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Quitan
subsidios a los pobres y perdonan deudas a transnacionales
Econoticiasbolivia.com
La
Paz, 4/12/2003.- Arrinconada por la crisis económica y su virtual quiebra
fiscal, el Estado boliviano agudizó simultáneamente los rasgos
antipopulares y proempresariales de su política fiscal. En una misma
jornada, el Senado de la República aprobó anoche el perdón de las
deudas tributarias de las empresas transnacionales que han tomado el
control de las más grandes empresas públicas del país, lo que
significará una reducción de ingresos para el Estado. Horas antes, para
acomodarse a la disminución de ingresos y recortar los gastos, el Poder
Ejecutivo anunció su predisposición para anular el subsidio al gas
licuado, consumido mayoritariamente por los sectores de trabajadores y
clases medias empobrecidas.
Los
resultados previsibles de esta política dual, en extremo favorable para
los sectores empresariales, nacionales y extranjeros, y muy perjudicial
para los trabajadores y segmentos poblacionales de bajos ingresos, se
traduce en la reducción neta del pago de impuestos por parte de las
empresas transnacionales y en el aumento del precio del gas licuado y en
un mayor gasto para los hogares más pobres.
Perdonazo
transnacional
La
decisión del Congreso permitirá que varias compañías extranjeras que
operan en los rubros de hidrocarburos, telecomunicaciones, energía y
transporte aéreo y ferrocarrilero puedan acogerse a los beneficios que
estaban vigentes solo para las empresas nacionales que no habían pagado
impuestos al fisco o lo habían hecho en menor cuantía a lo establecido
legalmente.
Así,
por ejemplo, las empresas petroleras que según denuncias de las propias
autoridades han defraudado al fisco anualmente más de 100 millones de dólares,
podrán regularizar su situación sin pagar multas ni intereses. Lo propio
acontecería con el pago del impuesto a las utilidades, que sistemáticamente
las petroleras se han negado a cancelar.
El
"perdón" tributario concedido por el Congreso permite también
que todas las empresas que han evadido totalmente el pago de impuestos
regularicen su situación al pagar el equivalente al 10 por ciento de las
ventas netas de un año, con lo que se extinguen y olvidan todos los
delitos y fraudes tributarios cometidos.
Se
valida un gran fraude
El
beneficio adicional concedido a las transnacionales, que gozan de uno de
los regímenes tributarios más favorables para la inversión extranjera
en Sudamérica, llegó tras que los empresarios y trabajadores del Lloyd Aéreo
Boliviano (LAB), la línea aérea nacional, suspendieran el vuelo de sus
aeronaves durante seis horas como medida de presión para que esta
empresa, adjudicada inicialmente a la brasileña VASP, se acoja al
beneficio.
El
LAB, privatizado parcialmente en la segunda mitad de los años 90, fue a
parar a manos de la VASP de Wagner Canhedo, que al controlar algo más del
50 por ciento del paquete accionario, virtualmente la exprimió y la dejó
al borde de la quiebra tras llevarse 9 millones de dólares y saquear sus
almacenes de repuestos de aviones. El desfalco era tan evidente que las
propias autoridades bolivianas iniciaron acciones judiciales para
recuperar las acciones en manos de Canhedo y así resarcir al Estado de
los daños cometidos contra la línea aérea y el erario fiscal al no
pagar impuestos.
Sin
embargo, ante la contundencia de las pruebas en su contra y la amenaza
judicial, Canhedo hábilmente logró transferir estas acciones, cuya
propiedad ya estaba en entredicho al ser reclamadas por el Estado, a manos
de empresarios bolivianos, que dijeron haber pagado un millón de dólares
para adjudicarse la línea aérea. Así, de forma dolosa, el LAB ahora está
en manos de Ernesto Asbún, un potentado empresario cochabambino que también
posee una red televisiva desde la que presiona para lograr que el Estado
apoye a su empresa.
Blanqueo
de deudas
Así,
con el perdonazo tributario, el LAB podrá blanquear su deudas que, según
los datos del Servicio de Impuestos Nacionales, alcanzan a 49,8 millones
de bolivianos por sentencias constitucionales (6,3 millones de dólares) y
de 45,9 millones de bolivianos (5,9 millones de dólares) en pliegos de
cargo.
En
su generalidad, salvo honrosas y contadas excepciones, las transnacionales
que operan en Bolivia practican la doble y triple contabilidad, inflando
su inversiones, sobrevaluando sus activos y sus compras de insumos,
declaran mínimos niveles de rentabilidad y utilidad y realizan
maquillajes contables para pagar menos impuestos. Y ahora con el perdonazo
tienen nuevas posibilidades.
Hasta
antes de la decisión del Congreso, el perdón tributario alcanzaba, según
los cálculos de las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Servicio
de Impuestos Nacionales, a casi 300 millones de dólares. Hasta fines del
2002, las deudas tributarias en mora de los empresarios nacionales sumaban
alrededor de 500 millones de dólares por impuestos no pagados, multas e
intereses. El pago de este monto era reclamado por el Servicio de
Impuestos. Sin embargo, con el nuevo Código, los empresarios podrán
eliminar sus deudas pagando, en conjunto, solamente el 40 por ciento de
ellas. Un perdonazo como para que nadie dude del carácter pro empresarial
de la política fiscal definida por el ex presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada y continuada por su sucesor Carlos Mesa.
Fin
de subsidio popular
Pero,
al reducirse los ingresos fiscales, al Estado boliviano no le queda otra
que disminuir sus gastos, si es que pretende, como adelantaron los
ministros del área económica, bajar el déficit fiscal al 6 por ciento
(financiado con deuda externa y donaciones de los organismos
internacionales y países amigos).
Para
ello, el Ejecutivo ha fijado una drástica reducción de la inversión pública,
el congelamiento del salario real (al igualar el aumento nominal de
salarios con la tasa de inflación prevista para el 2004) y la disminución
del gasto público, lo que va en contra de los sectores populares.
"El
subsidio al gas licuado no puede continuar. No podemos seguir exportando
gas licuado subsidiado que sale de nuestros bolsillos, no podemos seguir
subvencionando a grandes industrias de nuestros bolsillos, no podemos
seguir subvencionando hoteles y otro tipo de industrias de nuestros
bolsillos, que es la gran cantidad del volumen de gas licuado que se
consume en este país", dijo el ministro de Hidrocarburos, Alvaro Ríos,
al justificar la impopular medida que entraría en vigencia en enero del
2004.
"La
eliminación del subsidio afectará a los hogares más pobres de la ciudad
y el campo. Los trabajadores tendremos que pagar más por el gas. Es un
nuevo atentado a la economía popular", dijo la Central Obrera
Boliviana (COB) al denunciar que habría un aumento de más del 30 por
ciento en el combustible.
En
la organización laboral también se teme que se haga realidad el
planteamiento del ministro de Desarrollo Económico, Xavier Nogales, para
eliminar también el subsidio sobre el consumo de la gasolina, lo que
elevaría de inmediato los precios de la canasta familiar y empeoraría la
situación de los trabajadores y de las clases medias empobrecidas.
"No lo permitiremos", aseguró el minero Jaime Solares de la COB.
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