Tegucigalpa.–
Las negociaciones para una salida de la crisis política de
Honduras siguen en la incertidumbre, pero podrían cobrarse
una víctima nada menor: la restitución del depuesto
presidente Manuel Zelaya en su cargo.
Uno
de los dos reclamos centrales del movimiento social contra
el golpe de Estado del 28 de junio, la convocatoria a una
asamblea constituyente, ya fue descartado por los delegados
de Zelaya y del presidente de facto, Roberto Micheletti, que
discuten en una mesa de diálogo instalada la semana pasada.
El
retorno de Zelaya a la Presidencia, reivindicación central
del movimiento contra el golpe y punto medular de la
propuesta efectuada en julio por el presidente de Costa
Rica, Óscar Arias, sigue sin resolverse.
"Hemos
logrado consensuar un texto único que será sometido a la
discusión y análisis del presidente Manuel Zelaya Rosales
y del señor Roberto Micheletti", dijo el ministro de
Gobernación de Zelaya, Víctor Meza, al término de una
reunión entre los delegados de las dos partes.
Pero
un comunicado de los delegados de Micheletti sostuvo poco
después que "el diálogo sobre este punto (la
restitución de Zelaya) ha sido cordial y ambas partes hemos
alcanzado importantes avances. Sin embargo, hasta este
momento no hay ningún acuerdo final en torno a este
punto".
Otro
de los aspectos planteados por Arias, la amnistía para los
delitos políticos cometidos desde el día del golpe, también
parece haber quedado por el camino.
Esta
decisión, dijeron a IPS fuentes políticas y jurídicas,
podría indicar que las partes aceptan que no se cometió
delito el 28 de junio, cuando militares coparon la casa del
presidente, lo sacaron en pijama y a punta de pistolas de su
cama y lo pusieron en un avión rumbo a Costa Rica.
"La
amnistía tiene varias aristas, si la incorporo es porque
creo que hubo delito, pero si el acto ejecutado fue
constitucional, no hay sentido de incorporación ni de
restitución", dijo a IPS el abogado y ex ministro de
Trabajo, Germán Leitzelar.
"Por
la vía de que no hay restitución, no hay delito y no hay
amnistía, lo cual no exonera a las partes de los procesos
de delitos comunes que se puedan suscitar a futuro",
acotó.
En
su opinión, el verdadero proceso de negociación se
"inicia a partir de este día, cuando empiece a
abordarse el contexto jurídico para enfocar este tema, pues
deben buscarle una salida política y legal a la
crisis".
La
comisión bipartita había informado el martes que las
negociaciones habían avanzado en 90 por ciento, tomando
como base los 12 puntos de la propuesta de Arias, que incluía
el retorno condicionado de Zelaya a la primera magistratura,
la conformación de una comisión de la verdad y otra de
verificación de los acuerdos, así como una amnistía política
y la renuncia del mandatario a instalar una asamblea
nacional constituyente.
"Nosotros
no hemos pedido amnistía porque no la necesitamos, eso está
descartado de este diálogo, porque la salida a la crisis se
resuelve con la restitución del presidente Zelaya",
dijo Mayra Mejía, representante del mandatario en las
conversaciones.
Mientras,
Vilma Morales, una de las negociadoras por el régimen de
Micheletti, sostuvo que ambas partes acordaron no incluir la
figura de la amnistía ni el llamado a una constituyente. De
la propuesta de Arias, la comisión negociadora encontró
acuerdos en torno a la conformación de un gabinete de
integración nacional con representantes de los partidos políticos
legalmente inscritos, la instalación de una comisión de la
verdad sobre los hechos previos y posteriores al 28 de
junio, una comisión de verificación nacional y la
convocatoria a elecciones generales el 29 de noviembre.
El
martes, la delegación de Zelaya sustituyó a uno de sus
miembros, el dirigente sindical Juan Barahona, uno de los
principales líderes del Frente Nacional de Resistencia
contra el Golpe de Estado, por el abogado y dirigente del
gobernante Partido Liberal, Rodil Rivera.
Barahona
dijo a IPS que su salida de la comisión negociadora no
"tiene nada que ver con una división en el Frente, al
contrario, se produce porque como Frente de Resistencia no
podíamos firmar acuerdos en los cuales se renuncia a una
asamblea constituyente, y al no aceptar la comisión del
lado de los golpistas una firma bajo reserva, decidimos
salir para no obstaculizar el diálogo".
Si
Zelaya a cambio de ser restituido renuncia a promover un
proceso constituyente, "nosotros lo entendemos, pero al
día siguiente de que se instale en el cargo, nosotros
estaremos en la calle exigiendo este derecho porque aquí
nadie se rinde", agregó.
A su
vez, Meza dijo que la salida de Barahona "fue
consensuada, no hay ningún cisma, pero hay que tener claro
que las negociaciones son entre dos partes, el presidente
Zelaya y la gente que representa a Micheletti. En este
sentido, el Frente de Resistencia no tenía representación
aquí, porque las negociaciones son entre dos partes y no
tres".
Para
el analista Jorge Yllescas, "las distancias entre
Zelaya y 'la resistencia' empiezan a marcarse, y hoy la
negociación ha quedado en manos de políticos, dejando de
lado al movimiento social, y eso es claro".
El
hecho de haber eliminado la amnistía de la negociación
"no deja de dar cierto alivio, pues el temor
generalizado es que bajo esta figura se aprobara mayor
impunidad", dijo a IPS Yllescas, miembro de Mirador
Electoral, una coalición de organizaciones civiles que
monitorea el proceso comicial.
"Al
no querer las dos partes que se considere este aspecto, es
claro que el ex presidente Zelaya tácitamente acepta que su
restitución es improbable porque no hubo delito al
sacarlo", conjeturó.
El
ex juez Roberto Velásquez dijo a IPS que se fortalecía la
opción de una salida que implique dejar la Presidencia en
manos de una tercera persona.
"Es
probable que Micheletti anuncie su renuncia y Zelaya también,
como se ha propuesto. Entonces, el poder lo asumiría, por
ley, el titular del Poder Legislativo, para darle así una
salida política y legal a la crisis", opinó.
El
gobierno que asuma en enero de 2010, enfrentará numerosos
juicios en los tribunales y, "a lo mejor, (los
negociadores) piensan en un indulto a futuro, una vez
entablados los procesos. Todo es posible dentro de esa
negociación política".
Zelaya,
que permanece desde el 21 de septiembre en calidad de huésped
en la embajada de Brasil, dijo a la prensa que si no era
restituido antes de las elecciones, podía denunciar a los
golpistas ante tribunales internacionales y demandar
sanciones más severas contra el Estado.
Las
Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos
y otros organismos regionales y multilaterales condenaron el
golpe y adoptaron varias medidas contra el régimen hondureño,
que soporta un aislamiento internacional sin precedentes en
la historia de este país.
