A dos meses del golpe, se deteriora la economía

ABN, 27/08/09

A dos meses del golpe de Estado en Honduras que derrocó al presidente legítimo Manuel Zelaya, diferentes voces alertaron sobre el deterioro de la economía del país centroamericano, ahora en manos de un régimen de facto encabezado por el empresario Roberto Micheletti.

Retroceso del Producto Interno Bruto (PIB), el cual ronda los 14 mil millones de dólares, dificultad en materia de inversión pública, caída de reservas internacionales, trabas a las pequeñas y medianas empresas y aumento del desempleo son algunas de las consecuencias acarreadas en apenas 60 días.

A principios de agosto, el representante del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz, detalló que Honduras presentó un crecimiento de su PIB en torno a 5% anual en promedio hasta terminar 2007, pero esa tendencia favorable comenzó a girar el año pasado y este año en curso se estima que cerrará el balance con sólo 1,5% positivo.

Sobre este tema el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Edwin Araque, reconoció que la caída del producto interno bruto para 2009 será entre –2 a –1%.

El titular de la entidad financiera nacional advirtió que el gobierno de facto “está hundiendo la economía hondureña, al pueblo hondureño en más pobreza y más miseria”.

Para el presidente del Colegio de Economistas de Honduras (CEH), Manuel Bautista, el desplome de la economía se agravó con el golpe de Estado y todo indica “que, en vez de tener crecimiento económico, tendremos un decrecimiento estimado en 2,6%”.

En los primeros 30 días del régimen de facto se reportaron pérdidas del orden de 70 millones de dólares, según estimaciones preliminares del sector privado, todo lo cual afecta severamente al sector de servicios que representa 45 % del PIB, explicó el economista.

Como forma de repudio al golpe, los gobiernos de América Latina y de la Unión Europea (UE) bloquearon sus ayudas a la nación hasta que sea restituido el mandatario Zelaya.

Además, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suspendieron ayudas por 470 millones de dólares.

Al respecto, el titular del BCH remarcó que es imposible que Honduras siga fuera de la comunidad financiera internacional, porque es un país pobre y dependiente, por ello instó al régimen de facto a entregar la Presidencia.

Zelaya y el Alba

Es verdad que Honduras es uno de los países más pobres del continente y que durante la gestión del presidente Zelaya los cambios a favor de los humildes recién comenzaban a verse de forma muy progresiva.

Pero también es real que en una nación sumamente dependiente a Estados Unidos, no sólo en lo económico sino en lo militar, la adhesión a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) hizo explotar a la casta más poderosa.

La ministra de Finanzas del gobierno legítimo, Rebeca Santos, destacó que Honduras alcanzó en el trienio de la administración de Zelaya su nivel más bajo de inflación de los últimos 16 años y logró reducir los índices de pobreza en 10%.

La funcionaria reveló que esas medidas lastimaron el poderío económico de algunos empresarios como Micheletti, dueño de la empresa Transportes Urbanos (TUPSA), afectada cuando el mandatario constitucional logró bajar el precio de los combustibles, y exigió la disminución del costo del servicio público.

Sumado a la cruenta represión desatada por las fuerzas militares y policiales hondureñas, el régimen de facto busca ahora retirar al país del Alba, como lo confirmó días atrás el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Carlos Kattan.

Ese ámbito del Parlamento recibió la orden de analizar los documentos correspondientes a la suscripción con vistas a emitir el dictamen que avale la retirada del bloque regional, indicó el legislador.

El dirigente campesino Rafael Alegría recordó que los que componen el régimen de facto se opusieron desde el inicio a la participación hondureña en ese mecanismo.

El líder social señaló que gracias al Alba, el país recibía petróleo en condiciones favorables y sólo se pagaba el 60% de la factura por ese combustible, mientras los fondos restantes iban a un programa de desarrollo.

Por esta razón, Honduras tuvo acceso a 50 millones de dólares para programas de desarrollo agrícola y 100 millones con destino al fomento de las micro y pequeñas empresas, un dinero que está ahora en manos del gobierno de facto, explicó Alegría.

Crisis económica externa e interna

Tanto las reservas internacionales de Honduras como la vida cotidiana del país se ve afectada por el golpe de Estado, situación que repercute principalmente en la población, en los pequeños y medianos empresarios y en los productores.

El presidente del BCH aseveró que desde la implementación del régimen de facto comenzó a acelerarse una “caída drástica del nivel de las reservas monetarias internacionales”.

“Antes del golpe, el promedio del nivel de las reservas monetarias de Honduras era de dos mil 500 millones de dólares. Cinco semanas después del golpe, éstas se han reducido a un nivel de dos mil 150 millones”, explicó Araque.

Desde entonces se perdieron más de 300 millones de dólares, debido a la desconfianza y a la incertidumbre que impera en todos los sectores y en los inversionistas con respecto a la economía de la nación.

Analistas estiman que las reservas del Banco Central podrían alcanzar para tres meses y medio para la compra de importaciones.

El propio ministro de Industria y Comercio de facto, Benjamín Bográn, reconoció que Honduras acusa una disminución de la inversión del 20% y que “esto no sucedió por el clima de los últimos días. Ese es uno de los efectos del problema que tuvo el desenlace el 28 de junio”.

Con respecto a la pequeña y mediana empresa, el titular de la asociación nacional que las nuclea (ANMPI), Enrique Núñez, reveló que “se ha producido una baja muy fuerte en la demanda de nuestros bienes y servicios”.

Por esta razón, las empresas se vieron obligadas a reducir “drásticamente” la mano de obra que contrata, provocando un problema muy grave de desempleo, manifestó.

En Honduras existen alrededor 230 mil micro, pequeñas y medianas empresas, pero de estas 5% son microempresas que la ley define como aquellas que tienen entre 1 y 15 empleados.

Núñez manifestó que muchas de estas firmas despidieron hasta el 50% del personal, “porque simplemente no hay a quien venderle”.

Esta visión coincidió con la del dirigente de los pequeños empresarios de Tegucigalpa, Carlos Uclés, quien dijo que el ánimo de los productores del sector “está por lo suelos”, debido a las dificultades que se multiplicaron con el régimen de facto.

Núñez reveló que tras el golpe de Estado, se paralizaron los programas que el gobierno del presidente Zelaya había impulsado para ayudar a las pequeñas industrias, las cuales “eran muy importantes, porque teníamos ya políticas para el sector por primera vez en Honduras”.

Una de esas iniciativas consistía en destinar 2 mil millones de lempiras (unos 105 millones de dólares) para otorgar créditos a los micro y pequeños empresarios en condiciones muy favorables, incluidos intereses de 7% anual.

Según Núñez, esos recursos se hallaban ya en poder de los bancos, sin embargo, no se han empezado a otorgar los créditos, porque al sector financiero le interesa más colocar el dinero en créditos a otros sectores que pagan el 26% de intereses.

Si bien la ministra de Finanzas de facto, Gabriela Núñez, aseguró que los recursos ya están disponibles y que se empezarán a otorgar, los dirigentes del sector desconfían de la promesa y están casi seguros de que el dinero se empleará en dar crédito a las grandes empresas o en atender otras necesidades.

Núñez también recordó que el gobierno de Zelaya impulsó una reforma a la Ley de Mipymes que era de gran conveniencia para el sector y que ahora se encuentra paralizada en el actual Congreso, controlado por las autoridades de facto.

“Nuestra posición es que se debe restituir al presidente Manuel Zelaya, porque si la comunidad internacional no reconoce al presidente, no habrá cooperación extranjera y eso a los que afecta es a los pequeños no a los grandes que trabajan con sus propios recursos y los de los bancos”, argumentó Núñez.