Comienza inspección interamericana
Semana de negociaciones
Por Thelma Mejía
Inter Press Service (IPS), 17/08/09
Tegucigalpa.– El régimen que gobierna Honduras enfrenta desde esta semana
una nueva ola de presión internacional con la llegada de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para
inspeccionar graves denuncias de violaciones de derechos
humanos registradas desde el 28 de junio, día del golpe de
Estado.
La delegación de alto nivel está encabezada por la presidenta de la CIDH,
la venezolana Luz Patricia Mejía, a quien acompañan el
primer vicepresidente, el argentino Víctor Abramovich, el
segundo vicepresidente y relator para Honduras, Felipe González,
de Chile, el comisionado Paolo Carozza, de Estados Unidos,
el secretario ejecutivo Santiago Canton, de Argentina, la
relatora para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, de
Colombia, y personal de la secretaría ejecutiva.
La misión permanecerá en este país cinco días, desde este lunes, y
efectuará visitas a varias zonas para documentar denuncias,
recoger testimonios y sostener entrevistas privadas con
actores claves, según informó la propia CIDH.
Ésta es la primera visita de carácter oficial que llega a Honduras desde
que el 28 de junio militares derrocaron y deportaron al
presidente Manuel Zelaya, con apoyo civil.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) suspendió a Honduras como
miembro activo del organismo hemisférico el 4 de julio,
pero no lo excluyó del sistema interamericano de derechos
humanos, del cual la CIDH forma parte.
La CIDH, con sede en Washington, es una de las dos entidades del sistema
interamericano de protección y promoción de los derechos
humanos en América. El otro órgano es la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.
Cómo órgano autónomo de la OEA, la CIDH tiene un mandato de la carta
interamericana y de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y actúa en representación de los países
miembros. La conforman siete comisionados, que se desempeñan
en forma independiente y personal y que son elegidos por la
Asamblea General del foro hemisférico.
Su función principal es "promover la observancia y la defensa de los
derechos humanos".
En ese carácter, recibe e investiga denuncias individuales sobre
violaciones, observa la vigencia general de los derechos
humanos en los países miembros, publica informes sobre países
o sobre temas específicos, realiza visitas "in
loco", efectúa recomendaciones a los Estados, dispone
"medidas cautelares" para evitar daños graves o
irreparables en situaciones urgentes y somete casos a la
jurisdicción de la Corte Interamericana.
El fin de semana, una avanzada de la CIDH sostuvo las primeras reuniones con
organizaciones humanitarias y académicas, en tanto este
lunes, la relatora Botero conocerá denuncias de periodistas
agredidos, medios de prensa clausurados o silenciados y la
situación de la libertad de expresión en general.
La fiscal hondureña de derechos humanos Sandra Ponce dijo a IPS que la CIDH
"tendrá toda la apertura posible e independencia en
sus funciones, como lo establece su mandato y, de nuestra
parte, la Fiscalía General del Estado le dará a conocer
los registros e investigaciones de violaciones a derechos
humanos en nuestro poder".
Una visita de la CIDH debe enmarcarse en los parámetros de la Convención
Americana: garantías para entrevistarse en forma privada
con sectores y personas que estime oportunos, para circular
libremente por el país, visitar cárceles y prisiones y
usar cualquier medio apropiado para filmar, documentar,
grabar o reproducir la información que considere relevante,
entre otras.
Esta presencia fiscalizadora sigue a una semana de intensa agitación
social, repelida por acciones represivas, que culminó con
al menos tres desalojos violentos de fuerzas combinadas de
la policía y militares contra integrantes del Frente
Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, con
varios lesionados y unas 21 personas procesadas por
presuntos daños a la propiedad privada.
Uno de los heridos fue el diputado del izquierdista partido de Unificación
Democrática, Marvin Ponce, uno de los líderes de la
resistencia que, a pesar de contar con medidas cautelares
ordenadas por la CIDH, sufrió tres fracturas en uno de sus
brazos y debió ser operado.
Un día después del golpe, la CIDH dispuso medidas cautelares para unas 100
personas, entre funcionarios del gobierno depuesto de
Zelaya, familiares del mandatario, periodistas, dirigentes
sociales y activistas de derechos humanos. La Suprema Corte
de Justicia demoró hasta el fin de semana para publicar el
listado de personas bajo protección estatal.
En la madrugada del sábado, tres bombas molotov fueron arrojadas contra la
sede del diario capitalino El Heraldo, uno de los mayores
defensores del régimen de facto. Un vehículo de otro periódico
oficialista, La Tribuna ––propiedad del ex presidente
Carlos Flores (1998–2002)–– fue incendiado en Los
Junquillos, sobre la carretera que conduce al nororiental
departamento de Olancho.
Entre el 2 y el 5 de agosto visitó Honduras una Misión Tripartita
representada por la Asociación Mundial de Radios
Comunitarias América Latina y Caribe, la Asociación
Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al
Desarrollo y la Mesa de Articulación de Asociaciones
Nacionales y Redes Latinoamericanas de Organizaciones no
Gubernamentales.
"Existe una gran concentración de medios en el país centroamericano y
este factor es determinante en el cerco informativo que el
gobierno ha tendido sobre las acciones represivas que tienen
lugar en Honduras", afirma un documento publicado la
semana pasada por la Misión Tripartita.
"La colusión entre la gran prensa, representantes de grandes
empresarios y las autoridades de facto ha operado como
elemento clave en la censura informativa", agrega el
informe.
El dirigente del movimiento internacional Vía Campesina, Rafael Alegría,
miembro también del Movimiento de Resistencia contra el
Golpe, dijo a IPS que la presencia de la CIDH "viene a
fortalecer nuestra lucha, porque estamos documentando todo
para decirle a la Comisión cómo se han violado los
derechos humanos en el país".
Luego de una asamblea para planificar nuevas actividades, Alegría indicó
que "vienen formas más creativas de protesta, pero no
dejaremos las calles, y esta semana debemos ser
contundentes, hay que ponerle alma, vida y corazón a
esto", arengó a sus seguidores.
Para el ministro del Interior del gobierno de Zelaya, Víctor Meza, el hecho
de que la Corte haya publicado la lista de personas con
medidas cautelares "es sinónimo de que la presión
internacional e interna en Honduras está teniendo
resultados satisfactorios".
A su juicio, casi 50 días después del golpe, el régimen que encabeza
Roberto Micheletti "empieza a dar signos de debilidad,
pues entre más represión efectúe contra el pueblo, más débil
se vuelve al ser incapaz de mantener un orden sin
violencia".
Meza dijo a IPS que la resistencia con "la gente en las calles es increíble
y nos indica una lectura que debe atender esta clase
dominante: que un nuevo movimiento social está surgiendo y
puede dar paso a una opción política partidaria
interesante".
Micheletti advirtió que esperaba "imparcialidad" en el informe de
la CIDH y prometió que "no vamos a ocultar nada".
Negociación
en Washington
El gobernante de facto anunció, además, que una comisión de su régimen
retornó este lunes a Washington, donde estuvo la semana
pasada, para continuar sus pláticas con miembros de la OEA
y funcionarios del gobierno de Estados Unidos en busca de
una salida a la crisis.
La delegación anunció que la semana pasada había conseguido "avances
sustanciales" tras entrevistarse con el secretario
general de la OEA, José Miguel Insulza en su residencia
privada, y flexibilidad para retomar las propuestas del
mandatario de Costa Rica, Óscar Arias, quien actuó como
mediador entre los golpistas y Zelaya.
Hasta ahora, esa iniciativa sólo ha contado con apoyo de Zelaya, pues el régimen
hondureño se resiste a aceptar su punto medular: el regreso
del mandatario a su cargo.
Arias propuso un retorno condicionado de Zelaya, con un gabinete de unidad
nacional, su renuncia expresa a cualquier intento de
reformar la Constitución, una amnistía para los delitos
políticos cometidos antes y durante el golpe de Estado, el
adelantamiento de los comicios generales previstos para
noviembre y la instalación de una comisión internacional
de notables para supervisar el proceso.
El golpe de Estado fue ejecutado por los militares y apoyado por un sector
importante del poder económico de este país, la Corte
Suprema y el Congreso legislativo.
La propuesta de amnistía está a estudio del Congreso, y sería aprobada si
las negociaciones concluyen con la aceptación de las dos
partes, afirman fuentes del régimen.
Vilma Morales, una de las integrantes de la comisión del gobierno de facto
que viajó a Washington, dijo a IPS que en esta segunda fase
se entrevistarían con algunos embajadores ante la OEA, para
preparar una visita que efectuarán varios cancilleres del
continente a Honduras "próximamente", en aras de
fortalecer una salida política a la crisis.
Aparentemente, las conversaciones en la capital estadounidense serían
cruciales. Está prevista la presencia de Zelaya, quien se
encuentra en Nicaragua, y del candidato presidencial del
gobernante Partido Liberal, Elvin Santos, quien fue
vicepresidente del depuesto mandatario antes de renunciar y
tomar distancia de su gobierno.
La embajada de Estados Unidos en Honduras comunicó el fin de semana que su
titular, el embajador Hugo Llorens, había salido del país
por "asuntos personales", negando rumores de que
había sido separado del cargo.
"Tengo entendido de que (Llorens) va a ser parte de esa negociación
crucial que se está dando" en Washington, dijo Meza.
Violencia en las calles, golpistas a Washington
Por Thelma Mejía
Inter Press Service (IPS), 13/08/09
Tegucigalpa.–
Delegados del régimen de Roberto Micheletti viajaron este
jueves a Estados Unidos en busca de apoyo, mientras en
ciudades de Honduras recrudece la represión contra
partidarios del retorno de Manuel Zelaya a la presidencia.
Golpizas y 40 detenidos es el saldo de los últimos dos días.
Integrantes de la comisión de Micheletti ante el mediador, el presidente
costarricense Óscar Arias, se reunirán con funcionarios
del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos
para dar su versión de lo ocurrido el 28 de junio, cuando
un centenar de militares desalojaron a balazos de su
residencia a Zelaya y lo sacaron del país en avión.
La propuesta de Arias a estudio de las partes, llamada Acuerdo de San José,
consta de 11 puntos condicionados al único asunto no
negociable que es el regreso a la presidencia de Zelaya,
aunque con poderes muy limitados. También se establece una
amnistía para los delitos cometidos en torno al golpe de
Estado.
La dirigencia política, según confiaron parlamentarios a IPS, estaría
anuente a darle a Zelaya y a su familia una amnistía política,
pero no a sus cercanos colaboradores a los que acusan de prácticas
de corrupción. Sobre los delitos perpetrados por golpistas
no se ha hablado.
Mientras, en las calles de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, en la región
norte, sendas manifestaciones multitudinarias convocadas el
miércoles y este jueves por el Frente Nacional Contra el
Golpe de Estado fueron fuertemente reprimidas por operativos
policíaco–militares.
La justificación de las autoridades uniformadas es que fue necesario para
detener hechos de violencias y saqueos contra comercios
considerados por los manifestantes de golpistas, la quema de
centros de comida rápida y el incendio de un autobús,
entre otros daños.
De la golpiza de la policía y los militares hacia quienes protestaban no se
escapó el diputado de la izquierdista Unificación Democrática
(UD), Marvin Ponce, quien fue intervenido quirúrgicamente
al presentar dos fracturas en su brazo que dañaron sus
tendones, según el reporte médico del centro clínico
privado donde fue atendido.
Pero tampoco escapó de la agresividad, aunque esta vez de los
manifestantes, uno de los vicepresidentes del Congreso
Nacional legislativo. Se trata del diputado
democratacristiano Ramón Velásquez, quien al salir para
tratar de dialogar fue objeto de algunos puntapiés en sus
nalgas y empujones, hasta que intervinieron dirigentes del
sindicato de maestros para separar.
El régimen de facto reimplantó el martes el toque de queda hasta la
madrugada del miércoles, mientras Micheletti arengaba por
cadena de radio y televisión que "había
concluido" su paciencia.
El portavoz de la policía, Danilo Orellana, dijo a IPS que producto de la
intervención policial–militar de la estatal Universidad
Pedagógica "Francisco Morazán", donde se alojan
manifestantes llegados del interior del país, se incautaron
22 bombas de fabricación casera y seis cargas de dinamita.
"Se procedió a detener a los cabecillas que las
resguardaban", expresó textualmente.
"Estas personas, unas 40, fueron detenidas y serán presentadas a los
tribunales, una vez que la fiscalía determine el delito,
pero quiero decirle que tenemos al menos 25 pruebas de
convicción que sustentan nuestros argumentos", añadió.
"Entre los detenidos se encuentra una persona de origen venezolano,
cuyos videos indican que participó de la quema de un
restaurante de comida rápida, así como de la destrucción
de vidrios en edificios", afirmó.
Rafael Alegría, uno de los coordinadores del movimiento de resistencia y
dirigente de la organización internacional Vía Campesina,
rechazó las imputaciones y señaló a IPS que son
"pruebas sembradas por la policía".
También aseguró que las protestas seguirán hasta el fin de semana y,
"aunque nos repriman, no vamos a retroceder porque no
somos vándalos, sino gente que queremos que este golpe de
Estado no quede impune y vuelva el presidente Zelaya al
poder y al gobierno".
El recurso de Washington
A todo esto, la delegación de Micheletti se propone "informar de la
receptividad que ha tenido en el país la propuesta de San
José para salir de la crisis". "Confiamos en que
de las negociaciones salgan importantes avances para la nación",
indicó Marcia Villeda, diputada del Partido Liberal (PL),
la agrupación por la que fue elegido Zelaya pero que lo ha
abandonado.
Además de Villeda, componen la misión Vilma Morales, ex presidenta del
Poder Judicial, el dirigente liberal Mauricio Villeda y el
empresario e integrante del Partido Demócrata Cristiano
Arturo Corrales Álvarez.
Sin entrar en detalles, Villeda indicó que la delegación tendrá contactos
con "altas personalidades" del Departamento de
Estado de Estados Unidos y con algunos senadores.
"Creemos que saldrán cosas positivas para la solución
de la crisis", acotó.
Extraoficialmente, IPS conoció que una de las opciones que se estarían
consultando gira en torno a la conformación de una tercería,
en el marco de la mediación, en la cual ni Zelaya ni
Micheletti regiría los destinos del país hasta enero de
2010, cuando asuma el gobierno que sería elegido en
noviembre.
Esta opción, comentaron las fuentes consultadas, "ha comenzado a ser
barajada en las últimas dos semanas, ante la polarización
cada vez más profunda en el país, y debido a que las
partes en conflicto han mostrado ya cierta
flexibilidad".
"Ahora de lo que se trata es de convencer a Zelaya, pero lo cierto es
que Washington por medio de su embajador en Honduras ha sido
claro en su mensaje de querer revertir la situación a antes
del golpe de Estado. Así lo ha dicho el embajador de
Estados Unidos (Hugo) Llorens a las elites del poder en el
país", confió una de las fuentes, que solicitó el
anonimato.
El cronograma electoral indica que los hondureños deberían concurrir a las
urnas el 29 de noviembre. La campaña, que había sido
convocada oficialmente en mayo pasado, arrancaría
formalmente el 31 de este mes, aunque la comunidad
internacional ha señalado como ilegítima esos comicios si
se concretan sin la reposición de Zelaya en la presidencia.
El miércoles Arístides Mejía, delegado de Zelaya ante la comisión
mediadora, declaró a la emisora capitalina HRN que el
depuesto gobernante "no tendría ningún deseo
personal" por volver al poder".
"El mismo presidente Zelaya no tiene ––según lo que he visto
yo–– ningún deseo personal de volver, él ya gobernó,
ya le faltaba poco para terminar. Él lo que está haciendo
es tratando de que se restablezca el orden democrático",
afirmó tras indicar que es necesario que las partes en
pugna se sienten a dialogar y negociar.
Mejía apuntó que el interés de Zelaya obedece más a la "presión de
la comunidad internacional por restablecer el orden democrático,
que al interés en sí mismo".
La visita de la delegación del gobierno ilegítimo de Micheletti se produce
a escasos 10 días de que una comisión de cancilleres de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) visite el país
para auscultar posibles opciones de salida a la crisis.
Asimismo, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
visitará Honduras desde el próximo lunes para evaluar la
situación de los derechos humanos, la libertad de expresión
y el acceso a la justicia, entre otros aspectos.
Carlos López Contreras, canciller del régimen golpista, declaró que un
equipo de asesores y expertos recopila los hechos que dieron
origen al golpe de Estado –"sucesión
constitucional" como la llama–– para "que se
conozca la verdad y en base a ese espíritu se llegue a los
acuerdos posibles y deseados".
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