Dos de los líderes militares golpistas son egresados de la ex Escuela de
las Américas
Buenos alumnos
Por David Brooks
Corresponsal en EEUU
La Jornada, 01/05/09
Washington.– El gobierno de Barack Obama aún busca una solución
negociada a la crisis en Honduras y por lo tanto no retira a
su embajador en Tegucigalpa, ni ha determinado legalmente
que se trató de un golpe (aunque así lo declara) ni
suspende la asistencia estadounidense al país
centroamericano.
En cuanto a si el embajador en Honduras será retirado, el vocero de la Casa
Blanca, Robert Gibbs, dijo hoy que “no en este momento,
porque el gobierno cree que tenerlo ahí es importante…
como un jugador clave en el terreno en busca de una solución
al problema que enfrentamos ahora”.
El gobierno de Obama informó que se programó una reunión entre el
presidente Manuel Zelaya y altos funcionarios del
Departamento de Estado durante su estancia en Washington,
pero no con el presidente Obama ni con la secretaria de
Estado.
El vocero Ian Kelly dijo que el mensaje a Zelaya sería la reiteración de
la postura del gobierno de Obama de que él es el presidente
constitucional de Honduras y debería cumplir el resto de su
periodo.
Trascendió que aunque Estados Unidos mantendrá a su embajador en
Tegucigalpa, su contraparte de Honduras aquí dejó
Washington porque “fue llamado” por el “presidente”
Micheletti, lo cual se entendió como si se hubiese
pronunciado en favor del gobierno golpista.
En tanto, el gobierno de Obama continúa el debate sobre cuándo se trata de
un golpe y cuándo no. Aunque tanto el presidente como la
secretaria de Estado Hillary Clinton emplean dicho término
para describir lo ocurrido en Honduras, aún intentan
explicar por qué no han determinado “legalmente” que se
trata de un golpe. “Hay un proceso que necesitamos
seguir… es un asunto legal”, declaró hoy el vocero del
Departamento de Estado Ian Kelly, quien intentó explicar
una y otra vez que hay una diferencia entre lo declarado
como un golpe y su determinación legal. Este es un punto
fundamental, ya que al determinarlo legalmente como golpe,
bajo la ley estadounidense se tendría que suspender toda
asistencia militar y económica a Honduras.
Para Washington es particularmente delicada esta crisis por su larga y
profunda relación con los militares hondureños. Dos de los
líderes militares del golpe son egresados de la Escuela de
las Américas, la institución de capacitación militar del
Pentágono para latinoamericanos, renombrada Instituto para
la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental.
El general Romeo Orlando Vázquez Velásquez, jefe de las fuerzas armadas de
Honduras, quien encabezó el golpe, asistió a la escuela en
dos ocasiones, en 1976 y en 1984. Uno de quienes apoyó el
golpe, al renunciar cuando el presidente Zelaya cesó a Vázquez,
fue el comandante de la fuerza aérea, general Luis Javier
Prince Suazo, estudiante de la Escuela de las Américas en
1996, según información oficial obtenida por School of the
Americas Watch (SOAW), agrupación que ha buscado clausurar
la institución por sus vínculos con militares que han
violado los derechos humanos en sus países, y confirmada
por el Pentágono.
El cura Maryknoll, Roy Bourgeois, fundador de SOAW, declaró que “no
estamos sorprendidos. Vázquez es uno de los jugadores
claves (en el golpe), egresado de la Escuela de las Américas,
y mantiene vivo el apodo de ese lugar: ‘Escuela de
Golpes’”, dijo al periódico National Catholic Reporter.
Cientos de militares hondureños participan en los programas de capacitación
militar estadounidense (casi mil sólo entre 2005 y 2006) y
la relación bilateral militar es una de las más extensas
en entre los países latinoamericanos. Además, el Pentágono
ha mantenido una presencia constante en el país, donde está
la sede de su Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando
Sur, encargada de coordinar ejercicios conjuntos y otros
esfuerzos de cooperación castrense con militares de la región
centroamericana. Esa instalación, una base de la fuerza aérea
hondureña, es compartida con las tropas de ese país.
Y la historia de la relación es larga. Honduras fue sede de las operaciones
militares y de inteligencia de Estados Unidos en la llamada
guerra de los contras en Nicaragua, cuando se le llamaba
“procónsul” al embajador estadounidense de ese tiempo,
John Negroponte.
Además, según SOAW, en 1975 fue un egresado de la Escuela de las Américas,
general Juan Melgar Castro, quien se instaló como dictador
de Honduras; de 1980 a 1982 otro egresado de esa escuela,
Policarpo Paz García, encabezó el país. El batallón
3–16, fundado por egresados de la misma escuela junto con
egresados argentinos, se convirtió en uno de los
escuadrones de la muerte más temidos en América Latina.
Otro egresado hondureño, general Humberto Regalado Hernández,
encabezó las fuerzas armadas y dejó impune las acciones
del batallón 3–16.
Es por toda esta extensa y larga relación militar –como también por el
hecho de que Estados Unidos es el primer socio económico de
Honduras y fuente de su asistencia económica y militar (el
gobierno de Obama programó 68 millones de dólares de
asistencia para 2010 a ese país, reveló el Washington
Post)– que en esta situación se percibe que Washington
tiene la clave para determinar la salida a esta crisis. Por
lo mismo, también tiene que enfrentar sospechas de que de
alguna manera tendría que haber conocido que se estaba
preparando el golpe.
Altos funcionarios del gobierno de Obama informaron esta semana que habían
intentado detener este resultado, y que habían tenido pláticas
con diversos sectores, incluso el militar, durante varios días
antes del golpe, advirtiendo de las consecuencias de todo
intento de atentar contra el orden democrático. Informaron
que a partir del domingo los militares suspendieron
comunicación con los estadounidenses.
El vocero Gibbs informó hoy que hasta donde sabía la Casa Blanca no ha
tenido contacto con los militares.
Más
denuncias
La central obrera AFL–CIO condenó el golpe, demandó la reinstalación de
Zelaya y denunció la represión contra sindicalistas y
otros líderes sociales en Honduras. Su presidente John
Sweeney dijo que se solidarizan con sus contrapartes
sindicales hondureñas y llamó al gobierno de Estados
Unidos a aplicar las medidas necesarias para asegurar que
“todo civil hondureño, y en particular sindicalistas y
activistas sociales que denuncian el golpe, estén seguros y
que no serán víctimas de violencia y represión”.
Algunos de los coordinadores del Congreso Latino Nacional emitieron una
carta en la que denunciaron el golpe y demandando la
suspensión de la asistencia militar estadounidense así
como todo financiamiento, incluidos fondos de organismos
como el Fondo Nacional por la Democracia (NED) a Honduras.
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