El primer golpe de estado militar de la administración Obama
El SouthCom toma el poder en un estado del ALBA
Por
Thierry Meyssan (*)
Red Voltaire, 03/07/09
Honduras
suscitó la cólera de Washington al rebelarse contra la
presencia militar estadounidense e incorporarse al ALBA.
Militares formados en la Escuela de las Américas y
dirigidos por consejeros estadounidenses derrocaron al
presidente constitucional Manuel Zelaya y pusieron en el
poder a quien había sido su rival de siempre en el seno del
partido liberal, Roberto Micheletti. Thierry Meyssan hace un
recuento de los objetivos de este enfrentamiento y señala
la voluntad de la administración Obama de retomar el
control de América Latina.
Nadie pensó que la crisis surgida entre Honduras y Estados Unidos pudiera
desembocar en un golpe de Estado militar. Parecía que
Washington había renunciado a esa forma de acción, aunque
la administración Bush había sobornado recientemente a un
grupo de militares para que derrocaran al presidente
constitucional de Venezuela (el 12 de abril de 2002) [1] y
había utilizado a sus propias fuerzas especiales para
secuestrar al presidente constitucional de Haití (el 29 de
febrero de 2004) [2]. Pero los comunicadores de la Casa
Blanca venían utilizando últimamente la amplia sonrisa del
flamante Barack Obama para hacer creer a la opinión pública
internacional que Estados Unidos había cambiado y que había
renunciado a su ambición imperial.
La importancia estratégica de los cinco Estados de la antigua República
Federal de América Central (Costa Rica, Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua) reside en su situación
geográfica como corredor de tránsito entre dos continentes
y dos océanos. Si bien ninguno de ellos dispone de recursos
naturales especialmente importantes, lo interesante es que
todos ellos pueden servir de base para controlar la zona.
Durante la revolución sandinista en Nicaragua, Washington utilizó Honduras
como base de retaguardia de las bandas
contrarrevolucionarias. Bajo la dirección de John
Negroponte, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa se
convirtió en cuartel general de los «contras» nicaragüenses
y de sus escuadrones de la muerte. Vista desde ese ángulo,
la evolución antiimperialista de Honduras, luego del
regreso de los sandinistas al poder en Nicaragua,
representaba no tanto un problema en sí como un verdadero
peligro de «contaminación». ¿En qué representaba la
evolución de la situación hondureña un peligro tan grande
como para que Washington decidiera recurrir nuevamente a los
viejos métodos, corriendo así el peligro de malograr todos
sus esfuerzos propagandísticos?
La
presidencia de Maduro y las elecciones de 2005
Al igual que el resto de Centroamérica, Honduras enfrenta la existencia de
las maras (pandillas). La más conocida es la Mara
Salvatrucha. Se trata de bandas de niños manipulables
debido a su dependencia de la droga y organizados mediante
ritos místico–criminales [3]. Sus miembros se entregan a
todo tipo de violencias, alcanzando a veces un inusitado
grado de barbarie que los ha llevado a protagonizar
verdaderas masacres.
En 2001, el candidato nacionalista Ricardo Rodolfo Maduro Joest resultó
electo bajo la promesa de luchar contra el crimen. Su propio
hijo, de 25 años, había sido secuestrado, torturado y
asesinado, y su funeral se había convertido en una
verdadera manifestación de carácter nacional. Al llegar a
la presidencia, Ricardo Maduro ordenó espectaculares
operaciones de lucha contra las pandillas. También reforzó
el arsenal de la policía y sacó a los militares de los
cuarteles para que ayudaran a los policías. Con el apoyo de
la democracia cristiana, Maduro logró la adopción de una
ley que castigaba con un mínimo de 5 años de prisión el
solo hecho de ser miembro de una mara.
Aunque aquella ley sirvió de inspiración a países como Guatemala y
Salvador, la Corte Constitucional hondureña decidió
invalidarla porque comprometía la responsabilidad
individual por asociación en casos de crímenes que el
acusado no había cometido. La aplicación de aquella ley
había dado lugar a un gigantesco aumento del número de
personas encarceladas, lo cual se provocó a su vez
sangrientos motines en las prisiones. En definitiva, como
aquella ley no abordaba las causas sociales del fenómeno,
ya masivo, su aplicación no detuvo el aumento de la
criminalidad.
En 2005, el candidato nacionalista a la sucesión de Maduro, «Pepe» Lobo,
consideraba que sólo una guerra podía acabar con las maras.
Así que propuso reinstaurar la pena de muerte a través de
un referéndum que contemplaría además la posibilidad de
pronunciar penas de muerte colectivas contra las pandillas,
a pesar de que un estudio realizado en Salvador ya había
demostrado que el 51,9% de los criminales tenían sólo
entre 11 y 15 años. Así que Honduras habría tenido que
matar a muchos de sus propios hijos. Mientras tanto, el
candidato liberal, Manuel Zelaya, proponía un enfoque mucho
más razonable, basado no sólo en la represión sino en la
realización de verdaderos esfuerzos a favor de la educación
y de la inserción de aquellos niños en la sociedad.
En el plano económico, los resultados del presidente Maduro también
resultaban bastante polémicos.
Ex gobernador del Banco Central y brillante hombre de negocios
(concesionario de Seros y director del fondo de inversiones
La Paz), Maduro negoció la reducción de la deuda hondureña
con el FMI y con el Club de París. Pero, como
contrapartida, tuvo que aumentar los impuestos y reducir el
número de funcionarios, política que penalizó únicamente
a la clase media.
También incluyó a su país en el Acuerdo de Libre Comercio Estados
Unidos/Centroamérica, sin encontrar mucha oposición política
contra aquel proyecto, a pesar de sus desastrosas
consecuencias para los pequeños agricultores. Las
excelentes relaciones del presidente Maduro con su homólogo
estadounidense George W. Bush condujeron incluso al envío
de 370 militares hondureños a Irak, donde fueron
destacados, junto a los españoles, en la zona administrada
por el contingente polaco. Pero, como consecuencia de la
decisión de Zapatero de retirar de Irak las tropas españolas,
Maduro se vio políticamente obligado a retirar también a
los soldados hondureños. Y finalmente, el mandato
presidencial de Ricardo Maduro concluyó en un ambiente
grotesco matizado por un escandaloso divorcio.
El liberal de izquierda José Manuel Zelaya Rosales presentó entonces una
atrayente alternativa. En vez de proponer el cierre de
servicios públicos como medio de garantizar una importante
reducción presupuestaria, Zelaya propuso una reducción del
tren de vida del Estado. Y para reforzar los ingresos del
Estado, propuso facilitar el empleo en los sectores altos
consumidores de fuerza de trabajo. En la lucha contra la
criminalidad juvenil, Zelaya anunció su intención de
equipar todas las escuelas con computadoras y de garantizar
la instrucción pública gratuita a todos los niveles de la
sociedad.
En 2005, en una elección de una sola vuelta, los hondureños eligieron como
presidente a José Manuel Zelaya, con un 49,9% de sufragios,
y le garantizaron el 48,4% de los escaños en el Congreso
(unicameral). Su principal adversario, el nacionalista de
derecha Porfirio Sosa, obtuvo el 46,2% de los sufragios y un
42,9% de los escaños en el Congreso. Los resultados eran
tan apretados que se requirió su validación, la cual se
produjo al cabo de dos semanas de espera. Tres pequeñas
formaciones políticas se encontraron entonces en posición
de árbitros en el seno del Congreso: la Unión Democrática,
la Democracia Cristiana y el partido Innovación y Unidad.
Elección
presidencial
(27 noviembre 2009)
|
Elecciones
legislativas
(27 noviembre 2009)
|
José Manuel Zelaya Rosales
49,90 % de votos válidos
|
Partido Liberal
62 escaños
|
Porfirio Lobo Sosa
46,2 % de votos válidos
|
Partido Nacional
55 escaños
|
Juan Ángel Almendares Bonilla
1,5 % de votos válidos
|
Unificación Democrática
5 escaños
|
Juan Ramón Martínez
1,4 % de votos válidos
|
Democracia cristiana
4 escaños
|
Carlos Sosa Coello
1,0 % de votos válidos
|
Innovación y Unidad)
2 escaños
|
La
presidencia de Manuel Zelaya
Nada dejaba entrever que el ranchero Manuel Zelaya pudiera entrar en
conflicto con Washington, sobre todo si se tiene en cuenta
que la mayoría relativa de la que disponía no favorecía
la posibilidad de una ruptura política. En primer lugar, el
presidente Zelaya prosiguió la política de descentralización
que ya había iniciado en su época de ministro. Su objetivo
era acercar los centros de decisión a la ciudadanía para
fortalecer el poder popular y la transparencia. Esta reforma
provocó un distanciamiento entre la clase política
corrupta de la capital y los nuevos notables locales. Y
también sacó a la luz el control de los militares sobre
una parte de la economía [4]
Pero lo más importante es que, en junio de 2006, Manuel Zelaya anunció su
intención de destinar al tráfico comercial la base aérea
de Soto Cano [5], en la que se encontraba un contingente
estadounidense. Ante la reacción del Pentágono, el
ministro hondureño de Defensa trató de retroceder,
argumentando el costo del equipamiento necesario. Pero el
presidente Zelaya mantuvo su decisión. Oficialmente, Soto
Cano no era más que una pequeña base aérea cuyo personal
se componía de 190 militares y 730 civiles. Pero su pista
es la única de toda Centroamérica capaz de recibir grandes
aviones destinados al transporte de tropas. Fort Bravo es la
única estación del SouthCom fuera de Estados Unidos [6].
Y, sobre todo, Soto Cano es una base de escucha vinculada a
dos unidades secretas: Cerro La Mole y Swan Island. Este
dispositivo es indispensable para el funcionamiento de la
inteligencia militar estadounidense en la región.
Curiosamente, Estados Unidos nunca ha firmado con Honduras
ningún acuerdo que precise el estatus de las instalaciones
anteriormente mencionadas.
A pesar de la fuerte popularidad del presidente Zelaya, una sorpresiva campaña
de prensa lo acusó de no haber respetado sus promesas, de
no haber logrado mejorar el nivel de vida ni contrarrestar
el crimen. En realidad, Zelaya no podía proteger a su país
del alza mundial del petróleo y se publicaban numerosos
reportajes sensacionalistas que daban la impresión de que
el país enfrentaba una gran proliferación de las maras.
Manuel Zelaya respondió obligando a los medios
audiovisuales privados a transmitir varias horas de
entrevistas con miembros de su gobierno.
Washington manifestó su irritación mediante la reducción de sus programas
de ayuda a la población hondureña, pero mantuvo sus
programas de seguridad. Estados Unidos incluso proporcionó
a Honduras importantes medios para la realización de sus
planes de lucha contra el crimen organizado y contra el tráfico
de drogas y el terrorismo. Washington financió, por
ejemplo, el equipamiento de Puerto Cortés con tecnología
de punta que permite escanear todos los contenedores
enviados a Estados Unidos que pasan por ese puerto hondureño.
Por otro lado, Washington dispone de poderosos medios de presión sobre
Tegucigalpa. Honduras, país de 7 millones de habitantes,
tiene cerca de un millón de inmigrantes en Estados Unidos,
sobre todo desde el paso devastador del ciclón Mitch por
territorio hondureño, en 1998. 78 000 de esos inmigrantes
hondureños en Estados Unidos son residentes temporales,
estatus que han renovado varias veces, y pueden ser
expulsados mediante una simple decisión administrativa.
El presidente Zelaya prosiguió su lucha contra la corrupción, obligando a
varios altos funcionarios a renunciar a sus puestos. Y
algunos de éstos comenzaron entonces a conspirar. Se
descubrió incluso que el ex director de la compañía de
telefonía pública había interceptado los teléfonos del
presidente Zelaya.
Al estallar en Estados Unidos la crisis de las subprimes y en momentos en
que se produce el alza mundial de los precios de los
alimentos básicos, el presidente Zelaya recurre, lógicamente,
a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA),
organización intergubernamental promovida por Venezuela, país
que garantiza la seguridad alimentaria y energética de los
Estados miembros y que coordina además la realización de
importantes programas de salud pública.
Esa decisión de Zelaya obtiene un fuerte apoyo popular, pero suscita
inquietud entre las clases medias, ya afectadas por la política
económica de Maduro y por la crisis económica mundial.
El 25 de agosto de 2008, Manuel Zelaya rinde homenaje al «Guerrillero
heroico» Ernesto Che Guevara y, ante una multitud de 100
000 personas, firma en Tegucigalpa la entrada de su país al
ALBA, en presencia de los presidentes Evo Morales, de
Bolivia; Daniel Ortega, de Nicaragua; Hugo Chávez, de
Venezuela, y del vicepresidente cubano Carlos Lage. El
presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández,
también está representado en el acto.
Honduras se convierte así en una de las naciones rebeldes.
El
golpe de Estado militar
Representantes del gobierno de Estados Unidos admitieron en el New York
Times haber entrado en contacto con los golpistas días
antes de la asonada. Pero afirman que lo hicieron para
convencerlos [7] de que emprendieran esa acción. Según
esos testimonios, aquellos contactos finalizaron el domingo
(o sea, en momentos en que el golpe ya había comenzado).
Pero hay que tener en cuenta que el pequeño ejército hondureño ha sido
enteramente armado, entrenado e instruido por Estados
Unidos. Se supone que obedezca a su comandante en jefe, el
presidente de la República, y al jefe de su Estado Mayor.
Pero, en la práctica, se encuentra bajo el control del
SouthCom, desde Soto Cano y Miami [8].
Precisamente el jueves pasado, el Pentágono instaló apresuradamente al
nuevo comandante del SouthCom, el general Douglas M. Fraser,
para darle seguimiento al golpe.
La tensión se recrudeció cuando el presidente Zelaya convocó a una
consulta popular, que debía tener lugar el domingo 28 de
junio, para determinar si los electores eran favorables a la
elección de una Asamblea Constituyente. Se desató entonces
una campaña internacional de prensa que presentaba aquella
iniciativa como una maniobra exclusivamente tendiente a
abrir a Manuel Zelaya la posibilidad de obtener un segundo
mandato. Lo cual es totalmente falso ya que la elección de
la Asamblea Constituyente sólo hubiese tenido lugar el
mismo día que la próxima elección presidencial y, por
consiguiente, la hipotética modificación de la Constitución
no hubiese podido producirse sino mucho después del fin del
mandato de Zelaya. Por lo tanto, el presidente Zelaya nunca
hubiese podido ser candidato a su propia sucesión. Pero,
claro está, después de haber acusado a Hugo Chávez de
querer ser «presidente vitalicio», había que acusar a su
aliado Manuel Zelaya de querer convertirse en dictador él
también.
El 9 de junio, el Congreso hondureño adoptó una ley constitucional que
prohibía la realización de un referéndum a menos de 180 días
de la elección presidencial. El Tribunal Supremo declaró
la consulta popular ilegal (pero no anticonstitucional),
aunque la ley de modificación fue declarada en sí misma
anticonstitucional. En base a esa decisión, el jefe del
Estado Mayor, el general Romeo Vásquez, bloqueó la
organización de la consulta. El presidente se presentó
entonces personalmente en una base militar para «rescatar»
las boletas que debían ser utilizadas en la consulta
popular y revocó al jefe del Estado Mayor por insubordinación.
Al igual que los demás golpistas latinoamericanos, el
general Romeo Vásquez fue formado por Estados Unidos en la
tristemente célebre Escuela de las Américas.
La base de Soto Cano se encuentra actualmente bajo las órdenes del coronel
Richard A. Juergens. Fue al parecer fue este mismo militar
estadounidense quien dirigió el secuestro del presidente
haitiano Jean–Bertrand Aristide cuando ocupaba el cargo de
director de Operaciones Especiales del Special Operations
Command.
El domingo 28 de junio de 2009, siendo alrededor de las 5h30 de la mañana
(hora de Honduras), fueron cortadas la electricidad y las líneas
telefónicas fijas y hertzianas. Comandos de militares
encapuchados [9] asaltaron la residencia del presidente
Zelaya y se lo llevaron, lo metieron en un avión y lo
enviaron a Costa Rica en ropa de dormir. Fueron arrestados
por lo menos 8 ministros, entre ellos la ministra de
Relaciones Exteriores, así como otras personalidades, como
el alcalde de San Pedro Sula (la segunda ciudad de
Honduras). Cuando se restableció el servicio eléctrico,
los medios audiovisuales anunciaron que se había decretado
un toque de queda y la anulación de los oficios religiosos
dominicales y de la consulta popular.
Después del mediodía, los diputados, que fueron previamente autorizados a
salir a la calle, realizaron una reunión extraordinaria en
la sede del Congreso. El presidente del Congreso, Roberto
Micheletti, dio lectura a una carta, con fecha del 26 de
junio, en la que el presidente Manuel Zelaya supuestamente
renunciaba a su cargo. Nadie expresó sorpresa por la
aparición de esta carta con fecha del 26 de junio. Después
de dejar constancia de la supuesta vacancia a la cabeza del
Estado, el Congreso designó a su propio presidente para
ocupar la presidencia de la República. Por su parte, el
Tribunal Constitucional afirmó, en un comunicado
enteramente orwelliano, que el ejército había defendido la
Constitución impidiendo que el presidente Zelaya diera un
golpe referendario. El Tribunal sostuvo que al bloquear la
consulta popular ordenada por el presidente de la República,
el jefe del Estado Mayor había actuado legalmente, si lo
había hecho por orden de un juez. Para que nadie ignorara
el verdadero objetivo de la operación, los militares
arrestaron a los embajadores o encargados de negocios de los
Estados miembros del ALBA.
El desarrollo mismo del golpe de Estado en Honduras recuerda aquel que tuvo
lugar en Haití, en 2004, contra el presidente Jean–Bertrand
Aristide: secuestro en plena madrugada por soldados
encapuchados y “aparición” de una carta de renuncia.
La manera como las agencias de prensa atlantistas han descrito el diferendo
electoral, de forma tendenciosa para dar al golpe de Estado
una apariencia de legalidad, demuestra la premeditación de
esta operación por parte de Washington. La manipulación de
las causas del golpe, ocultando el asunto de la base de Soto
Cano y los vínculos entre militares hondureños y
estadounidenses, es muestra además de una evidente voluntad
de ocultar el papel de la administración Obama.
(*)
Periodista y escritor, presidente de la Red Voltaire con
sede en París, Francia. Es el autor de “La gran
impostura” y del “Pentagate”.
Notas:
[1] «Opération manquée au Venezuela», por Thierry Meyssan, Réseau
Voltaire, 18 de mayo de 2002.
[2] «La CIA déstabilise Haïti», «Coup d’État en Haïti» y «Paris
relâche le président haïtien», por Thierry Meyssan, Réseau
Voltaire, 14 de enero, 1º y 16 de marzo de 2004.
[3] «L’extension de la Mara Salvatrucha», por Gaston Pardo, Réseau
Voltaire, 2 de marzo de 2005.
[4] La democracia se instaló rápidamente en Honduras mientras que
revoluciones y contrarrevoluciones se desarrollaban en la
región. Estados Unidos garantizó que parte de la economía
hondureña quedara bajo su control indirecto, a través de
los militares.
[5] La base Soto Cano es la antigua base de Palmerola. Está situada al
nordeste de Tegucigalpa, a 747 millas de la capital.
[6] El SouthCom es el comando estratégico de las fuerzas armadas
estadounidenses encargado de garantizar el control de
Latinoamérica.
[7]
«Honduran President Is Ousted in Coup», por Elisabeth
Malkin, The New York Times, 29 de junio de 2009.
[8] El SouthCom tiene su sede en Miami, pero dispone además de una estación
en Soto Cano y de puestos avanzados en Comalapa (Salvador),
Manta (Ecuador) así como en las islas de Aruba y Curazao
(Antillas Holandesas).
[9] El uso de pasamontañas o capuchas en este tipo de operación es inútil
y contraproducente, a no ser que se trate de enmascarar la
participación de consejeros militares extranjeros.
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