|
El Congreso brasileño aprobó la base legal
que destruye la Amazonia
Por Bruno Lima Rocha (*)
Alterinfos América Latina, 22/06/09
La aprobación en el Congreso de la Medida Provisional (MP) 458 es un
absurdo. Esta MP, que originalmente visaba regularizar
tierras ocupadas por pequeños campesinos ocupantes de
tierra en el área de la Amazonia Legal (equivale a 48% del
territorio de Brasil), con su actual redacción abre margen
para una inversión de valores, beneficiando a quién
desmata y destruye.
Una vez más diputados federales y senadores consiguen ajustar los intereses
de un sector de clase –el de los grandes propietarios,
ladrones de tierras públicas de la Amazónia–
perjudicando a un posible desarrollo sostenible e inclusivo.
Veamos por qué.
La división de los lotes de los campesinos tiene dos categorías. La de los
pequeños, de 100 a 400 hectáreas (ha), y a de los
medianos, de 400 a 1500 ha. Acordemos que el módulo rural
varía de acuerdo con la región del Brasil y su vocación.
Para la dimensión amazónica, una extensión de 100 ha es
considerada pequeña. Pues bien, con este texto, sobre este
pequeño recae la desconfianza del Estado y el titular del
lote sólo podría venderlo después de diez años de la
regularización de las tierras. ¡Ya para los medianos, que
en teoría pueden tener representantes legales (prepuestos,
también conocidos como “naranjas” o “testaferros”),
los lotes serían pasibles de venta después de tres años!
Para empeorar, en este mismo negociado entran los grandes
“ocupantes” a ser regularizados, ocupantes de tierras
con más de 1500 ha de extensión. Estos también podrían
vender las tierras después de tres años. Si es aprobada la
MP 458 como está, queda abierta la puerta para la
especulación de tierras robadas. Sinceramente, o el texto
tiene problemas desde su origen, o no tiene sentido.
El peor de los mundos, en mi opinión está en el mantenimiento de los artículos
2º, 7º y 13º. Entiendo que esto implica algunos
descalabros, tales como: los “ocupantes” regularizados
no necesitarán ser habitantes del municipio donde en teoría
producirían bienes primarios o la extracción de bienes
naturales; las personas jurídicas podrán ser beneficiadas
de una ley que originalmente favorecería el modo de
producción de base familiar; y por fin, las concesiones de
tierras podrían darse sin pasar revista previa ni análisis
a los papeles originales. ¡No es sin sentido el que la
Medida Provisional ganara el sobrenombre de “MP del robo
de Tierras Públicas”!
La complejidad del problema aumenta cuando dimensionamos los valores
inmobiliarios y su extensión. Estamos hablando de una área
de 64,7 millones de hectáreas de tierra con un valor
inicial de la orden de R$ 70 mil millones (cerca de USd 35
mil millones de dólares USA). No se trata de materia de
ocasión y sí de una determinación estructural de la
Amazonia para las próximas décadas. Por eso mi temor es el
de siempre. Si el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no
veta el texto, veremos más de lo mismo. Es decir, la
derrota de la razón de Estado y del bienestar de la nación,
siendo todo cambiado por las leyes que legalizan a los
ladrones de arriba, fortaleciendo la base aliada del
gobierno de turno y su composición de clase.
En el
Senado de Brasil, la pesadilla del agronegocio sigue
La noche de miércoles 3 de junio, el Senado de la República dio un aula de
análisis político. No fue una lección de actitud
republicana, tampoco de defensa de la ciudadanía ni del
interés nacional. Lo que se vio fue la materialización de
dos conceptos: lo de sobre–representación y lo del
eufemismo como arma del discurso. El primer concepto se
encuentra en la “sinceridad” de la senadora Kátia Abreu
(DEM– estado de Tocantins) que acumula el mandato por el
nuevo estado y también es presidente de la Confederación
Nacional de Agricultura (CNA, o sea, el sindicato nacional
de latifundistas). El segundo, el eufemismo, se encuentra en
las palabras de la “muy noble” senadora, al afirmar que
una Medida Provisional de su autoría, la MP 458, va “a
dar seguridad jurídica” para la Amazonia Legal.
Para quien tiene como faena y labor el análisis del gran juego del poder en
el Brasil, tener un concepto materializado es una
oportunidad de demostrar de modo didáctico las telas de
relaciones reales y no formales de la política brasileña.
El “concepto con carne” se hace patente para un público
ampliando las tensiones del ejercicio del mando sin las
barreras de un lenguaje refinado. En este negociado, estoy
obligado a ser justo. Si hay una bancada que actúa de modo
“sincero” son los latifundistas, también conocidos como
“ruralistas”.
Este término, “ruralismo”, por sí sólo ya es un eufemismo, pues se
remonta a la sigla de la extrema derecha agraria de los años
’80. Para quien no recuerda, la lucha por el ejercicio del
derecho constitucional del acceso a la tierra como factor de
producción con destinación social, confrontaba en armas
con la Unión Democrática Ruralista (UDR). Esta entidad
“democrática”, que cayó en bajo perfil los últimos años,
da la marca a la bancada de mismo nombre. Esta gente es tan
agresiva como los latifundistas soyeros de Argentina y
levantan la supuesta bandera “del campo”.
Pobre del Martín Fierro, de Quiroga y de los caudillos de antaño. Estos
“del campo” son poco o más que vende–patrias que
viven de mamar la teta del Estado platense. Pues en Brasil
pasa lo mismo. Y la cara dura no para. Fue una de las líderes
de la bancada de la agricultura en ancha escala, aplicando
el concepto que transforma el alimento en commodity, que
escribió el texto de la nueva medida legal.
No hay
desarrollo sin preservación
Como se sabe, la medida es polémica y provocó una fractura en la base del
gobierno y en la oposición. Por su parte, el presidente ya
señala una maniobra para distraer a la mayoría. Dice que
la cuenta a pagar por la preservación también es de los países
ricos. Aunque eso sea correcto, se aplica en escala mundial
y no en la vida cotidiana de la Amazonia Legal y de la
biodiversidad brasileña. Cobrar el cumplimiento del
Protocolo de Kyoto y actuar de forma incisiva contra la
pesca de la ballena por los pesqueros japoneses es legítimo.
Pasar la cuenta de una política interna que atraviesa las
posibilidades de mantenimiento de la soberanía nacional en
la Amazonia, no lo es. No hay control sin sustentación, y
el Estado brasileño tiene que asegurar la cobertura vegetal
y la biodiversidad en más de la mitad de su territorio.
Al contrario del sentido común y de las ideas difundidas por los grandes
medios, no hay conflicto entre preservación y desarrollo.
Preservar no es retraso ni costo, pero sí garantía de
retorno a largo plazo. Es obvio que dentro del modelo de
devastar para la agro–exportación, esto parece una
barrera para el desarrollo del negocio. En verdad, lo
absurdo para un país es apostar a un modelo que no se
sostiene ni asegura los mayores valores futuros. La mayor
riqueza de la humanidad en el siglo que viene es la
diversidad genética y el patrimonio natural. Así, no hay
ninguna posibilidad de desarrollar la Amazonia sin la
floresta en pie y el curso de sus ríos. Y lo peor, con la
destrucción del medio, los pueblos amazónicos tienden a
migrar, hinchando las capitales de la región y aumentando
la desesperación social.
Con la MP 458 los senadores fuerzan el país a caminar a través de la misma
trocha que llevó a la aprobación de las semillas transgénicas
a través del hecho consumado. Oficializando el robo de
tierras y permitiendo la devastación de la selva, quedamos
entregados a la demencia del agente económico devastador e
inescrupuloso. El futuro colectivo y la soberanía del país
exigen el veto de esta medida.
(*)
Bruno Lima Rocha es cientista político y periodista,
radicado en Rio Grande do Sul. Es editor de Estratégia
& Análise y miembro del equipo de articulistas de Barómetro
Internacional.
|
