Colombia
2: asuntos de familia
Negociaciones
entre narco-paramilitares y gobierno
Por
Fermín Espinoza (*)
Le Monde Diplomatique, noviembre 2004
Las
actuales negociaciones del gobierno colombiano con los paramilitares,
que tienen lugar en el poblado de Ralito, y se pretenden de paz,
constituyen un momento crucial en la historia colombiana, no porque de
ellas se derive un mejor futuro para el país, sino porque en esencia
son la mampara tras la cual se quiere legitimar la readecuación de
fuerzas de la ultraderecha colombiana.
El
paramilitarismo, como señala acertadamente el ex comisionado para la
paz Daniel García Peña, "forma parte de una vieja tradición de
las elites nacionales de acallar a sus opositores con el uso de la
fuerza, como ocurrió con los 'pájaros' de los años de la violencia,
para no ir más atrás" (1).
Precisamente,
a consecuencia de la barbarie de la década de los '50 y la
subsiguiente represión a todo anhelo popular, se originó un
abigarrado movimiento insurgente en el que, entre otros, se destacaron
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC; 1964), el Ejército
de Liberación Nacional (ELN; 1965) Y el Movimiento 19 de Abril (M
-19; 1972); este último ya desmovilizado.
Con
fuertes basamentos campesinos, esas organizaciones dirigieron su
accionar no sólo contra los órganos armados del Estado, sino también
contra los grandes terratenientes, ganaderos, comerciantes y
"caciques" políticos de ambos partidos. Ante la aparición
de una violencia guerrillera que amenazaba sus intereses, privilegios
y vidas, la respuesta de quienes siempre habían detentado el
monopolio de la fuerza y el poder político-económico no se hizo
esperar. Hacia finales de los '70 comenzó a coligarse en Puerto Boyacá
(población perteneciente a la vasta región conocida como Magdalena
Medio), toda una serie de factores que darían origen, hacia 1982, a
la actual versión del pararnilitarismo.
Entre
esos factores se destacan, en primer lugar, la belicosidad de las
amenazadas oligarquías locales y regionales; en segundo lugar, el
descontento de parte de la población campesina, agotada ante los no
pocos abusos cometidos por la insurgencia que decía defenderla, y por
último, el acoplamiento de ese hastío con los dictámenes, políticas
y estrategias contrainsurgentes enmarcadas en la Doctrina de Seguridad
Nacional,
que
encontró un defensor incondicional en el gobierno del liberal Julio César
Turbay Ayala (1978-1982). Así, el paramilitarismo "contemporáneo"
nació en el seno de los grandes propietarios y políticos del
Magdalena Medio y encontró eco y apoyo inmediato en la derecha
colombiana.
En
un momento de gran efervescencia social, de lucha por el derecho a la
tierra y las garantías democráticas, de un clamor generalizado por
pan, trabajo, salud, educación y futuro, el paramilitarismo fue el
instrumento idóneo del establishment para acallar las luchas sociales
enarboladas tanto por la insurgencia como por todos aquellos que
buscaban un espacio de participación política en medio del monolítico
y excluyente sistema bipartidista (liberalconservador). De un modo
natural, puesto que es una maquinaria para defender los privilegios de
una minoría y, paralelamente, contener el descontento social, el
paramilitarismo gozó desde su comienzo con la anuencia, apoyo logístico
y humano de las fuerzas militares.
El
secuestro de Marta Ochoa en 1982 por el M -19 propició la fundación
de Muerte a Secuestradores (MAS; una alianza de narcotraficantes), y
marca la fecha de acople del paramilitarismo con el narcotráfico, su
soporte económico.
La
XIV Brigada del Ejército colombiano, encargada del orden público en
el Magdalena Medio y territorios circunvecinos, desencadenó desde
1983,junto a los paramilitares, una ola de masacres, ejecuciones extra
judiciales, torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias, etc.
Campesinos, profesores, líderes comunales y obreros fueron sus
principales víctimas.
Encabezados
por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, "El Mexicano",
los narcotraficantes vieron en el Magdalena Medio el lugar perfecto
para reinvertir las ganancias dejadas por el negocio de la droga. La
asociación con el narcotráfico no implicó un dilema moral para
quienes ya amparaban el paramilitarismo. De hecho, de no ser por aquél,
la extrema derecha armada no tendría el poder destructor que la
caracteriza.
Los
grandes propietarios tradicionales (muy ligados al funcionamiento político
del sistema) y los narcotraficantes compartían una necesidad táctica
inmediata: defenderse del peligro revolucionario. De ahí la
connivencia entre estos dos sectores. Con el Estado les unía la
necesidad estratégica de aferrar el poder político y económico,
frente a los crecientes movimientos populares y una insurgencia cuyo
horizonte era precisamente acceder al poder. Por tal motivo el Estado,
representado por los militares, respaldó la colusión narcotráfico-paramilitares
(2) en el esfuerzo mutuo de arrasar con cualquier proyecto democrático
alternativo.
Un
caso emblemático de esto último, que es necesario recordar, fue la
Unión Patriótica (UP), formada a mediados de la década de los '80,
luego de conversaciones con el presidente Belisario Betancourt, de
cuyos miembros se calcula que 3.500 cayeron asesinados durante la
guerra sucia. Más tarde, desarmado y desmovilizado el M-19, muchos
militantes fueron muertos, comenzando por su líder Carlos Pizarro; el
actual senador de lo que fuera el M-19, Antonio Navarro Wolf, sufrió
un grave atentado. Muchos otros de unas y otras agrupaciones fueron
torturados o desaparecidos.
En
la segunda mitad de la década de los '80, esas fuerzas oscuras
decidieron tomar una actitud más ofensiva frente a todo lo que
consideraban su Némesis. Para su fortalecimiento cualitativo se
hicieron con los servicios de mercenarios provenientes, entre otros países,
del Reino Unido, Sudáfrica e Israel; el más célebre de ellos fue el
ex teniente coronel del Ejército israelí Yair Klein (3).
No
obstante, la cruenta guerra que declarara el Cartel de Medellín
contra la nación colombiana haría que al interior del narco-paramilitarismo
surgieran profundas divisiones, muchas producto de las desavenencias
entre los propios mafiosos. Carlos Castaño, quien con el tiempo se
convertiría en el líder máximo de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), integró la cúpula de un grupo denominado los
"PEPES" (Perseguidos por Pablo Escobar) que jugó un papel'
fundamental en la caza y caída del capo de capos narcos en 1993 (4).
Cuando
las AUC se constituyeron en abril de 1997, ya habían transcurrido
casi dos décadas de terror paramilitar. Bajó la égida de Carlos
Castaño, dicha organización consolidó su expansión a todo el
territorio nacional, desplazando de muchos lugares a la guerrilla.
La
expansión del narco-paramilitarismo siguió contando con el concurso
jurídico del Estado, en la medida que éste legitimó (1994-1995) las
Cooperativas de Seguridad Rural -CONVIVIR-; organizaciones creadas
para que en algunas zonas del país la población civil
"(realizara) labores de apoyo a la fuerza pública en su tarea
antiguerrillera" (5). Las CONVIVIR, nacidas gracias a los
esfuerzos del por entonces (1995) ministro de Defensa Fernando Botero
Zea (6), tuvieron el irrestricto respaldo del actual presidente de
Colombia Álvaro Uribe Vélez.
La
década de los '90.culminó con un evidente esfuerzo político-militar
de parte del Estado para derrotar a algunos sectores del narcotráfico,
pero esto no hizo más que poner en evidencia que no existió el propósito
de hacer lo mismo con el paramilitarismo.
El
presente
Las
negociaciones de paz entre el narco-paramilitarismo y el gobierno sólo
podrian producirse en un mandato como el de Álvaro Uribe Vélez,
quien accedió al poder gracias a tres factores decisivos: el
desencanto causado por los fracasados diálogos de paz entre el Estado
y la guerrilla (1998-2002) durante la presidencia de Andrés Pastrana;
el apoyo con que contó para su elección por parte del narco-paramilitarismo;
y la fabulosa apisonadora orwelliana que son los medios de
"comunicación" colombianos, que hicieron del oscuro Uribe Vélez
una caricatura de Cristo redivivo.
A
diferencia de las anteriores negociaciones con la guerrilla, la actual
con los paramilitares se caracteriza por el secreto. De hecho, el
mundo desconoce qué se está tratando allí, al tiempo que el Estado
afirma que la nación está representada por miembros de una
"sociedad civil" completamente ajena a la voluntad popular.
Sin
embargo, lo más aberrante en estas negociaciones es la legitimación
política de la más feroz de las organizaciones armadas, responsable
de la mayoría de las 1.969 masacres ocurridas en los últimos 10 años
y de casi todo el desplazamiento forzado (3,5 millones de personas)
entre 1985 y 2003.
Esto
es vergonzoso desde cualquier punto de vista, puesto que a pesar del
enmascaramiento, se sabe que las AUC son, en realidad, no sólo el
brazo armado de la ultraderecha, sino también la organización
militar de los señores de la droga. Se colige que la impunidad que
siempre ha rodeado el accionar de estos grupos y sus patrocinadores
alcanzará dimensiones colosales: de hecho, en la última semana de
septiembre se dieron a conocer unas grabaciones secretas de las
conversaciones sostenidas entre el comisionado de paz, Luis Carlos
Restrepo, y la cúpula paramilitar, en las cuales los colombianos
escucharon estupefactos cómo, en nombre del Presidente, Restrepo deja
entrever a la comandancia de las AUC que Uribe usaría su
"facultad discrecional" para evitar la extradición hacia
Estados Unidos de algunos de los dirigentes narco-paramilitares y, lo
que es peor, que en Colombia se adelantaría un simulacro de justicia
que impediría que los genocidas fueran juzgados por la Corte Penal
Internacional. Estas revelaciones se suman a pronunciamientos
similares hechos con anterioridad por el ministro del Interior y
Justicia, Sabas de la Vega (7).
Los
comandantes de las AUC que se reunieron el pasado mes de julio con el
gobierno en Santa Fe de Ralito fueron Salvatore Mancuso (comandante
general, tras el supuesto asesinato de Carlos Castaño, a principios
de 2004) (8); Diego Murillo Bejarano, amigo de Castaño y otrora
subalterno del "narco" Fernando Galeano, quien fuera
descuartizado por Pablo Escobar en la prisión "La Catedral"
en julio de 1992 (9); Rodrigo Tovar Pupo; Ramón María Isaza; Víctor
Rafael Triana, quien perteneciera a la estructura del extinto
narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha; Julián Bolívar; Ramiro
Vanoy; Iván Roberto Duque; Víctor Manuel Mejía Múnera y Francisco
Zuluaga Lindo, entre otros. Miguel Arroyabe, uno de los comandantes
negociadores, cayó asesinado el pasado 19 de septiembre en un
contexto de disputas al interior del paramilitarismo. Todos estos
personajes son reconocidos narcotraficantes, cuya extradición ha sido
solicitada por el gobierno de Estados Unidos.
Mejía
Múnera y Zuluaga Lindo son dos de los más importantes jefes del
Cartel del Norte del Valle, el cual busca represalia contra
narcotraficantes rivales en la ciudad de Cali. Mejía Múnera, además,
le pagó unos 800.000 dólares a Vicente Castaño (hermano de Carlos
Castaño, también requerido por Estados Unidos) para hacerse del
control paramilitar de la región del Arauca, limítrofe con
Venezuela, y sus cultivos de coca (10).
Los
vínculos de los paramilitares con el Cartel del Norte del Valle son
tan estrechos, que el coronel Óscar Naranjo, director de la Dirección
de Investigaciones Judiciales de-la Policía (DIJIN), denunció que en
febrero de 2003 Carlos Castaño se reunió en la ciudad de Cartago
(Valle del Cauca) con Luis Remando Gómez Bustamante (otro
extraditable) (11 ), quien fuera capturado en Cuba tratando de
ingresar ilegalmente,a la isla el pasado 8-9 de julio. Bustamante había
logrado burlar a las autoridades colombianas, a pesar de que su jefe
de seguridad y también narcotraficante, Mauricio Ríos Quintero, ya
había sido apresado no hacía mucho.
Ríos
Quintero es hermano del mayor de la Policía Francisco Ríos Quintero,
quien hasta hace poco actuara como jefe de seguridad del controvertido
fiscal general de la nación Luis Camilo Osorio. El mayor Ríos
Quintero, al parecer a raíz de todos estos sucesos, fue llamado a
curso de ascenso para teniente coronel (12).
El
futuro
Todo
apunta a que la Colombia del gobierno Uribe acabará ofreciendo al
mundo uno de los espectáculos de impunidad más vergonzosos de la
historia. En efecto, urge inventar para el narco-paramilitarismo una
legitimación y salida política, pues el establishment le debe mucho.
Con ese objetivo, algunos narco-paramilitares llegan incluso a hacerse
eco de las motivaciones de la guerrilla (13).
La
legitimación política traería como valor agregado atenuar los
castigos -si es que los hay- para los responsables de numerosos crímenes.
También habría, de hecho, una legitimación del botín de guerra
(14).
Para
Uribe los réditos serían altisimos. Por una parte, devolvería
favores al narcoparamilitarismo, pues cuando fue candidato a la
presidencia recibió el respaldo público y operativo de Castaño y
del por entonces segundo al mando de las AUC, Salvatore Mancuso (15).
No obstante, el premio mayor sería indudablemente la publicidad
favorable (y la manipulación de la opinión pública) generada por
una eventual firma de paz; justo en el momento en que la maquinaria
uribista desata una inmoral batalla para desvirtuar la Carta
Constitucional de 1991 e imponer la reelección del Presidente para el
período 2006-2010 (Gutiérrez, pág. 12).
Desde
la perspectiva de Estados Unidos, el fin positivo de las negociaciones
lo beneficia, en la medida en que podrá consolidar inversiones en
zonas de explotación de recursos naturales altamente estratégicos
(16), limpias ya de cualquier foco de resistencia social gracias a la
acción de los narcoparamilitares y del Plan Colombia.
Sólo
desde este punto de vista puede . comprenderse, por ejemplo, el
asesinato de seis militares y una ingeniera venezolanos en territorio
limítrofe de Venezuela con el departamento colombiano de Arauca, el17
de septiembre pasado. En efecto, la masacre cometida por los
paramilitares -que el gobierno trata aún de imputar a las FARC- forma
parte de un complejo plan de movilización conjunta de tropas
estatales y paraestatales, con asesoría estadounidense, hacia los más
de 2.000 kilómetros de línea fronteriza con Venezuela. El propósito
de tal posicionamiento paramilitar es doble: por un lado, resguardar
los intereses estadounidenses del lado colombiano de la frontera de
cara a los proyectos de prospección petrolera que el gobierno del
presidente Hugo Chávez adelanta en su zona limítrofe (17) y, por
otro, concentrar estratégicamente en la zona un número importante de
tropas regulares e irregulares que, del mismo modo que la
"contra" nicaragüense asentada en territorio hondureño y
costarricense en los '80, pudiese ser ser utilizada para hostigar,
llegado el caso, a la Revolución Bolivariana.
Por
otra parte, hay que recordar que para Estados Unidos la extrema
derecha armada ha sido un aliado utilísimo en términos geopolíticos
y que su gobierno no abandonará a quienes han actuado a su servicio
(18). No debería extrañar, entonces, que se revocaran selectivamente
algunas órdenes de extradición que pesan sobre varios de los líderes
del paramílitarismo por temor a que su cúpula, tan asociada en su
momento con Pablo Escobar y las agencias de inteligencia
estadounidenses, filtrase valiosos datos respecto a la guerra sucia en
Centroamérica.
Hasta
el momento nada se dice de resarcir a las víctimas y sus familias, de
responder por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el
pueblo colombiano.
Esto
no cuenta en las negociaciones de paz; apenas los intereses oscuros
del gobierno Uribe, las necesidades estratégicas de Estados Unidos y
el cínico propósito de los narco-paramilitares y sus gestores de que
todo siga igual.
Notas:
(*)
Investigador independiente colombiano
1.-
"Los 22 años del 'hijo de Herman Monsterm, El Tiempo, Bogotá,
4-7-04."Los Pájaros" y "la Chulavita" son dos
nombres con los que se conocieron algunos de los grupos de filiación
conservadora que, con asesoria o apoyo del aparato militar, desataron
una cruenta represión contra las clases más humildes luego de la
"insurrección" popular por el asesinato (9-4-1948) del
caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. El enfrentamiento entre los
partidos conservador y liberal, en el contexto del magnicidio, dio
origen a lo que se conoce como "la violencia" (1948-195B),
que costó la vida a 300.000 colombianos.
2.-
Medina Gallego, Carlos, Autodefensas, Paramilitares y Narcotráfico en
Colombia, Editorial Documentos Periodísticos, Bogotá, 1990.
3.-
Uno de los alumnos avezados de Klein cuando impartía clases en las
"escuelas de sicarios" del Magdalena Medio, fue Carlos Castaño
Gil, quien hasta hace poco fue jefe nominal de las paramilitares AUC.
4.-
Fidel Castaño, hermano de Carlos Castaño y jefe de los poderosos
paramilitares de los departamentos de Antioquia y Córdoba (asesinado
por la guerrilla en 1994), era amigo, socio y colaborador de Pablo
Escobar.
5.-
Rueda, Maria Isabel, "Convivir en blanco y negro", Semana,
Bogotá. 1-9-1997.
6.-
Botero Zea, hijo del famoso pintor y escultor colombiano Fernando
Botero, siendo jefe de campaña del ex presidente Ernesto Samper, fue
uno de los encargados de "aceitar" la entrada de miles de
millones de pesos a dicho esfuerzo provenientes del Cartel de Cali.
7.-
"Todos los grupos ilegales han sido tocados por el narcotráfico",
El Tiempo, Bogotá, 11-8-04.
8.-
La "muerte" de Castaño, supuestamente a manos de
paramilitares enemigos, parece ser un elaborado montaje que pretende
salvaguardar de la extradición y de los tribunales internacionales a
uno de los mayores asesinos de la historia contemporánea.
9.-
Aranguren Molina, Mauricio. Mi confesión. Carlos Castaño revela sus
secretos, Editorial Oveja Negra, Bogotá.2001.
10.-
"Dos gallos tapados en Ralito", El Tiempo. Bogotá, 4-7-04;
y de la edición digital del mismo diario (1-7-04)
11.-
"¿Quiénes son los 20 jefes paramilitares que se concentran en
Santa Fe de Ralito?".Entrevista concedida por Naranjo al programa
periodístico Primera Línea, RCN T.V.. 12-7-04, Colombia.
12.-
"Carta comprometedora", Semana. Bogotá, 3 al 10-5-04.
13.-
Durante la comparecencia de paramilitares ante el Congreso (28-7-(14),
invitados por el gobierno, uno de esos criminales. Iván Roberto
Duque, manifestó que las AUC estaban en contra del neoliberalismo, de
la exclusión social, del desplazamiento de campesinos, de la
concentración de tierras. etc.
14.-
En poder de los paramilitares se encuentran 6 millones de hectáreas
de las mejores tierras cultivables del pais y 4.000 millones de dólares
en cuentas internacionales.
15.-
Elecciones signadas por las denuncias (negadas por el Estado) que señalaban
la "presencia" de casi 4 millones de muertos
"listos" para el fraude electoral. BBC Radio, Londres, emisión
en castellano del 5-3-02; 22:00, horas de Colombia. Durante la campaña,
los medios hicieron lo imposible para que la opinión pública
desconociera una entrevista hecha a Uribe por el prestigioso semanario
estadounidense Newsweek, que revelaba tanto los nexos con el narcotráfico
de allegados al por entonces candidato, como sus relaciones con Pablo
Escobar. "1 Have Been Honorable"; An Interview with Co/ombian
Presidential Candidate Alvaro Uribe Vélez. edición internacional,
Nueva York, 25-3-02.
16.-
Además de la frontera con Venezuela, las zonas de Chocó, en limites
con Panamá; el Putumayo. fronteriza con Ecuador y Perú; y el
Amazonas. colindante con Brasil y Perú. Todas, con incalculables
riquezas bióticas y energéticas.
17.-
La Occidental Petroleum Company, una de las principales compañías
gestoras y patrocinadoras del Plan Colombia cuando se debatía en el
Congreso estadounidense, explota el pozo petrolero de "Caño Limón"
(en Arauca, justo sobre.la línea limítrofe con Venezuela) y controla
el oleoducto que transporta el crudo hasta la costa caribe colombiana.
La compañía Harken Energy, uno de cuyos principales accionistas es
el presidente George W. Bush. tiene también intereses petrolíferos
en la región oriental de Colombia.
18.-
Carlos Castaño colaboró personalmente con la DEA y la CIA durante la
persecución de Pablo Escobar.
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