Una "Ciudad Modelo" en una sociedad en harapos

Por Ismael Moreno
Corresponsal en Honduras
Revista Envío (Universidad Centroamericana)
Nº 349, abril 2011

Honduras será el laboratorio experimental de las ideas extremistas del economista neoliberal Paul Romer, que propone establecer durante cien años o más espacios económicos, políticos, jurídicos y sociales en zonas de nuestro territorio, al margen de las leyes y de las autoridades nacionales. Pequeños estados autónomos dentro del Estado plenamente abiertas a la inversión de capitales transnacionales. Las Ciudades Modelo son la nueva máscara del enclave. Bien conoce Honduras, “la república bananera”, esta forma de explotación de las tierras, de sus recursos y de las personas.

Del 18 de febrero al 1 de marzo del presente año una comitiva de unos 50 miembros de la actual administración, encabezada por el Presidente Porfirio Lobo Sosa –el grupo oficial más nutrido después del de casi un centenar de personas que representó a Honduras con fondos del Estado en el Mundial de Fútbol en Sudáfrica– realizó una visita al sureste asiático para conocer de cerca exitosas experiencias en Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Kuwait, y establecer alianzas para la implementación de una iniciativa del economista estadounidense Paul Romer conocida como “Ciudades Modelo”. Un mes antes el Congreso Nacional había aprobado ya el instrumento legal para ponerlas en marcha.

Los legisladores aprobaron

Los legisladores aprobaron la Ciudad Modelo: la expresión suena bonita. Y bonito presenta el proyecto el gobierno hondureño. Para implementar este proyecto había que actualizar la legislación, porque se trata de establecer en el país un auténtico enclave, con leyes de otros países y con las leyes comerciales de las multinacionales, que necesitan vía libre para funcionar a plena capacidad.

Las Ciudades Modelo son minúsculos estados dentro del Estado, territorios “liberados” dentro del territorio nacional. Todos los legisladores hondureños, desde los de la extrema derecha golpista hasta la llamada izquierda, denominada antigolpista, votaron para que la legislación nacional se reformara y fueran legales las Ciudades Modelo. La legislación quedó así acomodada para beneficio de corporaciones y países que quieran invertir en esos territorios.

Antecedentes: maquilas y comida rápida

Para los legisladores, funcionarios, políticos y empresarios hondureños, las Ciudades Modelo no resultan una realidad extraña. Es una modalidad ampliada de lo que desde los años 90 ha sido la industria de las maquilas, su antecedente inmediato. Las maquilas son auténticos paraísos fiscales en donde se practica la trata de personas. Sus políticas y decisiones suelen pasar por encima del Código del Trabajo. En estas empresas se despide a obreras y obreros de forma arbitraria. Dentro de sus territorios, hondureñas y hondureños son tratados como animales domesticados.

La propuesta y la aprobación de las Ciudades Modelo –espacios en donde imperan plenamente las leyes del mercado, abiertos a inversionistas que fijan sus reglas, en manos de autoridades dedicadas a promover estas inversiones a costa de todo– no resulta nada extraño en un país en donde los legisladores han aprobado de un plumazo la liberación de todo tipo de impuestos a las franquicias extranjeras de comida rápida.

Todos estos negocios, con sus atractivos nombres, son como pequeñas ciudades modelo en donde funcionan, gozando de exención de impuestos, y tratando a sus empleados hondureños como si fuesen esclavos. Son territorios liberados. Incluso el tomate y el pan que utilizan vienen de afuera y todo el dinero que ganan va para afuera.

Fuimos “república bananera”

Tampoco es extraño para legisladores, políticos, funcionarios y empresarios hondureños el organizar ciudades bajo control extranjero porque esos paraísos fiscales y territoriales que son las industrias de la maquila y de la comida rápida tiene un antecedente histórico en el enclave que fueron las compañías bananeras, modelo que dominó y determinó a la sociedad hondureña en todo el siglo 20.

Fueron un Estado dentro de otro Estado. Y ese otro Estado que ocupaba el territorio del Estado hondureño acabó definiendo la política, la economía, la legislación y hasta las costumbres del Estado ocupado, que prestaba servicios al ocupante.

No deja de ser una interesante coincidencia que la aprobación de las reformas legislativas para la implementación de las ciudades modelo ocurra a un siglo exacto del muy generoso régimen concesionario que el Presidente de Honduras, el general Manuel Bonilla, aprobó a favor de las compañías bananeras estadounidenses entregándoles tierras y privilegios fiscales en la Costa Norte, iniciándose así el modelo de enclave con el cual Honduras sería conocida internacionalmente como la “república bananera”.

Lo explica así el historiador hondureño Marvin Barahona en su obra “Honduras en el siglo XX, una síntesis histórica”:

“La construcción de la ‘república bananera’ fue el logro más significativo de la política concesionaria del Estado al capital extranjero, como praxis de la ideología liberal y de su búsqueda de progreso y civilización. Lo característico del período fue la consolidación del capital estadounidense en la industria bananera de la Costa Norte, la creciente intervención de las compañías bananeras en la vida política nacional y una crisis recurrente en la estabilidad del régimen político”.

“Sería distinto si La Tela estuviera aquí...”

Honduras era, sin duda, el país centroamericano en donde más sencillo resultaría que legisladores y funcionarios públicos aprobaran sin pestañear un modelo multinacional basado en privilegios fiscales y en la utilización del territorio y la mano de obra nacional para impulsar proyectos comerciales que benefician a otros.

Resultaba hasta connatural no sólo para legisladores y funcionarios públicos, también para mucha población de la Costa Norte, históricamente influenciada por transnacionales. En los campos bananeros que hubo en el norteño Valle de Sula se suele escuchar: “Todo sería distinto si la Tela estuviera aquí. Con ellos teníamos trabajo, escuela, luz eléctrica, ferrocarril y hasta mantenían limpios los patios de los barracones. Ahora, hasta las casas las tenemos desarregladas”. La Tela –como se conoce a la transnacional bananera que impuso su imperio económico desde 1912 hasta casi finales del siglo, cuando el huracán Mitch de 1998 se convirtió en el principal pretexto para que abandonaran la inversión en banano–, impuso una cultura de enclave: una población que dependía de sus decisiones, y decisiones que influían en la elección de autoridades municipales, departamentales y nacionales.

En La Lima se decidía todo

Siendo Tegucigalpa la sede de la capital, y siendo La Lima, en el departamento de Cortés, en el centro del Valle de Sula, sede de la gerencia general de la Tela, se solía decir que las decisiones políticas y económicas del país, desde las relevantes hasta las secundarias, se tomaban en La Lima. Y todo mundo esperaba a que las autoridades de la Tela se pronunciaran para saber por qué rumbo se orientaría el gobierno. Todo giraba en torno a la Compañía bananera.

La compañía impuso su modo de ver, su modo de actuar, su modo de mandar, su modo de vida. Y sus modos fueron una reproducción de la vida en Estados Unidos, trasladada a los fangales y calores tropicales de nuestra Costa Norte. Mucha gente de esa región sigue añorando el retorno de la Tela, sigue viviendo atrapada en la nostalgia de un pasado que, con el correr del tiempo, se ha ido desfigurando, haciendo aparecer como bondad lo que fue estricta explotación, y vida digna lo que fue abuso patronal, consecuencias de una sociedad dependiente y de una economía y un comercio nacional totalmente enajenados. Hoy, todo aquello renace como “ángel de luz” entre una población desprotegida.

Con el trasfondo de esa conciencia enajenada, nadie se conmovió cuando en la noche del 18 de enero 126 de los 128 legisladores levantaron su mano para aprobar una reforma constitucional para autorizar el funcionamiento de las Ciudades Modelo con el nombre de Regiones Especiales de Desarrollo. Cuentan que esa noche, cuando los diputados bajaron sus manos se dejó oír uno de los aplausos más sonoros que se han escuchado en la reciente historia política de nuestro país. A renglón seguido, todos los diputados y diputadas entonaron, entusiasmados, el himno nacional.

La cerveza salvavida

La historia hondureña del último siglo deja un sabor lleno de contradicciones. Cuanto más el país perdía soberanía, políticos y empresarios lo vivían como expresión de soberano patriotismo. Los años que corrieron entre 1912 y 1930 fueron los de la consolidación del enclave bananero. Entre 1920 y 1930 Honduras ocupó el primer lugar del mundo como país exportador de banano. En aquel período, de enajenación de la soberanía nacional, surgían “símbolos patrios”.

Por ejemplo, cuando en los primeros años de la segunda década del siglo 20, la bananera estadounidense Vaccaro Fruit Company comenzó a diversificar su producción, instaló una empresa cervecera en La Ceiba, en el litoral atlántico, llamando a la primera cerveza producida allí con las sílabas iniciales de los nombres y apellidos de dos prominentes empresarios, uno estadounidense y otro italiano, Salvador Vaccaro y Vicente D’Antoni. La cerveza se llamó SALVAVIDA. Y no dudaron en poner en la etiqueta la bandera nacional cruzada, recientemente aprobada por la legislatura del Congreso Nacional. Hasta hoy esa cerveza es un símbolo hondureño.

Quieren un pedazo de país durante 100 años

Paul Romer, un académico y economista estadounidense promotor de la “teoría del crecimiento”, es el progenitor del proyecto de Ciudades Modelo, las Charter cities. Los ejemplos que Romer promueve son Hong Kong y Singapur, gigantes del crecimiento en Asia.

A un país como Honduras, Romer le propone entregar un pedazo de su territorio para que lo administren uno o varios países más desarrollados o varias transnacionales juntas, creando así una ciudad autónoma, con su propia legislación, con leyes orientadas al comercio, las finanzas y los negocios. Serían zonas del tamaño de una ciudad, administradas por una coalición de naciones y de corporaciones bajo una concesión del Estado, que duraría períodos tan largos como cien años o más.

Para el caso de Honduras, Paul Romer propone que el Estado haga una concesión de cien años en un área de aproximadamente mil kilómetros cuadrados para una administración autónoma. De acuerdo a Romer, graduado en la escuela de Economía de la Universidad de Chicago, y para otros académicos de su estilo, apoyados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), las Ciudades Modelo en Honduras serían una ”zona territorial regulada por sus propias reglas para atraer inversión, generar empleo y gestionar sus específicos sistemas de salud y educación, además de promover el desarrollo tecnológico de punta”.

Supimos, por informaciones internacionales, que Romer estuvo en Tegucigalpa en enero, a comienzos del año, y se reunió en privado con varios grupos. Después planteó su proyecto en una reunión pública. Detrás de él colocó una gran pantalla con una foto de un partido de fútbol. Y dijo: “No pueden ustedes cambiar las reglas del juego en mitad del juego, lo que hay que hacer es crear un nuevo campo de juego y ver si alguien quiere jugar”.

Convertidos en laboratorio

Al interior de Honduras, el más ferviente promotor de este proyecto es Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional, ungido por el Presidente Lobo. Repitiendo a Romer, el presidente del Legislativo explica que las Ciudades Modelo se basan en “zonas autónomas con territorios regulados bajo una Carta Constitutiva o Ley General por la cual se administra el territorio, y se fundamentan en la libertad de comercio, la defensa de los derechos individuales y la protección de la propiedad privada”.

Como en el modelo de enclave, Honduras se convierte de nuevo en un laboratorio. El optimismo de Romer sobre los resultados del experimento no tiene desperdicio. Considera que se trata de “establecer la primera ciudad en la historia de la humanidad que goce verdaderamente de libertad económica para generar empleos, independencia del gobierno en la generación de riqueza, y libertad de los ciudadanos para crear riqueza”.

La “Perla del Oeste”

Los promotores de esta propuesta estiman que la ciudad modelo hondureña convertiría al país en uno de los territorios más ricos del mundo, que se convertiría en la “Perla del Oeste”. Sus apologetas afirman que la verdadera riqueza se alcanza cuando el modelo se impulsa con independencia del poder central de los gobiernos y dicen que ya ocurrió esto con el Canal de Panamá, desde 1914 gobernado con independencia del gobierno panameño. Lo mismo ocurrió –dicen– con el enclave bananero, que generó un importante crecimiento económico justamente por haber sido un modelo con clara independencia del gobierno central hondureño.

Conforme al decreto bajo el cual se aprobó esta experiencias las Regiones Especiales de Desarrollo se crean con “el propósito de acelerar la adopción de tecnologías que permitan producir y prestar servicios con un alto valor agregado, en un ambiente estable, con reglas transparentes capaces de captar la inversión nacional y extranjera que se requieren para crecer aceleradamente, crear los empleos que se necesitan para reducir las desigualdades sociales, dotar a la población de los servicios de educación, salud, seguridad pública y la infraestructura necesaria que permita una mejora real en las condiciones de vida de la región”.

Una vez aprobado y promulgado el Estatuto Constitucional –lo que ya ocurrió– “sólo podrá ser modificado, reformado, interpretado o derogado con una votación favorable de las dos terceras partes de los legisladores, previo referéndum a los ciudadanos que habiten la Región Especial de Desarrollo de que se trate”.

Las Regiones Especiales de Desarrollo “cuentan con su personalidad jurídica, en la cual se establece un especial sistema de administración pública, que puede emitir su propia normativa legal, que deberá ser aprobada o improbada por el Congreso Nacional por mayoría simple de la totalidad de sus miembros, deben contar con su propio fuero jurisdiccional, pueden firmar tratados y convenios internacionales en temas relacionados con el comercio y cooperación en materias de su competencia, mismos que deben ser ratificados por el Congreso Nacional. De igual manera, en las materias de presupuesto, impuestos, recaudación, administración de tasas y tributos, así como la celebración de todo tipo de contratos, serán reguladas de conformidad a lo que se disponga en su Estatuto Constitucional”.

Romper con las “malas leyes”

Según Paul Romer, progenitor de la idea, el atraso principal de países como el nuestro tiene que ver con las “malas leyes” que impiden y estorban las inversiones y estacan las iniciativas. Por eso, lo que debe hacer un país que quiera salir del atraso es acabar con esas malas leyes. Esto supone acabar con toda la legislación que protege los derechos laborales de obreras y obreros, con la que defiende los recursos naturales y protege la propiedad de costas y mares de la codicia de extranjeros, con la que resguarda territorios y recursos de las poblaciones étnicas, y en general con toda la surgida en un país.

Para Romer, la audacia en el camino al desarrollo consiste en romper con esta legislación, y abrir el espacio a una nueva legislación orientada plenamente a fomentar la inversión de otros países y corporaciones. La idea de este economista del neoliberalismo radical es que la legislación se libere de la de países específicos y predominen leyes que superen la concepción del Estado nacional. Es una expresión extrema y extremista del concepto de enclave. Los legisladores hondureños han comprado plenamente esta receta, dando paso a que Honduras se convierta en laboratorio experimental de un enclave económico, político, jurídico y social del pleno capitalismo globalizado del siglo 21.

Aumentarán la inequidad y la violencia

Los analistas críticos de este modelo afirman que la enajenación de trozos del territorio de nuestro país para ponerlos al servicio de transnacionales y de países ricos del planeta, significa que la desigualdad y la exclusión que caracteriza a nuestra sociedad se radicalizará, y se ensanchará tanto la brecha y diferenciación entre quienes habiten en las ciudades modelos y quienes habiten en el resto del territorio que, en lugar de disminuir la actual conflictividad social, se agudizará la polarización política, la violencia social y la delincuencia.

Existe coincidencia entre los analistas no oficialistas: una Ciudad Modelo sobre el territorio de un país con una sociedad económica, social y políticamente fracasada, en lugar de contribuir a reducir la inequidad y la brecha de desigualdades, ahondará los desequilibrios hasta extremos insostenibles. Así como la lógica de profesionales exitosos en sociedades fracasadas es inviable, tampoco se pueden sostener Ciudades Modelo en sociedades fracasadas, sin pagar un altísimo costo humano y social. Las Ciudades Modelo son una opción elitista nacida de la lógica del capital, que ya ha provocado polarización y exclusión social en Honduras, un clima vital que genera ingobernabilidad, convulsión, violencia y confrontación social.

Será en el valle de Sico

De acuerdo a los sueños de Paul Romer, lo ideal es comenzar con una ciudad modelo desde cero y en un territorio deshabitado, con nuevas normas que incentiven la inversión y la creatividad, sin imposiciones del gobierno y con la libertad de cada persona de ir a ofrecer y a desarrollar su creatividad en un ambiente de total libertad para el capital y según leyes transnacionalizadas.

En Honduras se iniciaría de cero en zonas deshabitadas como el valle de Sico, en la Mosquitia hondureña, en el noreste del territorio, justamente al pie de la única reserva forestal virgen que ya le queda a Honduras, una zona que es Patrimonio de la Humanidad.

Esta Ciudad Modelo vendría a liquidar la última frontera agrícola que nos queda. También piensan en impulsar una especie de ciudad modelo flotante en el puerto de Trujillo y en la bahía de Castilla, territorio continental en donde ancló por primera vez Colón en 1502. Las fantasías de Paul Romer han sido acogidas en la región atlántica.

Después del banano, la palma africana

A inicios del siglo 20 miles de campesinos hondureños, venidos del sur y del occidente, también de El Salvador, se dedicaron a deforestar las selvas de los valles de Sula, Aguán y Sico, en la Costa Norte, para sembrar banano. En la década de los años 30 y 40 del siglo pasado, y a raíz de la plaga de sigatoca que afectó severamente al banano, las compañías bananeras abandonaron el valle de Sico y la mayor parte del valle del Aguán. Tras las bananeras, centenares de familias campesinas abandonaron la región y en muy pocos años retornó la selva a aquellos fértiles valles.

A mediados de la década de los 60, y tras un estudio del Banco Mundial, las compañías comenzaron a poner de nuevo sus ojos en el Valle del Aguán, no tanto para cultivar banano, sino para experimentar con plantaciones de palma africana, cuyo aceite comenzaba entonces a ser demandando crecientemente por las poblaciones de los países ricos, por ser muy bajo en colesterol.

A comienzos de la década de los 70, miles de familias llegaron al valle del Aguán atraídos por un agresivo plan del Estado, en pleno contubernio con el capital transnacional, al que se llamó Proyecto de Reforma Agraria. Los hechos, y después su resultado histórico, demostraron que el proyecto no era sino un plan de colonización agrícola impulsado por intereses extranjeros que requerían de una masiva y barata mano de obra. De nuevo, aquellos campesinos echaron abajo la tupida selva, regenerada tras su devastación para el cultivo de banano, ahora para sembrar palma africana. El Estado aportó gran cantidad de recursos para la organización de las cooperativas y para los insumos agrícolas que requerían los campesinos organizados.

La falsa reforma agraria

Este sector campesino, que se llamó “reformado”, fue organizado en cooperativas, y formalmente fue convertido en propietario de las tierras y de las plantaciones de palma africana. Las transnacionales les comprarían el aceite que comenzarían a producir cinco años después de la siembra. Durante ese tiempo las cooperativas campesinas adquirieron deudas millonarias con el Estado para asegurar la supervivencia. Así, quedaron atadas a las decisiones y la voluntad de los funcionarios públicos, especialmente de los militares, que demandaban de los campesinos hasta trabajos sucios, de espionaje o de mediatización de los dirigentes cooperativistas, para desarticular a los grupos que cuestionaban las políticas oficiales, catalogándolos como subversivos.

Dos décadas después del inicio de esta colonización agrícola en la región del Aguán –ya en la década de los 90–, y cuando la producción de aceite de palma estaba en su mayor apogeo, el gobierno aprobó una nueva legislación –la Ley de Modernización del Sector Agrícola–, que daba derecho a las cooperativas de vender sus propiedades, hasta entonces destinadas únicamente a la reforma agraria.

La tragedia del Aguán

Unos cuantos empresarios privados, encabezados por Miguel Facussé Barjum, se dedicaron entonces a comprar y a acaparar la mayoría de las tierras de las cooperativas, cultivadas con palma africana, utilizando para ello el soborno, el chantaje, las amenazas, y especialmente, la débil o ausente conciencia de lucha y de ética de no pocos de los dirigentes de las cooperativas.

La macabra lógica de las transnacionales, del empresariado nacional y del Estado quedó muy clara: la colonización de la región del Aguán provocó la migración de miles de familias campesinas que realizaron el arduo trabajo de hacer productivas las tierras del Aguán, haciéndolos propietarios de las tierras bajo la modalidad de cooperativas y en un plan de reforma agraria.

Pero, una vez iniciada la producción de la palma africana, la maquinaria estatal cumplió su misión de reducir al campesinado a su lugar habitual en el engranaje productivo: mano de obra barata, subordinada a los intereses del gran capital nacional e internacional, trasladando la propiedad de la tierra a manos privadas.

Hoy, 40 años después de aquella euforia colonizadora, los campesinos del Aguán viven en condiciones deplorables, con las organizaciones que luchan por recuperar la tierra amenazadas y con una juventud emigrando al extranjero.

Aquella primera experiencia, antesala de lo que hoy se llama Ciudades Modelo, no disminuyó la exclusión y la desigualdad social, no fue un avance hacia una sociedad democrática. Por el contrario, aumentó las desigualdades, la explotación de la población campesina, la violencia y la confrontación en el agro, particularmente en el Aguán, convertido hoy en el ojo del huracán de la conflictividad agraria y política de todo el país. ¿Conocerá Paul Romer este modelo histórico, territorial, económico, político y legislativo, un espejo donde mirar el futuro que anuncian sus Charter cities?

¿Por qué no aprovechar la oportunidad?

¿Qué dicen y piensan otras voces del país de este proyecto importado? Envío se acercó a la diputada del Partido Nacional por el departamento de Cortés para saber por qué aprobó la reforma constitucional para crear la legislación que permita las ciudades modelo en Honduras. Sin titubear, la legisladora nos dijo estar satisfecha: “Porque primeramente le estamos dando al país una vitrina abierta al mundo. Honduras necesita empleo, y las Ciudades Modelo vienen a constituir zonas específicas para realizar proyectos que respondan al empleo y a las oportunidades que necesita nuestra juventud. Para que progrese Honduras pienso que debemos abrir las puertas para que grandes empresas puedan invertir. Para eso tenemos que darles la seguridad jurídica que necesitan”.

“No podemos nosotros estar diciendo que se pierde la soberanía en un determinado lugar, porque ya desde 1984, cuando vinieron aquí a Honduras las maquilas, se les dio seguridad jurídica. ¿Por qué entonces no dar seguridad jurídica a una gran cantidad de gente de otros países que quiere invertir aquí? Hay un abanico de empresas que va a venir a invertir a Honduras. Nosotros creemos que la oportunidad que le tenemos que dar a este país es que se pueda superar, que podamos los hondureños salir adelante. Y que Honduras sea una vitrina para generar empleo”.

“Es la nueva máscara”

El abogado constitucionalista, Carlos Augusto Hernández, no lo ve así: “Las Ciudades Modelo son la expresión cínica de una oligarquía que, sintiéndose triunfadora, persiste en proseguir actuando a espaldas del Estado de Derecho, muchas veces utilizando la fraseología constitucional, cuando en los hechos traiciona los principios de la soberanía. Las Ciudades Modelo son una forma de dominación, la nueva máscara del modelo de enclave, con la que las multinacionales, asociadas con la oligarquía nacional, pretenden desarrollar su penetración y dominio dentro del territorio nacional”.

¿En una sociedad en harapos?

“Ante todo, es un contrasentido una Ciudad Modelo en medio de una sociedad en harapos. Y es un contrasentido que se hable de desarrollo cuando se hace referencia a ganancias para pocos”. Es lo que piensa Bertha Cáceres, lideresa de amplio reconocimiento nacional como conductora del pueblo lenca organizado en el Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Cáceres rechaza esta decisión, que pone en peligro la vida, la soberanía y la cultura de los pueblos indígenas. “Para nosotros, como pueblos indígenas, el desarrollo es poner en común todas las riquezas y poner en el centro de todo el bienestar del pueblo. Las Ciudades Modelo son otro proyecto más de exterminio de regiones que son fuente de biodiversidad. Implican la destrucción de bosques y territorios, de recursos hídricos y también de culturas de pueblos, particularmente de pueblos indígenas. Es un modelo traído de países que se han convertido en grandes mercados y en grandes comercios. Se apuran a ponerlos en marcha aquí porque necesitan una gran pantalla para el lavado de dinero. Son modelos prohibidos para los pobres, exclusivos para los ricos que tienen capacidad de consumir, de derrochar y de lavar dinero sucio”.