Uribe da luz verde para que los integrantes de los escuadrones de la muerte cambien uniforme, ahora de la vigilancia privada.

'Es una política de corte fascista', denuncia sindicalista

Por Dick Emanuelsson (*)
Bellaciao.org, 24/08/05

El presidente Colombiano quiere incorporar ahora a los paramilitares que han negociado su reinserción a la vida civil. Según el jefe de estado son 14.000 paramilitares a los cuales hay que tenerlos 'ocupados' para que no cometen barbaridades.

'Están colaborando con vigilancia y con información, pero hace falta que nos ayuden con inteligencia', agregó el Jefe de Estado según la emisora RCN, 29 de julio.

Pero el presidente del sindicato de los trabajadores de la Vigilancia privada, Carlos Gómez, dice en una entrevista a este reportero (en audio) que la política de Uribe es una política fascista que tiene como meta de militarizar aún más el país.

'Es terrible porque eso en la práctica es una forma de legalizar el crimen, el horror que se ha padecido el país ha vivido, es una política de corte puramente fascista'.

El mismo día en que Uribe dio su aval de paramilitarizar la vigilancia privada, la agencia de noticia Colprensa informaba en un extenso reportaje del departamento del Sucre, que forenses del departamento de derechos humanos de la Fiscalía ya han abierto 73 fosas comunes con decenas de cadáveres, víctimas del paramilitarismo en Colombia. Según los campesinos de la región de San Onofre, puede haber tres mil (3000) campesinos enterrados en fosas comunes.

Pero eso no impide al senador uribista Gabriel Zapata Correa de proponer una ley que le de facultades especiales para el Presidente para que éste pueda perdonar delitos atroces, según la edición del diario colombiano El Tiempo, este domingo

'Según el proyecto, radicado por un senador uribista, el perdón se podría otorgar, por 'conveniencia nacional', a narcotráfico, masacres y secuestros.'

El gobierno de Alvaro Uribe Vélez se ha visto aislado y condenado nacional- e internacionalmente por la 'Ley de Justicia y Paz', que da impunidad a los integrantes de los escuadrones de la muerte, llamado también paramilitares o AUC, que es su sigla. Según el congresista Gusta Petro esa organización no es nada más que una organización mafiosa que controla la gran parte del narcotráfico hacia al exterior y se adueñado más de cuatro millones de hectáreas de los tres millones de campesinos que han vuelto desplazados en su propio país.

Uribe fue calificado como 'el candidato de los paramilitares', como decían sus críticos en la campaña electoral del 2002 y 'ahora esta pagando el labor de los paras' con esta ley.

La incorporación de los paramilitares en la vigilancia privada es también considera como el renacimiento de los Convivir, organizaciones de vigilancia supervisado por los mandos de los batallones locales de las FF.AA. Fue impulsado por el ex presidente Ernesto Samper en el departamento de Antioquia donde Uribe entonces era el gobernador. Pero los Convivir tuvieron que ser disueltos ya que fue obvio que era la legalización de los grupos paramilitares.

Ahora vuelve otra vez, pero en escala nacional. Y ahora el presidente no se llama Samper sino Uribe.

En Colombia la vigilancia privada se ha vuelto en una de las actividades más lucrativas del país. Hay casi 250.000 trabajadores que reciben un salario de miseria, un promedio de 450.000 pesos, un poco más del mínimo, 381.500 pesos, aproximadamente 140 dólares. La jornada de trabajo es entre 60-72 horas por semana y los dueños, militares y policías retirados con rango entre mayores a generales, ejercen un regimiento militar.

El sindicato, Sindicato de Vigilantes Unicos, luchó duramente para que la vigilancia privada no obedeciera a la cúpula de las fuerzas militares colombiano y logró el 1982 que la Superintendencia tuviera el control y la supervisión. Fue una gran victoria del sindicato que ahora ve con el gobierno de Uribe que la vigilancia se vuelve peor que antes.

(*) Dick Emanuelsson es un corresponsal sueco acreditado desde hace dos años en Colombia para la prensa sindical sueca.