Colombia 1: la doctrina de la seguridad democrática

Militarizar en nombre de la paz

Por Carlos Gutiérrez Márquez (*)
Le Monde Diplomatique, noviembre 2004

El pasado 23 de octubre la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento colombiano aprobó por 24 votos contra 9 el proyecto de reforma constitucional que permitiría la reelección del actual presidente Álvaro Uribe Vélez, para la cual faltan el voto de la Cámara y la aprobación dela Corte Constitucional. Uribe ha llevado a cabo una política de militarización del país, de conciliación con los para militares y confrontación con la guerrilla que hace de la paz -su principal promesa de la primera campaña electoral y el más ferviente anhelo de la población civil colombiana- una meta cada día más lejana.
Las secretas negociaciones entre el gobierno de Colombia y los paramilitares encubren la readecuación de la ultraderecha en el país y los preparativos de su probable impunidad. En el origen de la formación de los para militares, que sustituyen a las Fuerzas Armadas en el "trabajo sucio" represivo, y su acoplamiento con su sostén económico, los narcotraficantes, se encuentra el núcleo de intereses de grandes hacendados y de los miembros del establishment político amenazados por el surgimiento de la insurgencia armada desde los años sesenta.
Más de 30 empresas militares privadas (contratadas algunas por el Departamento de Estado de Estados Unidos) participan en Colombia, bajo la cobertura de la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra las guerrillas de las Fuerzas Armadas-Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELÑ).

Alrededor de un millón y medio de personas manifestaron el pasado 12 de octubre en toda Colombia contra la reelección del presidente Álvaro Uribe. contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. contra la pobreza y el desempleo. Se trató de la más importante expresión de disconformidad con el Presidente en lo que va de su gestión. cuya política represiva no trae la paz prometida en la campaña electoral.

"El 7 de agosto de 2006 no entregaré el poder a unas manos blanditas". Esta fiase del presidente Álvaro Uribe V élez se corresponde con la etapa que atraviesa Colombia: un creciente uso de la fuerza como mecanismo para enfrentar a la insurgencia armada y también a la oposición social y política.

Durante su campaña electoml, el actual Presidente de los colombianos prometió someter a la insurgencia en pocos meses e instalar la paz en el país. Para lograrlo, puso en marcha la política de Seguridad Democrática, que combina el fortalecimiento de las fuerzas armadas nacionales con la militarización de la vida cotidiana de toda la población. Sin ambages, enfatizó que "en Colombia todas las personas están obligadas a apoyar militarmente al ejército", y las incitó a conformar una red de apoyo activa de un millón de informantes y otra de cooperantes; esta última integrada por desmovilizados de los grupos paramilitares, los cuales gozan de una bonificación económica. Se creó al mismo tiempo el programa Soldados Campesinos (que ha sido compamdo con las "rondas campesinas" de la guerra sucia en Perú), y se abrió el programa Guardabosques, al cual también han sido incorporados miembros desmovilizados de los paramilitares.

Pero esto fue sólo el aperitivo. Los dineros del Plan Colombia y el Plan Patriota multiplicaron el poder, la tecnología y la capacidad operativa de las fuerzas armadas.

Asesorados por 400 oficiales estadounidenses en tierra y no menos de 200 "contratistas" (nombre que ahora se da a los mercenarios) (1) en cuestiones aéreas y otras asesorías, se libran abiertas campañas militares para controlar extensos territorios que se consideran refugio de insurgentes. Al mismo tiempo, en una agenda diseñada para recuperar la confianza perdida de la ciudadanía en las instituciones públicas y en la' capacidad de sus fuerzas armadas -también para dar respaldo a las decaídas economías regionales, sobre todo aquellas que están ligadas al turismo-, se crearon programas como "Quiere a Colombia, viaja por ella".

La imagen: miles de soldados y decenas de tanques acompañando caravanas de viajeros por las vías que llevan a sitios de recreo. Una disputa del territorio a punta de pistola e ideología.

En sus primeros 15 meses de gobierno (agosto 2002-octubre de 2003) el Presidente apareció a diario en multitud de programas de televisión y radio haciendo las veces de un ciudadano común, llamando a los generales de las distintas divisiones para recibir su reporte de guerra, visitando pequeñas y grandes ciudades, generando la idea de un "nuevo poder". Su frase, "Hay que trabajar, trabajar y trabajar", se hizo comidilla de cada día. De no ser por la derrota política que sufrió su propuesta de referendo (2), hubiera pasado por el máximo estadista de la historia en el país.

Desplazados, desaparecidos y presos

Sin embargo, a la par de sus iniciales éxitos -una guerrilla que se repliega a sus cuarteles en la selva y que abandona sus concentraciones de tropa para regresar a tácticas de guerrilla-, se multiplica la presencia del paramilitarismo (Espinoza, pág. 14). Es vox populi que en las zonas en disputa entre las tropas oficiales y las insurgentes, junto a los retenes del ejército nacional, 300 ó 500 metros, más adelante, se encuentra uno paramilitar. y de su mano el incremento demencial de muertos y desplazados. "Entre enero y septiembre de 2003, fueron desplazadas forzadamente 175.270 personas". Aunque la cifra es inferior a la de años anteriores, (3) los defensores de derechos humanos la explican entre otras razones por el control que los paramilitares ejercen en ciertos poblados para impedir que la gente salga o por las dificultades para llevar los registros.

En ese mismo periodo de 2003, "684 personas fueron víctimas de desaparición forzada (..,) y entre junio de 2002 y mayo de 2003, 126 sindicalistas fueron asesinados o desaparecidos", según el mismo informe. Un reflejo del intenso control territorial es la agravada situación en las cárceles: en sólo seis meses (enero-junio de 2004), la población pasó de 62.074 detenidos a 66.892, es decir, se incrementó a razón de 803 personas por mes, cifra muy superior a la del primer semestre de 2002: 64 personas mensuales. A pesar de la construcción de media docena de cárceles de alta seguridad, durante la gestión de Uribe el hacinamiento que padecen los presos llega al 37%.

Como en los peores tiempos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, los controles a la población se extienden, ahora de la mano de la red de informantes que la propaganda oficial ya calcula en dos millones. Cientos de acciones militares en pequeños o medianos poblados, con el ojo puesto en los líderes sociales, ha llevado"a prisión entre septiembre de 2002 y noviembre de .2003 a 5.657 personas, en redadas masivas donde todos los detenidos son sindicados de guerrilleros o sus auxiliares. Muchos son puestos en libertad pasados varios meses, al no existir pruebas firmes para procesarlos.

Uno de los casos más asombrosos fue el de 143 personas detenidas en un solo operativo en el norteño departamento de Sucre. Tres meses después, 128 fueron puestas en libertad por falta de pruebas. Larespuesta del Fiscal General de la Nación no se hizo esperar: amenazó con la destitución al fiscal que llevaba el caso e inició una investigación penal en su contra por supuesto delito de prevaricato. Simultáneamente, la ministra de Defensa aseveró que recapturaria a los liberados.

Las consecuencias para los acusados y sus familias son graves. En su mayoría son hostigados y amenazados, debiendo dejar su vivienda y su región. Últimamente se usa este procedimiento: los seleccionados a la "pena de muerte" son sindicados como auxiliadores de la guerrilla, se les encarcela y son presentados ante los medios de comunicación; luego quedan libres por falta de pruebas, y son asesinados a los pocos días. Sólo dos ejemplos: en septiembre de este año, en la costera y caribeña ciudad de Barranquilla, fue asesinado en esas circunstancias el sociólogo y agrónomo Alfredo Correa de Andreis; y en la primera semana de octubre sufrió igual suerte Ana Teresa Yarce, líder de la Comuna 13 de Medellín.

El presidente Uribe y sus funcionarios buscan la aprobación de la ciudadanía para este proceder Oficial y paraoficial. Ante el cuestionamiento de estos inaceptables métodos y prácticas de control social por parte de los defensores de derechos humanos, Uribe no dudó en llamarlos "traficantes de derechos humanos y defensores de intereses terroristas".

La esperanza de paz

El mayor anhelo de los colombianos es la paz, y no es para menos. Hace más de 50 años que soportan la violencia oficial, la aparición de multitud de agrupaciones guerrilleras, rurales y urbanas, en suma, una guerra no declarada. El cansancio, tanto de los campesinos como de los habitantes de las urbes, es inocultable, y el Presidente supo recoger esa aspiración. Congregados a su alrededor todos los adversarios de una solución política del conflicto, explotó la supuesta amplitud del diálogo sostenido entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y su ausencia de logros tangibles, para prometer a los cuatro vientos que sometería a la guerrilla en pocos meses, alcanzando así la paz.

No es la primera vez que esa promesa se hace en Colombia. En 1965, durante el gobierno de Guillermo León Valencia y con el Plan Lazo de Estados Unidos, se pretendió acabar con lo que se conocía entonces como "repúblicas independientes". Su desenlace: la constitución de las FARC, hasta entonces llamadas Bloque Sur. En 1991, durante el gobierno de César Gaviria, su ministro de Defensa Rafael Pardo prometió que en un año esas guerrillas estarían terminadas.

El ataque al cuartel central de las FARC (Casa Verde) el 9 de diciembre de 1990 generó su posterior crecimiento y concentración de fuerzas, tanto que capturaron más de 600 militares, algunos de ellos -los oficiales- aún en su poder como prisioneros de guerra.

El primero de los intentos por evidenciar la nueva actitud de combate del gobierno de Uribe y la renovada capacidad militar de las fuerzas armadas se dio el 5 de mayo de 2003, cuando el Presidente ordenó rescatar a dos importantes secuestrados, un ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverri Mejía, y el gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa. Resultado: la muerte de los dos cautivos.

El segundo y más evidente de sus esfuerzos por mostrar que se puede llevar a las FARC a la mesa de negociaciones en situación de desventaja, todavía se prolonga: es el permanente intento de rescatar a los agentes estadounidenses hechos prisioneros el 13 de febrero de 2003, cuando los guerrilleros derribaron su aeronave en el sur de Colombia (4). Tras cerca de dos años de constantes ofensivas, todavía no hay resultados positivos.

En cambio, Uribe registra éxitos en las "conversaciones" con los paramilitares. Sin ocultar sus preferencias el Presidente se empeña en jugarse lo que le queda de prestigio en unas "negociaciones" que prometen para finales del año 2005 su total desmovilización.

Desde un principio, muy pocos hicieron eco a este proceso, bien por lo confuso de esos grupos, bien por desconfianza. El primer resultado -unilateral- de tales "conversaciones" fue la desmovilización, en octubre de 2003, del frente Cacique Nutibara, un grupo de un poco más de 870 paramilitares que controla la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia, en el noroeste del país.

Aunque era evidente que los desmovilizados y concentrados en un centro vacacional eran una mezcla de delincuentes comunes y milicianos paramilitares, el gobierno desoyó las voces de alerta. En la última semana del mes de septiembre pasado y después de que los mismos paramilitares filtraran algunas de las discusiones que mantienen con el gobierno, éste aceptó que lo habían engañado. Reconoció sin ambivalencias que los principales miembros de ese grupo seguían en armas en lo que se conoce como el frente "Héroes de Granada".

Desmovilizados y alzados en armas despliegan en esa ciudad un intenso plan de dominio que tiene que ver con el control de barrios, cobro de "vacunas" (impuestos) a los comerciantes e incluso a las autoridades oficiales, eliminación de sus opositores, copamiento de las juntas de Acción Comunal (organismos de participación y representación barrial) y otros medios, en lo que ahora se conoce como laboratorio de dominio y control social paraestatal, que se extiende a todo el país.

La identificación del Ejecutivo con este proceso (que se puede llamar con justicia de legalización de los paramilitares), no dejó dudas cuando autorizó la presencia de algunos de sus principales voceros en el Parlamento Nacional (5). Son muchos los instrumentos legales que Uribe perfecciona, con la paciencia de un artesano relojero, para favorecer a los paramilitares. Primero aplazó por siete años la vigencia del Estatuto de Roma; en consecuencia, hasta entonces la Corte Penal Internacional no podrá juzgar a los criminales que no hayan sido procesados por la justicia colombiana.

Reformó la Ley 418 de 1997, que autorizaba al gobierno a negociar con grupos armados que tuvieran status político. La reforma que promovió el Presidente tan pronto como llegó al poder suprimió las palabras "status político", justamente el impedimento para poder negociar con los paramilitares.

En agosto pasado expidió el Decreto 2767, mediante el cual otorga "nuevos beneficios para desmovilizados y reincorporados a la vida civil". Para completar, y ante el convencimiento de que sólo él podrá obligar a la insurgencia a negociar sin condiciones, Uribe propone su reelección, para cuya legalización hace tramitar en el Congreso el pertinente proyecto.

Así, la impunidad campeará en Colombia. Esta alteración de la legalidad, que hace de la democracia un simple formalismo y del autoritarismo la verdadera índole del Estado colombiano, es propuesta y auspiciada por el propio Presidente, quien para crear un clima favorable a esa situación, argumenta que si no se procede así nunca habrá paz. Pero en este juego de conciliación con los paramilitares y confrontación con las guerrillas, la paz es cada día más esquiva.

Notas:

(*) Director de Le Monde Diplomatlque, edición Colombia.

1.- El 9 de octubre pasado se conoció la decisión del Congreso estadounidense de incrementar la presencia militar en Colombia. Pasarán a 800 los oficiales, y los "contratistas" a 600.

2.- El 25 de octubre de 2003 se realizó un referendo en el que, mediante 16 preguntas, se pretendía hacer aprobar toda la agenda pendiente con el Fondo Monetario Internacional. El NO mayoritario resultó una sorpresa que sumió en el silencio. por varias semanas, al Presidente y su séquito.

3.- "El año 2002 fue considerado el de mayor desplazamiento forzado en Colombia desde 1985; fueron afectadas 412.553 personas, un promedio de 1.144 por dla, 20% más que en el año inmediatamente anterlor. Colombia ha contemplado desde 1985 el éxodo de 2,9 millones de sus habitantes dentro del propio territorio, sin que el Estado haya evitado su destierro ni aclarado la verdad de los hechos, impartido justicia a los responsables y menos aun reparado a las victimas", El embrujo autoritario, primer año de gobierno de Alvaro Uribe Vé/ez, editado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, septiembre de 2003.

4.- Los agentes prisioneros de las FARC son Keith Stansell, Thomas Howes y Marc Gonsalves.

5.- A Instancias de legisladores afectos a los paramilitares y con el beneplácito del presidente Uribe, tres de sus líderes -Mancuso, Duque e Isaza- fueron recibidos en el Congreso el 28-7-04. Allí se dijo de ellos que son héroes de la democracia y salvadores de media República de las garras del comunismo; que la sociedad colombiana está en deuda y que el sacrificio patriótico no se les puede pagar con cárcel.