La guerra "invisible" de
Estados Unidos en Colombia
Contratistas estadounidenses en el
centro de la guerra
Por Jacobo
Quintanilla
AIS
(Agencia de Información Solidaria), 10/06/04
Millones de estadounidenses se
conmovieron con la historia de la soldado Lynch, capturada en marzo de
2003 por las tropas iraquíes. Tras su liberación, pocos días después,
Jessica Lynch regresaba a su casa de West Virginia convertida en heroína
y en icono de la lucha de Estados Unidos por la liberación del pueblo
iraquí.
Pero en Estados Unidos muy pocas
personas han oído hablar de Thomas Howes, Marc Gonsalves o Keith
Stansell. Tres estadounidenses que llevan ya dieciséis meses
secuestrados en las selvas colombianas por los rebeldes de las FARC.
El relativo anonimato de estos tres secuestrados no causa sorpresa. No
eran miembros activos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sino
contratistas de dos subsidiarias de Northrop Grumman -una empresa
privada que presta servicios al Departamento de Estado norteamericano
en la lucha antidrogas en Colombia y en Afganistán-; derribados de su
pequeño avión el 13 de febrero de 2003 cuando sobrevolaban la
provincia de Caquetá, al sur del país.
"Compare el impresionante
despliegue que los medios han dado al episodio de Jessica Lynch con la
cobertura de estos tres hombres en Colombia, que llevan meses en
cautiverio," afirma Peter Singer, analista del centro de estudios
Brookings Institution y autor del libro Corporate Warriors (Guerreros
empresariales). "Eso ilustra una de las claras razones de por qué
a los gobiernos les gusta emplear a estas compañías de contratistas,
porque cuando las cosas fracasan no hay titulares," explica
Singer.
El número de civiles
estadounidenses que apoyan los programas antidrogas en Colombia se ha
duplicado en los últimos dos años. Cuando el financiamiento del Plan
Colombia fue aprobado en julio de 2000, el Congreso de Estados Unidos
fijó un límite en el número de militares y contratistas civiles
estadounidenses que podrían “apoyar” el Plan Colombia. Pero
viendo el “excelente” rendimiento de estos contratistas, en mayo
de este año, Washington ha decidido aumentar de 400 a 500 el número
de efectivos estadounidenses en el país, y eliminar el límite para
la presencia de contratistas privados. El salto cualitativo en la
implicación estadounidense en Colombia es por tanto claro.
En el país andino hay varias
empresas privadas, algunas de ellas íntimamente relacionadas con los
círculos de poder de Washington, trabajando para el gobierno de
Estados Unidos (Lockheed Martin, ARINC, Northrop Grumman, MPRI...),
pero por el volumen de negocios, el paradigma lo representa DynCorp.
Sus contratistas rocían campos de coca, operan aviones y helicópteros
del Departamento del Estado, organizan programas de desarrollo
alternativos, reparan las avionetas y asesoran en materia de
inteligencia al Ministerio de Defensa colombiano. Este mini ejército
norteamericano, proporciona además pilotos, técnicos, y casi
cualquier clase de personal requerido para realizar la guerra en
Colombia, incluyendo personal administrativo.
DynCorp Aerospace Technologies,
fundada en 1946 y radicada en Reston (Virginia), era, hasta su compra
por parte de Computer Sciences Corporation en 2003, uno de los
contratistas más importantes del gobierno federal de Estados Unidos,
y los contratos con las más de 37 agencias federales con las que
trabaja le reportaban el 98% de su negocio. En 2001, la compañía
firmó un contrato de 600 millones de dólares con el Departamento de
Estado para realizar tareas de fumigación de coca en Colombia,
Bolivia y Perú.
DynCorp tiene un amplio historial
de operaciones por todo el mundo. En Colombia, según Peter Singer,
los hombres de esta compañía se han ganado la reputación de
“arrogantes y dispuestos a luchar”. Poco importa el carácter
moral de estos 'profesionales' en el desempeño de sus funciones, pero
sí importan sin embargo, las acusaciones que se les han imputado
durante su participación en la guerra en los Balcanes, donde varios
empleados de esta compañía se vieron implicados en un escándalo de
tráfico sexual, prostitución de menores y tráfico ilegal de armas
en Bosnia.
En Afganistán, DynCorp también ha
recibido su parte del pastel. Ya durante la propia guerra, la CIA puso
parcialmente en manos de contratistas particulares los vuelos de sus
aviones Predator. Pero será una vez ‘’oficialmente’’ acabado
el conflicto cuando DynCorp -que vela por el mantenimiento del avión
presidencial, el Air Force One-, consiga un contrato para la protección
privada del presidente afgano, Hamid Krzai, y otro para entrenar al Ejército
afgano una vez que los Boinas Verdes abandonen el país. Hasta
Mesopotamia también ha ido esta empresa para hacer negocio: 40
millones de dólares se va a embolsar esta compañía por preparar a
la policía de Irak.
La extendida utilización en
Colombia de contratistas en lugar de personal militar significa que
pocos estadounidenses son conscientes del nivel de implicación de su
país en el Estado andino, y la escalada en la implicación –hasta
el punto de que Colombia es el tercer receptor de ayuda militar
estadounidense tras Israel y Egipto-, muestra a las claras que al
igual qué ocurre en el sector energético, múltiples empresas
militares tienen intereses en Colombia y acuerdos millonarios con la
administración Bush.
Privatización de la Defensa
Esta “guerra invisible”,
protagonizada por las “Corporaciones Militares Privadas” y
financiada por el Pentágono, está provocando un conflicto entre los
negocios privados y los recursos públicos. Hoy, más del 48% del
presupuesto de Defensa ha sido repartido entre compañías privadas,
lo que supone una transferencia directa de los impuestos de los
estadounidenses a estas corporaciones.
Más de un año después,
familiares de los tres secuestrados de Northrop Grumman por las FARC
dicen no haber recibido todavía una explicación completa de lo
ocurrido. Las familias demandan negociaciones. Washington se niega a
negociar con una guerrilla a la que ha incluido en su lista de grupos
terroristas, aunque sí ha ofrecido para solucionar la crisis
“efectivos”, 340.000 dólares de recompensa y la posibilidad de
una visa a Estados Unidos a cambio de información que lleve a la
liberación de los rehenes.
Los críticos con la utilización
de contratistas privados dicen que para los estadistas americanos los
riesgos políticos que rodean una implicación más profunda de
Washington en el conflicto de Colombia hacen que utilizar contratistas
sea preferible a colocar fuerzas u oficiales de la inteligencia en un
peligro similar. Los contratistas no están sometidos a ningún
estricto código de conducta, Washington no responde directamente por
ellos y a sus bajas por muerte o captura no se les da gran publicidad.
“Cuando matan a los contratistas privados, nosotros simplemente
podemos declarar que ellos no forman parte de nuestras fuerzas
militares", admitía Miles Frechette, embajador en Bogotá con
Bill Clinton.
“La opinión pública
norteamericana se muestra muy susceptible a contar el número de
muertes", afirmaba el general colombiano ya retirado, Néstor Ramírez,
agregado de Defensa en Washington entre enero de 2002 y enero de 2003.
"Imagine si 20 militares americanos murieran aquí. Sería el
final del Plan Colombia”. Desde 1998, más de 20 contratistas
privados han muerto en Colombia, y sus muertes apenas han sido
declaradas.
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