El
gobierno intenta hacer creer que las muertes fueron por distintos motivos,
pero se supo que son producto de las municiones y de los gases lacrimógenos. (LH)
En el inicio de esta semana,
organizaciones sindicales, de derechos humanos y abogados solidarios con la
Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP) hicieron llegar a los medios de
comunicación nuevas denuncias sobre la represión sufrida por la población
panameña, debido a las manifestaciones contra la Ley 30 [que afecta al
derecho a huelga, a la libertad sindical y promueve la criminalización de las
protestas callejeras], sancionada por el gobierno el 16 de junio.
Los activistas entregaron a
los comunicadores de Rebanadas de Realidad una lista con los nombres de nuevas
víctimas de los atentados perpetrados por las fuerzas nacionales de seguridad
panameña en Changuinola, capital de la provincia de Bocas del Toro, local
donde comenzaron las movilizaciones de trabajadores.
La lista presenta a ocho
personas con los respectivos nombres y causas del óbito. Sin embargo, se cree
que las causas de las muertes hayan sido forjadas. Lo más probable es que los
verdaderos motivos sean producto de las municiones y de los gases lacrimógenos.
De los ocho muertos, en
cuatro la causa es indefinida, identificándose como ‘causa desconocida’;
en uno de los casos específicos hay sospecha de asfixia por efecto de los
gases lacrimógenos. Las demás muertes fueron causadas por laceración
pulmonar causada por munición, laceración pulmonar por arma de fuego, parada
respiratoria y asma, comprobándose que los óbitos fueron provocados
directamente por la acción de las fuerzas de seguridad por ocasión de la
movilización de los trabajadores.
Desde el día 3 de julio,
cuando se iniciaron las manifestaciones contrarias a la Ley 30, que vulnera a
los derechos laborales, sociales, humanos y ambientales, Panamá se encuentra
en estado de alerta. A partir de esta fecha, se extendieran por todo el país
acciones para mostrar la insatisfacción con tal Ley, aprobada a espaldas del
pueblo.
Detenciones arbitrarias,
agresiones y asesinatos fueron registrados en todas las manifestaciones.
Incluso en el momento de reuniones pacíficas, los manifestantes fueron
sorprendidos por la acción de las fuerzas nacionales, como ocurrió en el último
día 10, cuando más de 300 personas fueron detenidas al salir del encuentro
Nacional de Dirigentes Populares, realizado en la Ciudad de Panamá. Previo a
esta fecha ya habían sido detenidos más de 10 dirigentes sindicales.
Dos días después de la
detención masiva, el Foro de Abogados por la libertad entró con pedidos de
Habeas Corpus y consiguió el relajamiento de la detención de 127 personas.
Con relación a las muertes,
no hay consenso. Hasta el momento no fueron divulgados números oficiales
sobre la cantidad de víctimas fatales desde el día 3. Hay dificultad en
apurar la información, una vez que la causa mortis está siendo forjada en
los documentos de óbito, de manera que éstos no sean vinculados a los
conflictos en contra de la Lay 30.
La Ley 30, conocida también
como Ley Langosta y Ley Chorizo, fue aprobada a puertas cerradas, siendo
divulgado que las decisiones que iban a ser tomadas en aquel momento se referían
a la aviación comercial. En este día, las fuerzas de seguridad nacional se
posicionaron frente al Congreso Nacional para impedir cualquier interferencia
popular.
Después de tomar
conocimiento de la íntegra de la Ley y sus vulneraciones a los derechos
fundamentales laborales, como el derecho a huelga, a la libertad sindical y la
criminalización de las protestas callejeras, los trabajadores del sector
bananero iniciaron una huelga en Bocas del Toro.
