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Orlando
junto a su compañera Thelma (agosto 2006) |
Desde
el Partido Socialista de las y los Trabajadores nos
solidarizamos completamente con el compañero Orlando
Barrantes, militante del Movimiento de Trabajadores y
Campesinos (MTC) y dirigente de CONATRAB (Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros), quien actualmente
está siendo procesado por su supuesta participación en el
secuestro de cuatro oficiales de policía durante una
jornada de lucha en la provincia de Limón a inicios de la década
del 2000.
La
fiscalía pide una condena de 60 años de prisión, y por el
tipo de delito no gozaría de la libertad condicional. Vale
destacar que esta no es la primera vez que este juicio se
llevaría a cabo, puesto que en julio del 2005 ese mismo
proceso fue anulado, pero la burguesía costarricense y sus
lacayos en el poder judicial parecen no querer dejar pasar
la oportunidad de mandar a prisión a un dirigente popular a
modo de “escarmiento público” contra el conjunto del
movimiento sindical y popular costarricense.
El
actual proceso contra el compañero Orlando Barrantes no es
un caso aislado, sino que se inscribe en una política de
sistemática criminalización de la protesta social que se
viene desarrollando en Costa Rica desde hace varios años.
Desde
el PST y la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie
nos ponemos en la total disposición de colaborar con la
compaña en solidaridad con Orlando Barrantes.
Compañeras,
compañeros, en Costa Rica y en donde se encuentren:
El
próximo lunes 22 de febrero el Ministerio Público y la
Fiscalía de la República de Costa Rica llevan otra vez a
juicio (ya van cinco veces) a Orlando Barrantes por hechos
sucedidos hace 10 años. Lo acusan de amarrar cinco policías
durante una huelga y de retenerlos varias horas y luego
arreglar un intercambio de rehenes con el gobierno. Eso lo
califica el Ministerio Público y la Fiscalia como secuestro
extorsivo, con pena de hasta 60 años de cárcel, según el
Código Procesal Penal.
Los
cargos son falsos. Orlando Barrantes nunca participó en
esos hechos ni estaba presente en el lugar.
La
acusación es política. Cualquiera puede leer la acusación
original. El Ministerio Público y la Fiscalía insisten, y
han sido muy reiterativos en los debates realizados durante
los diferentes juicios a que ha sido sometido, en su condición
de dirigente social. Lo acusan de organizar a las personas
para que exijan sus derechos ante el gobierno, como si la
Constitución Política no resguardara ese derecho legítimo
que tenemos los costarricenses. Para el Ministerio Público
costarricense es un delito protestar, es un delito quejarse
ante el gobierno, es un delito pedir soluciones reales para
la gente pobre. Ninguna razón válida tiene el Ministerio Público
para acusar a Orlando Barrantes y mucho menos para pedir cárcel
para su persona.
Pareciera
que lo que busca el Ministerio Público y su Fiscalía, al
igual que en el caso del compañero Carlos Arguedas, también
llevado a juicio la próxima semana en Siquirres, es
meterles miedo a las personas para que no defiendan sus
derechos. Lo que buscan es “sentar” precedentes, como si
no viviéramos en un estado costarricense cuya fortaleza es
más bien, históricamente, el derecho que hemos tenido para
opinar, para hablar, para expresar disidencias, para
protestar.
El
Ministerio Público y su Fiscalía basan su horror jurídico
en el falso testimonio de dos policías, uno abogado y el
otro jefe policial, quienes intentan tapar sus propios e
inexcusables errores del día de los hechos lanzando
cortinas de humo y queriendo desviar hacia el compañero
Orlando la atención de sus actos irresponsables, como lo
vamos a demostrar durante el juicio.
El
Ministerio Público, en cambio, ignora la abundante y sólida
prueba testimonial que brindan importantes funcionarios públicos
quienes aseguran vehemente que Orlando Barrantes no tuvo
nada que ver con los hechos relacionados con el juicio.
Vamos
a demostrar con prueba incuestionable la equivocada posición
del Ministerio Público y la Fiscalía, para terminar de una
vez por todas con 10 años de persecución inexcusable en un
estado de derecho como el costarricense.
El
anterior es el contexto exacto del juicio. No hay otro.
En
un juicio anterior Orlando Barrantes fue condenado a dos años
de cárcel, recalificando los jueces el delito de secuestro
extorsivo a privación de libertad. Por mala asesoría jurídica
y la no presentación de algunos testigos claves, Orlando
Barrantes tuvo una pésima, malísima defensa. Esa fue
nuestra “culpa”, que estamos corrigiendo en este nuevo
proceso.
Posterior
a la condena de Orlando, la Fiscalía recurrió a Casación,
instancia superior que anuló el juicio y la condena y ordenó
realizar uno nuevo. Este es el que inicia el lunes 22. Un
recurso de apelación ante esa instancia presentado por la
defensa de Orlando, con nueva y precisa prueba testimonial,
ni siquiera lo conoció la Sala Tercera, a pesar del
resolución con acatamiento obligatorio de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de las
segundas instancias.
Ayer
martes 16 se llevó a cabo una reunión con los dos abogados
de nuestra defensa y elaboramos una estrategia precisa
basada en la abundante prueba testimonial a favor de Orlando
Barrantes.
El
resultado de esta reunión de ayer fue bastante positivo, y
nos llena de optimismo. Se decidió entre otras cosas que
Orlando y el equipo de personas que lo acompañamos, se
dedique a tiempo completo a garantizar los testigos de la
defensa, que están dispersos entre San José y la zona atlántica.
A
diferencia de otros años, en donde existían conflictos
sociales, como en el 2000 en el que se dan los hechos que
provocan el juicio (combo del ICE, movilizaciones
campesinas, etc), y el año en que lo condenan 2007 (en
medio de la lucha contra el TLC), hay que reconocer que ya
no hay sobre el juicio la presión política de entonces
(aunque nunca se sabe, la verdad). El problema aquí
pareciera que es el Ministerio Público y su Fiscalía, para
los cuales no hay contexto ni razones que valgan.
El
principio penal que establece que ante duda razonable no se
puede condenar al imputado (indubio pro reo), junto con la
prueba que estaremos aportando durante el debate, son los
dos elementos sobre la que los jueces deben basar una
absolutoria clara y contundente.
Hacemos
un llamado vehemente para que ustedes y sus organizaciones
nos comuniquemos con respeto con el Licenciado Francisco
Dallanesse, Fiscal General de la República, para que
conozca de este caso y nos reciba en audiencia antes del
lunes 22 de febrero.
Estamos
seguros de que el Fiscal General pondrá mucha atención a
nuestros argumentos, especialmente porque hay un aspecto de
fondo en este juicio sobre el que ni el Ministerio Público
ni la Fiscalia se han pronunciado y ni siquiera
aparentemente valorado: cualquier proceso penal resuelto del
año 2004 para acá es nulo, porque existe un desacato del
Estado costarricense a la resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre recursos de apelación
(segunda instancia). El asunto es más grave aún en el caso
de Orlando Barrantes: su recurso de apelación presentado a
la Sala Tercera ni siquiera fue conocido por ese órgano,
irrespetando en forma concreta y especifica esta resolución
de la Corte Interamericana.
Ante
este panorama, ahora podemos afirmar con toda seguridad que
el juicio en contra de Orlando Barrantes que inicia el 22 de
febrero está viciado de nulidad.
La
confianza y fortaleza con que estamos enfrentando este nuevo
juicio se basa sin duda en el enorme apoyo que estamos
recibiendo de la gente acá en la zona atlántica y en todo
el país, esa gente con la que hemos dado luchas para que
viva en casas decentes, de esa gente que vive en las
comunidades que han estado con nosotros en defensa del
derecho a la salud pública, de los trabajadores bananeros
afectados por el nemagón que durante 30 años nadie los
escuchó, de los indígenas que trabajan en la defensa de
sus derechos de acuerdo a lo que establece el Convenio 169
de OIT y la Resolución de las Naciones Unidas sobre los
Pueblos Indígenas, de las artesanas que luchan día a día
por su sustento, de los jóvenes que participan en nuestros
programas por una vida mejor y por oportunidades de empleo,
de las mujeres y niños y niñas que son víctimas de agresión
física y psicológica, de los agricultores que tiene ya su
parcela. En fin, de la gente más necesitada de nuestro país.
Y
también nos da mucha fortaleza y confianza tener siempre
presente la más absoluta seguridad de que Orlando Barrantes
jamás cometió ese delito de secuestro extorsivo por el que
lo acusa y persigue despiadadamente el Ministerio Público y
su Fiscalía desde hace 10 años.
Orlando
Barrantes no tiene nada de que avergonzarse en este caso,
sino más bien estamos convencidos de que, al igual que el
compañero Carlos Arguedas, Orlando está siendo llevado a
juicio porque defiende la causa de los más pobres, de los
desprotegidos, del ambiente, de los que no tienen voz, de
los que sufren por su pobreza.
Comité
de Apoyo (Equipo Coordinador)
José
Daniel Corrales
Dorian Valladares
Eugenia Madrigal
Hugo Vargas
Mauricio Barquero
Gerardo Soto
Teléfonos:
8897 7235 - 8856 6792 – 8811
9743 - 8863 1556