Tegucigalpa, 6 de noviembre.-
Los golpistas dicen que el mundo los ha condenado porque nadie sabe lo que
ocurría realmente en Honduras antes del 28 de junio. Cuando la opinión
mundial creyó saberlo, la semana pasada, que festejó la firma de un acuerdo
que, según medios de todo el planeta, ponía fin a más de cuatro meses de
crisis, resultó que los golpistas tenían razón: el mundo no sabe lo que
sucede en Honduras.
¿De qué otra manera
explicar que una semana después de la firma del acuerdo Tegucigalpa/San José,
Estados Unidos se sienta “decepcionado” y la Organización de Estados
Americanos (OEA) “deplore” la “interrupción” del cumplimiento del
acuerdo?
Desde Washington, el
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, invita a Roberto
Micheletti y a José Manuel Zelaya a ponerse de acuerdo en el gobierno de
“unidad y reconciliación” que “naturalmente deberá presidir la persona
que fue electa por el pueblo hondureño para ejercer el cargo de presidente de
la república”.
La Unión de Naciones
Sudamericanas (Unasur) demanda la “restitución inmediata” de Zelaya y los
cancilleres de América Latina y el Caribe condenan la conformación
unilateral, por el golpista Micheletti, del gabinete de “unidad nacional”.
El presidente de facto ni se
inmuta. La noche cae en medio de avisos de la “inminente” presentación
del nuevo gabinete y de amenazas contra los que se atrevan a boicotear el
proceso electoral.
Para efectos prácticos, la
única opinión que le importa al gobierno de facto es transmitida una y otra
vez por el canal oficial de televisión: una entrevista con el hasta hoy
subsecretario de Estado estadounidense, Thomas Shannon, que dice que la
restitución, o no, del presidente Zelaya es un “asunto de los hondureños”.
Los noticieros de los canales privados también la repiten sin descanso.
Micheletti se presenta en la
televisión con renovados bríos, feliz, acompañado de todos sus
funcionarios, los que se irán y los que se quedarán, pues incluso su oficina
desliza cuáles son las carteras en las que no habrá cambios: ministerios de
la Presidencia, Relaciones Exteriores, Finanzas, Agricultura, Defensa y
Seguridad.
A 23 días de su celebración,
las elecciones son el tema que ocupan los titulares y los mayores espacios en
todos los medios. El gobierno golpista y los empresarios de medios que lo
apoyan, no tienen duda: Estados Unidos reconocerá los comicios. Los demás países
del mundo ocupan un distante segundo sitio en sus prioridades.
La confianza de los
zelayistas, y del mundo que celebró el acuerdo hace una semana, estaba puesta
en la existencia de “dos acuerdos, uno escrito y otro privado”, explicaba
tres días después de la firma el diputado Marvin Ponce, del partido
Unificación Democrática. “Los empresarios y los políticos que orquestaron
el golpe aceptaron la restitución de Zelaya, porque de lo contrario se volvería
a un punto cero. Ahora veremos si hay voluntad política”.
El Congreso recibió el
documento, firmado el jueves 30 de octubre, el lunes 2 de noviembre. Su mesa
directiva, controlada por diputados de Micheletti, decidió realizar
consultas, sin estar obligado, con la Corte Suprema y tres instituciones. Los
jueces recibieron la solicitud hasta el jueves 5. “Hemos actuado con la
mayor diligencia”, dice el presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra.
No a
legitimar el fraude
“Las medidas aprobadas en
el acuerdo son claras y fueron suscritas por la libre voluntad de las partes.
Espero que sin más subterfugios se cumplan para restablecer la democracia, la
legitimidad institucional y la convivencia entre los hondureños”, afirma
Insulza en un comunicado emitido en la capital de Estados Unidos.
Aquí no lo ven así. “No sé
por qué firmaron eso, dejaron muchos flancos abiertos”, dice uno de los líderes
de la resistencia, cabizbajo, con un rostro que revela el estado de ánimo de
los zelayistas que hoy siguen en las calles, en su jornada 131 desde el golpe
de Estado.
El Frente de Resistencia se
reúne una vez más frente al Congreso que no se reúne, y luego unas mil 500
personas marchan a las inmediaciones de la embajada de Brasil, donde se halla
refugiado el presidente Zelaya.
“No quiero para mi país
elecciones tipo Afganistán”, dice el mandatario constitucional a Radio
Globo. “No estoy dispuesto a legitimar un fraude, ni a legitimar una
imposición ni a blanquear este golpe de Estado”.
En las calles, sus seguidores
radicalizan el discurso: “No se trata sólo de no ir a votar. Así como nos
quitaron las urnas (de la consulta sobre la Asamblea Nacional Constituyente)
el 28 de junio, hay que quitárselas también”, dice el líder indígena
Salvador Zúñiga.
Aunque parte de los
zelayistas, especialmente los miembros del Partido Liberal, mantienen la idea
de “no dejarles todo el pastel a los golpistas”, las organizaciones más
activas de la resistencia han decidido no avalar “la farsa electoral”. A
partir de este día “queda prohibido que entren políticos a nuestros
barrios y comunidades y vamos a prohibir que instalen las mesas de votación”,
dice Zúñiga.
Zelaya, por su lado, afirma
que “el acuerdo ya no tiene ningún valor” y lo da por fracasado. Sus
representantes, sin embargo, mantienen reuniones con funcionarios de la OEA,
aunque sin muchas esperanzas de una salida.
El presidente se apaña otra
vez de la comunidad del continente. “Que ellos tomen las decisiones que
estimen convenientes”, dice de los miembros de la OEA.
Pero la voz que más importa,
se mantiene en el discurso que favorece a los golpistas. Ian Kelly, vocero del
Departamento de Estado, insta a las partes a sentarse nuevo a la mesa y
reparte regaños.
“Un gobierno decidido
unilateralmente… no es un gobierno de unidad”, dice de la jugada de
Micheletti. “Necesitan sentarse y dialogar de nuevo. Deben dejar de hacer
pronunciamientos extremos como que ‘el acuerdo está muerto’”, suelta
contra Zelaya. “Estamos decepcionados con ambas partes por no seguir este
camino bien delineado”, remata.
Eso sí, confirma que
Washington está dando asistencia técnica para las elecciones del 29 de
noviembre, que se mantendrá en tanto “las partes respeten e implementen
este acuerdo, paso por paso”.