La nueva embestida paramilitar

Por Constanza Vieira
Inter Press Service (IPS), 01/10/04

Bogota. El paramilitarismo de Colombia parece evolucionar hacia nuevas formas de penetración de la sociedad y del Estado, mientras un sector de estos grupos armados irregulares negocia su desmovilización con el gobierno de Alvaro Uribe.

”El accionar de la Corte Penal Internacional no puede depender de un eventual proceso de paz en cualquier país o región del mundo”, afirmaron la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus filiales colombianas en un seminario de cuatro días en Bogotá, sobre ese instrumento mundial contra la impunidad.

La FIDH y sus afiliadas Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comité Permanente para los Derechos Humanos e Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), se refirieron al ”grave contexto de las negociaciones con los paramilitares, durante las cuales el gobierno colombiano les habría asegurado su inmunidad ante la CPI”.

En el seminario, concluido el jueves, recordaron que ”los crímenes contra la humanidad no son objeto de reserva alguna en el Estatuto de la CPI”, y ”son imprescriptibles”.

En una grabación revelada el lunes por la revista Semana, se escucha al Alto Comisionado de Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, decir a los jefes paramilitares en la mesa de negociaciones secretas en Santa Fe del Ralito que la CPI ”no es un peligro. El gobierno ofreció un proyecto de ley que bloquea la acción de la Corte Penal Internacional”.

Colombia fue firmante del Estatuto de Roma que dio origen a la CPI y, como Estado parte, está alcanzado por la jurisdicción de ese tribunal internacional creado para entender en crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, cuando éstos no sean tramitados por los sistemas judiciales nacionales.

En octubre, Uribe pactó con Estados Unidos un acuerdo que protege a ciudadanos estadounidenses de la jurisdicción de la CPI, a cambio de cinco millones de dólares en ayuda militar, que Washington condicionaba a esta aceptación de Bogotá.

En noviembre, los paramilitares derechistas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que negocian con Uribe su desmovilización, le propusieron pactar ”algo del mismo estilo”, y que los acuerdos debían tener ”consentimiento nacional e internacional”.

Al seminario en Bogotá asistieron tres enviados de la CPI, con sede en La Haya: Paul Seils, Didier Preira y Gabriela González Rivas. También asistió Hugo Relva, consejero jurídico de Amnistía Internacional.

Durante el encuentro, Carlos Alberto Rojas, de la junta directiva de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial, relató que, poco tiempo atrás, un juez en una región apartada de Colombia debía realizar la audiencia pública de juzgamiento por una masacre de 23 personas, cuyos ”presuntos responsables” eran paramilitares.

El expediente estaba conformado por casi 250 legajos que no cabían en una habitación. Había nueve testigos de cargo.

El funcionario tuvo que pagar de su bolsillo 46 dólares por el traslado del expediente para llevar a cabo la audiencia. Pero ésta sólo contó con la presencia del fiscal y del juez, porque en la región corrió el rumor de que se había ofrecido recompensa por cada testigo que no declarara.

”Como es obvio, ningún testigo se presentó. Esas son las verdaderas posibilidades de la justicia en este país”, dijo Rojas.

El periodista Luis Castaño, director de la radioemisora comunitaria El Líbano, el cuarto municipio del central departamento del Tolima, está asilado desde la semana pasada en Bogotá.

”Piérdase, porque esos dos tipos que están allí vinieron para asesinarlo a usted”, le dijo a Castaño una noche el coordinador local del cuerpo técnico de investigaciones de la fiscalía.

La emisora, que en los últimos meses informó sobre los 19 asesinatos perpetrados en El Líbano, ”ya no puede informar”, dijo el miércoles el parlamentario tolimense Hugo Zárrate, durante un debate en el Congreso legislativo sobre la expansión del paramilitarismo.

Secretarías locales de Gobierno, Hacienda, Vías y Salud. ”Ahí es donde está la plata, ahí es donde se maneja todo”, dice un paramilitar a su interlocutor, al otro lado de la línea telefónica.

La conversación tuvo lugar en días posteriores a las elecciones locales y regionales de octubre de 2003, y los dos hombres se lamentaban porque no había resultado electo el candidato paramilitar a una alcaldía del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

La salida, comentan en la conversación telefónica, es imponer al alcalde electo los nombramientos de testaferros de paramilitares al frente de esas secretarías.

En el debate parlamentario, el jefe de bancada del izquierdista Polo Democrático, Gustavo Petro, hizo escuchar a sus pares varios minutos de 80 horas de conversaciones telefónicas interceptadas y grabadas por la Dirección Central de Policía Judicial.

Las grabaciones dan cuenta de reuniones de paramilitares con dos senadores. Un paramilitar dice pertenecer a la inteligencia militar. Otro afirma que es perseguido, pero que se ha refugiado en la sede del DAS (servicio de inteligencia presidencial): ”Por acá no me van a buscar, je je”, se escucha.

”Así es como se está extendiendo el paramilitarismo en todo el país, no sólo en Norte de Santander: capturando instituciones estatales, policía, DAS, fuerzas militares, alcaldías, gobernaciones. Capturando porciones de la clase política colombiana incluso aquí, en este Congreso, y matando gentes a lo largo y ancho del país”, dijo Petro.

”Lo que se está construyendo en el territorio colombiano son clubes de la muerte, que matan a los opositores, que están incluso a punto de matar a los uribistas mismos”, advirtió.

Que la Corte Suprema de Justicia abra ”proceso investigativo penal a congresistas supuestamente vinculados con grupos paramilitares”, pidió Petro en nombre de la bancada opositora.

En el recinto parlamentario estaba presente Michael Frühling, director en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El parlamentario Zárrate afirmó que ”el Bloque Centauros (de las AUC) compró la franquicia de un sector del paramilitarismo en el Tolima por 4.000 millones de pesos”, 1,54 millones de dólares.

”Uno se pregunta: ¿quién paga 4.000 millones de pesos por 200 bandidos y asesinos? Por dos razones: la primera, porque son narcotraficantes que quieren mimetizarse en un proceso de supuesta negociación política, que es la de Santa Fe de Ralito”, dijo Zárrate.

Además, ”resulta un buen negocio”. Desde el cese de hostilidades de las AUC para negociar, los paramilitares han causado ”solamente 56 asesinatos”, dijo Zárrate. ”Ya se apoderaron del territorio mediante la intimidación, y ahora están en el chantaje”, lanzó.

Por cada uno de los 36 municipios del Tolima, los paramilitares manejan listas ”de 1.000, 2.000 ciudadanos” a quienes extorsionan, dijo el parlamentario.

Los productores de arroz ”tienen que pagar un `gramaje´ (impuesto por peso) muy alto a los paramilitares del sur y del norte” del departamento, aseveró.

Cada una de las 700.000 cabezas de ganado en el departamento paga 3,80 dólares de impuesto a los paramilitares. En total, sólo por cuenta del ganado y el arroz, los paramilitares ganan en el Tolima unos 3,28 millones de dólares al año, según cuentas del congresista.

Aunque en el Tolima hay una presencia fuerte de la fuerza pública, los paramilitares actúan y mantienen control en los cascos urbanos, desde donde extorsionan ”a jornaleros, carniceros, supermercados, dueños de tierras, transportadores”, agregó.

El Bloque Centauros es parte de las AUC, organización que aglutina al paramilitarismo y que en diciembre de 2002 dispuso un cese de hostilidades y desde mayo negocia términos para su desmovilización con el gobierno del también derechista Uribe.

Los jefes paramilitares están concentrados en Santa Fe de Ralito, un santuario de 368 kilómetros cuadrados en el norte del país, cuyo perímetro es custodiado por el ejército.

”El accionar paramilitar se incrementó y fortaleció a partir del segundo semestre de 2002”, dijo Zárrate.

Versiones recurrentes afirman que conocidos capos del narcotráfico compran grupos paramilitares locales, con el fin de hacerse pasar por jefes de estos ejércitos irregulares que recibirían beneficios jurídicos en caso de que se complete la desmovilización.

El 19 de septiembre fue asesinado por sus propios compañeros Miguel Arroyave, uno de los 30 negociadores de la desmovilización y comandante del Bloque Centauros. La policía lo consideraba el gran capo del tráfico de los insumos químicos necesarios para la elaboración de cocaína.

Según el diario bogotano El Tiempo, documentos no oficiales del gobierno aseguran que Arroyave había comprado la ”franquicia” de las AUC por seis millones de dólares. La suma le daba derecho a hacer parte del grupo negociador.

Según Zárrate, ”varios alcaldes del Tolima fueron citados a una población del (río) Magdalena Medio (centro del país) para decirles que tenían que entrar en el proyecto político” que proponen los negociadores de Ralito.

En el Tolima la impunidad es total, dijo Zárrate. ”Ni siquiera se llega a investigaciones que culminen en una resolución de acusación, mucho menos una sentencia condenatoria”.

Los fiscales a cargo de esas investigaciones se asientan en los mismos municipios donde se cometieron los crímenes. ”Ante la intimidación de esta gente, qué van a poder, legítima y libremente, buscar a los culpables, a quienes además conocen, como los conoce el ejército y la policía”, aseguró.