Prisiones
viven catástrofe humanitaria
Por
Thelma Mejía
Desde Tegucigalpa
Inter Press Service (IPS), 15/02/2012
La muerte de más
de 300 reclusos en un incendio, que pudo ser provocado, en
el penal de Comayagua evidencia el fracaso de las
autoridades civiles y policiales de Honduras en materia de
seguridad penitenciaria. Este es el tercer desastre
carcelario de Honduras en los últimos nueve años. Por los
dos anteriores, el Estado fue denunciado ante organismos
internacionales de derechos humanos.
Cientos de
familias de presos se agrupaban en los alrededores de la cárcel
de Comayagua, en el centro-oeste de Honduras y a 90 kilómetros
de la capital, en busca de información de sus parientes,
mientras las autoridades forenses colocaban en enormes
bolsas blancas de plástico los cadáveres que superan los
300.
Los cuerpos
deben ser trasladados a Tegucigalpa y puestos en furgones
refrigerados para su posterior identificación, ya que no
existe capacidad en la morgue para albergarlos. Un equipo de
20 forenses y 10 fiscales ha sido asignado a estas tareas.
Según
testigos, el fuego comenzó a la hora 23:50 local del martes
14 (05:50 GMT) en el módulo número seis de los 10 que
conforman el centro penal, considerado una granja modelo
pues sus reclusos desarrollan una producción agrícola que
se vende en el mercado local y permite mejorar una
alimentación basada –como en las demás prisiones– en
arroz y fríjoles.
Inicialmente
se sostuvo que la causa pudo haber sido un cortocircuito,
pero el portavoz policial Héctor Iván Mejía sostuvo que
"existen versiones acerca de que el incendio fue
provocado, y tenemos ya un testigo".
"No
quiero entrar en detalles, pero aparentemente fue una
persona que se encontraba en el interior, ya tenemos el
nombre, pero vamos a concluir las investigaciones para dar
la versión final", agregó.
La prisión
tiene capacidad para 500 personas, pero albergaba a 850 en
instalaciones deficientes, con techos de chapas de latón
que incluso algunos reclusos rompieron para escapar de las
lenguas de fuego.
Francisco
Aguilar, uno de los sobrevivientes, relató a medios locales
que "solo vimos salir un humo negro de la bartolina
(pabellón) seis, entonces abrimos el techo y rompimos los
candados para poder salir. Estamos vivos de milagro, ya que
dormíamos cuando empezó todo".
Las imágenes
televisadas mostraban la angustia de las familias de las víctimas
y un conato de histeria colectiva cuando intentaron ingresar
por la fuerza al recinto penal.
El bombero
Carlos Orellana, apostado en la zona de la tragedia, dijo a
IPS por teléfono que "no se puede describir lo que hay
ahí adentro. Muchos cuerpos quedaron calcinados en sus
camas, otros murieron por asfixia y algunos amontonados
cerca de los baños, intentado protegerse".
En un mensaje
transmitido por cadena nacional de radio y televisión, el
presidente Porfirio Lobo dijo que se vivía "un día de
profundo dolor" y ordenó la suspensión inmediata de
las autoridades de la cárcel y del coordinador de centros
penales de Honduras, el comisionado policial Danilo Orellana.
Lobo añadió
que estaba reunido con el Consejo Nacional de Defensa y
Seguridad para tomar "otras acciones", prometió
una investigación exhaustiva e independiente y añadió que
arribaría en horas un equipo de médicos forenses de Chile
para auxiliar a sus pares hondureños en la identificación
de los cadáveres.
El secretario
general de la Organización de los Estados Americanos, el
chileno José Miguel Insulza, solicitó a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en
Washington, que envíe a Honduras una delegación para
investigar los sucesos. "Este tipo de tragedias habían
sido advertidas, pero nadie quiso escuchar", dijo a IPS
el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón
Custodio. "Estamos en el sitio de los hechos desde que
trascendió el incendio y daremos nuestro reporte final en
su momento", agregó.
"Aquí se
evidencia una vez más que el Estado no solo carece de una
política de seguridad penitenciaria, sino que también la
policía es incapaz de manejar las cárceles", pues no
tiene "personal adecuado, ya que su formación es policíaca-militar
y no con los principios de naturaleza civil que deben
imperar en el sistema penal", comentó Custodio.
La reconocida
activista Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, hizo
notar que "es una casualidad que los incendios en las cárceles
se dan en la noche, cuando los privados de libertad están
bajo llave y los custodios que deben abrir son los primeros
en escapar".
Honduras tiene
24 prisiones, con una capacidad total para 8.250 personas.
Pero en 2011 había en ellas casi 13.000 reclusos, según
datos del comisionado de Derechos Humanos. La sobrepoblación
es una de las persistentes deficiencias de las condiciones
de reclusión en buena parte de América Latina.
La tragedia de
Comayagua es la más grave ocurrida en este país, pero no
la única.
En abril de
2003, murieron 69 personas en una masacre en la cárcel del
municipio El Porvenir, en la norteña ciudad portuaria de La
Ceiba. Este caso fue documentado por el Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en
Honduras, que lo denunció internacionalmente.
Nueve personas
fueron condenadas en 2008 por esos crímenes, aunque las
responsabilidades últimas no han sido todavía
establecidas.
En mayo de
2004, perecieron 107 reclusos en un incendio en la prisión
de la norteña ciudad de San Pedro Sula, similar al
acontecido el martes 14 en Comayagua. El 28 de este mes,
Honduras deberá comparecer por ese caso ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de
Costa Rica.
El caso fue
elevado a la jurisdicción de la Corte en marzo de 2011 por
la CIDH, después de que el Estado hondureño incumpliera
sus recomendaciones, formuladas en diciembre de 2010.
Los hechos de
San Pedro Sula "son en definitiva una consecuencia de
las deficiencias estructurales del propio sistema
penitenciario hondureño, las cuales han sido ampliamente
documentadas por mecanismos de Naciones Unidas, como el
Subcomité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo para las
Detenciones Arbitrarias", afirmó entonces la CIDH.
El
último drama carcelario se produce cuando el gobierno se
apresta a nombrar una comisión interventora de la policía,
con personalidades nacionales y extranjeras, para que efectúe
una depuración total de esa fuerza, acusada de vínculos
con el crimen organizado, y de tomar parte en asesinatos,
secuestros, extorsiones y extravío de armas, entre otros
delitos.
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