Resistencia
al golpe y prueba para EEUU
Editorial
de La Jornada, México,25/07/09
A
casi un mes de que inició la asonada oligárquico–militar
que ha suspendido la vigencia democrática y el estado de
derecho en Honduras y luego del fracaso de las gestiones del
presidente costarricense Óscar Arias por solucionar la
crisis en aquel país centroamericano, el mandatario
constitucional, Manuel Zelaya, arribó ayer al puesto
fronterizo de Las Manos –en los límites de Nicaragua–,
cruzó a territorio hondureño arropado por una multitud de
simpatizantes y, tras permanecer ahí varios minutos, regresó
al lado nicaragüense luego de exhortar de nuevo a los
mandos castrenses participantes en la aventura golpista a
bajar sus fusiles y dialogar”.
El
acto, aunque “simbólico”, como lo calificó el propio
Manuel Zelaya, constituye una muestra más de la
inviabilidad y debilidad del proyecto golpista –que no ha
podido consolidarse, a pesar de que ha tenido 28 días de
margen de maniobra– y pone de manifiesto nuevamente que en
Honduras se desarrolla un admirable movimiento de
resistencia popular, a pesar de los actos represivos del ejército
y la policía en ese país, excesos que ayer fueron
desplegados una vez más en contra de los simpatizantes de
Zelaya, con un saldo de al menos dos heridos. Asimismo, da
cuenta de que el rechazo a los golpistas se mantiene vivo y
creciente, no obstante los intentos del gobierno espurio que
encabeza Roberto Micheletti de proyectar al mundo una imagen
de falsa “estabilidad”.
Frente
a estos elementos sería inadecuado e improcedente que la
comunidad internacional abandone a los hondureños en la
lucha que llevan a cabo en defensa de la democracia; antes
bien, es necesario que los gobiernos y los pueblos de la
región refuercen las medidas de apoyo a Honduras y
profundicen las presiones en contra del régimen de facto.
En
este contexto, resulta obligado reiterar la importancia del
papel de Estados Unidos, país que pareciera ser la última
instancia de presión diplomática en la actual crisis, y
que no ha podido, sin embargo, sustentar plenamente con
hechos el repudio expresado en varias ocasiones por el
presidente Barack Obama ante el golpe de Estado.
En
las últimas cuatro semanas ha quedado claro que el fracaso
de las mediaciones de la Organización de Estados Americanos
y del gobierno de Costa Rica se explica, en buena medida,
por la actitud poco firme asumida por la Casa Blanca, que se
refleja, entre otras cosas, en su negativa a retirar a su
embajador en Tegucigalpa y a suspender la totalidad de los
programas de asistencia que mantiene con Honduras.
Adicionalmente,
en los últimos días se han expresado nuevos disensos en el
seno de la administración encabezada por Barack Obama con
relación a la crisis hondureña: ayer mismo, la secretaria
de Estado estadounidense, Hillary Clinton, calificó de
“imprudente” el intento del presidente hondureño de
ingresar a su país, y el vocero de esa misma dependencia,
Philip Crowley, señaló que “cualquier retorno (de
Zelaya) a Honduras sería prematuro”, declaraciones que
colisionan con la postura del mandatario afroestadounidense,
quien ha insistido una y otra vez en apoyar la restitución
inmediata del legítimo presidente.
A
estas fisuras dentro del gobierno de Washington deben añadirse
los cabildeos emprendidos en la Casa Blanca y el Capitolio
por representantes de los intereses de la oligarquía
hondureña, así como las maniobras emprendidas por los
estamentos conservadores de la clase política
estadounidense que han intentado utilizar el golpe de Estado
como un factor de confrontación partidista e instrumento de
presión propagandística en contra de Obama, a quien buscan
presentar como “aliado” de personalidades
tradicionalmente críticas de Estados Unidos, como Fidel
Castro o Hugo Chávez.
En
la circunstancia actual, sin embargo, Washington debe
entender que la claudicación ante las presiones señaladas
tendría efectos desastrosos para el proyecto de política
exterior emprendido por el actual mandatario estadounidense
–y, por ende, para la imagen internacional de su
gobierno– y contribuiría a afianzar un precedente nefasto
para América Latina y para el mundo.
Es
necesario, por tanto, que la administración de Obama defina
en lo inmediato un plan de acción que refleje el rechazo
inequívoco de su gobierno hacia el golpismo hondureño y
que contribuya, de esa manera, al enorme esfuerzo que
realiza la sociedad de ese país por restituir el orden
constitucional y la legalidad.
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