La situación económica crítica y las actitudes autoritarias y agresivas del gobierno alimentaron desde octubre la tendencia a un “voto castigo”

Una crisis anunciada

Revista Envío / La Haine, 23/11/08

A diferencia de otros países latinoamericanos, Nicaragua es un país con una probada “fe electoral”. ¿Habrán perdido los nicaragüenses la “fe” en esta ocasión? Es uno, y no el menos angustioso, de los muchos interrogantes que han dejado estos comicios municipales, que muchos votantes vivieron como un plebiscito sobre el gobierno nacional, que arrojaron resultados no aceptados por buena parte de la población y que han llevado al país a una nueva y dramática crisis, tan temible como previsible. (Equipo Nitlápan-Envío)

En medio de una crisis económica planetaria que ya nos está afectando -crisis que el Presidente Daniel Ortega consideró “un castigo de Dios al imperio yanki”, del que dijo estaba “convertido por la crisis en un país del tercer mundo”- y alen¬tados por el oxígeno que representa ver llegar a la Presidencia de ese “imperio” a un afroamericano carismático, pensante y sensible, Nicaragua salió a elegir sus autoridades locales.

En 24 horas los resultados electorales fueron denunciados como un fraude, con pruebas, por la alianza opositora al partido de gobierno. En 48 horas había desórdenes y violencia en la capital y en otros puntos del país y, con los obispos católicos a la cabeza, buena parte de la sociedad deslegitimaba los resultados y en un clima de desconfianza generalizada proponía a la autoridad electoral el recuento de las actas de escrutinio en Managua y a nivel nacional con la participación de observadores independientes. Las elecciones fueron consideradas por el organismo nacional Ética y Transparencia “las menos transparentes y las más conflictivas de nuestra historia reciente”.

Sin cifras oficiales

El 9 de noviembre 3 millones 800 mil nicaragüenses estaban convocados a las urnas electorales para elegir alcaldes, vicealcaldes y concejales en 146 de los 153 municipios del país. Según los resultados “provisionales” del Consejo Supremo Electoral (CSE) el 14 de noviembre, el FSLN obtuvo el primer lugar en número de votos y ganó más de 90 alcaldías (entre ellas, la capital Managua) y el PLC, que encabezaba la alianza opositora, quedó en segundo lugar en número de votos y ganó unas 50 alcaldías. Cinco partidos aparecían en la boleta de votación Los resultados de dos de ellos -Alternativa por el Cambio (AC) y PRN (Partido de la Resistencia)- no fueron significativos. El tercero, ALN, logró ganar 3 alcaldías.

La alianza opositora al partido de gobierno, que compitió en la casilla del PLC, no reconoció estos resultados y denunció un “gigantesco intento de fraude”. Pocas voces gubernamentales se escucharon dando declaraciones o emitiendo opiniones. Sólo la voz jubilosa de los simpatizantes del FSLN en las calles. Los medios oficiales recordaron que se trataba de una “operación mediática” preparada con antelación para deslegitimar los comicios y desestabilizar al gobierno.

Triunfo “arrollador”

Los primeros resultados los anunció el CSE tardíamente. Eran las 11pm. Para entonces, simpatizantes del FSLN ya celebraban por todo el país, especialmente en Managua. ¿Tan seguros estaban de la victoria? Al aparecer ante las cámaras los siete magistrados electorales y sus suplentes, el nutrido equipo y el escenario contribuían a dar gran solemnidad al anuncio. Aunque ya para esa hora debían haber presentado resultados más avanzados, los que brindó la autoridad electoral estaban basados en porcentajes mínimos. En gran número de municipios y en la mayoría de cabeceras, incluida Managua, esos porcentajes daban una amplísima victoria al FSLN.

¿Expresaban los resultados de esa primera hora una tendencia? ¿Expresaban -especialmente los resultados de las 16 cabeceras departamentales- lo pactado previamente entre Ortega y Alemán? Conviene recordar que durante varios meses -y después que en el CSE los magistrados electorales de Ortega y Alemán eliminaron de la competencia a dos partidos políticos opuestos al pacto- era un secreto a voces que Ortega y Alemán se estaban repartiendo ya los resultados de las cabeceras, donde vive el 75% de la población nacional. Sin embargo, aun así, los resultados favorecían exageradamente al FSLN. ¿Era eso lo pactado?

A la medianoche las celebraciones del FSLN se hicieron más masivas. En Managua -la plaza más importante para el FSLN- fueron las más ruidosas. Las emisoras afines al partido de gobierno hablaban de un triunfo “arrollador”: más de 100 alcaldías y 12 de las 16 cabeceras departamentales. Estaba en marcha la crisis. Una crisis anunciada.

Camino pavimentado

Desde hace diez años funciona el pacto Ortega-Alemán, cada vez más beneficioso a Ortega. El tribunal electoral, el CSE, fue afectado progresivamente por este acuerdo político. Al iniciar 2008, año electoral, el CSE fue colocando calculadamente en el camino a las elecciones obstáculos a los partidos opositores y pavimentándole la ruta al partido de gobierno. El CSE adelantó el calendario electoral, suspendió las elecciones en siete municipios del Caribe, canceló la personería jurídica a dos partidos opositores y le quitó la representación legal de ALN a Eduardo Montealegre para entregar esa agrupación a políticos colocados en la órbita del partido de gobierno.

Todas estas medidas fueron maniobras pre-electorales del pacto Ortega-Alemán. Como resultado de todas ellas -avaladas por acción o por omisión, por los magistrados pro-Alemán en el PLC-, todo el Poder Electoral, desde las máximas autoridades hasta la dirección de las 11,808 juntas a donde acudieron a votar los nicaragüenses el domingo 9, quedaron prácticamente en manos de personas afines al partido de gobierno o controladas de una forma o de otra por éste.

Las vísperas

Por primera vez en su historia, el CSE no hizo prácticamente publicidad en los medios invitando a la población a votar. ¿Quería fomentar la abstención? La abstención favorece siempre al FSLN, un partido más organizado, con un voto fiel y “duro”. Fueron las organizaciones civiles y el vasto tendido de la iglesia católica quienes hicieron una activa propaganda invitando a la población a votar y recordando que el voto es secreto.

En todo el país se apreció retardación en el proceso de cedulación o entrega selectiva de cédulas. En los días previos a las elecciones, de forma sorpresiva -y en combinación con el Ministerio de Gobernación-, el CSE ordenó que tres “policías electorales” estuvieran en cada mesa de votación, función para la que el gobierno contrató por 100 córdobas a personas sin ninguna preparación específica, a las que se les uniformó con una camiseta y un brazalete. El día de los comicios no hicieron otra cosa que entrar y salir a cualquier hora de los centros de votación o andar rondándolos “por lo que pudiera pasar”.

Bajo sospecha

En un entorno tan estrictamente controlado por un aparato electoral favorable al partido de gobierno, el único contrapeso posible el día de los comicios lo tendrían dos grupos de personas: los fiscales de la oposición y los observadores nacionales. Pero el CSE no acreditó a observadores nacionales y los fiscales de la alianza opositora enfrentaron obstáculos, limitaciones y la siempre seductora oferta de regalías de parte de los operadores políticos del partido de gobierno. En estas condiciones, los resultados electorales ya estaban bajo sospecha desde antes del primer anuncio del CSE.

Al concluir el proceso del voto popular -como desde hace más de veinte años, con una población siempre ordenada, paciente y en calma- ya se habían apreciado diversas anomalías: en unas juntas unas y en otras juntas otras.

Hubo votantes que temían ser intimidados al ir a votar. En Managua y en León -las plazas más codiciadas por el FSLN- el temor estaba justificado. Después de los violentos sucesos de León unos días antes de que iniciara la campaña electoral (20 septiembre), cuando el candidato a alcalde por el partido de gobierno y dirigentes del FSLN organizaron grupos de choque que impidieron con violencia extrema una manifestación opositora, hubo incidentes violentos en Managua y otros puntos, en los que simpatizantes del FSLN atacaban a opositores a pedradas y garrotazos. ¿Pasiones políticas desbordadas o calculados incidentes de intimidación?

En los días previos, y en los barrios más populosos de Managua, los medios documentaron que grupos de CPC (Consejos del Poder Ciudadano), dirigidos desde casa presidencial, con la excusa de evaluar los programas sociales del gobierno, visitaban casa a casa, con banderas y camisetas del partido de gobierno, haciendo un “censo”: preguntaban cuántos votaban en esa casa y por quién votarían y anotaban esos datos. En el tenso ambiente con el que la capital llegó a las elecciones, era imposible no percibir esas visi¬tas como una campaña de intimidación.

Amanecer incierto

En la mañana del día siguiente a las elecciones el centro de cómputos de Managua quedó militarizado y dentro sólo quedaron técnicos del partido de gobierno, encargados de la digitación de los resultados y de su consolidado final. Todo esto, documentado por los medios radiales, escritos y televisados de todo el país, provocó una desconfianza generalizada entre los votantes y un ambiente de incertidumbre.

El 12 de noviembre, EyT publicó su valoración preliminar. Inicia así: “La cantidad de anomalías e irregularidades encontradas en al menos el 32% de las juntas receptoras de votos, centros de cómputos municipales y departamentales de todo el país, se caracterizan por su gravedad y por el nivel de afectación, dirigida casi de forma exclusiva hacia la oposición”.

Anomalías graves

EyT señala nueve irregularidades “de mayor gravedad”. La expulsión o severas limitaciones de acceso a los fiscales a las juntas de votación y a los centros municipales a causa de acciones organizadas por los policías electorales y el personal del CSE. La anulación fraudulenta de votos “en un número no determinado de juntas”, constituyendo un “hecho fraudulento superlativo en la historia de nuestro país, lo que hace difícil o imposible reconstruir la voluntad popular en esas juntas”. La introducción o sustitución de votos y actas de escrutinio por el personal de las juntas de votación. La invalidación fraudulenta de votos a la hora de conteos que se hicieron a puertas cerradas. El cierre temprano y sin razón de las juntas en al menos un 20% de las mesas cuando aún había votantes en fila “sin absolutamente ninguna razón evidente”. La intimidación de votantes en “entornos amenazantes”. Fallas en la custodia del material electoral. No fijación de los resultados a la vista de los ciudadanos al menos en el 10% de las juntas. En no menos de 50 municipios, “el partido de gobierno y el CSE local procesó y distribuyó cédulas a sus simpatizantes” de forma irregular. EyT consideró que en unos 30 municipios se requería “aclaración de irregularidades”.

Sin estos observadores

Las desconfianzas y suspicacias hubieran podido ser neutralizadas con la presencia en las juntas de votación de los dos equipos de observadores nacionales. La última de las peligrosas señales que el CSE le dio al país fue la negativa a acreditarlos.

Dos organizaciones nacionales, el Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT) -capítulo en Nicaragua de Transparencia Internacional- y el Instituto para la Democracia (IPADE), han observado durante los últimos doce años las elecciones nacionales, municipales y regionales, demostrando gran profesionalismo y acumulando experiencia. Esto las ha convertido en garantes independientes al observar todo el proceso, al estar presentes in situ el día de los comicios en la constitución, apertura, votación, cierre y escrutinio de cada mesa de votación y al elaborar después un conteo rápido de los resultados, que ha servido para contrachequear los resultados oficiales y para avalarlos, pues siempre coincidieron con mínimas diferencias.

En el ambiente tan polarizado y tenso con que se llegó a estas elecciones la presencia de los observadores era lo más indicado si el gobierno quería asegurar transparencia y legitimar los comicios. Pero no fue así: el partido de gobierno que controla el CSE apostó a la opacidad y no acreditó a los observadores nacionales, argumentando en la “madurez” del proceso electoral nicaragüense.

Al expresar su rechazo a la no acreditación, el IPADE señaló que el CSE sentaba “un precedente histórico y negativo al prohibir una práctica ciudadana que en América Latina y el mundo es promovida y protegida”. Por su parte, EyT dijo: “El CSE tiene “la edad suficiente” como para asumir y dar razón del costo político gratuito e innecesario que le está causando al país y al actual proceso electoral, por la estigmatización que ha hecho de las organizaciones nacionales, por su negativa a acreditarnos, contraviniendo la Constitución y la Ley, dando lugar a la desconfianza, la presunción y la suspicacia”.

IPADE no puso en acción a sus observadores. EyT sí, aunque no a los 30 mil que anunció pondría. La observación la hicieron “a distancia” de los centros de votación, valiéndose del relato de fiscales, votantes y personal de las juntas, y cruzando esta información con el comportamiento histórico de cada junta, que en Nicaragua tiene bases confiables.

Con estos observadores

Desde mediados de octubre, el propio Presidente Ortega venía desestimando la necesidad de la observación electoral nacional, diciendo que “no son imparciales”. Tampoco el gobierno quiso invitar a observadores internacionales que siempre han participado en las elecciones nicaragüenses, el Centro Carter y la OEA. Ambas instancias afirmaron después de los comi¬cios su limitación para evaluarlos por no haber estado presentes, y en el fragor del conflicto hicieron un llamado a la autoridad electoral a “conducir un procedimiento transparente de revisión de los resultados electorales a escala nacional” con participación de la observación nacional (Centro Carter).

El gobierno insiste en que sí hubo observación internacional. Tres días antes de las elecciones llegaron a Managua miembros del Protocolo de Tikal y del Protocolo de Quito de observación electoral, que escucharon un interminable discurso del Presidente Ortega, recordando haber sido víctima de un fraude en 1996, y visitaron algunos centros de votación.

Y desde meses antes el CSE financió la estancia en Nicaragua de un grupo de técnicos electorales del CEELA. Esta instancia tuvo como primer presidente al magistrado presidente del CSE Roberto Rivas, quien es hoy su presidente honorario. El CEELA es un grupo promovido por el gobierno de Venezuela en un intento más de Chávez de descalificar a la OEA como organismo de representación hemisférica.

Al salir de Managua, después de los comicios, Roberto Cuéllar, quien llegó en la víspera electoral representando al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, dijo: “La observación internacional ni lo puede ver todo ni lo controla todo. La observación nacional es la que legitima el proceso”.

¿Un desquite?

Llamó la atención la insistencia de Ortega en varios discursos previos a las elecciones en el “fraude electoral” de 1996 del que él había sido víctima como candidato presidencial frente a Arnoldo Alemán, fraude que Ortega habría aceptado por la estabilidad del país. Este mismo discurso, el del “fraude” del 96, estuvo reiteradamente en boca de todos los voceros del partido de gobierno desde que estalló el conflicto post-electoral. La negativa del CSE a acreditar a los observadores nacionales no sólo mantuvo en vilo a la opinión pública hasta el último día, sino que alimentó justamente la sospecha de que se preparaba un fraude. ¿En desquite del de 1996?

Hubo reclamos, solicitudes y sugerencias llegadas de instancias nacionales e internacionales, de los embajadores de la Unión Europea, de los empresarios del COSEP y hasta del propio Cardenal Obando -aliado incondicional del partido de gobierno-, pero la observación nacional fue excluida. Los magistrados electorales argumentaron que ellos eran “soberanos”, que ellos “son la ley”.

Ambiente hostil

También el Presidente y los magistrados electorales argumentaron que los fiscales de los partidos serían los únicos observadores por ser los más interesados en observar.

Conviene recordar que de los cinco partidos en contienda, el partido de gobierno tenía como aliados a tres partidos pequeños. Serían sólo los fiscales de la alianza opositora los ojos críticos en las mesas de votaciones. Para cumplir con su tarea les tocó enfrentar un ambiente hostil y un entramado de trabas que iban descubriendo sobre la marcha.

Cuenta, por ejemplo, una de esas fiscales: “Pasamos horas en el centro de votación viviendo una presión fuerte y una intimidación de parte de los CPC que controlaban todo el centro donde estuvimos. Los policías electorales, la procuradora de derechos humanos del gobierno, el personal del CSE que llegaba a supervisar y todo el resto de la junta eran sólo danielistas”.

Todo esto configuró unos comicios “opacos” y al día siguiente un ambiente nacional incierto que nos arrojó en una nueva crisis institucional, nos permitió ver una ¿duradera? fisura política en el pacto Ortega-Alemán y sumió al país en lamentables extremos de violencia.

Las raíces

La crisis institucional es una más de las muchas que inician en Nicaragua, se desarrollan y nunca se resuelven. Algunos la han calificado como la mayor de los últimos treinta años.

Esta crisis tiene sus raíces recientes en diez años del pacto PLC-FSLN, que bi-partidarizó todas las instituciones del Estado, incluido el CSE. Todos los altos cargos del Estado fueron repartidos por Ortega y Alemán mitad-mitad. En el caso del CSE, el pacto incrementó el número de los magistrados con sus suplentes -14 personas- y reformó la Ley Electoral, convirtiéndola en un obstáculo al pluralismo y en un mecanismo destinado a forzar el bipartidismo sandinismo-liberalismo.

Después de diez años de ese nefasto acuerdo político, las estructuras del CSE dejaron prácticamente de ser bi-partidistas para defender prioritariamente los intereses de Daniel Ortega. Esto sucedió tras la alianza del magistrado presidente del CSE Roberto Rivas con Ortega con la bendición del Cardenal Obando. Y sucedió ante los ojos de los magistrados electorales del PLC, incapaces de renunciar a las prebendas derivadas de sus cargos o fieles a las orientaciones pro-Ortega de su líder Alemán, preocupado desde 2002 por no ir a dar a la cárcel.

Un seísmo

Durante la preparación de estas elecciones, que ya se anunciaban viciadas, el CSE hizo y deshizo con la anuencia de los magistrados electorales del PLC. Pero eso era lo que sucedía “arriba”. Abajo, entre las bases liberales locales estaba ocurriendo otra cosa.

Al descontento generalizado por la situación económica, los liberales sumaban su preocupación por los avances de los CPC locales, su indignación por la entrega selectiva de cédulas para votar, y la novedad que representó la entrada en la campaña electoral, bajo la bandera del PLC, de líderes de la corriente liberal liderada por Eduardo Montealegre. Fue la corriente de “Vamos con Eduardo” (VCE) la que seleccionó a 14 de los 16 candidatos a alcaldes del PLC en las cabeceras departamentales y a la mitad de todos los candidatos a alcaldes del país.

Este escenario constituyó un seísmo, por lo menos de 5 puntos en la escala richter política del país ya que hizo que Alemán perdiera el control de la campaña electoral, que apenas participara en ella y que viera reducida su influencia en el partido en un momento especialmente crucial, porque los comicios estaban cada vez más polarizados y, tanto el gobierno como la oposición, los estaban convirtiendo en un referéndum nacional sobre los primeros dos años de gobierno de Ortega.

Con la corriente de los VCE dentro del PLC, el tradicional antisandinismo liberal se dispuso a votar contra Ortega, cada vez más consciente de que el pacto de Alemán con Ortega había terminado haciendo Presidente a Ortega dándole todo el poder. Eso los distanciaba de Alemán y los acercaba a liderazgos liberales más jóvenes que aparecieron en la escena local. El toque final lo puso, al inicio de la campaña electoral, el apoyo que los candidatos locales del PLC recibieron de conservadores, de sandinistas del MRS y de independientes, unidos bajo la consigna TCO: “Todos contra Ortega”.

Ahora, después del seísmo de la campaña, del fraude y de la crisis post-electoral, ¿será el liberalismo honesto capaz de reconstruir su partido, desechando definitivamente el alemanismo?

Error de cálculo

La pieza central de la estrategia política del FSLN para las elecciones municipales fue la misma que en las presidenciales: dividir al liberalismo. Con la derecha liberal dividida y eliminando toda competencia por la izquierda (cancelación del MRS) el partido de gobierno intentó allanar su camino para “más victorias”, como martillaba en su costosa propaganda.

Fue un error de cálculo: la casilla roja número 1 del PLC se oxigenó al recibir a los rojos no alemanistas de Eduardo Montealegre y se coloreó de naranja con los votos de los sandinistas del MRS, con el verde de los votos conservadores y con el coloreado voto de los independientes. Y la ALN, la otra opción “liberal” -alimentada con “militantes” y recursos del FSLN- se fue erosionando durante la campaña. En muchos municipios los candidatos de la ALN renunciaron a la competencia o respaldaron al PLC. En una mayoría obtuvieron resultados insignificantes, aunque en varios, como en el caso de Rivas, sí lograron dividir el voto opositor.

El gran dilema

Así, mientras “arriba” en el CSE seguía funcionando el pacto en su expresión electoral, abajo ya no tanto. Dos días antes de las elecciones, y conociendo el FSLN, por sus encuestas internas, de un probable fracaso, especialmente en Managua, corrió el rumor de que Arnoldo Alemán estaba negociando la alcaldía de la capital a cambio de la total libertad por los cargos de corrupción, por los que está condenado a veinte años, de los que ya ha cumplido cinco, aunque en su casa y con todos los privilegios.

Como una señal de que esa negociación estaba sobre la mesa, unos días antes de las elecciones, el Tribunal de Apelaciones de Managua -controlado por Ortega- revocó definitivamente la sentencia dictada, por los mismos actos de corrupción, contra el hermano, el sobrino y la cuñada de Alemán.

Reveladora resultó la respuesta de Alemán al rumor sobre la negociación de Managua a cambio de su libertad. Afirmó que él no tenía “dominio” sobre quienes votaban. Lo pactado entre Alemán y Ortega lo podía borrar la gente que llegaría a votar en la casilla del PLC. El resultado electoral -“amarrado” desde arriba por el pacto y “desatado” desde abajo por nuevos factores políticos- colocó a Alemán en el mayor dilema de sus últimos años, después de ser sentenciado por corrupción: cómo cumplirle a Ortega para garantizarse su libertad sin poder “dominar” a sus bases…

Pasada la medianoche del día de las elecciones, el CSE dio unos segundos resultados. Sólo aparecían porcentajes, pero había algunos cambios sobre las “tendencias” presentadas inicialmente, en las que el FSLN arrasaba. Ahora el FSLN seguía ganando, pero ya no tanto.

Curiosamente, en esta segunda ocasión, ya no aparecieron en el solemne escenario los magistrados liberales. ¿Qué estaba sucediendo al interior del PLC? Unas horas después, Eduardo Montealegre alegaba con determinación que tenía pruebas de que él había ganado la alcaldía de Managua y afirmaba que los resultados que ofrecía el CSE eran “vergonzosos, inmorales e irresponsables”.

Ascenso y descenso

Horas después, respaldaban a Montealegre varios diputados alemanistas y a su lado aparecía la diputada del PLC e hija de Arnoldo, María Dolores Alemán. Horas después era el propio Alemán quien avalaba el alegato de fraude de Montealegre y 48 horas después el PLC desconocía los resultados de las elecciones y ordenaba a sus diputados en la Asamblea Nacional y a sus magistrados en la Corte Suprema y en la Contraloría no acudir a trabajar para paralizar las actividades institucionales.

Diputados liberales tan mesurados como Francisco Aguirre Sacasa y José Pallais se expresaban inusualmente categóricos en sus críticas. Aguirre: “Las actuaciones del FSLN son ya intolerables para nuestro partido”. Pallais: “El Consejo Supremo Electoral da asco”.

Aparecía así un primer resultado político de las elecciones, inesperado seguramente para el FSLN: una fisura en el PLC, con el ascenso del liderazgo de Montealegre, el descenso del liderazgo de Alemán, y el protagonismo de nuevos liderazgos locales liberales más independientes de la influencia del “máximo líder”.

Frustración y violencia

Desconfianza, evidencias y frustración se unieron en una mezcla explosiva y la violencia se desató en varios puntos de Managua y en otros municipios. La desconfianza en el CSE y en los resultados que estaba brindando aparecía por todos lados. En la documentación del rosario de evidencias de fraude -hasta boletas tiradas a la basura- los medios de comunicación jugaron un papel imprescindible. La desconfianza previa y las noticias diarias provocaron flujos y reflujos de frustración que condujeron a enfrentamientos callejeros violentos, inicialmente entre sandinistas y liberales en la capital y en otros municipios. Poco después fueron los sandinistas los que se impusieron en las calles de Managua con una exhibición de vandalismo. Sumido el país en esta colosal crisis, el Presidente Daniel Ortega guardó total silencio.

La voz de los obispos

Por primera vez en muchísimo tiempo, la voz de los obispos católicos tuvo aires proféticos: denunciaron algunas de las causas del conflicto y anunciaron una posible solución.

El 11 de noviembre, en un lenguaje inusualmente breve y directo, los obispos señalaron las irregularidades que percibían en el proceso. Hacían “un urgente llamado a los miembros del CSE a actuar con honestidad, transparencia e imparcialidad por su dignidad personal y el respeto al voto sagrado que en conciencia depositó nuestro pueblo en las urnas” y proponían como salida la revisión de todas las actas de escrutinio.

Nada más inesperado para el partido de gobierno que tan rápida toma de posición de los obispos. ¿Cómo era posible que, a pesar de las dádivas entregadas durante meses a las estructuras eclesiásticas en todo el país y a pesar de que el FSLN había votado por la penalización del aborto terapéutico, los nueve obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua deslegitimaran los comicios? La perplejidad se expresó en las palabras con que el magistrado electoral del FSLN Emmet Lang ripostó a los obispos: se refirió tácitamente a ellos diciendo que predicaban el amor al prójimo, pero “denigraban al prójimo” y sentenció: eso es “un pecado mortal”.

En tres días el coro de quienes desconfiaban en los resultados era amplio. Las voces diversas, el reclamo el mismo. Encabezados por los obispos, organismos civiles, medios de comunicación, partidos de oposición, empresa privada, embajadas y ciudadanos de todo el país pedían la revisión de los resultados acta por acta y junta por junta no sólo en Managua -foco mayor del conflicto-, sino en todos los municipios donde la inconformidad era evidente y había pruebas de graves irregularidades.

El partido de gobierno no dio señales de querer rectificar el rumbo aprovechando esta “escalera” que se le ofrecía para bajar al menos algunos peldaños de donde pretendía subir. Todo lo contrario.

¿Por qué ese diseño?

¿Por qué elecciones tan poco transparentes, con maniobras tan obscenas? Conviene recordar que un triunfo importante en estas elecciones es la carta de negociación más fuerte de Daniel Ortega para lograr las reformas constitucionales que ya tiene redactadas y pactadas con Alemán para garantizar su perpetuación en el poder.

Como éste es su proyecto estratégico y la victoria en las elecciones su antesala, podemos especular que al diseñar el proceso electoral el grupo de poder del partido de gobierno evaluó las variables y concluyó que el costo político de alterar los resultados electorales era menor que el costo político de perder las elecciones en Managua y en las ciudades más importantes. Este análisis le llevó a diseñar arriba una operación fraudulenta de muchas facetas que después su gente ejecutó abajo muy sofisticada y también muy burdamente.

El riesgo de una pérdida significativa de las elecciones era una probabilidad. Las encuestas internas que el gobierno hacía se lo anunciaban. Cuando la polémica encuesta de la UCA reveló lo que iba a ocurrir, los propagandistas del gobierno comenzaron a hablar: la derecha estaba desesperada y derrotada y la embajada americana orquestaba ya una campaña mediática para que la derecha alegara fraude y así desestabilizar al gobierno.

Pero los datos estaban ahí: la situación económica es crítica, sobre todo en la capital y en los núcleos urbanos, y además, los efectos negativos que en la población estaban causando declaraciones y actitudes autoritarias y agresivas del gobierno contra las voces críticas de periodistas y de ONG en la capital y en los municipios, alimentaron desde octubre la tendencia a un “voto castigo”, unos por ser antisandinistas de siempre, otros para darle una “lección” o para ponerle “freno” al autoritarismo gubernamental.

Managua: la deseada

En medio de una propaganda avasallante, el despliegue de clientelismo electoral con que el partido de gobierno trató de enfrentar el descontento que reflejaban sus propias encuestas fue extraordinario, especialmente en Managua. En actos presididos por el Presidente Ortega y el candidato del FSLN, el gobierno entregó decenas de títulos de propiedad en asentamientos, 25 mil cocinas de gas, 221 casas, láminas de zinc, medicinas, 3 mil computadoras infantiles para 200 escuelas públicas, créditos para mejoras en 1,300 hogares, mil créditos más a mujeres en el programa Usura Cero… Todo eso públicamente y siempre canalizado por los CPC. Privadamente, los CPC repartieron o recibieron bicicletas, televisores, motos…

¿Sirvió este clientelismo en Managua, la plaza más apetecida por el FSLN? Los resultados del CSE indicaron que el candidato oficialista, el ex-boxeador Alexis Argüello, le ganó a su adversario, el banquero liberal Eduardo Montealegre, por unos 20 mil votos. El 13 de noviembre Montealegre colocó en una estrenada página web (www.voto2008.org) otros resultados, donde le gana a Argüello por unos 29 mil votos.

El partido de gobierno no podía permitirse perder Managua, donde vive el 40% de la población del país. Si perdía, le esperaban tres años con un alcalde adversario presente a diario en los medios inaugurando obras públicas o dando declaraciones críticas sobre el rumbo del país. Para Montealegre, perder Managua es acabar con su carrera política. Habría sido derrotado por un hombre tan poco preparado como Argüello y perdería su mejor oportunidad de disputarle el liderazgo del liberalismo a Arnoldo Alemán.

En la noche y sin testigos

Aunque había inconformidades, irregularidades y brotes de violencia en gran parte del país, en Managua se concentró la crisis.

Ante tanta presión nacional y con el inicio de la presión internacional -embajadores de la UE en Nicaragua y la OEA- el CSE aceptó el día 13 revisar las actas de escrutinio de la votación, pero solamente en la capital, donde hay más de 2 mil juntas receptoras de votos y por eso, más de 2 mil actas.

El anuncio lo hizo el CSE a las 6pm. Montealegre y los otros tres partidos debían traer todas sus actas a las 10pm para iniciar una revisión nocturna sin ningún observador independiente ni nacional ni internacional. ¿Es suspicacia pensar que tras esta oferta no había ningún propósito de transparentar datos y resolver el conflicto?

Los tres partidos satelizados por el FSLN aceptaron. Montealegre no. Colocó todas las actas de todas las juntas de Managua en Internet y difundió esos datos en papel en el diario “La Prensa” en la mañana del día 14.

Ese mismo día en la tarde el CSE declaró concluida la revisión nocturna, advirtió que se había cancelado la posibilidad de hacer ninguna otra revisión de las actas de escrutinio y publicó por fin en la prensa nacional resultados oficiales, aún provisionales, que en unas horas alteró nuevamente. La alianza opositora no los aceptó. Los obispos insistieron en que hubiera un recuento de actas en todo el país y con observadores.

¿Punto final?

El CSE quiso poner punto final a las protestas y a los reclamos de fraude. Y abrir ese punto y seguido legal que es el proceso habitual de presentación de recursos de revisión aritmética, que poco afectan los resultados oficiales. La crisis continuó. Grupos ciudadanos llamaron a la resistencia y a la desobediencia cívica, por ejemplo, no pagando impuestos a autoridades surgidas de comicios fraudulentos.

La alianza opositora anunció marchas y otras acciones de protesta. EyT abogó porque “este triste episodio no concluya, como en otros momentos, en oscuras negociaciones entre los actores políticos”. El 16 de noviembre una marcha de protesta en León fue impedida con extrema violencia por grupos de choque armados y organizados por el gobierno.

¿Por qué no rectificar?

¿Por qué culminadas elecciones como las que vivimos, y con unos resultados tan cuestionados prácticamente por tan amplios sectores de la sociedad nacional e internacional, el partido de gobierno no decidió rectificar y aclarar al menos algunas cosas -hubiera legitimado los comicios-, sino que contribuyó a más tensión con actos de violencia callejera ante la pasividad de la Policía Nacional?

Podemos especular que el grupo más radical en el actual FSLN consideró que el costo político que pagarían por rectificar y perder Managua y otros municipios era mayor que el que pagarían intimidando indiscriminadamente en las calles y selectivamente a las voces críticas, amenazando a los medios de comunicación que informaban sobre la crisis buscando imponerles silencio.

“Piedra sobre piedra”

Una de las amenazas más impactantes fue la que hizo Hernán Estrada, Procurador General de la República, el 13 de noviembre, mientras en puntos céntricos de Managua -40 según el secretario del FSLN en Managua- grupos vandálicos atemorizaban a la población y empleados públicos y trabajadores de los ministerios eran obligados a permanecer horas en las esquinas agitando banderas rojinegras.

Dijo Estrada a un buen grupo de periodistas: “Si el Jefe de Estado y líder político del Frente Sandinista, Daniel Ortega, dispusiera llamar a sus partidarios a las calles no quedaría piedra sobre piedra en este país, sobre ninguna emisora, sobre ningún canal de televisión o medio de comunicación que lo adverse. Hay que agradecerle que no lo ha hecho, por la sabiduría y la serenidad del gobernante que tenemos”.

Los periodistas que grabaron estas declaraciones quedaron estupefactos. Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en donde Estrada dijo esto, reaccionó enseguida: “Es una amenaza y es también una aceptación tácita de que quien impulsa la violencia que estamos viendo es el Presidente Daniel Ortega”.

Por qué no hacerlo

Razones de peso tiene el partido de gobierno para pagar el costo de exhibir este tipo de amenazas y tratar de imponer el fraude con violencia antes de pagar el costo de perder estas elecciones o de no ganarlas en la medida en que planificó.

Dentro del ALBA, ¿es presentable un partido que se dice revolucionario y que es derrotado por una oposición tan frágil como la que existe hoy en Nicaragua? ¿Cómo explicar un fracaso así a los gobiernos de Bolivia, Ecuador o Venezuela, en donde sus dirigentes se han sometido a escrutinios muy difíciles, con una oposición más organizada y han obtenido mayorías en comicios observados con lupa internacional?

Y otra razón, más interna y no menos importante para los planes gubernamentales: ¿cómo llevar adelante el proyecto estratégico del “poder ciudadano” en municipios dirigidos por alcaldes que no son del partido de gobierno? Conviene recordar -aunque la alianza opositora no enfatizó algo tan crucial en su campaña- que todos los candidatos del FSLN se comprometieron ante Daniel Ortega, incluso lo firmaron, que al ganar obedecerían no al pueblo del municipio, sino las órdenes que les dieran los Consejos del Poder Ciudadano.

Podemos especular que el partido de gobierno apuesta también al paso del tiempo, a esa religiosidad resignada que endulza tantos conflictos en Nicaragua. Apuesta a la impotencia de una sociedad muy desorganizada, muy empobrecida, muy cansada. En un país de memoria tan corta, apuestan a que la crisis se olvidará y a que las fiestas de fin de año, ya a las puertas, restañarán enconos y volverán las aguas a sus cauces.

Terminamos de redactar esta crónica de un conflicto anunciado -aunque tal vez no imaginado en sus dimensiones- a los nueve días del evento electoral. Los “nueve días” son todo un símbolo de duelo y luto en Nicaragua. Nunca sabremos los resultados exactos de los comicios en todos los municipios. Nunca. Hay boletas, actas y hasta urnas que nunca aparecerán. Hay historias personales que no se relatarán y tampoco se conocerán. Lo que pasó quedará velado. Y sea cual sea el resultado final de la crisis institucional, de la crisis política, y de la crisis social que catalizaron estas turbias elecciones, un primer balance es que Nicaragua perdió. (...)