El
guión de Washington
El
golpe se repite, ahora Honduras
Por
Eva Golinger (*)
Virtín
Red Informativa, 03/07/09
Todos
los que vivimos los sucesos del 11 abril 2002 en Venezuela,
hemos revivido los acontecimientos en Honduras durante los
últimos días. Un presidente secuestrado a punta de armas
de fuego, unos medios de comunicación que manipulan los
sucesos y luego un empresario que se autoproclama
“presidente” en una ceremonia aplaudida por la llamada
“sociedad civil”. Pero mucho más allá de los obvios
puntos en común entre el golpe de Estado en Venezuela en
2002 y el golpe de Honduras del pasado 28 de junio, hay
profundos paralelismos que evidencian –sin duda– la
reactivación del manual del golpe “made in USA”.
Tanto
como en el caso de Venezuela, detrás del golpe en Honduras
hay una serie de actores que han estado creando las
condiciones para ejecutar el acto final y lograr el
derrocamiento del presidente Manuel Zelaya. Vemos que el guión
se repite casi al detalle:
El
embajador de Estados Unidos:
•
En el caso de Venezuela,
durante los meses previos al golpe de abril, Washington envió
un nuevo embajador al país en sustitución de su
embajadora, Donna Hrinak, quien apenas llevaba un año en el
cargo. La decisión de cambiar a los embajadores se tomó
cinco meses antes del golpe, en diciembre 2001, cuando la
oposición al presidente Chávez se consolidaba y mostraba
posibilidades, aunque evidentemente necesitaba orientación
y apoyo experimentados. Entonces, se envió un experto en
golpes de Estado, el embajador Charles Shapiro, quien había
sido asesor militar de la embajada estadounidense en Chile
durante el golpe contra Allende y además había trabajado
cinco años en la Embajada de EEUU en El Salvador durante la
guerra sucia conducida por Washington en los años ochenta.
•
En el caso de Honduras,
ocurrió un cambio muy interesante con respecto al embajador
de Estados Unidos. Se envió al embajador Hugo Llorens en
septiembre 2008 para reemplazar a Charles Ford, quien había
estado en el cargo desde que fue elegido el presidente
Zelaya en 2005. Ford, un veterano de la diplomacia
estadounidense, había trabajado anteriormente en la
embajada de Estados Unidos en Venezuela, entre otros cargos.
En junio de 2006, empezaba a ponerse difícil la relación
entre Washington y Honduras cuando el embajador Ford declaró
a la prensa que el gobierno de Manuel Zelaya estaba entrando
en “reuniones secretas” con una delegación de la
empresa estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, sobre la
venta de gas a la nación centroamericana. Según Ford, la
reunión era “un negocio sucio” para dar a Venezuela una
ventaja en el proceso de negociaciones para el suministro de
gas al país. Ford ya había asegurado que unas empresas
estadounidenses lograrían el lucrativo negocio. Mientras el
presidente Zelaya, quien respondiendo a las declaraciones
del embajador Ford dijo que Honduras “no era colonia de
nadie”, se acercaba más a Venezuela y los países del
ALBA, más Washington comenzaba sus preparativos para
desestabilizar el gobierno. En el 2008, cuando el presidente
Zelaya anunció que había recibido un fondo del ALBA para
construir un terminal civil en la base militar de Soto Cano,
ocupada por el ejército estadounidense, y convertirla en un
aeropuerto internacional, las cosas se caldearon. Se envió
al embajador Ford al Comando Sur, para que asumiera el cargo
de “asesor diplomático”, colocándolo en una posición
sumamente estratégica para orientar el mando del control
militar que mantenía el Pentágono sobre las fuerzas
armadas hondureñas. Y se envió al embajador Hugo Llorens a
Honduras para reemplazar a Ford. Llorens se graduó en la
Universidad Nacional de Guerra de Estados Unidos y fue el
principal asesor del presidente de Estados Unidos y Asesor
de Seguridad Nacional sobre Venezuela durante los años 2002
a 2003, justo cuando ocurrió el golpe de Estado contra el
presidente Chávez.
Debido
a sus altas credenciales y experiencia en golpes de Estado,
no sorprende cuando el Departamento de Estado admite que su
embajador en Honduras “ha estado conversando” con los
sectores involucrados en el golpe contra el presidente
Zelaya durante los días previos al suceso.
La
“sociedad civil”:
•
En Venezuela,
durante los meses antes del golpe de abril 2002, diferentes
sectores políticos y sociales empezaron a conformar una
coalición de oposición al presidente Chávez. Se unieron
grupos empresariales, la cámara de comercio Fedecámaras,
medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales,
la confederación de trabajadores (CTV), la iglesia católica
y los partidos políticos tradicionales, para formar un
conjunto que luego se denominó “coordinadora democrática”.
Se referían a si mismos como “la sociedad civil”,
intentando crear una distinción clasista y racista entre
aquellos, principalmente de la clase popular, que apoyaban
al presidente Chávez, calificándolos como “las turbas
chavistas.” Su único objetivo era salir de Chávez. Fue
esta coalición, financiada por agencias de Washington como
la National Endowment for Democracy (NED) y luego la USAID,
la que perpetró el golpe de Estado de abril 2002,
utilizando como excusa “el rescate de la democracia” que
veían amenazada por los cambios sociales y políticos que
estaba implementando el gobierno del presidente Chávez.
Exclusivamente de clase media y clase alta, la llamada
“sociedad civil” violó todas las normas democráticas
para impedir que los pobres tuvieran voz y representación
en el país.
•
En Honduras,
justo en el mes previo al golpe contra el Presidente Zelaya,
se conformó una coalición entre diferentes organizaciones
no gubernamentales, empresarios, partidos políticos, la
iglesia católica y los medios de comunicación, denominada
“unión cívica democrática”. Su único propósito era
derrocar al presidente Zelaya para impedir que abriera el
camino a una Asamblea Constituyente que permitiría al
pueblo alzar su voz y participar en el proceso político. La
“unión cívica democrática” de Honduras está
compuesta por organizaciones como el Consejo Nacional
Anticorrupción, el Arzobispado de Tegucigalpa, el Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el Consejo de
Rectores de Universidades, la Confederación de Trabajadores
de Honduras (CTH), el Foro Nacional de Convergencia, la
Federación Nacional de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA)
y la Asociación de Medios de Comunicación (AMC), el Grupo
Paz y Democracia, además del grupo estudiantil, Generación
X Cambio. La mayoría de éstas organizaciones han sido
beneficiarias de los más de 50 millones de dólares que
anualmente invierten la USAID y la NED en el “desarrollo
democrático” en Honduras. De hecho, un informe de la
USAID sobre su financiación y trabajo con COHEP, destaca
que “el perfil bajo de la USAID en este proyecto ayudó
asegurar la credibilidad de COHEP como una organización
hondureña y no un brazo de la USAID.”
Los
voceros de la Unión Cívica Democrática de Honduras,
representando, según ellos, a la “sociedad civil”,
declararon a la prensa hondureña el 23 de junio -cinco días
antes del golpe contra el presidente Zelaya– que “confían
en que las fuerzas armadas cumplan con su deber de defender
la Constitución, el Estado de Derecho, la paz y la
democracia.” Cuando ocurrió el golpe el día 28 de junio,
fueron los primeros que salieron a decir que no hubo un
golpe de Estado sino que habían “rescatado su
democracia” de las manos del presidente Zelaya, cuyo
crimen fue querer dar al pueblo voz, visibilidad y
participación. También representando a los sectores de
clase media y clase alta, la unión cívica democrática ha
clasificado a los sectores que apoyan al presidente Zelaya
como “turbas”.
Los
militares:
•
En Venezuela,
la misión militar de Estados Unidos estaba ubicada en
Fuerte Tiuna, la gran base militar de Caracas. Incluso, los
militares estadounidenses mantenían sus oficinas dentro de
la comandancia del ejército venezolano. Cuando sucedió el
golpe en abril 2002, los militares estadounidenses estaban
desplegándose por la base militar, reuniéndose con sus
contrapartes venezolanos que acababan de secuestrar al
presidente Chávez, dando órdenes de los próximos pasos de
seguir. Al no disponer de una base militar dentro de
Venezuela, el Pentágono había enviado helicópteros Black
Hawk, barcos de guerra llenos de equipos y hasta un
submarino para apoyar las operaciones militares antes y
durante el golpe. Los militares de la misión de Estados
Unidos en Caracas mantenían una relación muy estrecha con
los militares golpistas en Venezuela. Por eso, tres días
antes del golpe, durante una recepción de diferentes
agregados militares en el país, el capitán de la marina
estadounidense David Cáceres, le preguntó al general González
del ejército venezolano, “¿Por qué no han contactado
con los barcos que tenemos en la costa y el submarino
sumergido en La Guaira?” Pero el oficial estadounidense se
confundió de general, y en lugar de dirigir su pregunta al
general González González, actor principal en el golpe,
cometió el error de interrogar al general González Cárdenas,
quien luego divulgó los planes golpistas. Los principales
militares venezolanos involucrados en el golpe de abril
2002, como el general Néstor González González, el
general Efraín Vásquez Velasco y el contralmirante Molina
Tamayo, habían recibido instrucciones y entrenamiento en
instituciones militares estadounidenses, y mantenían
relaciones muy estrechas con la misión militar
estadounidense en Venezuela. Y fue el general González González,
que públicamente desobedeció a su comandante en jefe, el
presidente Chávez, un día antes del golpe, cuando
compareció en la televisión nacional y demandó la
renuncia del presidente “o ya verán”.
•
En Honduras,
Estados Unidos mantiene una base militar estratégica y muy
grande en Soto Cano (Palmerola), en las afueras de
Tegucigalpa. Está operativa desde el año 1981, cuando fue
activada por el gobierno de Estados Unidos durante la
administración de Ronald Reagan. En los años ochenta, Soto
Cano fue utilizada por el coronel estadounidense Oliver
North, como una base de operaciones para la “Contra”,
las fuerzas paramilitares entrenadas y financiadas por la
Agencia Central de Inteligencia (CIA), encargadas de
ejecutar la guerra contra los movimientos izquierdistas en
Centroamérica, y particularmente contra el gobierno
sandinista de Nicaragua. Desde Soto Cano, la “Contra”
lanzaba sus ataques terroristas, escuadrones de muerte y
misiones especiales que dieron como resultado miles de
asesinatos, desaparecidos, torturados, lisiados y
aterrorizados en Centroamérica. La base de Soto Cano es la
sede de la Fuerza de Tarea Conjunta “Bravo” (JTF-B) de
Estados Unidos, compuesta por efectivos del ejército, las
fuerzas aéreas, fuerzas de seguridad conjuntas y el primer
batallón-regimiento número 228 de la Aviación
estadounidense. Hay aproximadamente 600 personas y 18
aviones de combate, incluyendo helicópteros UH-60 BlackHawk
y CH-47 Chinook. Soto Cano también es la sede de la
Academia de la Aviación de Honduras.
Estados
Unidos también tiene un grupo militar que opera desde una
sede cercana al aeropuerto internacional de Colonia Las
Torres. Depende directamente del Comando Sur. El grupo
militar es el enlace principal con las fuerzas armadas
hondureñas y conduce alrededor de 55 maniobras conjuntas
cada año con más de 600 efectivos de Honduras. También
financia con unos 2 millones de dólares anuales los
programas de formación y entrenamiento de las fuerzas
armadas hondureñas. Los dos principales actores militares
en el golpe contra el presidente Zelaya son dos generales
entrenados en la Escuela de las Américas, la famosa escuela
militar estadounidense responsable por entrenar a la mayoría
de los dictadores y represores en América Latina: el
comandante de la Aviación de Honduras, general Luis Javier
Prince Suazo, y el jefe del estado mayor conjunto el General
Romeo Vásquez. El general Romeo Vásquez fue destituido por
el presidente Zelaya el 24 de junio por desobedecer sus órdenes,
y luego se convirtió en actor principal en el golpe militar
pocos días después. Los dos altos oficiales hondureños
mantienen relaciones muy estrechas con el Pentágono y las
fuerzas militares estadounidenses del grupo militar y las
que están en la base de Soto Cano.
El
Departamento de Estado:
Aunque
en el caso de Venezuela, la Casa Blanca salió de inmediato
a reconocer a los golpistas como un gobierno “legítimo”
y en el caso de Honduras, el presidente Obama ha dicho que
las acciones contra el presidente Zelaya constituyen un
“golpe ilegal”, sin embargo, existen similitudes en la
reacción oficial del Departamento de Estado.
Una
guía de prensa del Departamento de Estado, de fecha 16 de
abril de 2002, dos días después del retorno al poder del
presidente Chávez, decía lo siguiente:
“Los
funcionarios estadounidenses se han reunido con un amplio
espectro de venezolanos durante los últimos meses, tanto en
Caracas, como en Washington… Nuestro mensaje a todos los
venezolanos con los que nos reunimos ha sido consecuente. La
situación política en Venezuela es algo que compete a los
venezolanos resolver por medios pacíficos, democráticos y
constitucionales. Hemos afirmado categóricamente a todos
nuestros interlocutores venezolanos en varias ocasiones y en
muchos niveles, que bajo ningún concepto Estados Unidos
apoyaría una acción antidemocrática y anticonstitucional,
como es un golpe de Estado.”
Luego,
el mismo documento instruye a los voceros del Departamento
de Estado para que si los periodistas preguntan, “¿Participó
Estados Unidos en el intento de derrocar al presidente
venezolano Chávez del poder?” La respuesta sea: “De
ninguna manera”.
El
miércoles 1 de julio de 2009, tres días después del golpe
de Estado contra el presidente Zelaya, los voceros del
Departamento de Estado declararon lo siguiente:
“Han
sido semanas muy difíciles y tensas, con mucha desconfianza
entre los actores políticos, y la creciente confrontación
política había encendido un fuego en Honduras que era
extremadamente peligroso. Nuestra propuesta y la de nuestros
socios con quienes estábamos trabajando era intentar
reducir las tensiones, facilitar la comunicación y asegurar
que las instituciones hondureñas encontraran una manera pacífica
y constitucional para resolver el conflicto. Estábamos
obviamente preocupados por las posibles actividades
extra-constitucionales, y por eso, fuimos muy claros en
nuestra comunicación con todos los actores políticos,
Estados Unidos no apoyaría ninguna acción
extra-constitucional.”
En
declaraciones a la prensa, el asesor presidencial para América
Latina, Dan Restrepo, dijo que “algunas personas han
querido vincular al gobierno de Estados Unidos con la
situación actual en Honduras”, pero el diplomático aclaró
que “estos hechos pertenecen a un pasado que ahora está
‘congelado’”.
O
sea, lo mismo que decir, “de ninguna manera”.
¿Parecen
similares las declaraciones del Departamento de Estado de
abril de 2002 y junio 2009? Mientras que en abril,
Washington precipitó su aceptación pública del golpe de
Estado contra el Presidente Chávez, esta vez el gobierno de
Obama está respondiendo con más cautela, más mesurado.
Pero no existe duda ninguna de que hasta los voceros
estadounidenses siguen el mismo guión al pie de la letra.
En
fin, las evidencias demuestran que el plan golpista
perpetrado en Honduras esta semana se ha fabricado y
financiado desde Washington. Cuando el golpe de Estado
contra el presidente Chávez fue derrotado por el pueblo
venezolano y las fuerzas armadas leales, Estados Unidos
declaró a la prensa que “Nuestra respuesta a la situación
en Venezuela el 12 de abril fue exponer los hechos a medida
que los conocimos, en un momento de mucha confusión…
Nuestra posición fue que esta situación debía resolverse
pacífica y democráticamente, y de conformidad con la Carta
Democrática Interamericana… Con ese objetivo, nuestro
representante ante la OEA expresó claramente que el llamado
“gobierno provisional” todavía tenía que demostrar que
ellos eran la “autoridad civil legalmente constituida”.
Pero eso fue una gran mentira. Los voceros de Washington
simplemente estaban buscando la forma de salvar su imagen pública
luego de haber avalado el golpe y reconocido al gobierno
golpista apenas se instaló.
Esta
vez, Washington sigue mintiendo, pero con más inteligencia.
La primera respuesta del Departamento de Estado el día del
golpe fue emitida en una declaración de la Secretaria de
Estado, Hilliary Clinton, que decía: “Esta acción
perpetrada contra el presidente hondureño Mel Zelaya viola
los principios de la Carta Democrática Interamericana y por
lo tanto debe ser condenada por todos. Llamamos a todas
las partes en Honduras a respetar el orden
constitucional y el Estado de derecho, a reafirmar su vocación
democrática y comprometerse a resolver las disputas políticas
de manera pacífica y a través del diálogo.”
Primero,
la nota hace referencia a “todas las partes”, implicando
que el presidente Zelaya había violado de alguna forma el
orden constitucional. Y segundo, no hace ninguna referencia
a que haya ocurrido un golpe de Estado. Durante los días
siguientes, comienzan a hacer referencia a los sucesos del
28 de junio como un “golpe” pero que no había sido
determinado “legalmente” por los abogados del
Departamento de Estado como un “golpe militar”. El miércoles
1 de julio, los voceros de Washington declararon sobre el
asunto: “En referencia al golpe mismo, lo mejor sería
decir que fue un esfuerzo coordinado entre los militares y
algunos actores políticos civiles. Obviamente, los
militares fueron quienes condujeron la remoción forzosa del
presidente y han actuado para asegurar el orden público
durante este proceso. Pero para que el golpe sea más que
una insurrección o una rebelión, hay que ver una
transferencia del poder a los militares. Y en ese sentido,
el congreso –la decisión del congreso de juramentar a su
presidente Micheletti, como presidente de Honduras-, indican
que el congreso y miembros claves del mismo han jugado un
papel importante en esta situación.”
Lo
que significa esa declaración es que Washington no va a
clasificar lo que sucedió en Honduras como un “golpe de
Estado” bajo sus conceptos legales, porque el poder no lo
retuvieron los militares sino que lo asumieron los civiles.
Esto permite a Estados Unidos continuar con su relación
diplomática en Honduras y no suspender su importante
paquete de millones de dólares en ayuda económica y
militar al país centroamericano. Tampoco obliga al Pentágono
a retirar su inmensa y estratégica presencia militar en el
país.
Obviamente,
los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en
este golpe, y el cerco mediático y la censura que han
impuesto desde que se perpetró el golpe contra el
presidente Zelaya, han sido fundamentales para mantener al
pueblo hondureño sin información veraz y oportuna. También,
la falsa carta de renuncia que presentó el congreso hondureño
a la prensa el día del golpe, mintiendo descaradamente y
diciendo que fue enviada “vía correo” por el presidente
Zelaya, nunca se ha explicado. Lo mismo sucedió en
Venezuela, cuando el canal de televisión Venevisión
presentó una supuesta carta de renuncia del presidente Chávez,
que luego fue desmentida por éste mismo, y nunca fue
explicada por los golpistas. En los dos golpes, acosaron a
los embajadores y sedes diplomáticas de los países amigos,
como en Venezuela fue el acoso contra la embajada de Cuba en
Caracas, y en Honduras fue el secuestro y la violencia física
contra los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En
ambos casos, también han culpado al presidente de las
razones subyacentes del golpe para intentar justificarlo.
Por eso, en Honduras, dicen que fue el presidente Zelaya
quien “violó” la constitución por insistir en convocar
una encuesta no vinculante para que el pueblo expresara su
voz. Los golpistas hondureños también utilizan la relación
con Venezuela y Cuba para justificar sus acciones, diciendo
que Zelaya quería implementar el “castro-comunismo” en
el país. En Venezuela, los golpistas decían que el
presidente Chávez era responsable por todas las divisiones
y problemas en el país y que estaba intentando
“cubanizarlo”. Sus acciones, según ellos, eran para
“recuperar la democracia”.
En
Venezuela, el pueblo y las fuerzas armadas revolucionarias
resistieron y derrotaron el golpe de Estado en un tiempo
breve, rescatando su democracia, su constitución y a su
presidente. En Honduras, hoy, el pueblo está resistiendo al
estado dictatorial que están imponiendo los golpistas con
su brutalidad y violencia. El pueblo está en las calles, no
solamente en Honduras, sino en toda América Latina, para
derrotar al guión golpista de Washington y demostrar no
solamente la unión del pueblo hondureño, sino la fuerza de
la integración latinoamericana y el poder de la solidaridad
internacional.
(*)
Eva Golinger, estadounidense-venezolana, es Doctora en
Derecho Internacional, escritora e investigadora, y autora
de los libros “El Código Chávez”; “Bush vs. Chávez:
La Guerra de Washington Contra Venezuela”; “La Telaraña
Imperial: Enciclopedia de Injerencia y Subversión”; y
“La Mirada del Imperio Sobre el 4F: Los Documentos
Desclasificados de Washington Sobre la Rebelión Militar del
4 de Febrero de 1992”.
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