El
encuentro Bush-Uribe, segunda fase del Plan Colombia
Por Carlos Fazio
La Jornada, México, 23/11/04
La
visita de cuatro horas del presidente de Estados Unidos, George W.
Bush, a Colombia tiene varias lecturas. Tras su relección para un
nuevo periodo en la Casa Blanca, Bush escogió a Colombia como su
primer destino bilateral en el hemisferio (su viaje a Chile la semana
pasada se dio en el contexto de la cumbre del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico), lo que envía una clara señal sobre sus
prioridades en la subregión. A nivel simbólico, Bush quiso subrayar
su compromiso personal con el presidente Alvaro Uribe, su principal y
casi solitario aliado latinoamericano en la llamada guerra contra el
terrorismo, en especial desde la polémica "guerra
preventiva" en Irak.
Pero
además, el fugaz encuentro entre Bush y Uribe en la residencia de
descanso presidencial en isla Manzanillo se dio en momentos en que
ambos países discuten la segunda fase del Plan Colombia y los aportes
de Estados Unidos para la desmovilización de los grupos paramilitares
colombianos, y 10 días antes de la sexta ronda de negociaciones del
Tratado de Libre Comercio entre ambos países, en Arizona.
El
2005 marca el fin del apoyo oficial de Estados Unidos al Plan
Colombia, la iniciativa lanzada por el ex presidente William Clinton,
mediante la cual Washington ha canalizado casi 3 mil millones de dólares
para el combate al "narcoterrorismo". Si bien desde hace
varios meses se viene hablando de una segunda fase del Plan Colombia,
sobre la base de que ese país sudamericano guarda una relación
directa con la "seguridad nacional" de Estados Unidos,
distintas voces en el Congreso de esta última nación han presionando
para que se recorten los aportes. La razón es sencilla: tras las
guerras neocoloniales en Afganistán e Irak y la instalación y/o
modernización de una red de bases militares del Pentágono en todo el
mundo, los fondos escasean en Estados Unidos y han dejado al país con
un déficit fiscal que supera los 400 mil millones de dólares. Un déficit
que, se prevé, seguirá en aumento.
A
comienzos de 2005 el presidente Bush deberá presentar el presupuesto
para el año fiscal 2006 y determinar la forma y los recursos que se
invertirán en la segunda fase del Plan Colombia. Dos instancias clave
en lo que tiene que ver con la competencia por la asignación de los
recursos -la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la
Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID)-
están a favor de que continúe la ayuda, que promedia 700 millones de
dólares anuales. Pero el Congreso estadunidense tiene la última
palabra.
Algunos
congresistas demócratas, como Bob Menéndez, argumentan que el enorme
déficit de Estados Unidos está creciendo de manera geométrica, y
son partidarios de repartir la "carga colombiana" con otros
países, en particular los de la Unión Europea. No obstante, "la
vieja Europa" difiere con el alto contenido militarista que
Washington ha dado al Plan Colombia.
En
los últimos tres años, periodo en el que el general James T. Hill se
desempeñó en la jefatura del Comando Sur, Colombia se convirtió en
el epicentro de los planes hegemónicos del Pentágono en América del
Sur. Hill, quien a comienzos de año identificó como la nueva
"amenaza" regional al "populismo radical", a la
par del terrorismo y el narcotráfico, convirtió a Colombia en un
laboratorio de la contrainsurgencia en el área. Ese país ha sido el
principal beneficiado por la "ayuda" y los cursos militares
estadunidenses. En 2003, militares del Pentágono entrenaron a 22 mil
855 oficiales latinoamericanos, de los cuales 9 mil 210
"alumnos" fueron colombianos, seguidos por efectivos de
Bolivia, Panamá, Perú y Ecuador. La cifra representa un aumento de
participación militar de 52 por ciento en relación con 2002,
superando cualquier otra región, incluido Medio Oriente. En el
periodo comprendido entre 1999 y 2003, el Pentágono otorgó
capacitación a 28 mil 200 soldados colombianos. Según el embajador
de Colombia en Washington, Luis Alberto Moreno, su país recibe 50 por
ciento de la ayuda militar que Estados Unidos destina a América
Latina. El entrenamiento fue financiado directamente por la Secretaría
de Defensa y no está sometido a ninguna restricción o
condicionamiento, por ejemplo, en materia de derechos humanos.
El
embajador Moreno declaró al diario El Tiempo, de Bogotá, que
Colombia es la "principal preocupación" de Washington en
materia de seguridad regional. El Plan Patriota, monitoreado por el
Comando Sur, involucra a 20 mil militares colombianos, que integran
unidades móviles que han sido desplazadas en los departamentos del
Putumayo, Caquetá, Meta y Arauca, localizados en la selva amazónica,
zonas bajo control de las guerrillas de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación
Nacional. Hace dos meses, el Congreso de Estados Unidos incrementó el
apoyo logístico militar a Colombia. De 400 instructores y tropas de
elite que actuaban ya en territorio colombiano, se aumentó a 800.
También se elevó la cifra de civiles, de 400 a 600. No obstante,
fuentes confiables estiman en mil 200 los "contratistas
privados" que actúan en Colombia, subcontratados por el Pentágono
para realizar labores de inteligencia, equipamiento y apoyo de
planificación y logístico, lo que marca una mercenarización del
conflicto colombiano.
El
creciente alineamiento militar e ideológico de Colombia con Estados
Unidos explica el papel subordinado del ministro colombiano de
Defensa, Jorge Alberto Uribe, durante la sexta Conferencia Hemisférica
sobre Seguridad y Defensa, celebrada la semana pasada en Quito,
Ecuador. Uribe volvió a insistir en la necesidad de crear una fuerza
militar multinacional para combatir al terrorismo en América del Sur,
vieja propuesta de Washington. Brasil, Argentina, Venezuela y Bolivia
rechazaron la iniciativa y se opusieron también a regionalizar el
conflicto local colombiano, punto éste en el que había venido
insistiendo el general Hill, quien acaba de ser sustituido en el
Comando Sur por otro militar de línea dura, el general Bantz Craddock,
ex asistente del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. "La
lucha colombiana tiene que ser un combate en el que participen todos
los vecinos", dijo Hill (El Comercio, Quito, 7 de octubre de
2004).
Los paras y el TLC
Otro
tema sensible del encuentro Bush-Uribe en Cartagena tuvo que ver con
el apoyo de Estados Unidos al proceso de negociación para la
desmovilización de los grupos paramilitares. Uribe está urgido de
fondos y respaldo político, ya que se avecina la desmovilización y
reinserción en la vida civil de unos 3 mil paramilitares. Pero según
disposiciones del Congreso, Estados Unidos no puede brindar asistencia
a grupos o personas vinculadas con el terrorismo. (En relación con
los posibles acuerdos de Ralito y la desmovilización de los
paramilitares, el comandante de las FARC y jefe de su Comisión
Internacional, Raúl Reyes, declaró esta semana que "en Ralito
no hay desmovilización, lo que se propone hacer el gobierno es
legitimar la política paramilitar del Estado, sobre la base de engaños
y mentiras para la opinión pública nacional e internacional. Ralito
es una farsa con la finalidad de perpetuar la impunidad del terrorismo
de Estado en Colombia").
Respecto
a las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio, la misión de
la Casa Blanca es abrir mercados en los países andinos, Colombia
incluida, a los productos que subsidia, como el arroz, el trigo y el
algodón. Esos productos son protegidos en Colombia con las llamadas
franjas de precios, mecanismo que está en la mira de los negociadores
de Washington. Según el ministro colombiano de Comercio, Jorge
Humberto Botero, las pretensiones de Estados Unidos "son
inadmisibles". Colombia alega que sin ese instrumento u otro
similar, esos productos desaparecerán y serán sustituidos por
cultivos ilícitos.
Otra
exigencia de Estados Unidos tiene que ver con la propiedad intelectual
en medicamentos. Washington viene exigiendo a Colombia mayor protección
a los fármacos de marca mediante la ampliación de las patentes y el
patentamiento de segundos usos. El gobierno de Uribe ha dicho que no
está dispuesto a debilitar la competencia de los genéricos, que
permite tener precios bajos a muchos medicamentos y facilita el acceso
de la población a los servicios de salud.
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