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Un
documento peligroso y contradictorio
Por
Guillermo Almeyra (*)
La Jornada / Correspondencia de Prensa, 14/11/10
El Partido
Comunista Cubano prepara su VI Congreso para abril próximo
y, para ello, emitió un documento económico–social que
–para los amigos de la revolución cubana– despierta
grandes preocupaciones y, para la población de la isla es
un golpe brutal, desmoralizador. Desgraciadamente, salvo los
enemigos del proceso revolucionario, que se regocijan con
las dificultades por las que éste atraviesa, no se leen análisis
ni se escuchan opiniones sobre el curso que está siguiendo
la revolución cubana, que sin embargo es tan decisiva para
el proceso de liberación de toda América Latina. Por eso,
con los límites que resultan de la posibilidad de escribir
sólo un corto artículo cada domingo, me veré obligado a
dedicar a este tema una serie de artículos, a sabiendas de
que siete o quince días después pocos recordarán –si la
han leído– la primer nota de la misma.
Nota
I
Haré aquí
algunas consideraciones generales, dejando para las
sucesivas entregas el estudio de los artículos más
peligrosos del documento del PCC y, naturalmente, lo que
podría ser una alternativa. En primer lugar, considero que
seguir con detenimiento y pasión lo que sucede y podría
suceder en Cuba es un derecho y un deber no sólo de todo
socialista sino también de todo latinoamericano que lucha
por la independencia de nuestros países y por la liberación
nacional y social del continente. En efecto, lo de Cuba es
demasiado importante y demasiado grave para que sea sólo
tema de discusión de los cubanos.
En segundo
lugar, considero que, si se convoca el Congreso para abril
del 2011 supuestamente como instancia de consulta y de
decisión, no es posible empezar ya este año a aplicar
medidas fundamentales e irreversibles en muchos campos de la
actividad económica colocando a todos ante hechos
consumados y al Congreso mismo en el triste papel de simple
aprobador–legitimizador de resoluciones adoptadas por
pocos en el aparato estatal.
La desgraciada
fusión entre el Partido comunista y el Estado subordina el
primero al segundo y le hace adoptar como propias la lógica
y las necesidades estatales, anulando así su propio papel
de control y de crítico y vigilante, por no hablar de su
papel indirecto de portavoz de opiniones y necesidades de
los trabajadores.
Ahora bien,
como recalcaba Lenin, el Estado es, incluso después de la
revolución, un instrumento de clase, la expresión de la
subsistencia del mercado mundial capitalista y de los
valores y métodos burgueses de dominación, lo cual obliga
al partido (y a los sindicatos) a defender los derechos
particulares de los trabajadores incluso contra “su”
Estado y, por lo tanto, a no someterse al mismo.
El hecho de
que el programa económico–social que analizamos sea un
programa exclusivamente burocrático–estatal destinado,
según proclama, al fortalecimiento de la institucionalidad
y a la reforma del Estado y del gobierno, destaca aún más
el achatamiento del partido frente a éstos. Porque, si por
institucionalidad se entiende poner coto al arbitrio y al
voluntarismo desorganizadores de la economía y causantes
del despilfarro, la incuria y la falta de control que
permiten la corrupción y la burocratización, no se puede
olvidar que el Estado no es sólo un aparato burocrático–administrativo
o represivo sino una relación de fuerzas social y, por
consiguiente, la reforma del Estado debe acordar mucho mayor
peso a los órganos de democracia directa, a los
trabajadores que a la vez son consumidores, productores y
constructores del socialismo y no meros súbditos ni objetos
pasivos de resoluciones verticalistas.
Además, una
revolución, por definición, no es sinónimo de
institucionalizar sino de renovar y democratizar profunda y
totalmente las estructuras de poder permitiendo la expresión
de la diferencia que existe en ese doble poder siempre
latente entre la revolución (los trabajadores, en el
sentido más amplio del término) y las importantes
expresiones del capitalismo (como el aparato estatal, que
pretende comandar al viejo modo).
Es, en mi
opinión, muy grave que el documento para el próximo
Congreso del Partido, aunque tenga como centro la
reestructuración económica, no mencione a los trabajadores
(ni siquiera a los sindicatos que, en el aparato estatal
burocratizado, son la correa de transmisión de éste hacia
aquellos).
En 32 páginas
de texto la palabra “socialista” aparece, por otra
parte, sólo tres veces y no hay ni una mención a la
burocracia, su extensión y sus divisiones (que cualquier
cubano ve como un problema grave), ni a la democracia de los
productores, ni siquiera para explicar quiénes escogerán
los que serán declarados “disponibles” (que suman nada
menos que un 20 por ciento de la población económicamente
activa).
En cuanto a
los órganos populares, democráticos, de control y de
planificación, brillan simplemente por su ausencia.
Es igualmente
grave el hecho de que este documento no esté acompañado
por un texto del Partido sobre la fase actual de la economía
mundial, la sociedad cubana, los peligros sociales y políticos
de una apertura mucho mayor al mercado mundial y al mercado
libre en la isla, las causas que impusieron estas medidas drásticas
y de guerra (incluyendo entre ellas, autocríticamente, los
errores del partido y del gobierno entre Congreso y Congreso
y en los últimos 40 años) y que no se prepare al partido y
a los trabajadores para los peligros que derivarán del
reforzamiento de los sectores burgueses y de los valores
capitalistas, ni se fijen perspectivas.
Porque la
brutalidad de la agresión imperialista y de la crisis
mundial puede obligar, es cierto, a abandonar conquistas y a
dar pasos atrás pero no hace obligatorio que se escondan
los retrocesos y, menos aún, que se pinten los progresos
igualitarios que se tienen que abandonar forzados por el
mercado mundial como si hubiesen sido negativos.
Pero sobre
esto volveremos en los próximos artículos, analizando el
texto que, para el Congreso del PCC, presentan la burocracia
y la tecnocracia que controlan el Estado.
Nota
II (que aparecerá en “La Jornada” el 21/11/10)
¿Qué dice el
documento presentado para el VI Congreso del Partido
Comunista Cubano que debería realizarse en abril próximo?
Trataré de resumir sus 32 páginas en este breve espacio.
El punto 17
declara que se tenderá a suprimir el funcionamiento económico
regido por el presupuesto. El 19, que los ingresos de los
trabajadores estatales dependerán de los resultados
obtenidos por sus respectivas empresas (o sea, de la
capacidad o incapacidad de los dirigentes y de los
respectivos Ministerios y de lo lucrativo que pueda resultar
su actividad desde el punto de vista del mercado).
El punto 23
establece que cada empresa fijará los precios de sus
productos y servicios y podrá ofrecer rebajas (lo cual abre
el camino a la competencia feroz entre empresas y regiones y
a toda clase de favoritismos y amiguismos); el 35, plantea
la descentralización municipal de la producción, que estará
sometida a los Consejos Administrativos Municipales (pero no
establece ni quién elige ni quién controla a los mismos).
El 44, dice
que hay que reducir la expansión de los servicios, la cual
dependerá de la marcha general de la economía; el 45, que
habrá que reducir la importación de insumos y productos
para la industria, pues la misma dependerá de la obtención
de divisas.
Entre las
principales decisiones económicas, se dice que el vital
problema de la circulación de dos monedas (el peso cubano y
el CUC) pasará a ser estudiado y se decidirá cuando la
marcha de la economía lo permita (la economía cubana, hay
que recordar, está en crisis desde hace 30 años).
Se declara
además que se eliminarán los subsidios y las gratuidades,
como norma, (o sea las políticas de sostén al consumo y a
los sectores más pobres y que no reciben dólares del
exterior ni pueden conseguirlos, legal o ilegalmente, en
Cuba misma).
Se formula de
modo muy vago la necesidad y la esperanza de facilitar los
créditos bancarios y el ahorro, así como también el
objetivo de que los países beneficiarios paguen por lo
menos los costos de la ayuda solidaria que brinda Cuba (lo
cual no sólo transforma la solidaridad en servicio pagado
sino que también choca con las posibilidades de los países
que, como Haití, sufren desastres naturales o sanitarios de
magnitud).
Se crean también
Zonas Especiales de Desarrollo (que, se supone, gozarán de
reducciones o exenciones de impuestos o de privilegios a
quienes allí se instalen).
El punto 65
anuncia que el país pagará estrictamente la deuda (para
conquistar la confianza de los inversionistas y obtener
posibles préstamos lo cual hace suponer que esa – y no el
sostenimiento de la economía interna y del nivel de vida de
los cubanos– será la prioridad de las finanzas
estatales).
Al respecto se
plantea reducir o eliminar los “gastos excesivos” en la
esfera oficial (dejando la definición de qué es
“excesivo” al arbitrio de los administradores).
La cantidad de
universitarios estará determinada además por el desempeño
de la economía y las universidades sobre todo prepararán técnicos
y profesionales en las ramas productivas y relacionadas con
el mercado.
El punto 142
establece que las condiciones que se creen para que los
trabajadores puedan estudiar “deberán ser a cuenta del
tiempo libre del trabajador y a partir de su esfuerzo
personal (o sea, sin becas, licencias, estímulos,
facilidades). El 158 decide ampliar el servicio por cuenta
propia (sin especificar cómo facilitar la preparación del
cuentapropista, la obtención de locales dada la crisis de
la vivienda ni la provisión de insumos y herramientas).
El 159 añade
que se “desarrollarán procesos de disponibilidad
laboral” (o sea, de reducción de las plantillas en forma
drástica). Aunque el documento no lo establece,
resoluciones complementarias dicen al respecto que el
trabajador con 30 años de antigüedad en la empresa recibirá
durante 5 meses un 60 por ciento de su salario una vez
despedido y los que tengan menor antigüedad, un salario aún
menor.
El punto 161
habla sobre la necesidad de reducir las “gratuidades
indebidas y los subsidios personales excesivos” (¿quién
fijará qué es indebido y qué excesivo?).
El 162 habla
de “una eliminación ordenada” de la libreta de
abastecimiento (que, según el texto, es utilizada también
por quienes no la necesitan y “fomenta el mercado
negro”).
El punto 164
establece que los comedores obreros funcionarán a precios
no subsidiados (sin compensación salarial alguna).
El 169
independiza a las distintas formas de cooperativas
(agrarias) de la intermediación y del control estatales.
El 177
especifica que la formación del precio de la mayoría de
los productos dependerá sólo de la oferta y la demanda.
El 184 dice
que las inversiones se concentrarán “en los productores más
eficientes” (y no en las ramas de mayor utilidad social).
El 230 anuncia
que se revisarán, al alza, las tarifas eléctricas. Ni los
cuentapropistas ni las cooperativas tendrán subsidios.
El 248 llama a
implantar medidas para reducir el consumo de agua por los
turistas, debido a la sequía (lo cual, dicho de paso,
contrasta con el fomento al turismo– que utiliza piscinas,
necesita jardines regados, combate el calor con duchas
frecuentes– y con la decisión de hacer grandes campos de
golf de 18 hoyos, que son voraces consumidores de agua).
No hay artículos
que reduzcan los gastos en las fuerzas armadas ni de la alta
burocracia.
Las
previsiones ecológicas (cultivo orgánico, desarrollo de
las fuentes energéticas alternativas) dependen sólo de la
responsabilidad del Estado (no prevén pues la participación
popular en el territorio y además no van más allá del
tipo de consumo y de producción fijados por el capitalismo,
sin hacer de la crisis la ocasión para experimentar una
producción y un consumo alternativos).
Creo que el
texto así resumido habla por sí solo y, por razones de
espacio, dejo para el próximo artículo algunas
conclusiones generales y la propuesta de otro tipo de
soluciones.
Nota
III y última(que se publicará en “La Jornada” el
28/11/10)
En mis dos artículos
anteriores (del 14 y del 21 de noviembre) expongo las
características principales del texto que discutirá el VI
Congreso del PC cubano y algunas opiniones al respecto.
A ellos me
remito, de modo que aquí me dedicaré a contraponerle una
posible alternativa realista, democrática y socialista.
Porque es cierto que el documento trata de “sincerar” la
economía cubana eliminando cargas insoportables en la
actual situación y de corregir graves errores voluntaristas
del pasado. Pero lo hace con una concepción estrechamente
local, nacionalista prescindente de toda perspectiva política
mundial. Y de modo brutal, burocrático y no democrático,
brusco y terriblemente tardío, forzado por la crisis y no
voluntario, prepotente y sin la menor autocrítica.
El texto
ningunea igualmente las consecuencias sociales, políticas y
morales de las medidas propuestas y la necesidad de
comprenderlas y explicarlas y de aclarar que se tiene
conciencia de ellas. Además, refuerza privilegios burocráticos
y prepara las condiciones de base para una veloz polarización
social y para la transformación de parte de la burocracia
cubana en germen de burguesía local, incluso para la
soldadura entre ella y el mercado mundial (y el
imperialismo). No es casual que el documento no toque para
nada los aparatos represivos y de la prensa partidaria, tan
deficiente y tan de espaldas a la realidad, o sea a los
principales instrumentos de dominación.
Durante veinte
años Cuba para vivir (y sobrevivir al bloqueo) gastó más
de lo que producía y vivió ligada al tubo de suero de la
economía soviética que compensaba el faltante.
Fidel Castro y
Raúl, así como la inmensa mayoría de los dirigentes,
hicieron de necesidad virtud porque estaban convencidos de
que la Unión Soviética stalinizada sería eterna. El costo
moral y político fue inmenso. Cuba apoyó la invasión de
Checoslovaquia ya en 1968, Fidel elogió a Brezhnev diciendo
que era un gran marxista, y la importación desde la Unión
Soviética no se limitó a las armas y a la tecnología sino
que también se extendió a la formación de los cuadros, a
la imitación de la ideología, el modo de vivir y de
resolver las cosas de los burócratas ineficientes,
autoritarios y corruptos que estaban hundiendo los “países
socialistas” y desprestigiando el socialismo.
El país pudo,
sí, elevar enormemente su nivel de cultura y de sanidad,
pero no creó, debido a esa dependencia, una base industrial
y una tecnología de punta salvo en medicina. Y el
voluntarismo del mando provocó despìlfarros sin fin y llevó
a la simulación del pleno empleo cubriendo una vasta capa
de trabajadores improductivos y a la desvalorización del
salario real, de la mercancía fuerza de trabajo. Ahora,
cuando hay que enfrentar por fuerza la realidad de la economía,
los mismos responsables del desastre no sólo no hacen una
autocrítica sino que se aferran el timón y dejan que los náufragos
se arreglen por su cuenta.
¿Qué impide
que sean los mismos colectivos de trabajadores los que
reduzcan los costos de la producción, la racionalicen, e
incluso decidan dónde se harán los cortes de personal y
las reducciones salariales?
¿Por qué
dejar que sea el mercado el que decida los salarios mediante
el lucro que obtenga la actividad económica en cuestión,
de modo que, por ejemplo, un trabajador en un hotel gane
mucho más que una enfermera o una maestra porque, por
definición, los servicios esenciales son derechos, no
negocios que deben ser pagados?
¿Por qué no
reducir salarios y privilegios en los altos puestos del
aparato estatal, civil o militar? No es posible mantener
(con sumas irrisorias, para colmo, que no permiten un
consumo digno) a millones de personas que no producen o
producen muy poco pero eso es aplicable también a la alta
burocracia, tan frondosa e improductiva.
¿Por qué no
permitir comités barriales, vecinales, locales, de control
de los privilegios, la corrupción, los despilfarros, el
contrabando?
¿Por qué no
abrir la prensa a la denuncia de las ineficiencias y abusos
burocráticos y a la discusión sobre cómo hacer más
barata y eficaz la distribución de los bienes escasos?
La participación
popular es indispensable, ya que por el Mariel terminó de
irse la mayoría de la burguesía cubana pero ahora, con las
nuevas medidas, surgirá lo que Lenin, en la NEP, llamaba
los sovietburg que, como la boliburguesía venezolana, serán
como los rabanitos, rojos por fuera y blancos por dentro y
tendrán su sustancia bajo tierra, bien escondida.
Sólo los
comités de base, los organismos de control popular, los
consejos obreros, la autogestión social generalizada,
pueden combatir eficazmente la crisis y el desarrollo de la
desigualdad social, que se apoyarán en el inevitable
reforzamiento del autoritarismo que resultará del bloqueo,
sí, pero también de la necesidad de suplir el consenso que
el gobierno está perdiendo junto con la esperanza en la
construcción del socialismo que podía movilizar a la
juventud.
Quien se opone
a la democracia, no quiere el socialismo pues éste es
imposible sin ella. Quien descarta la autogestión, la
democracia obrera y social, el control popular, fomenta el
poder desmoralizador y disgregador de la burocracia y de la
tecnocracia, que se guían por valores propios del
capitalismo, no del socialismo.
Fue un error
gravísimo estatizar el pequeño comercio, el artesanado.
Eso se puede remediar, aunque tarde, fomentando la creación
de cooperativas con ayuda crediticia y facilidades técnicas.
Pero, para aliar al sector estatal con el sector
cuentapropista orientada hacia y por el mercado y evitar que
de éste surja una burguesía, hay que ofrecer apoyo técnico,
hacer campaña cultural solidaria, reforzar la democracia
directa, eliminar o reducir al máximo los aparatos y los
mandamases.
El pueblo
cubano se salvará por sí mismo. No necesita Salvadores
Supremos ni en la Tierra ni en el Cielo. Lo que debe
preparar el VI Congreso es una discusión amplia, en todos
los sectores, sobre los problemas, las urgencias, las
prioridades, los recursos disponibles y las soluciones
posibles en el marco de la democracia y del socialismo. Sin
que los cubanos tengan plena de conciencia de dónde está
Cuba en el mundo y de cuáles son las perspectivas
inmediatas, sin un balance autocrítico del pasado propio y
del “socialismo real” y sin plena libertad de opinión y
de crítica no será posible reconstruir la economía ni la
confianza popular.
(*)
Guillermo Almeyra, historiador, nacido en Buenos Aires en
1928 y radicado en México, doctor en Ciencias Políticas
por la Universidad de París, es columnista del diario
mexicano La Jornada y ha sido profesor de la Universidad
Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma
Metropolitana, unidad Xochimilco. Entre otras obras ha
publicado “Polonia: obreros, burócratas, socialismo”
(1981), “Ética y Rebelión” (1998), “El Istmo de
Tehuantepec en el Plan Puebla Panamá” (2004), “La
protesta social en la Argentina” (1990–2004) (Ediciones
Continente, 2004) y “Zapatistas–Un mundo en construcción”
(2006).
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