Volvió
la calma a Honduras, pero se mantiene el conflicto de
poderes
Zelaya
sigue con la consulta
Por
María Laura Carpineta
Página
12, 27/06/09
El
mandatario se calzó al hombro la consulta, que fue
ilegalizada por la Corte Suprema y el Congreso nacional, y
comenzó la distribución de las urnas, las boletas y las
planillas del padrón en las escuelas de todo el país.
Después
de una noche llena de intrigas, rumores de golpe y llamadas
misteriosas, la calma parecía haber vuelto a Honduras ayer.
Las universidades y las cámaras empresariales, que habían
anunciado huelga, cancelaron sus planes; los cientos de
soldados que habían salido el jueves a las calles de
Tegucigalpa, la capital, volvieron a sus cuarteles y el
Congreso cerró su sesión extraordinaria, instalada de
urgencia para enfrentar la crisis política. Pero el
conflicto entre los tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y
Judicial– por la consulta popular convocada por el
presidente Manuel Zelaya para mañana seguía latente. El
mandatario se calzó al hombro la consulta, que fue
ilegalizada por la Corte Suprema y el Congreso nacional, y
comenzó la distribución de las urnas, las boletas y las
planillas del padrón en las escuelas de todo el país.
La
consulta que impulsa el presidente Zelaya busca ganar
legitimidad para reformar la Constitución. Sólo el
Congreso nacional puede convocar a un referéndum con ese
fin y ni siquiera la bancada oficialista del Partido Liberal
apoya la idea. “Nos acusan de buscar la reelección
presidencial porque les conviene no discutir temas de fondo
como una reforma al sistema electoral o al sistema de
partidos”, explicó a este diario Marvin Ponce, diputado
de Unificación Democrática, la única fuerza de izquierda
en el Congreso. Alejado de sus tradicionales aliados, el
mandatario hondureño lanzó una idea alternativa: llamar a
una consulta que demuestre la voluntad popular de reformar
la Constitución y presionar al Congreso.
Ayer,
bomberos, policías, voluntarios de los comités vecinales,
indígenas y miembros de los sindicatos de izquierda se
acercaron a la Casa de Gobierno desde temprano para cargar
las quince mil urnas y las cajas con las boletas y las
planillas. Normalmente ese trabajo lo hacen los militares,
pero las fuerzas armadas y el gobierno sufrieron un quiebre
esta semana del que no será fácil volver, al menos no
antes de la consulta de mañana. El miércoles a la noche el
jefe del Comando Conjunto, el general Romeo Vázquez, le
informó a Zelaya que sus hombres no participarían de unos
comicios que fueron declarados ilegales por la máxima Corte
del país. Su destitución del cargo fue inmediata y la
crisis se desató al día siguiente.
Primero
renunciaron el ministro de Defensa y toda la cúpula militar
y después las máximas cortes del país desautorizaron al
presidente Zelaya y le ordenaron restituir al jefe de las
fuerzas armadas. Por último, a última hora de la noche, el
Congreso empezó a debatir la posibilidad de destituir al
presidente hondureño y reemplazarlo con el presidente del
Congreso y su némesis en el oficialismo, Roberto Micheletti.
“No fue un debate; fue una intentona de golpe de Estado
por parte del Congreso”, denunció Ponce, quien participó
de la sesión. Según relató, de los 128 diputados que
tiene el Congreso unicameral sólo los cinco de su bancada
respaldaron al mandatario ayer a la madrugada.
Ponce
y sus compañeros aún no entienden bien qué sucedió.
“Estaban decididos a declarar inhabilitado al presidente,
pero recibieron llamadas de no sé quién y desistieron”,
explicó su colega, Doris Gutiérrez. Los diputados
finalmente crearon una comisión para decidir si está
habilitado para continuar al frente del país, pero no le
pusieron plazo. Al salir de la sesión, el mismo presidente
del Congreso reconoció lo que había pasado. “Hemos hecho
los esfuerzos para no romper el orden constitucional y
evitar un golpe de Estado”, dijo Micheletti.
Los
medios hondureños casi no dieron detalles de la sesión y
los principales diarios del país ni siquiera le dedicaron
el primer titular a la intentona golpista. La noticia del día
de los hondureños fue la muerte sorpresiva del eterno rey
del pop, Michael Jackson.
En
medio de la incertidumbre, los hondureños se preparan para
votar mañana en una consulta que no contará con fiscales
de la oposición ni observadores extranjeros. La ONU ya
adelantó que no tiene pensado mandar a ningún funcionario
y anoche la OEA aprobó una resolución para enviar una
delegación al país centroamericano y analizar la situación
política.
En
Washington, el embajador hondureño ante la OEA, Carlos
Sosa, les garantizó a los vecinos que el presidente Zelaya
no tiene intenciones de cancelar las elecciones generales de
noviembre próximo y perpetuarse en el cargo, como denuncia
la oposición. Ponce coincidió. “Nos prometió que va a
dejar el poder, pero antes quiere dejar las bases de cambio
para el país”, explicó el diputado. Durante sus tres años
y medio de gobierno Zelaya elevó el salario mínimo, tomó
el control de la importación y distribución de los
combustibles –a través de Petroecuador, la alianza energética
regional de Hugo Chávez– y salió en defensa de las minorías
indígenas. Cambios que la oposición quiere fuera de la
Carta Magna.
|