La base militar de EEUU en Honduras en
el centro del golpe

Por Eva Golinger (*)
Telesur, 02/07/09

Durante la madrugada del domingo 28 de junio, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue secuestrado y sacado a la fuerza por militares encapuchados de su residencia presidencial en Tegucigalpa. Lo trasladaron a la base militar Hernán Acosta Mejía, en las afueras de Tegucigalpa. Luego de permanecer durante un tiempo en dicha base militar, el presidente Zelaya fue enviado a Costa Rica en el avión presidencial, país que lo recibió mientras el brutal golpe militar aún estaba en pleno desarrollo en Honduras. Mientras ocurría el golpe de Estado, los militares estadounidenses y los representantes de Washington en la embajada de EEUU en Tegucigalpa tenían pleno conocimiento de los sucesos.

Estados Unidos mantiene una base militar en Soto Cano, ubicada a 97 kilómetros de la capital, operativa desde el año 1981, cuando fue activada por el gobierno estadounidense durante la administración de Ronald Reagan. En los años ochenta, Soto Cano fue utilizada por el Coronel estadounidense Oliver North como una base de operaciones de la “contra”, las fuerzas paramilitares entrenadas y financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) encargadas de ejecutar la guerra contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica, y particularmente contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Desde Soto Cano, la “contra” lanzaba sus ataques terroristas, escuadrones de muerte y misiones especiales que dieron como resultado miles de asesinatos, desaparecidos, torturados, lisiados y aterrorizados en Centroamérica.

La base de Soto Cano es la sede de la “Fuerza de Tarea Conjunta Bravo” (JTF-B) de Estados Unidos, compuesta por efectivos del ejército, las fuerzas aéreas, fuerzas de seguridad conjuntas y el primer batallón-regimiento número 228 de la aviación estadounidense. Son aproximadamente 600 personas y 18 aviones de combate, incluidos helicópteros UH-60 BlackHawk y CH-47 Chinook. Soto Cano también es la sede de la Academia de la Aviación de Honduras. Más de 650 ciudadanos hondureños y estadounidenses viven dentro de las guarniciones de la base. En 2005, se empezaron a construir viviendas dentro de la base, incluidos 44 edificios de apartamentos y varias residencias para las tropas.

La Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar extranjera en el país. Un acuerdo “de mano” entre Washington y Honduras autoriza la importante y estratégica presencia de los cientos de militares estadounidenses en la base, por un acuerdo “semi-permanente”. El acuerdo se efectuó en 1954 como parte de la ayuda militar que Estados Unidos ofrecía a Honduras. Todos los años, Washington autoriza cientos de millones de dólares de ayuda militar y económica a Honduras, que es el tercer país más pobre del hemisferio. Este acuerdo que permite la presencia militar de Estados Unidos en el país centroamericano puede ser retirado sin aviso.

El 31 de mayo de 2008, el presidente Manuel Zelaya anunció que Soto Cano (Palmerola) se utilizará para vuelos comerciales internacionales. La construcción del terminal civil se financió con un fondo del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas).

El comandante de la aviación de Honduras, general Luis Javier Prince Suazo, estudió en la famosa Escuela de las Américas de Estados Unidos en 1996. El jefe del estado mayor conjunto, general Romeo Vásquez, destituido por el presidente Zelaya el 24 de junio por desobedecer sus órdenes, y luego actor principal en el golpe militar pocos días después, también es graduado de la Escuela de las Américas. Los dos altos oficiales hondureños mantienen relaciones muy estrechas con el Pentágono y las fuerzas militares estadounidenses en Soto Cano.

Aunque Honduras depende económicamente de Estados Unidos, durante los últimos meses la relación diplomática entre ambos países comenzó a deteriorarse. En noviembre 2008, el presidente Zelaya felicitó al presidente Obama por su victoria electoral, calificándola como “una esperanza para el mundo”. Pero dos meses después, Zelaya envió una carta personal a Obama, en la que acusaba a Estados Unidos de “intervencionismo” y llamando al nuevo gobierno a “respetar a los principios de no injerencia en los asuntos políticos de otras naciones.” Zelaya también exhortó al Presidente Obama a “revisar los procedimientos de inmigración y la concesión de visas como un mecanismo de presión contra personas que tengan creencias distintas e ideologías que no representan ninguna amenaza para Estados Unidos.” Adicionalmente, el presidente hondureño le comentó que “la lucha legítima contra el narcotráfico… no se debe utilizar como una excusa para imponer políticas intervencionista en otros países.” Poco después, el presidente Zelaya, junto con presidente Daniel Ortega de Nicaragua, boicoteó una reunión del Sistema de Integración de Centro América (SICA), en la que iba a estar presente el vicepresidente estadounidense Joe Biden.

Washington ha admitido que tenía conocimiento previo del golpe de Estado en Honduras desde hacía más de una semana. En declaraciones a la prensa este lunes, dos voceros del Departamento de Estado comentaron que su embajador y un equipo de la diplomacia estadounidense “estaban en conversaciones” con los actores principales del golpe desde hace un mes. Esas “conversaciones” se intensificaron durante la semana pasada, cuando el embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, se reunió tres veces con los militares golpistas y los grupos civiles para tratar de buscar otra salida.

La administración Obama ha condenando al golpe en Honduras, pero de manera muy mesurada, calificándolo como una acción que está “evolucionando hacia un golpe”, pero confirmando que legalmente no lo considera un golpe de Estado. Esta ambigüedad permite a Estados Unidos mantener la relación diplomática con Honduras y el gobierno de facto, reconocer al gobierno golpista, y mantener la ayuda militar y económica al país. En caso de calificar los hechos como un golpe de Estado, según la ley, Estados Unidos estaría obligado a romper las relaciones diplomáticas y a suspender la mayoría del apoyo económico y militar al país.

Obviamente, Washington no quiere arriesgarse al cierre de su base militar en Soto Cano y a la expulsión de sus 600 efectivos militares. Además, la mayoría de las fuerzas armadas hondureñas y los altos oficiales que han participado en el golpe son aliados y socios importantes del Pentágono. Las actuaciones del presidente Zelaya de construir un terminal civil en Soto Cano y autorizar vuelos internacionales comerciales, realizadas con los fondos del ALBA, se podrían entender fácilmente como una amenaza para el futuro de la presencia militar estadounidense en Honduras. Además de otras razones, ésta podría explicar la ambigüedad pública de Obama frente al golpe en Honduras.

(*) Eva Golinger, estadounidense-venezolana, es Doctora en Derecho Internacional, escritora e investigadora, y autora de los libros “El Código Chávez”; “Bush vs. Chávez: La Guerra de Washington Contra Venezuela”; “La Telaraña Imperial: Enciclopedia de Injerencia y Subversión”; y “La Mirada del Imperio Sobre el 4F: Los Documentos Desclasificados de Washington Sobre la Rebelión Militar del 4 de Febrero de 1992”.