Tegucigalpa, 2 de octubre.– La resistencia esperaba una buena noticia,
venida de sus contactos con el ejército. ¿Y? “Esos
chafas (militares) ahora dicen que los sectores (los
empresarios, en este caso) tienen miedo del regreso de José
Manuel Zelaya a la presidencia, que temen que convoque a la
Constituyente una vez reinstalado”.
Unos minutos después, sin gases lacrimógenos de por medio, la pequeña
marcha del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado
es disuelta, otra vez, por la policía. Todo lo contrario
sucede en una manifestación organizada por la Unión Cívica
Democrática, que convoca a sus seguidores frente a la
oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para
apoyar al gobierno golpista.
Tegucigalpa es un ir y venir de declaraciones en firme, versiones, rumores y
dedos flamígeros sobre “el diálogo que ya viene”, de
la mano de una comunidad internacional que, muy quitada de
la pena, los respalda y promueve con todo y estado de sitio
(aunque la suspensión de garantías, dicho sea de paso, se
aplica sobre todo contra los zelayistas).
Claro, como el gobierno de facto no ha abandonado la palabra “diálogo”
casi desde que se instaló en el poder, la fuente creíble
es John Biehl, el enviado del secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José
Miguel Insulza.
En su doble juego, el presidente “interino” Roberto Micheletti echó
hace unos días a los representantes de la OEA que ahora
recibe para que digan, en la voz de Biehl, que “va a haber
un llamado al diálogo… lo haría el gobierno en
ejercicio, y la otra parte lo aceptaría. Eso está
acordado”.
Por la noche, Micheletti revela dónde y con quién se tomó ese acuerdo:
acepta que se reunió con Insulza, el pasado martes, en
Palmerola, la base militar que Estados Unidos tiene en
territorio hondureño, 70 kilómetros al norte de la capital
hondureña.
¿Qué pasaría una vez instalada la mesa? Bueno, primero, que los chafas
pueden ir quitando las objeciones que atribuyen a “los
sectores”, toda vez que el presidente José Manuel Zelaya,
desde su refugio en la embajada de Brasil, ha hecho explícita
su renuncia a la idea de convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente, a cargo de redactar una nueva Constitución
para sustituir a la actual que, según el mediador y
presidente de Costa Rica, Óscar Arias, es la peor del
mundo.
“Es como si a uno le tratan mal a su madre”, resume la indignación
nacional el magistrado de la Corte Suprema Tomás Arita, el
mismo que firmó la orden de captura de Zelaya.
Merced esa declaración, el presidente Arias ha dejado de ser, en los medios
de comunicación locales, un respetabilísimo árbitro de la
crisis para convertirse en “el supuesto mediador”.
Ese ingrediente abre paso a lo que aquí llaman la “vía hondureña”,
aunque la plataforma de despegue sigue siendo el “acuerdo
de San José”, que en uno de sus puntos plantea la
renuncia a la Asamblea Constituyente.
Así lo recuerda el líder de los “liberales en resistencia”, Carlos
Eduardo Reina, quien a nombre de Zelaya dice a una emisora
radial que el presidente le dice adiós a la Constituyente.
Para no distanciarse totalmente de la resistencia al golpe
de Estado, el vocero de Zelaya asegura que la iniciativa
puede ser impulsada por otras fuerzas porque “es una
aspiración genuina del pueblo”.
Mel,
“un símbolo, pero no es definitorio”
El problema de Zelaya es que sus más aguerridos seguidores tienen la
Asamblea Constituyente como principal bandera. Su ventaja,
que la resistencia no está en los escarceos del diálogo.
“La negociación la lleva él”, dice uno de los
dirigentes, de pie junto a una manta que reza: “Elecciones
no, Constituyentes sí”.
“Zelaya es un símbolo, pero no es definitorio”, dice Salvador Zúñiga,
dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (Copinh). Zúñiga fue parte de la
primera delegación que, en representación de Zelaya,
asistió a las reuniones en San José, Costa Rica, y
pertenece a un sector de la resistencia que todavía busca
empujar la instalación de una “junta cívica de
gobierno” que en un plazo de seis meses convoque a una
Asamblea Constituyente “para realizar las reformas
profundas que requiere el país, un camino posible dada la
profunda crisis que vivimos”. Es lo que Zúñiga llama
“el mediano plazo”.
Porque en el corto, según informan los enviados de la OEA, la mesa de diálogo
podría instalarse antes de la programada visita, el 7 de
octubre, de una decena de cancilleres de países miembros
del organismo y de Insulza.
El punto de quiebre sigue siendo la restitución de Zelaya que demanda, al
menos formalmente, toda la comunidad internacional. A
diferencia de los diálogos de julio pasado, esta vez al
menos los candidatos a la primera magistratura y algunos
empresarios han abierto la posibilidad de que la reposición
de Zelaya en la presidencia ocurra. Pero Roberto Micheletti,
el mandatario de facto, los empresarios y “organizaciones
de la sociedad civil”, rechazan siquiera poner en la mesa
el tema.
Los aspirantes a la presidencia, naturalmente, están pensando en los
riesgos de ir a una elección cuyos resultados no serían
reconocidos por la mayoría de los países del mundo.
“Esa restitución (de Zelaya) es esencial para el retorno de la
democracia”, dice Biehl, el enviado de la OEA, quien ahora
ve que entre los grupos en conflicto “la parte pasional ha
dejado paso a mucha más racionalidad”.
La “racionalidad”, es de suponerse, pasa por la eliminación del estado
de sitio. Micheletti promete que el próximo lunes reunirá
a su consejo de ministros para tomar una decisión.
Estados Unidos, el padre; los hondureños, hijos en conflicto...
“Obama, te equivocaste de país. Ya no somos una banana republic”,
escribe la articulista Gloria Leticia Pineda, quien resume
en esas dos frases el discurso antiyanqui de los golpistas,
más motivado por la cancelación estadounidense de las
visas de funcionarios y empresarios que por otra cosa. El
desafío al imperio, sin embargo, dura un suspiro.
El senador estadounidense James DeMint y los representantes Aaron Schock,
Peter Roskam y Doug Lamborn vienen a darle respiración de
boca a boca a Micheletti y son recibidos por los golpistas
con los honores destinados a un jefe de Estado.
Los legisladores se reúnen con Micheletti y con todas las fuerzas vivas del
régimen de facto, incluyendo los dos candidatos
presidenciales con más posibilidades de ganar los comicios
programados para el 29 de noviembre.
Los candidatos, claro, cancelan actos de campaña para estar en la
importante cita y ofrecen una conferencia de prensa en la
Casa Presidencial.
“La presidencia de la república no vale una gota de sangre”, dice
Porfirio Pepe Lobo, aspirante del derechista Partido
Nacional, al recordar la frase que pronunciara hace cuatro años,
tras ser aceptar la victoria de José Manuel Zelaya en una
elección cuestionada. Lobo agrega que él y su partido
aceptarán la solución que surja del diálogo, aunque
precisa que “ninguna decisión forzada puede ser
conveniente para Honduras”.
A su lado derecho, el candidato del Partido Liberal, Elvin Santos, se
declara partidario del diálogo pero rechaza un acuerdo por
encima de la Constitución.
El mensaje principal de los dos más importantes aspirantes es que las
elecciones, que la comunidad internacional en general
rechaza reconocer, son “la solución y no parte del
problema”.
El entusiasmo dura poco. Seis congresistas estadounidenses demócratas le
envían una carta al presidente del Congreso hondureño,
Alfredo Saavedra, en la que, de entrada, le recuerdan que
los visitantes republicanos, que son minoría en el Congreso
de Estados Unidos, plantearon al gobierno de facto una
posición muy distinta de la que tiene el gobierno del
presidente Barack Obama.
“Consideramos que el golpe de Estado contra el presidente Zelaya fue
inconstitucional; que la ausencia de un mandatario legítimo,
las violaciones de los derechos humanos y la restricción de
las libertades civiles son inaceptables”, dice la carta
firmada por los legisladores James P. McGovern, Bill
Delahunt, Janice Schakowsky, Sam Farr, Gregory Meeks y
Xavier Becerra.
“Estas condiciones imposibilitan elecciones justas y libres en
noviembre”, continúan los congresistas, quienes demandan
a Roberto Micheletti permitir la restitución de Zelaya bajo
el acuerdo de San José y avisan que “si el gobierno de
facto sigue dilatando este proceso, urgiremos a nuestro
gobierno a no reconocer sus elecciones próximas”.
La rabia de los desvisados puede agregar a los legisladores demócratas a
los obuses que dirige contra el embajador de Estados Unidos
en Tegucigalpa, Hugo Llorens, a quien aquí han acusado de
ser aliado de Zelaya (los golpistas), de haber tramado el
golpe o al menos haber estado al tanto (los zelayistas) e
incluso de negligencia por no haber informado al
Departamento de Estado lo que se preparaba (el comisionado
nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio).
La articulista Pineda, otra vez, resume el ánimo contra Llorens, a quien
acusa de haber destruido la imagen que los hondureños tenían
de Estados Unidos. “Esta imagen la ha perdido para
siempre, pues nunca un aliado toma partido contra una de las
partes, de la misma manera que un padre evita tomar lado
cuando tiene a sus hijos en un conflicto”.
La carta será seguramente ignorada en los medios de comunicación locales,
los que en cambio destacan la amenaza de Micheletti al
embajador de España, a quien advierte que no se atreva a
regresar al país centroamericano porque lo volverán a
echar.
Al parecer, el mandatario de facto necesita echar bronca a alguien todos los
días. Ahora le toca al presidente del gobierno español, el
socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de ser ilustrado:
“Honduras no es potrero”.
