Colombia 3: Como en Irak, un conflicto privatizado

Los negocios de las Sociedades Militares Privadas

Por Hernando Calvo Ospina (*)
Le Monde Diplomatique, noviembre 2004

El 9 de octubre último el Congreso de Estados Unidos levantó la restricción que limitaba a 400 el número de soldados estadounidenses que pueden operar en Colombia. La medida permitió a Washington duplicar la cifra, llevándola a 800, y a 600 el número de "contratistas" (mercenarios). El Plan Patriota, continuidad del Plan Colombia, legaliza las actividades de empresas privadas y sus mercenarios, ya habituales en el país.

En la edición 2004 del Tour de France, los ciclistas del equipo CSC lograron el tercer puesto, tanto de equipo como individual ( esto último gracias a Iván Basso). Pero muy pocos aficionados saben que la sigla CSC corresponde a Computer Science Corp., y menos aun que se trata de una multinacional vinculada a las fuerzas de seguridad estadounidenses. Esa relación se vio reforzada en marzo de 2003 cuando CSC adquirió DynCorp, una de las Sociedades Militares Privadas (SMP) preferidas de Washington.

DynCorp está instalada en Colombia desde fines de 1993. Su actividad supuestamente se encuadra dentro de la lucha contra el narcotráfico, pero la empresa participa, junto a más de 30 SMP, en la lucha contra los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y en la represión de movimientos sociales. Contratadas directamente por el Departamento de Estado, el Pentágono o la US Agency for Intemational Development (USAID) (1), esas SMP defienden, de hecho, los intereses de la "superpotencia". A través de ellas, Washington creó el principal conflicto privatizado del mundo, además de Irak.

El 23 de septiembre de 1999, el entonces presidente Andrés Pastrana volvió de Washington luego de haber obtenido del presidente William Clinton una ayuda de 1.700 millones de dólares para financiar el Plan Colombia. Para no irritar a la opinión pública y para evitar el impacto psicológicamente negativo que hubiera tenido una intervención demasiado visible, se limitó a 400 el número de militares estadounidenses autorizados a trabajar en operaciones "anti-narco" dentro de Colombia. De todos modos, si bien se trata de evitar una intervención abierta -como la de Granada en 1983, o la de Panamá en 1989- para Washington es importante apoyar a Bogotá brindándole sistemas eficaces de información, de formación y de entrenamiento. Al aprobar el plan en julio de 2000, el Congreso de Estados Unidos autorizó no sólo la presencia de militares, sino también la de hasta 400 "subcontratistas" civiles, limitación numérica que sería fácilmente burlada. Como la ley habla de "estadounidenses", el Departamento de Estado y las empresas como DynCorp contrataron personal guatemalteco, hondureño o peruano, superando así tranquilamente los límites establecidos.

En la práctica, el Plan Colombia no hace más que legalizar las actividades que ya realizaban varias de esas empresas. En efecto, haciendo abstracción de su flamante importancia y su grado de preparación, las SMP no son una novedad en ese país. En 1987, bajo la mirada aprobadora del gobierno, grandes propietarios rurales y narcotraficantes vinculados con el cartel de Medellín, recurrieron a la empresa de seguridad israelí Hod He'hanitin (Spearhead Ltd) para entrenar paramilitares. Las tareas de entrenamiento se realizaban en instalaciones y terrenos de la TexasPetrolemn Co. y estuvieron a cargo de ex oficiales del ejército israelí y del Mossad (2) -como el teniente coronel Yair Klein (3)- y de ex comandos del SAS británico.

Esos mercenarios enseñaban las "técnicas antisubversivas" que luego se utilizarían para "limpiar" las zonas bananeras y petroleras, eliminando de ellas a las personas sospechosas de apoyar a los guerrilleros. Esos conocimientos también fueron utilizados para perpetrar los asesinatos, entre 1987 y 1992, de Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo (Unión Patriótica), Carlos Pizarro (M-19) y Luis Carlos Galán (liberal), todos ellos candidatos a las elecciones presidenciales, opuestos al establishment.

Según un documento del informante especial de la Organización de las Naciones Unidas, presentado en febrero de 1990 a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, más de 140 grupos paramilitares operaban entonces en Colombia, estrechamente vinculados con el ejército y la policía. Esas milicias atacaban no sólo a los simpatizantes de la guerrilla, sino también a obreros, sindicalistas y campesinos, causando miles de víctimas (4). El término "paramilitar", hábilmente utilizado, puesto de relieve, y empleado de manera eufemística, apunta fundamentalmente a ocultar el cuerpo (el ejército) y las fuerzas políticas que promueven esa política de exterminio (5). Al asumir la "guerra sucia" en lugar de las fuerzas armadas, esos grupos permitieron que éstas lavaran su imagen, pudiendo así aspirar a la ayuda estadounidense, que les estaba vedada por sus masivas violaciones a los derechos humanos.

El trabajo de las SMP

Como esa política de terror no alcanzaba para erradicar a los rebeldes, Washington entró al conflicto por la puerta de atrás. Las compañías petroleras instaladas en Colombia, las fábricas de armas y las SMP gastaron seis millones de dólares en lobby para lograr que el Congreso estadounidense aprobara el Plan Colombia. Una vez logrado ese objetivo, los contratos permitirán rembolsar ampliamente la inversión.

De los 1.300 millones de dólares asignados al Plan Colombia por Estados Unidos, se gastarán 1.130 millones sin que un solo funcionario colombiano vea un céntimo. Hasta las sumas provenientes del Banco Mundial para ese Plan serán canalizadas por Washington hacia las SMP.

La primera inversión encarada con ese dinero consistió en comprar al Pentágono un avión espía RC-7 en 30 millones de dólares. El aparato venía a reemplazar uno similar que se había estrellado contra la colina de Patascoy -cerca de la frontera ecuatoriana- el 23 de julio de 1999, cuando trataba de obtener información sobre las FAR. La muerte en esa ocasión de cinco agentes antidrogas estadounidenses desató un escándalo, al poner de manifiesto el grado de injerencia de Washington en el conflicto (6). El nuevo avión fue prestado a una SMP, la Northrop Grunman Corp., para que continuara el trabajo.

Los subcontratistas también llegaron, hace años, a Tres Esquinas y a Larandia, bases de las fuerzas especiales estadounidenses instaladas en el sur de Colombia. Todo lo que allí se consume y utiliza es importado de Estados Unidos por las SMP. Fue fundamentalmente en esas bases donde se entrenaron los miles de militares y paramilitares encargados de recuperar la zona de Caguán, territorio donde el gobierno de Andrés Pastrana había iniciado negociaciones con las FARC.

El contacto con esas compañías privadas se hace a través de "alguien" de la embajada estadounidense. Ninguna autoridad colombiana tiene derecho a controlarlas, como tampoco sus aviones, sus tripulantes, ni sus cargamentos. Sus hombres ingresan con una visa de turismo, pero gozan de protección diplomática. Las pocas veces que, en un rapto de dignidad, las autoridades colombianas osaron protestar, Washington amenazó con suspender su ayuda económica.

En Colombia existen SMP de todo tipo. La más versátil es DynCorp, que suministra hasta cocineros. La Arinc construye sistemas de reabastecimiento de combustible para las pistas de aterrizaje. El Grupo Rendon enseña a los oficiales de la policía y del ejército cómo explicar el Plan Colombia. ACS Defensa brinda apoyo logística y asesoramiento al personal de la embajada ( implicado en el Plan. l La Lockheed-Martin ofrece -entre otras prestaciones- asistencia a los helicópteros de combate y a los aviones de transporte de tropas. Northrop instaló y maneja siete poderosos radares, coordinados con un sofisticado sistema de espionaje aéreo. Esa compañía entrena además a militares y paramilitares para "operaciones especiales" (7). Otras firmas como MariTech, TRW, Matcom o Alion, utilizan avanzadas tecnologías para fotografiar desde el espacio, interceptar las comunicaciones y analizarlas. Esa información es transmitida al Sistema de Reconocimiento del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) y a la CIA, que la tratan y la redistribuyen a las instancias que eligen. Las fuerzas armadas colombianas son las últimas en ser informadas.

Tanto el Pentágono como el Departamento de Estado y la USAID indicaron claramente que la mayoría de los programas de asistencia militar y logística, al igual que los de inteligencia, no podrán ser transferidos rápidamente a los colombianos, pues éstos no disponen de la "capacidad técnica" necesaria para manejarlos (8). Habría que preguntar entonces para qué sirvieron los instructores contratados...

Mercenarios y tráfico de drogas

Desde 1998 han muerto más de veinte mercenarios, casi todos en circunstancias "extrañas" que fueron inmediatamente ocultadas. Por lo que puede saberse, Eagle Aviation Service and Technology (EAST), firma subcontratista de DynCorp, otrora implicada en el Irán-contragate por cuenta de la CIA (9), registró los dos primeros muertos, en julio de 1998. Oficialmente, habrían perdido la vida al estrellarse el avión en que realizaban una fumigación sobre plantaciones de coca. Según otra versión, el aparato habría sido derribado por la guerrilla.

Michael Demons, de la DynCorp, falleció el15 de agosto de 2000, antes de llegar al hospital de la ciudad colombiana de Florencia. La autopsia reveló que había sucumbido a un ataque cardíaco producido por.

una sobredosis de cocaína y morfina. Demons trabajaba en la base de Larandia. Alexander Wakefield Ross, también empleado de la DynCorp, falleció accidentalmente en agosto de 2002, despedazado por la hélice de un avión, según la versión oficial. Pero a su madre le dijeron que había sido asesinado, pues sabía demasiado sobre la participación de algunos de sus compañeros en el tráfico de drogas.

¿Se trata sólo de rumores? Ese tipo de sospechas tiene cierto fundamento. La revista Semana -que finalmente trató el tema, luego de que lo hicieran los medios estadounidenses- estimó que "los gringos que fumigan en el marco del Plan Colombia son una banda de Rambos sin Dios ni ley, que estuvieron implicados en un escándalo por tráfico de heroína" (10). En realidad, el 12 de mayo de 2000, la policía del aeropuerto Eldorado de Bogotá halló diez frascos que contenían 250 gramos de un líquido que, luego de analizado, resultó ser una mezcla de aceite y de látex de adormidera, la base de la heroína.

Para desgracia de la DynCorp, sus hombres habían utilizado una empresa privada -Federal Express- para enviar la preciosa mercancía hasta sus instalaciones situadas en la Patrick Air Force Base, una base rnilitar estadounidense situada en Florida.

Pero la policía colombiana debió guardar silencio, hasta que un año después los medios estadounidenses hicieron público un informe de la Drug Enforcement Administration. Otros diez empleados de la DynCorp estuvieron implicados en un tráfico de anfetaminas en 2000. Los elementos de la investigación desarrollada' por el Ministerio de Justicia colombiano "desaparecieron" misteriosamente, mientras que la firma se limitaba a despedir o a transferir a las personas involucradas.

Washington hace todo lo posible por evitar que se conozcan ese tipo de casos, que podrían poner en peligro las operaciones que el Pentágono realiza con DynCorp en varios países, fundamentalmente en Irak. Eso explica la poca difusión que tuvo la captura y detención por parte de las FARC, el 13 de febrero de 2003, de tres empleados de la California Microwave Systems -a quienes los medios denominaron "rehenes"- que "realizaban operaciones de inteligencia" (11) en el sur de Colombia.

Del Plan Colombia al Plan Patriota

Antes de los atentados del 11 de septiembre de 200 1 en Nueva York, las guerrillas colombianas eran consideradas fuerzas políticas beligerantes. A partir de. entonces el Departamento de Estado comenzó a llamarlas organizaciones "terroristas". En 2002, el Congreso de Estados Unidos aprobó el aumento de las fuerzas especiales enviadas a Colombia -hasta un número de 500- a la vez que suprimió el límite para los "subcontratistas" autorizados. De la misma manera, permitió el uso de la ayuda militar "anti-narco" para la lucha anti-insurreccional. Dicha ayuda implica también a los subcontratistas y a las SMP.

En realidad, Washington ha dejado de buscar excusas y ha oficializado lo que siempre existió. Ese cambio que consagra la continuidad tiene un nombre -el Plan Patriota- y marca un desplazamiento del eje de la guerra, fundamentalmente hacia las zonas petroleras cercanas a la frontera venezolana.

La guerrilla obstaculiza la explotación y el transporte de petróleo, considerando que esa actividad sólo beneficia a las multinacionales y a una ínfima minoría de colombianos. La primera empresa que utilizó mercenarios para proteger sus infraestructuras fue la Texaco. En 1997 y 1998 la británica Defence Systems Ud. colaboraba con el ejército, a la vez que entrenaba paramilitares por cuenta de British Petroleum, Total y Triton, recurriendo a la firma israelí Silver Shadow para adquirir armas.

El13 de diciembre de 1998 varios helicópteros bombardearon unas cabañas en Santo Domingo, un caserío situado cerca de la frontera con Venezuela. Según el ejército allí se encontraba una columna de guerrilleros. En realidad, las 18 víctimas eran campesinos. El objetivo había sido hallado y fijado por los mercenarios que trabajaban para la Occidental Petroleum, sobre cuyas tierras se preparó una parte de esa operación.

Fue también desde allí que partieron los aviones de la Florida Air Scan llevando a bordo tres estadounidenses, entre ellos un militar en actividad. Desde entonces no se volvió a saber de ellos, y el gobierno de Estados Unidos se niega a entregados a la justicia colombiana (12 )

En septiembre de 2003, Bogotá aceptó firmar un acuerdo con Washington, por el cual el gobierno colombiano se compromete a no enviar ante la Corte Penal Internacional (CPl), a ciudadanos estadounidenses que hubieran cometido crímenes contra la humanidad, salvo que Estados Unidos lo autorice.

Cabe preguntarse entonces quién se encargará de reprimir los crímenes y delitos cometidos por los mercenarios que trabajan para las SMP. Otro problema: la política de "seguridad democrática" del presidente Álvaro Uribe se apoya en la creación de un contingente de 25.000 "soldados campesinos", de frentes locales de seguridad en los barrios y de una red de un millón de "informadores".

Esos "informadores" ya generaron oleadas de detenciones masivas de supuestos "agentes de la guerrilla" a partir de acusaciones fantasiosas (Espinoza, pág. 14). ¿Quién controlará a esos nuevos actores de una guerra cada día más peligrosamente privatizada?

De los paramilitares a los "soldados campesinos" y a las SMP, en definitiva se trata apenas de la ampliación y la actualización de la estrategia teorizada a partir de 1967: "Cuando una guerra convencional limitada implica demasiados riesgos, las técnicas paramilitares pueden ser una manera segura y eficaz de utilizar la fuerza con fines políticos" (13).

Notas:

(*) Periodista.

1.- La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), creada en 1961 por el presidente John F. Kennedy, es un organismo gubernamental autónomo, destinado a fomentar la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria.

2.- Organismo de informaciones y de operaciones especiales de Israel.

3.- Yair Klein también estuvo implicado en un canje de "diamantes por entrenamiento militar" en Liberia y en Sierra Leona, en 1997. Fue encarcelado en Freetown, pero logró evadirse.

4.- A fin de la década de 1990. los paramilitares adquirieron varios helicópteros y se dotaron de personal para el mantenimiento de las máquinas y el entrenamiento en vuelo.

5.- H. Calvo Ospina, "El terrorismo de Estado en Colombia", Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, abril 2003.

6.- Caicedo Castro, Germán, Con las manos en alto. Episodios de la guerra en Colombia, Planeta, Bogotá, 2001.

7.- Cahier d'études stratégiques, n° 36-37. Cirpes, París, junio 2004.

8.- El Tiempo. Bogotá. 20-6-03.

9.- Ken Guggenheim, "Irán-contragate: escándalo del financiamiento de los contrarrevolucionarios nicaragüenses con los beneficios de la venta de armas estadounidenses al Irán islamista. a pesar del embargo", Associated Press, 5-6-01.

10.- "Mercenarios", Semana, Bogotá, 13-7-01.

11.- "Mercenarios S.A.", El Tiempo, Bogotá, 20-6-04.

12.- Caicedo Castro Germán, op. cit.

13.- “La guerra en el mundo moderno", Revista de las Fuerzas Armadas, Bogotá, mayo-agosto de 1976.