Candidaturas obreras y paro nacional

El Socialista, No. 604, agosto/2005

Álvaro Uribe ha iniciado su último año de gobierno. Una encuesta realizada por catorce medios de comunicación obtuvo como resultado que el presidente cuenta con una aceptación del 79,7%, lo que parece inexplicable si se tiene en cuenta que no ha avanzado sustancialmente en la solución de ninguno de los problemas estructurales del país: la pobreza, calculada en más del 60% de la población con un 17% bajo la línea de indigencia; el desempleo, que se resiste a bajar del 15% de la población en capacidad de laborar; el problema agrario, que se ha agravado con el desplazamiento forzado de más de tres millones de campesinos y la concentración de la propiedad rural; la crisis social, que se acentúa por los factores mencionados, el incremento de las tarifas de los servicios públicos, y la limitación del acceso a servicios esenciales como salud y educación; la persistencia de la violencia y el conflicto armado a pesar de los ingentes recursos que se han dedica-do a la llamada Seguridad Democrática; y una mayor subordinación del país a los dictados del gobierno norteamericano y los intereses de las transnacionales imperialistas. Algunos concluyen que la población está subyugada por un "embrujo autoritario", y que frente a la cruda realidad de la situación del país siguen apostándole a alguien que represente la mano dura que se necesita para imponer el "orden" así sea a costa de la "libertad", ideas que figuran como emblema en el escudo nacional.

Pero la explicación de la relativa fortaleza de Uribe no es sicológica, sino política y tiene que ver con la profunda crisis de dirección del movimiento obrero y de masas.

Al poco tiempo de acceder al gobierno Uribe convocó un referendo con el que pretendía conseguir el aval popular para un paquetazo de contrarreformas económicas y políticas. La unidad de la oposición logró impedir que la mayoría del electorado asistiera a las urnas y el referendo se hundió. Posteriormente asistimos a un incremento sostenido de las movilizaciones de protesta que tuvo como hitos desde el Primero de Mayo del 2004 hasta el Primero de Mayo del 2005, pasando por jornadas de diversos sectores sindicales, como el magisterio, y populares, como los indígenas. Pero este proceso de unidad en la acción no fue potenciado hasta la realización de un Paro Nacional que afectara la producción y paralizara las instituciones del Estado. Por esta razón el gobierno se pudo jactar de que respetaba el libre derecho a la protesta mientras ejecutaba el "Plan B", haciendo aprobar las medidas derrotadas con el fracaso del referendo a través del Parlamento, controlado de manera mayoritaria por el uribismo. Cuando sus mayorías se dividen, insatisfechas con la repartición de prebendas, no ha dudado en apelar a la oposición y lograr acuerdos circunstanciales de mutua conveniencia, como fue el caso de la aprobación de la Ley de Garantías Electorales, para la que contó con el respaldo del Polo Democrático.

La alta dirección sindical y popular -que, a partir de la campaña contra el referendo, se diluyó en la Gran Coalición Democrática- se ha limitado a programar de manera burocrática las jornadas de protesta, colocándolas como simple mecanismo de presión al servicio de la oposición parlamentaria que ha desplegado toda su energía, no ante las asambleas sindicales o en la radicalización de la movilización callejera, sino ante las cámaras de televisión. Con esta política han pretendido capitalizar electoralmente el descontento popular, pero el efecto ha sido el contrario: quien ha conservado su capi-tal electoral es el gobierno, mientras la izquierda trata de unirse alrededor de la figura pacífica de Carlos Gaviria, en lugar de levantar el nombre de un luchador popular.

Gracias a esto, la burguesía se ha podido dar el lujo de dirimir sus contradicciones en el establo parlamentario y fraguar acuerdos políticos sin temer una insurrección popular como las que han derribado gobiernos en Ecuador, Argentina o Bolivia.

Al tiempo que la dirección mantenía dispersas las luchas los trabajadores hemos asistido impotentes a la liquidación de Telecom, Inravisión y Bancafé, la desintegración de Ecopetrol, nuevos ataques contra la educación pública, otra contrarreforma laboral y de pensiones, la quiebra de los hospitales estatales, el alza desmedida de los servicios públicos, la ex-tensión del Iva y nuevas cargas tributarias. En el terreno político, se consolida el avance de la represión con la Seguridad Democrática, el Plan Patriota y la legalización de los paramilitares. Por otra parte el imperialismo también ha podido profundizar su intervención a través del Plan Patriota, el incremento de la deuda externa y la negociación del Tratado de Libre Comercio que Uribe pretende firmar antes de diciembre.

La suma de estos golpes ha tenido un efecto de demostración nefasto en la conciencia de quienes quieren y necesitan luchar, cuya inconformidad ha sido desviada hacia una campaña electoral de colaboración con la patronal, mientras se deja al garete la lucha. Una confirmación de ello es la convocatoria del Paro Nacional, anunciado para el 14 de septiembre y ahora aplazado hasta el 12 de octubre, pues como lo reconocen los propios convocantes no habido suficiente preparación. .

No obstante eso, los sectores que nos negamos a rendirnos ante el "embrujo autoritario" y señalamos como una traición la política de concertación de los planes del gobierno, patrocinada por la alta dirección sindical y popular -que la sigue proponiendo como estrategia para el próximo Congreso de la CUT-, debemos persistir en el llamado a la movilización y la lucha, al tiempo que impulsamos la constitución de listas electorales y la selección de candidatos entre quienes han encabezado la resistencia a los planes de Uribe. Debemos organizar una campaña electoral que sirva tribuna para los conflictos y proponga una salida de fondo a la profunda crisis económica, política y social en que nos hundimos los trabajado-res y los pobres.