Tegucigalpa, 6 de noviembre.- Los golpistas dicen que el mundo los ha condenado porque nadie sabe lo que ocurría realmente en Honduras antes del 28 de junio. Cuando la opinión mundial creyó saberlo, la semana pasada, que festejó la firma de un acuerdo que, según medios de todo el planeta, ponía fin a más de cuatro meses de crisis, resultó que los golpistas tenían razón: el mundo no sabe lo que sucede en Honduras.

¿De qué otra manera explicar que una semana después de la firma del acuerdo Tegucigalpa/San José, Estados Unidos se sienta “decepcionado” y la Organización de Estados Americanos (OEA) “deplore” la “interrupción” del cumplimiento del acuerdo?

Desde Washington, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, invita a Roberto Micheletti y a José Manuel Zelaya a ponerse de acuerdo en el gobierno de “unidad y reconciliación” que “naturalmente deberá presidir la persona que fue electa por el pueblo hondureño para ejercer el cargo de presidente de la república”.

La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) demanda la “restitución inmediata” de Zelaya y los cancilleres de América Latina y el Caribe condenan la conformación unilateral, por el golpista Micheletti, del gabinete de “unidad nacional”.

El presidente de facto ni se inmuta. La noche cae en medio de avisos de la “inminente” presentación del nuevo gabinete y de amenazas contra los que se atrevan a boicotear el proceso electoral.

Para efectos prácticos, la única opinión que le importa al gobierno de facto es transmitida una y otra vez por el canal oficial de televisión: una entrevista con el hasta hoy subsecretario de Estado estadounidense, Thomas Shannon, que dice que la restitución, o no, del presidente Zelaya es un “asunto de los hondureños”. Los noticieros de los canales privados también la repiten sin descanso.

Micheletti se presenta en la televisión con renovados bríos, feliz, acompañado de todos sus funcionarios, los que se irán y los que se quedarán, pues incluso su oficina desliza cuáles son las carteras en las que no habrá cambios: ministerios de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Finanzas, Agricultura, Defensa y Seguridad.

A 23 días de su celebración, las elecciones son el tema que ocupan los titulares y los mayores espacios en todos los medios. El gobierno golpista y los empresarios de medios que lo apoyan, no tienen duda: Estados Unidos reconocerá los comicios. Los demás países del mundo ocupan un distante segundo sitio en sus prioridades.

La confianza de los zelayistas, y del mundo que celebró el acuerdo hace una semana, estaba puesta en la existencia de “dos acuerdos, uno escrito y otro privado”, explicaba tres días después de la firma el diputado Marvin Ponce, del partido Unificación Democrática. “Los empresarios y los políticos que orquestaron el golpe aceptaron la restitución de Zelaya, porque de lo contrario se volvería a un punto cero. Ahora veremos si hay voluntad política”.

El Congreso recibió el documento, firmado el jueves 30 de octubre, el lunes 2 de noviembre. Su mesa directiva, controlada por diputados de Micheletti, decidió realizar consultas, sin estar obligado, con la Corte Suprema y tres instituciones. Los jueces recibieron la solicitud hasta el jueves 5. “Hemos actuado con la mayor diligencia”, dice el presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra.

No a legitimar el fraude

“Las medidas aprobadas en el acuerdo son claras y fueron suscritas por la libre voluntad de las partes. Espero que sin más subterfugios se cumplan para restablecer la democracia, la legitimidad institucional y la convivencia entre los hondureños”, afirma Insulza en un comunicado emitido en la capital de Estados Unidos.

Aquí no lo ven así. “No sé por qué firmaron eso, dejaron muchos flancos abiertos”, dice uno de los líderes de la resistencia, cabizbajo, con un rostro que revela el estado de ánimo de los zelayistas que hoy siguen en las calles, en su jornada 131 desde el golpe de Estado.

El Frente de Resistencia se reúne una vez más frente al Congreso que no se reúne, y luego unas mil 500 personas marchan a las inmediaciones de la embajada de Brasil, donde se halla refugiado el presidente Zelaya.

“No quiero para mi país elecciones tipo Afganistán”, dice el mandatario constitucional a Radio Globo. “No estoy dispuesto a legitimar un fraude, ni a legitimar una imposición ni a blanquear este golpe de Estado”.

En las calles, sus seguidores radicalizan el discurso: “No se trata sólo de no ir a votar. Así como nos quitaron las urnas (de la consulta sobre la Asamblea Nacional Constituyente) el 28 de junio, hay que quitárselas también”, dice el líder indígena Salvador Zúñiga.

Aunque parte de los zelayistas, especialmente los miembros del Partido Liberal, mantienen la idea de “no dejarles todo el pastel a los golpistas”, las organizaciones más activas de la resistencia han decidido no avalar “la farsa electoral”. A partir de este día “queda prohibido que entren políticos a nuestros barrios y comunidades y vamos a prohibir que instalen las mesas de votación”, dice Zúñiga.

Zelaya, por su lado, afirma que “el acuerdo ya no tiene ningún valor” y lo da por fracasado. Sus representantes, sin embargo, mantienen reuniones con funcionarios de la OEA, aunque sin muchas esperanzas de una salida.

El presidente se apaña otra vez de la comunidad del continente. “Que ellos tomen las decisiones que estimen convenientes”, dice de los miembros de la OEA.

Pero la voz que más importa, se mantiene en el discurso que favorece a los golpistas. Ian Kelly, vocero del Departamento de Estado, insta a las partes a sentarse nuevo a la mesa y reparte regaños.

“Un gobierno decidido unilateralmente… no es un gobierno de unidad”, dice de la jugada de Micheletti. “Necesitan sentarse y dialogar de nuevo. Deben dejar de hacer pronunciamientos extremos como que ‘el acuerdo está muerto’”, suelta contra Zelaya. “Estamos decepcionados con ambas partes por no seguir este camino bien delineado”, remata.

Eso sí, confirma que Washington está dando asistencia técnica para las elecciones del 29 de noviembre, que se mantendrá en tanto “las partes respeten e implementen este acuerdo, paso por paso”.