¿Qué pasa en Gwadloup?
Por Juan Agulló (*)
Rebelión, 11/03/09
El archipiélago caribeño de Guadalupe, parte integrante
de Francia (de la que dista 6,756 kilómetros) está en
quiebra. La re–colonización está siendo salvaje y está
teniendo lugar –con la anuencia de las autoridades
metropolitanas– a través de los mercados internacionales
y siendo aún más precisos, de su facción más depredadora
(la ligada a los capitales especulativos).
Las más afectadas por dicho proceso no están siendo
tanto las franjas más débiles de la población como la
población misma en su conjunto, víctima de un
empobrecimiento lento pero estructural, masivo y sin
precedentes.
Quizás por eso y como parte de un grito desesperado, el
Liyannaj Kont Pwofitasyon (LKP: algo así como ‘Alianza
contra el Abuso’) ha irrumpido en el panorama político
francés (y por supuesto, en el guadalupeño) con una fuerza
arrolladora (la revuelta sobrevive, impertérrita, desde
diciembre pasado). Son acontecimientos de esos que en América
Latina y el Caribe (aunque con expresiones muy diferentes
entre sí) suelen tener una relación directa con el abuso
de políticas monetaristas que, a lo largo de los últimos años,
han contribuido a quebrar los mecanismos tradicionales,
locales, de asociación y supervivencia.
Los medios de comunicación occidentales, que se han
preocupado muy poco por el problema, han solido referirse al
LKP como a una organización sindical a pesar de que su
estructura es, más bien, la de una plataforma ciudadana
(compuesta por hasta 45 grupúsculos, sindicatos incluidos)
cuyas reivindicaciones constituyen todo un programa político
asentado (y bien asentado) sobre la base de un hondo
malestar ciudadano.
El detalle que dota de una fortaleza política inusitada a
este movimiento es que dichas reivindicaciones no
constituyen ni el producto de la (fina) interpretación de
un liderazgo carismático ni el de una elite comprometida
con su pueblo, sino el de un trabajo colectivo sumatorio,
tanto en el acto de queja (se calcula que no menos de un ¡20%
de la población! del Archipiélago ha participado
activamente en las movilizaciones: ¿se imaginan, en España,
8 millones de manifestantes?) como en el de estructuración
de un discurso antagónico coherente (ver, aquí abajo la
lista de reivindicaciones del LKP) que, además de fundarse
sobre un sentimiento moral, hunde sus raíces en un hecho
tan simple como evidente y cotidiano: la impotencia.
El guadalupeño de a pie se siente, de hecho,
extremadamente fragilizado por políticas públicas diseñadas
desde fuera del Archipiélago, sin su conocimiento y/o
consentimiento que, sin embargo, están teniendo una
incidencia directa en sus condiciones de vida, cada vez más
precarias y por supuesto, en el ejercicio de sus derechos más
básicos, cada vez más nominales.
Su nivel de vida es decreciente; su medio se está viendo
socioecológicamente deteriorado y fragmentado
(fundamentalmente, por la expansión incontrolada de
intereses inmobiliarios asociados a la construcción de
segundas viviendas, hoteles, estaciones de servicio, centros
comerciales e incluso, áreas de entretenimiento); su
integración y cohesión sociales, puestas en entredicho y
hasta su propia pertenencia al medio, dislocada.
No solo las grandes empresas foráneas gobiernan, de
facto, la realidad local a su antojo (aprovechando toda
suerte de beneficios y exoneraciones, sobre todo fiscales,
pensadas desde la Francia metropolitana, en principio, para
los sectores locales más vulnerables) sino que la propia
tasa de visitas turísticas anuales equivale al ¡84% de la
población total del Archipiélago!
El 92% de los visitantes exteriores proviene de la Francia
metropolitana lugar en el que, sin embargo, los guadalupeños
no son precisamente bien recibidos… ni social ni
laboralmente (con la excepción, quizás, de personajes como
Thierry Henry, Gaël Monfils o Marie–Jose Pérec).
Una cadena lógica engrana, estructura y (lo más
preocupante) reproduce el malestar: en Guadalupe no se están
formando cuadros con capacidad de pensar, ni trabajadores
cualificados con posibilidad de ser empleados en los
sectores más dinámicos (se importan cada vez más, ¡incluso
docentes!) ni, por supuesto, hay definida una estrategia de
desarrollo socioeconómico coherente y autocentrada (en el
mejor de los casos, el Archipiélago ha sido convertido en
subsidiario de las necesidades de la metrópoli cuando no,
de las de los mercados internacionales).
En consonancia con una realidad neo–colonial como la
descrita, a la masa laboral guadalupeña se le está
sometiendo y explotando por medio de una batería de medidas
que, en el ámbito laboral actúan a partir de
interpretaciones torticeras de la legalidad y cuando no
conviene, de abusos de poder, ententes ilícitas
(colindantes con la corrupción) y en el mejor de los casos,
publicidades engañosas o simples y llanas intoxicaciones.
Como resultado de estas prácticas hay un hecho,
transversal a todos los sectores de actividad: precariedad
laboral (en el mejor de los casos) e ilegalidad, que se ha
convertido en la norma. Los derechos ciudadanos, en la práctica,
brillan por su ausencia y la esperanza, está dejando de
existir.
Y es que, hay más: fuera del ámbito que modela la vida
de los guadalupeños toda una serie de medidas
disciplinarias, sutiles y simbólicas, se orientan a un
control social de la población, constante e irrestricto.
Cabe citar el derrumbe del poder adquisitivo de salarios e
ingresos; la desestructuración de los viejos sistemas de
inspección, aseguración e incluso, asistencia social (con
especial incidencia en el sector salud que se encuentra, de
facto, en vías de privatización); las trabas a la
propiedad inmobiliaria o la descomposición, evidente y
escandalosa, de los servicios públicos (que, cada vez más,
se rigen por criterios mercantiles –y no, sociales– que
determinan una opacidad absoluta en lo referente a
concesiones, fijación de precios, mantenimiento e incluso,
atención al público).
Además, todo ello tiene lugar en un clima en el que
emprender –sobre todo a escala micro o local– resulta prácticamente
imposible para el ciudadano común: los créditos casi
siempre se conceden al consumo (no a la pequeña producción)
y si, pese a las dificultades, se logra producir, la política
fiscal –de todo punto, absurda– se encarga de minar la
competitividad de la producción guadalupeña. La población
se ve entonces obligada a comprar foráneo (incluso en el
caso de los productos de primera necesidad) reproduciendo así,
ella misma, su propia dependencia hacia el exterior y
disminuyendo además, de paso, su capacidad adquisitiva.
El resultado es una sociedad golpeada, por encima de sus
condiciones de vida, en una autoestima que, además, se ve
minada por el desprecio oficial hacia los usos, costumbres,
tradiciones y peculiaridades locales. No es raro, entonces,
que la depresión abunde: muchos jóvenes optan por la
emigración a la Francia metropolitana (favorecida por el
hecho de que, en realidad, son franceses y no necesitan, por
ello, papeles, visados y/o permisos) y otros, caen en fenómenos
poco edificantes como la delincuencia, las drogas, etc.
Este es el caldo de cultivo ideal para soluciones ‘mágicas’,
impensadas y verticales (es decir, no consultadas a la
población afectada) a las necesidades sociales. Es cierto
que, de vez en cuando las autoridades hacen cosas pero a
partir de ópticas y cálculos peor que electorales,
clientelares (o sea, caciquiles). Todo ello tiene el defecto
añadido, no solo de redoblar las dependencias informales
(limitando, por ende, los márgenes de autonomía y libertad
individuales) sino de retroalimentar –sobre todo en la
Francia metropolitana– la imagen estereotipada de una
Guadalupe vaga y subsidiada que lo único que exporta son
pequeños gamberros y algún que otro futbolista talentoso.
Suculento plato, además, muy del gusto de otra forma de
populismo contemporáneo: el de la extrema derecha europea,
reaccionaria, racista y colonialista que, el propio
Presidente francés, Nicolas Sarkozy, dice haber contenido
(integrando en su discurso).
¿Cómo responder al desafío de una realidad perversa
trufada de interpretaciones ignorantes cuando, no,
agresivas? El LKP, impregnado de la cultura política
promovida –desde la década de los 1950– por el
intelectual martiniqués –recientemente fallecido– Aimé
Césaire, no quiere ni oír hablar de Independencia. Los
guadalupeños se contemplan en el turbio reflejo de un Haití
que, actualmente, muere de inanición, bajo ocupación
militar extranjera. Su lucha es ‘contra el abuso’ o
expresado en términos positivos (como decía Césaire) por
ser (en este caso se sobreentiende que, simple y llanamente,
ciudadanos franceses con todos los derechos).
En París, sin embargo, algo –de tan sencilla pretensión–
deben sonar cacofónico: desde que estalló la revuelta, el
ministerio del Interior no ha cesado de enviar al archipiélago
caribeño a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado: en los blogs de Internet hay quien sostiene que,
desde el inicio del proceso, habrían desembarcado –quedándose
en Guadalupe– unos 4 mil (lo cual es una cifra enorme:
proporcionalmente, sería como si en España se empleara a
cerca de medio millón de policías para desarticular una
crisis). Fuentes oficiales atribuyen la confusión a la
circulación de refuerzos (que irían y regresarían,
constantemente, a la metrópoli). Simbólico o real, el
hecho es que así es el orden y la justicia que promueve
Sarkozy: la policía como subproducto de la política. Lo
interesante–a partir del caso guadalupeño– es
preguntarse cómo serán las movilizaciones ciudadanas que
parecen avecinarse, en el mundo, con el trasfondo de la
crisis ¿Se parecerán a la del LKP? Elementos novedosos,
desde luego, no faltan: construcciones colectivas,
dogmatismos desterrados… e informaciones malintencionadas,
claro. Déjà vu en ciertos países de América Latina
aunque, quizás aún no, en Europa…
(Ciudad de México, 9 de marzo de 2009)
Lista de reivindicaciones del Liyannaj Kont Pwofitasyon (LKS)
de Guadalupe (**)
1) CONDICIONES DE VIDA
– Subida inmediata de 200€ a los asalariados
precarios, jubilados y clases pasivas con el objeto de
relanzar el poder adquisitivo y sostener el consumo de la
demanda, fundamentalmente, de productos locales.
– Aumento inmediato del salario mínimo; de los salarios
en el sector privado y en la Administración Pública y de
las pensiones y subsidios a clases pasivas.
– Creación de un salario mínimo guadalupeño calculado
sobre la base del coste real de la vida en Guadalupe
– Creación de una oficina de estudios obreros,
encargada de calcular la evolución de los precios de los
productos realmente consumidos por los trabajadores.
– Reducción de impuestos basada en la justicia fiscal.
– Bajada significativa de los impuestos indirectos sobre
los productos de primera necesidad y los transportes.
– Bajada de los impuestos indirectos sobre los
carburantes.
– Supresión de impuestos indirectos a los productos
locales
Vivienda
– Congelación de los
alquileres por un periodo indeterminado y anulación, para
2009, del aumento del 2.98%.
– Prohibición de las
incautaciones de inmuebles por impago de hipotecas y
restitución de las ya incautadas.
– Plan quinquenal para
acabar con la infravivienda.
– Programa ambicioso de
construcción de viviendas de protección oficial.
Medio Ambiente
– Contaminación de tierras por clordecona (?)
– Definición de medidas sanitarias para proteger a las
poblaciones de zonas contaminadas.
– Indemnización a las víctimas profesionales y
civiles.
Transporte
– Implementación de un verdadero servicio de transporte
pensado para los usuarios
– Compromiso de realización de una auditoría
independiente que fiscalice los sistemas de concesión
– Revisión de las condiciones de atención a los
usuarios (infraestructura de las paradas, cumplimiento de
itinerarios, intercambiadores, horarios, taquillas, fijación
de precios, etc.)
– Rehabilitación e indemnización de los transportistas
considerados "clandestinos"
2) EDUCACIÓN
– Moratoria de cuatro años –mientras la UAG [NDT:
Universidad de las Antillas y la Guayana] activa una maestría
que profesionalice la docencia y se licencian las primeras
promociones– en relación a la reforma de la contratación
de profesores.
– Diseño, en dicho marco, de un plan de titularización
del profesorado contratado orientado a paliar las
necesidades de contratación.
– Control de la gestión de puestos docentes y no
docentes en Guadalupe en aras de articular una política de
formación y empleo acorde a las necesidades locales.
– Poder de decisión en materia de programas académicos,
orientación escolar, gestión de recursos y diseño de un
plan de titularización del profesorado contratado y
ayudante.
3) FORMACIÓN PROFESIONAL
– Implementación de estructuras que garanticen un
verdadero servicio público de formación profesional: el
CRFP no constituye una respuesta acorde a las necesidades
existentes.
– Aumento de los fondos destinados a la formación
profesional (como mínimo, 100 millones de euros)
– Creación de ramas de formación profesional ligadas a
todos los sectores estratégicos (adaptados a nuestra
realidad y con producciones de referencia: agricultura,
medio ambiente, energías renovables, etc.) para el
desarrollo de Guadalupe.
– Plan de formación obligatorio en todas las empresas
(especialmente en las que cuenten con menos de 10
trabajadores)
– Diseño de dispositivos de formación y seguimiento de
trabajadores o desempleados en el marco de creación de
nuevas actividades [NDT: se entiende que, productivas]
– Creación de un fondo de urgencia para la formación
profesional financiado con los remanentes del SARA.
4) EMPLEO
– Prioridad de contratación a los guadalupeños
– Contratación obligatoria de guadalupeños en todas
las empresas que reciban ayudas públicas [NDT: del Estado]
– Creación de un fondo regional –durante la próxima
convención de la UNIDEC– orientado a la mejora de las
condiciones de indemnización de las prestaciones por
desempleo en Guadalupe: revalorización de los subsidios
tanto en poder adquisitivo como en tiempo de percepción
(menos de una cuarta parte de los guadalupeños tiene
derecho, actualmente, a prestaciones por desempleo).
– Cumplimento de las leyes que obligan a contratar a
trabajadores discapacitados
– Alto a la eliminación del gasto público orientado a
la formación profesional
– Apertura de la formación profesional a todos los
desempleados [NDT: se sobreentiende que, de larga duración]
y no solo a aquellos indemnizados. Instauración de un crédito
anual de formación para cada trabajador.
– Rehabilitación del fondo social para casos
particulares [NDT: se sobreentiende que, de urgencia]
– Limitación de los contratos temporales a 6 meses
renovables una sola vez, tras la cual, será obligatorio
contratr [NDT: se sobreentiende que, indefinidamente] al
trabajador.
– Limitación del recurso a las contrataciones de
trabajadores mediante sociedades pantalla a un 5% en cada
sector [NDT: productivo]
– Contratación prioritaria de los trabajadores con
contratos eventuales
– Obligación de contratación de trabajadores
discapacitados en lugar de permitir que se sigan pagando las
multas previstas por las ley por no hacerlo.
CONTRA LOS EREs
– Participación deliberativa de los representantes de
los trabajadores en las instancias directivas de las
empresas.
– Plan social, reasignaciones laborales y formación
obligatoria, sea el que sea el número de trabajadores
despedidos y el gasto salarial [NDT: se entiende que,
corriente] de cada empresa.
– Readmisión obligatoria e indemnización, de los
trabajadores despedidos por una sanción no confirmada por
la justicia.
– Devolución de las ayudas públicas recibidas por las
empresas en el caso de que, éstas, despidan trabajadores.
5) DERECHOS SINDICALES
– Obligación de acuerdos sectoriales o de empresa, como
obligación para que el trabajo dominical sea legalmente
aceptado.
– Creación de una Casa de Sindicatos en Jarry
– Negociación de acuerdos sectoriales e
interprofesionales sobre el ejercicio de los derechos
sindicales, la representatividad, la representación
sectorial y el empleo.
– Regulación de la situación legal de los trabajadores
en situación ilegal.
– Negociación de Convenios Colectivos en todos los
sectores.
– Refuerzo de la Inspección Laboral.
– Creación de comités de Higiene, Seguridad y
condiciones laborales en todas las empresas.
– Creación de representación sindical en todas las
empresas con menos de 5 trabajadores.
– Representación de los sindicatos guadalupeños en
todas las empresas y organismos paritarios
– Libertad de participación de sindicatos no adscritos
a cada centro de trabajo en los Comités de empresa y
negociaciones anuales obligatorias.
– Extensión sistemática de los acuerdos colectivos al
conjunto del archipiélago.
– Reconocimiento del 27 de Mayo como festividad pagada.
– Derecho a la organización y a la formación sindical
abierta a todas las organizaciones sindicales guadalupeñas.
– Presupuesto [NDT: se sobreentiende que, público] para
la formación sindical.
– Derogación de las querellas penales interpuestas en
materia de acción sindical.
6) SERVICIOS PÚBLICOS
– Creación y preservación de verdaderos servicios públicos
en los sectores estratégicos (agua, transporte, energía eléctrica
y fósil, tratamiento de residuos, prevención y seguridad
civil, crédito...) al servicio de la ciudadanía y de las
necesidades económicas del país incluyendo además, en el
seno de los consejos de administración [NDT: se
sobreentiende que de las empresas que gestionen esos
servicios públicos] representantes de los usuarios y de los
trabajadores.
– Transparencia en la fijación de los precios del agua,
de los transportes, de los carburantes, de los alquileres,
del gas, de la electricidad, de las nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación.
– Bajada inmediata, de 50 céntimos de Euro, en el
precio de los carburantes.
– Bajada del precio del agua, del del transporte de
pasajeros y de las [tele]comunicaciones.
Agua
– Distribución de agua, en cantidad y calidad, en todo
el territorio.
– Fijación de un precio único para todo el territorio.
– Facturación en función de la cantidad realmente
consumida.
– Sustitución de la infraestructura [NDT: cañerías]
vetusta (la que tenga más de 50 años).
– Revisión de los sistemas de control de las agua
reutilizadas.
– Supresión de la multa, de 12 euros, por retraso en el
pago de las facturas.
Salud
– Apertura de negociaciones orientadas al equilibrio en
la oferta de servicios entre los sectores público y
privado, así como sobre su distribución territorial.
– Pago del déficit estructural de los hospitales.
– Reconstrucción del Hospital Universitario
– Revisión del sistema de evaluación de los
presupuestos en los sectores público y privado.
7) PRODUCCIÓN
Agrícola
– Mantenimiento y mejora de las fincas (sistemas de
irrigación, caminos, teléfono, electricidad) con el objeto
de crear entidades productivas orientadas a la
autosubsistencia.
– Puesta a disposición, definitiva, de las 32 hectáreas
para la realización del proyecto emprendido por "Ké a
kanpech".
– Mantenimiento de las negociaciones colectivas con las
agrupaciones de productores.
– Exoneración del impuesto sobre las rentas de la
tierra para todos los productores agrícolas
– Supresión de los impuestos al engorde, desherbicidas,
semillas, piensos, gasoil, etc. destinado a la producción
agrícola.
– Pago de ayudas a los agricultores.
– Reconocimiento de los subproductos obtenidos por medio
de la actividad agrícola como parte de la riqueza global
producida por la propia actividad agrícola (por ejemplo,
insumos energéticos).
– Puesta en marcha de mecanismos fiscales y aduaneros
orientados a desarrollar una discriminación positiva hacia
los productos guadalupeños
Pesquera
– Supresión inmediata de todos los impuestos aplicados
a materiales [NDT: se sobreentiende que necesarios para la
pesca] y revisión de los costes globales.
– Revisión inmediata del texto referido a las
exoneraciones para los pescadores que se embarcan solos.
– Puesta en marcha de un plan de formación profesional
y juvenil orientado a las diversas actividades de la pesca,
a las nuevas técnicas de captura, a la utilización de
material electrónico en los barcos y a las técnicas de
conserva y de venta.
– Tratamiento de las problemáticas, condiciones de
venta al por mayor y al por menor realizadas en las lonjas,
productos importados, agrupaciones de interés económico,
organización de los productores, etc.
– Tratamiento de las problemáticas portuarias, puntos
de avituallamiento, zonas de reparación de embarcaciones,
zonas de almacenado de material, etc.
– Puesta en marcha de mecanismos de intercambio con
otros profesionales [NDT: se sobreentiende que, de la pesca]
del área del Caribe.
8) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
La administración territorial
– Fijar en 50,000 Ha la superficie agrícola que puede
ser considerada Zona Agrícola Protegida y puesta en marcha
de una comisión de evaluación y de control anuales.
– Propiciar la instalación de jóvenes diplomados en
explotaciones [agrícolas] viables (¡hay 350 expedientes en
espera!).
– Protección del patrimonio ecológico guadalupeño
(bosque, manglares...).
– Freno a la especulación inmobiliaria y a la
discriminación que impide a los guadalupeños, ejercer el
derecho de acceso a la propiedad en su país.
– Freno a la construcción de nuevas estaciones de
servicio.
– Freno a la construcción y extensión de grandes
superficies.
– Desestimación del proyecto de construcción de un
circuito automovilístico "Vigle Gate" en Anse
Bertrand.
– Publicación, por parte de los ayuntamientos, de los
historiales e intereses de los particulares y/o eempresas
interesadas en recalificación de terrenos públicos.
Desarrollo equilibrado del territorio
– Reequilibrio territorial orientado a la armonización,
la complementariedad y la distribución de las actividades
en el territorio.
– Refuerzo de los polos secundarios, complementarios a
los principales (Región Pointoise y Tierras Bajas).
– Redinamización de los bancos de vida orientándolos
al desarrollo de actividades micro–locales
(agro–transformación, pesca...)
– Dinamizar y valorizar las islas en función de su
identidad cultural.
– Redinamizar los barrios y colonias susceptibles de
generar empleo 'de proximidad'
Infraestructuras
– Dinamizar el hábitat en función de la realización
de censos de necesidades
– Realizar censos de necesidades en viviendas, escuelas,
centros de acogida, instalaciones deportivas y bibliotecas
de barrio en aras de evidenciar, de este modo, toda pretensión
politiquera y electoralista no asociada a las necesidades
reales.
– Creación de una agencia de artesanías y productos
agrícolas que comercializara todos nuestros productos.
– Desarrollo, urgente, de las redes de transporte
secundarias: marítima, inter–insular, de cabotaje...
– Prevención y formación anti–sísmica en todos los
establecimientos e infraestructuras públicas (escuelas,
hospitales, puentes...)
– Freno del proyecto para la construcción del puerto en
aguas profundas.
9) CULTURA
– Presencia de representantes de asociaciones culturales
en los consejos de administración de los medios de
comunicación para que, éstos, tengan en cuenta la lengua y
la cultura guadalupeña.
– Favorecer el desarrollo de empresas y asociaciones de
integración cultural.
– Rehabilitación de los lugares ligados a la memoria
popular por medio de placas.
– Creación de un Instituto cultural "Papa
Yaya" en Capesterre Belle Eau.
10) FRENO AL ABUSO
– Compra, por parte de los municipios, del patrimonio
inmobiliario de Kalenda con el objeto de crear un hotel de
lujo para reemplear a los trabajadores despedidos de
Anchorage y Kalenda.
– Restitución del patrimonio (financiero, mobiliario e
inmobiliario) de las mutuas liquidadas en Guadalupe.
– Cese inmediato del administrador provisional (SR.
BORGAT) de las mutuas.
– Domiciliación de los pagos de teléfono,
electricidad, etc. en bancos instalados en Guadalupe.
– Castigo penal de los abusos de poder, ententes ilícitas
y publicidad engañosa.
– Juicio a los responsables de las masacres de mayo de
1967 en Pointe à Pitre y reparación de las víctimas y
allegados.
– Transparencia y bajada de precio de las comisiones
cobradas por bancos y entidades de crédito.
– Prioridad y facilidades de acceso a los mercados y a
las ayudas públicas para las empresas guadalupeñas.
– Freno del maltrato hacia los trabajadores extranjeros.
– Resolución de todos los conflictos abiertos.
(*) Sociólogo y periodista: mundanal.ruido@gmail.com
(**) Traducción, Juan Agulló: mundanal.ruido@gmail.com
|