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WikiLeaks Honduras
Las masacres del Aguán
EEUU vinculado a brutales empresarios
Por Dana Frank (*)
Common
Dreams / The Nation, 26/10/11
Rebelión, 30/10/11
Traducido por Germán Leyens
Desde 2009, sin que lo hayan advertido
los medios internacionales, el gobierno golpista de Honduras
ha estado colaborando con acaudalados terratenientes en una
violenta represión contra pequeños agricultores que luchan
por sus derechos a la tierra en el valle Aguán, en la región
nororiental del país. Más de 46 campesinos han sido
asesinados o han desaparecido. Los grupos de derechos
humanos acusan de que muchos de los asesinatos han sido
perpetrados por el ejército privado de guardias de
seguridad empleados por Miguel Facussé, magnate de los
biocombustibles. Los guardias de Facussé trabajan en
estrecha colaboración con los militares y la policía
hondureña, que reciben un generoso financiamiento de EE.UU.
para librar la guerra contra la droga en la región.
Nuevos cables de WikiLeaks revelan
ahora que la embajada de EE.UU. en Honduras –y por lo
tanto el Departamento de Estado– ha sabido desde 2004 que
Miguel Facussé es un importador de cocaína. En otras
palabras, la “narcoguerra” de EE.UU. se utiliza para,
entrenar y apoyar la guerra de un conocido narcotraficante
contra los campesinos.
Miguel Facussé Barjum, es según la
embajada “el empresario más rico y más poderoso del país”,
uno de los “pesos pesados políticos” del país. El New
York Times lo describió recientemente como “el
octogenario patriarca de una del puñado de familias que
controlan gran parte de la economía de Honduras”. El
sobrino de Facussé, Carlos Flores Facussé, fue presidente
de Honduras de 1998 a 2002. La corporación Dinant de Miguel
Facussé es un importante productor de aceite de palma,
comida chatarra, y otros productos agrícolas. Fue uno de
los partidarios clave del golpe militar que derrocó al
presidente democráticamente elegido Manuel Zelaya el 28 de
junio de 2009.
La base del poder de Miguel Facussé se
encuentra en el bajo Valle del Aguán, donde los campesinos
se establecieron originalmente en los años setenta como
parte de una estrategia de reforma agraria del gobierno
hondureño que alentó cientos de exitosas cooperativas y
colectivos campesinos en la región. Desde 1992, sin
embargo, los nuevos gobiernos neoliberales comenzaron a
promover la transferencia de sus tierras a elites
acaudaladas, que se apresuraron a aprovechar el apoyo
estatal para intimidar y obligar a los campesinos a vender
sus tierras, y en algunos casos para adquirir tierras
mediante un fraude evidente. Facussé, de lejos el mayor
beneficiario de esas políticas estatales, ahora reivindica
por lo menos 8.900 hectáreas en el bajo Aguán, por lo
menos un quinto de toda la zona, y en gran parte la ha
plantado con palmas africanas para un imperio de
biocombustible en plena expansión.
Mientras tanto, los niveles de vida de
los campesinos de la región han bajado dramáticamente. En
diciembre de 2009 miles de campesinos organizados comenzaron
a realizar recuperaciones colectivas de tierras en el bajo
Aguán que según ellos les fueron robadas, o prometidas
legalmente por el gobierno a través de previos acuerdos o
edictos.
Los esfuerzos de los campesinos han
sido enfrentados con rápidas y brutales represalias. Según
el Comité de Familias de Detenidos y Desaparecidos de
Honduras (COFADEH), un grupo independiente altamente
respetado de derechos humanos, por lo menos 44 personas han
sido asesinadas, 16 solo el verano pasado. Las víctimas
incluyen a dirigentes de grupos como el Movimiento Unificado
de Campesinos de Aguán (MUCA), que participa en tomas de
tierras, pero también a miembros de comunidades estables
que han estado en el lugar durante décadas, como Guadalupe
Carney, Rigores o Prieta, cuyos residente creían que tenían
títulos seguros de propiedad de sus tierras. Según una
declaración de Human Rights Watch en la que pide una
investigación, nadie ha sido arrestado o enjuiciado por
alguno de esos asesinatos.
Muchos de estos asesinatos y ataques se
han atribuido a guardias privados de seguridad de Miguel
Facussé, así como a sus asociados. Los sicarios van de
civil o con uniformes del Grupo Dinant y se dice que son
entre 200 y 300. El propio Facussé admite que el 15 de
noviembre de 2010 sus guardias mataron a tiros a cinco
campesinos del MUCA en la comunidad El Tumbador. Un informe
de julio de 2011 sobre las matanzas de campesinos en el Aguán
de una misión investigadora del Consejo Mundial de
Iglesias, Foodfirst Information and Action Network (FIAN)
International, y otros grupos internacionales, señala:
“En todos los casos, según testigos y miembros de los
movimientos de campesinos, los guardias de seguridad que
trabajan para Miguel Facussé y René Morales están
considerados los protagonistas primordiales”, incluso en
las muertes de tres miembros del MUCA el 17 de agosto de
2010.
Los supuestos asesinatos y ataques
armados de guardias de Facussé continúan. El 5 de octubre,
se informa de que los guardias de seguridad de Facussé
atacaron a tiros e hirieron gravemente a dos miembros del
MUCA en la comunidad campesina San Isidro, según FIAN. El
11 de octubre en La Aurora, informan FIAN y otros grupos de
derechos humanos, por lo menos seis guardias de seguridad de
tierras reivindicadas por la Corporación Dinant de Facussé,
junto a policías y fuerzas militares, mataron a tiros a
Santos Serfino Zelaya Ruiz, de 33 años, y abrieron fuego
contra 15 mujeres que repartían sal, quienes se ocultaron
durante horas entre las palmas.
El 8 de enero de 2011, el activista
opositor y periodista Juan Chinchilla fue secuestrado en el
valle Aguán, torturado e interrogado. Escapó después de
dos días e informó en una entrevista que sus
secuestradores “llevaban casi todos uniformes del ejército,
la policía y de guardias privados de Miguel Facussé”.
Grupos de derechos humanos de todo el
mundo han denunciado los ataques de Facussé a los
campesinos hondureños. El 8 de abril, el banco alemán de
desarrollo DEG (Deutsche Investitions und
Entwicklungselleschaft mbH), anuló un préstamo de 20
millones de dólares a Dinant después de investigar la
situación. Una semana después EDF, una importante
corporación energética francesa, anunció que anulaba sus
planes de comprar créditos de carbono a Dinant.
Facussé ha respondido agresivamente en
su defensa con anuncios de página completa. También demandó
hace poco por difamación al obispo de Honduras Luis Alfonso
Santos y a Andrés Pavon, presidente del conocido Comité
para la Defensa de Los Derechos Humanos (CODEH).
En tándem con los asesinatos y
desapariciones de activistas individuales, la policía y los
militares hondureños han lanzado, durante el último año y
medio, sucesivas olas de represión contra comunidades
campesinas completas, tanto asentadas en nuevos sitios
ocupados como en otras estables con un estatus legal a largo
plazo. El 15 de diciembre de 2010, entre 500 y 1.000 policías
y militares rodearon la pequeña localidad campesina de
Guadalupe Carney con francotiradores y helicópteros y
realizaron allanamientos casa por casa en busca de supuestas
armas, que nunca encontraron. Los soldados se quedaron
acampados en el centro del pueblo desde entonces. En abril
de 2010, 2.000 policías y militares hondureños ocuparon
todo Valle del bajo Aguán, controlando el acceso e
intimidando a los residentes.
La situación ha empeorado desde mayo,
y sigue escalando. Cinco guardias de seguridad, un policía,
y otros cinco, además de 16 campesinos, han muerto. La región
está nuevamente ocupada por 1.000 soldados en una operación
militar llamada Xatruch II, que apunta a combatir
guerrilleros armados, de cuya existencia no existe ninguna
evidencia. Tampoco se ha presentado evidencia que vincule a
los campesinos con las otras muertes.
En general, la ocupación y represión
del bajo Aguán ha llegado a proporciones aterradoras.
“Con la militarización Xatruch II tratan de convertir
nuestra zona en Iraq”, acusan COFADEH y el MUCA.
“Nuestros asentamientos están sometidos a un continuo
estado de sitio”.
El 24 de junio, solo con una hora de
advertencia, la policía quemó casi toda la comunidad de
Rigores de más de 100 casas, de diez años de antigüedad,
y aplanó sus tres iglesias y su escuela de siete aulas. Los
residentes comenzaron a reconstruir sus casas con carpas y
palos, pero entre el 16 y 18 de septiembre, como respuesta a
la muerte de un policía cercano, la policía irrumpió en
el pueblo, agarrando y deteniendo gente al azar, incluidos
niños. Uno de ellos era un niño de 16 años que ha
testificado que los policías le pusieron una bolsa sobre la
cabeza, lo rociaron con gasolina y amenazaron con matarlo.
El 20 de septiembre policías y militares desalojaron
exitosamente a todos los que quedaban en la comunidad.
Numerosos testigos presenciales y
grupos de derechos humanos informan de que los guardias
privados de Facussé, policías y militares, participaron en
conjunto en esos violentos desalojos y las muertes asociadas
con ellos: en El Tumbador el 15 de noviembre de 2010; en
Guadalupe Carney el 15 de diciembre de 2010; en Rigores el
24 de junio de 2011; y en La Aurora el 11 de octubre, donde
las mujeres se ocultaron entre los árboles, así como en el
secuestro de Chinchilla. El pasado 15 de agosto, informa
COFADEH, los guardias de Facussé junto con policías y
miembros de las fuerzas armadas atacaron brutalmente a los
campesinos en la plantación de palmas africanas conocida
como Finca Panamá.
Según Rights Action, un grupo de
derechos humanos basado en Washington DC y Toronto,
“informa de que militares, policías y fuerzas privadas de
seguridad intercambiaron uniformes según el contexto, para
movilizarse en conjunto en patrulleros policiales y coches
que pertenecen a compañías privadas de seguridad empleadas
por los dueños de plantaciones de palmas africanas”.
COFADEH concluye diciendo: “La relación entre los
militares y los guardias privados de seguridad demuestra
claramente que los guardias de seguridad actúan como
fuerzas paramilitares”.
En los últimos dos años desde el
golpe, el financiamiento por EE.UU. de los militares y policías
hondureños ha aumentado drásticamente. EE.UU. ha asignado
45 millones de dólares en nuevos fondos para la construcción
militar, incluida la expansión de la Base Soto de la Fuerza
Aérea en Palmerola, operada en conjunto (con suministro
ahora de drones estadounidenses) y ha abierto tres nuevas
bases militares. El financiamiento de la policía y de los
militares, casi 10 millones de dólares en 2011, aumentó drásticamente
en junio con 40 millones más según la nueva Iniciativa
Regional Centroamericana de 200 millones de dólares,
supuestamente para combatir el narcotráfico en Centroamérica,
que, ciertamente, es flagrante, peligroso y creciente en
Honduras bajo el gobierno posterior al golpe de Lobos,
especialmente en el Aguán.
Las operaciones militares hondureñas
en el valle del bajo Aguán, incluidas operaciones conjuntas
con guardias de Facussé, se benefician de estos fondos, así
como de un entrenamiento especial. En verano de este año 70
miembros del Batallón Quince de Honduras recibieron un
entrenamiento especial de 33 días de los rangers
estadounidenses. Según la Red de Solidaridad con Honduras,
miembros del grupo Xatruch de Fuerzas Especiales en el valle
Aguán, confirmaron en una reunión en septiembre “que habían
recibido entrenamiento en operaciones especiales de
militares de EE.UU., que incluyó entrenamiento de
francotiradores y antiterrorismo”. Testigos presenciales
informaron a Rights Action de que también vieron a rangers
estadounidenses entrenando a guardias de seguridad de Facussé.
Últimamente, el 6 de octubre, miembros
de la Operación Xatruch II, capturaron, detuvieron sin
acusaciones y torturaron a Walter Nelin Sabillón Yanos,
miembro del MUCA, según informes de FIAN. Sabillón les
declaró que mientras estaba detenido en la comisaría
Tocoa, las autoridades lo golpearon, le colocaron
repetidamente un capuchón en la cabeza y le aplicaron tres
veces choques eléctricos en las manos, el abdomen y la boca
mientras lo interrogaban sobre el movimiento campesino.
El 17 de septiembre llamé a la comisaría
Tocoa para preguntar por la situación de mñas de 30
campesinos que habían sido reunidos y detenidos. “Díganle
que matamos a todos los campesinos”, dijo riendo el
oficial, y colgó. A una colega que llamó poco después le
dijeron que trataban a los detenidos “como perros”. “¿Los
están torturando?” –preguntó. “Espero que así
sea” –respondió el oficial.
Cables publicados el 30 de septiembre
por Wikileaks aclararon aún más el papel de los militares
de EE.UU. y del Departamento de Estado en el conflicto del
valle Aguán. Un cable del 19 de marzo de 2004 de la
embajada de EE.UU. en Tegucigalpa, titulado “Avión con
droga quemado en destacada propiedad hondureña” informa
de que “un conocido vuelo de tráfico de droga con un
embarque de 1.000 kilos de cocaína de Colombia… aterrizó
exitosamente el 14 de marzo en la propiedad privada de
Miguel Facussé”. Según el autor del cable, el embajador
Larry Palmer, las fuentes informaron a la policía de que
“el alijo se descargó en un convoy de vehículos
protegido por casi 30 hombres armados”. Vieron como
quemaban el avión y sus restos enterrados posteriormente
por un “buldócer/cargadora frontal”.
Palmer escribe que “la propiedad de
Facussé está fuertemente protegida y la posibilidad de que
los individuos hayan podido acceder a la propiedad, sin
autorización, utilizado la pista de aterrizaje es
cuestionable”. Una fuente “afirmó que Facussé estuba
presente en la propiedad cuando tuvo lugar el incidente”.
El embajador Palmer también informó
de que “este incidente marca la tercera vez en los últimos
quince meses en la que se han vinculado narcotraficantes con
la propiedad del señor Facussé”. En un cable
subsiguiente del 31 de marzo de 2004, Palmer señaló la
confiscación de “aproximadamente 700 kilos de cocaína”
por las autoridades hondureñas y transmitió su opinión de
que la droga podría haber provenido del avión quemado en
la propiedad de Facussé.
El 22 de febrero de 2009 –cuatro
meses antes del golpe– El Heraldo, un periódico
derechista de Tegucigalpa, informó de que, según un
funcionario de la oficina antinarcóticos del gobierno
hondureño, un avión Cessna con 1.400 kilos de cocaína se
había encontrado en Farallones, al este del valle Aguán en
el departamento de Colón, “en una pista de aterrizaje que
según nuestra información pertenece a Miguel Facussé”.
Parece seguro presumir que la embajada de EE.UU. lee El
Heraldo a diario y cuidadosamente.
Otros cables publicados por WikiLeaks
establecen que funcionarios de la embajada se reunieron con
Miguel Facussé en junio de 2006 y el 7 de septiembre de
2009, diez semanas después del golpe, y que la embajada
almorzó con Facussé y Rafael Callejas, otro de los
poderosos respaldos del gobierno golpista.
Una nueva embajadora estadounidense,
Lisa Kubiske, llegó a Honduras en agosto de este año. Es
experta en biocombustibles, el centro del imperio de palmas
africanas de Miguel Facussé.
¿Qué quiere decir todo esto,
entonces? Primero, la embajada de EE.UU. se reunió por lo
menos dos veces con un conocido y destacado narcotraficante.
Segundo, sabía que respaldó el golpe mientras se
desarrollaba, como si fuera solo un “destacado
empresario”.
Tercero, y lo más importante, EE.UU.
financia y entrena a militares y policías hondureños que
realizan operaciones conjuntas con los guardias de seguridad
de un conocido narcotraficante, para reprimir violentamente
a un movimiento campesino por cuenta de las dudosas
reivindicaciones de Facussé de vastas áreas del valle Aguán,
a fin de fortalecer su imperio de palmas africanas.
El actual presidente hondureño,
Porfirio Lobo, estuvo en Washington durante la primera
semana de octubre. Pregonó su compromiso con la defensa de
los derechos humanos y la lucha contra la droga, con plena
aprobación del presidente Obama. En realidad, ambos
aseguran la cobertura y el apoyo a una guerra contra
campesinos empobrecidos, para promover los intereses económicos
del hombre más rico y poderoso de Honduras.
(*) Dana Frank es profesora de
Historia en la Universidad de California, Santa Cruz, y
autora de “Bananeras: Women Transforming the Banana Unions
of Latin America”, que se concentra en Honduras, y de
“Buy American: The Untold Story of Economic
Nationalism”. Actualmente escribe un libro sobre la
intervención de AFL–CIO durante la guerra fría en el
movimiento sindical hondureño.
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