16 de marzo, los dirigentes del
Bloque Sindical Antineoliberal y el Estado Mayor del Pueblo, en conjunto,
ratificaron "el desconocimiento del supuesto Comité Ejecutivo de la COB
dirigido por Saturnino Mallku".
Concretamente,
plantearon que las "Centrales Obreras Departamentales y las organizaciones
más representativas del país dirijan el próximo Congreso Ordinario, para
recuperar esta prestigiosa institución de manos del gobierno".
El tema
ahora cobró actualidad y está en el tapete de la discusión social, política y
sindical. Por presión de las bases, la burocracia sindical comenzó a tambalear.
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