San Juan, Puerto Rico.- La credibilidad y las estrategias del Gobierno quedaron maltrechas con la apabullante victoria estudiantil que paralizó todo el sistema de la Universidad de Puerto Rico y sorprendió con su superioridad tecnológica y judicial, su disposición a resistir las fuerzas policiales y un modelo de democracia directa que hizo lucir mal a la institucionalidad política nacional.

Luego de sufrir pérdidas que el propio Gobierno calcula en 305 millones de dólares en la lucha frustrada contra los estudiantes, la jefatura universitaria tuvo que acceder a todas las demandas económicas de los huelguistas y posponer el plan urdido en enero de 2009 en el Palacio de Santa Catalina por el entonces recién inaugurado gobernador Luis Fortuño para que el Estado se quedara con todo el aumento en el subsidio que Estados Unidos envía para los estudiantes.

“¡Victoria, victoria, victoria para la historia!”, coreaban cientos de estudiantes que llegaron poco antes de la medianoche al Centro Judicial de San Juan tras conocerse que nueve de los trece miembros de la Junta de Síndicos de la UPR se habían virado contra su presidenta, Ygrí Rivera, para avalar el acuerdo con el Comité Negociador Nacional. Las intensas negociaciones a través de un mediador fueron impuestas por el tribunal el viernes pasado, después de las últimas intentonas del Gobierno de usar las temibles divisiones anti motines de la Policía Nacional en el conflicto que la jefatura universitaria tildaba de ilegal.

Sin embargo, la noche del miércoles –ya perdidos todos los puntos económicos- el Gobierno aceptó que “no formulará cargos a estudiantes y miembros de la comunidad universitaria que en el ejercicio de sus derechos constitucionales legítimos a la libertad de expresión y asociación hayan participado de la huelga, marchas, mítines, piquetes o cualquier otra actividad legal relacionada con la misma y realizado en cualquier predio de la Universidad de Puerto Rico”. De hecho, aún para los casos que hubiere en que se imputen daños u otra actividad delictiva, el Gobierno se comprometió a no imponer castigos sumarios y seguir el más estricto debido proceso de ley en los foros administrativos.

La mención a “miembros de la comunidad universitaria” tiene en este caso la importancia particular de proteger a profesores y otros empleados –en especial los que no tienen plaza fija- de cancelación de sus contratos, pues ahora tendrían posibles causas de acción legal por violación a los derechos civiles. El asunto se remonta a la huelga estudiantil de 1973, cuando luego de tener que negociar con los estudiantes el Gobierno procedió a despedir 70 profesores que habían apoyado el movimiento.

En los cruciales temas económicos, los huelguistas lograron mantener que los estudiantes que tienen exención de matrícula sigan recibiendo la beca que envía EEUU, prohibir las alianzas con el sector privado para privatizar instalaciones universitarias, y, sobre todo, que en agosto no se impondrán cuotas, con las que se pretendía aumentar los costos de matrícula. En ese último punto, el Gobierno dejó claro en el documento que “la Junta de Síndicos considera que será necesaria el establecimiento de una cuota a partir de enero de 2011”, pero los estudiantes incluyeron entonces otra cláusula en la que se advirtió que “lo antes dispuesto no debe ser entendido como una aceptación” a la imposición planificada.

De hecho, el Gobernador Fortuño le dijo a la cadena radial NotiUno, que “eso es exactamente lo que va a ser la solución”, en referencia a que se intentará otra vez imponer el aumento. El mandatario explicó que el plan, tan específico que incluía la cantidad de 1,100 dólares de aumentos anunciado recientemente como algo nuevo por la jefatura universitaria, fue planteado personalmente por él en una reunión “hace 16 o 17 meses”.

La línea de discurso para promover dicho plan, con un gasto millonario en propaganda, fue difundir que la UPR tenía un supuesto déficit de 200 millones de dólares producto de las malas administraciones del pasado. Sin embargo, se filtró el documento en el que la propia presidencia de la UPR consignaba tener un déficit de sólo 20 millones de dólares, lo que dejó el paso a que el Comité de Eficiencia Fiscal demostrara que lo que estaba ocurriendo era la reducción calculada de cientos de millones de dólares en los fondos asignados por el propio Estado.

Pero la realidad de las finanzas actuales de la UPR, con una deuda de 700 millones de dólares en el mercado de Wall Street, sigue siendo un misterio debido a que la jefatura prefirió perder 305 millones de dólares antes que abrirles los libros de cuentas a los huelguistas, al organismo licenciador del Estado o en el tribunal. Esas presuntas pérdidas incluyen los 16 millones de dólares que se planeaba recoger con la restricción de las exenciones, los 60 millones de dólares de recaudos por las cuotas y los cuatro millones diarios que dijo le costaba cada día de huelga.

Desde antes del acuerdo que cerraría en victoria la décimo segunda huelga estudiantil de la UPR desde su fundación en 1903, los estudiantes habían comenzado a limpiar por dentro los recintos y hasta usaron un tractor para cortar el pasto. Pero, mientras se preparan las asambleas de ratificación, el Gobierno también inicia sus preparativos y el oficialista Partido Nuevo Progresista ya discute medidas legislativas para prevenir que asambleas estudiantiles futuras puedan discutir y decretar más huelgas.

Da la apariencia de dos campos que se enfrentarán por el destino de Puerto Rico. En una graduación simbólica organizada por estudiantes, profesores y hasta varios miembros de la Junta de Síndicos, se concedió a los huelguistas el grado honorario de “ciudadano ejemplar” y en la misma, el Profesor Distinguido Samuel Silva Gotay, les felicitó por seguir la “milenaria tradición” de vincular la ciudadanía a la misericordia y les conminó al compromiso con “la ciudadanía que debemos continuar construyendo día a día, la del mundo del futuro, la del otro mundo que es posible construir aquí”.

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