Honduras

Dos de los líderes militares golpistas son egresados de la ex Escuela de las Américas

Buenos alumnos

Por David Brooks
Corresponsal en EEUU
La Jornada, 01/05/09

Washington.– El gobierno de Barack Obama aún busca una solución negociada a la crisis en Honduras y por lo tanto no retira a su embajador en Tegucigalpa, ni ha determinado legalmente que se trató de un golpe (aunque así lo declara) ni suspende la asistencia estadounidense al país centroamericano.

En cuanto a si el embajador en Honduras será retirado, el vocero de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo hoy que “no en este momento, porque el gobierno cree que tenerlo ahí es importante… como un jugador clave en el terreno en busca de una solución al problema que enfrentamos ahora”.

El gobierno de Obama informó que se programó una reunión entre el presidente Manuel Zelaya y altos funcionarios del Departamento de Estado durante su estancia en Washington, pero no con el presidente Obama ni con la secretaria de Estado.

El vocero Ian Kelly dijo que el mensaje a Zelaya sería la reiteración de la postura del gobierno de Obama de que él es el presidente constitucional de Honduras y debería cumplir el resto de su periodo.

Trascendió que aunque Estados Unidos mantendrá a su embajador en Tegucigalpa, su contraparte de Honduras aquí dejó Washington porque “fue llamado” por el “presidente” Micheletti, lo cual se entendió como si se hubiese pronunciado en favor del gobierno golpista.

En tanto, el gobierno de Obama continúa el debate sobre cuándo se trata de un golpe y cuándo no. Aunque tanto el presidente como la secretaria de Estado Hillary Clinton emplean dicho término para describir lo ocurrido en Honduras, aún intentan explicar por qué no han determinado “legalmente” que se trata de un golpe. “Hay un proceso que necesitamos seguir… es un asunto legal”, declaró hoy el vocero del Departamento de Estado Ian Kelly, quien intentó explicar una y otra vez que hay una diferencia entre lo declarado como un golpe y su determinación legal. Este es un punto fundamental, ya que al determinarlo legalmente como golpe, bajo la ley estadounidense se tendría que suspender toda asistencia militar y económica a Honduras.

Para Washington es particularmente delicada esta crisis por su larga y profunda relación con los militares hondureños. Dos de los líderes militares del golpe son egresados de la Escuela de las Américas, la institución de capacitación militar del Pentágono para latinoamericanos, renombrada Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental.

El general Romeo Orlando Vázquez Velásquez, jefe de las fuerzas armadas de Honduras, quien encabezó el golpe, asistió a la escuela en dos ocasiones, en 1976 y en 1984. Uno de quienes apoyó el golpe, al renunciar cuando el presidente Zelaya cesó a Vázquez, fue el comandante de la fuerza aérea, general Luis Javier Prince Suazo, estudiante de la Escuela de las Américas en 1996, según información oficial obtenida por School of the Americas Watch (SOAW), agrupación que ha buscado clausurar la institución por sus vínculos con militares que han violado los derechos humanos en sus países, y confirmada por el Pentágono.

El cura Maryknoll, Roy Bourgeois, fundador de SOAW, declaró que “no estamos sorprendidos. Vázquez es uno de los jugadores claves (en el golpe), egresado de la Escuela de las Américas, y mantiene vivo el apodo de ese lugar: ‘Escuela de Golpes’”, dijo al periódico National Catholic Reporter.

Cientos de militares hondureños participan en los programas de capacitación militar estadounidense (casi mil sólo entre 2005 y 2006) y la relación bilateral militar es una de las más extensas en entre los países latinoamericanos. Además, el Pentágono ha mantenido una presencia constante en el país, donde está la sede de su Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur, encargada de coordinar ejercicios conjuntos y otros esfuerzos de cooperación castrense con militares de la región centroamericana. Esa instalación, una base de la fuerza aérea hondureña, es compartida con las tropas de ese país.

Y la historia de la relación es larga. Honduras fue sede de las operaciones militares y de inteligencia de Estados Unidos en la llamada guerra de los contras en Nicaragua, cuando se le llamaba “procónsul” al embajador estadounidense de ese tiempo, John Negroponte.

Además, según SOAW, en 1975 fue un egresado de la Escuela de las Américas, general Juan Melgar Castro, quien se instaló como dictador de Honduras; de 1980 a 1982 otro egresado de esa escuela, Policarpo Paz García, encabezó el país. El batallón 3–16, fundado por egresados de la misma escuela junto con egresados argentinos, se convirtió en uno de los escuadrones de la muerte más temidos en América Latina. Otro egresado hondureño, general Humberto Regalado Hernández, encabezó las fuerzas armadas y dejó impune las acciones del batallón 3–16.

Es por toda esta extensa y larga relación militar –como también por el hecho de que Estados Unidos es el primer socio económico de Honduras y fuente de su asistencia económica y militar (el gobierno de Obama programó 68 millones de dólares de asistencia para 2010 a ese país, reveló el Washington Post)– que en esta situación se percibe que Washington tiene la clave para determinar la salida a esta crisis. Por lo mismo, también tiene que enfrentar sospechas de que de alguna manera tendría que haber conocido que se estaba preparando el golpe.

Altos funcionarios del gobierno de Obama informaron esta semana que habían intentado detener este resultado, y que habían tenido pláticas con diversos sectores, incluso el militar, durante varios días antes del golpe, advirtiendo de las consecuencias de todo intento de atentar contra el orden democrático. Informaron que a partir del domingo los militares suspendieron comunicación con los estadounidenses.

El vocero Gibbs informó hoy que hasta donde sabía la Casa Blanca no ha tenido contacto con los militares.

Más denuncias

La central obrera AFL–CIO condenó el golpe, demandó la reinstalación de Zelaya y denunció la represión contra sindicalistas y otros líderes sociales en Honduras. Su presidente John Sweeney dijo que se solidarizan con sus contrapartes sindicales hondureñas y llamó al gobierno de Estados Unidos a aplicar las medidas necesarias para asegurar que “todo civil hondureño, y en particular sindicalistas y activistas sociales que denuncian el golpe, estén seguros y que no serán víctimas de violencia y represión”.

Algunos de los coordinadores del Congreso Latino Nacional emitieron una carta en la que denunciaron el golpe y demandando la suspensión de la asistencia militar estadounidense así como todo financiamiento, incluidos fondos de organismos como el Fondo Nacional por la Democracia (NED) a Honduras.