Paramilitares
se reciclan al sur de Bogotá
Por
Diana Cariboni
Inter Press Service (IPS), junio de 2006
Bogotá.- Se dice que
Ciudad Bolívar, tendida sobre los cerros del sur de Bogotá, debe su
nombre a la breve estancia del libertador Simón Bolívar en una casa
de la zona, tras escapar de un atentado en 1828. Hoy es uno de los
epicentros del fracaso de la desmovilización paramilitar promovida
por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe.
Algunas fuentes
indican la presencia de unos ocho grupos paramilitares
ultraderechistas con diferentes dinámicas en Ciudad Bolívar y en el
aledaño Altos de Cazucá, municipio de Soacha.
Al menos tres son
"hijos" del bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) que comandaba el narcotraficante Miguel Arroyave, muerto en
septiembre de 2004 presuntamente por sus propios hombres, mientras
negociaba su desmovilización con el gobierno.
El funcionario
Roberto Sicard, de la Defensoría del Pueblo (ombudsman), distingue
tres grupos remanentes de las AUC, del Bloque Central-Santander y de
lo que queda del Bloque Capital en el paupérrimo Altos de Cazucá, de
unos 50.000 habitantes, de los cuales 17.000 llegaron aquí
desplazados por la guerra civil.
Sicard es coordinador
del proyecto Casa de los Derechos, casi la única presencia del Estado
en Altos de Cazucá, una zona marcada por el estigma a la que el agua
llega apenas dos horas por semana merced a un servicio que presta
Bogotá.
Otras fuentes
sostienen que estos grupos se dedican a amenazar y asesinar a líderes
comunitarios, al reclutamiento más o menos forzado de jóvenes (el
desempleo constituye un aliciente), a la "limpieza social"
de presuntos delincuentes y al cobro de "impuestos" a
comerciantes y transportistas.
También funcionan
aquí laboratorios de cocaína, el sustento del viejo conflicto armado
de este país. Además, afirman esas fuentes, están los
"pseudo-paras", que operan bajo "franquicias" de
las AUC o se ofrecen para alquilar sus servicios criminales al mejor
postor.
"Creo que en
Colombia no se mata por ideología, sino por hambre o por poder",
dijo Sicard a una veintena de periodistas sudamericanos que visitamos
la zona a mediados de este mes.
En Ciudad Bolívar el
conflicto "se expresa en las redes de informantes (promovidas por
la fuerza pública), el control paramilitar y el cobro de
'impuestos'", sostuvo Michael Jordan, director de la oficina
regional para América Latina de la organización no gubernamental
alemana Diakonia, que asiste a la población en situaciones de
desastre.
Se generan
"continuamente amenazas, asesinatos selectivos", pero sin la
expresión del enfrentamiento militar clásico, explicó Jordan.
Un hombre de 40 años,
presidente de una junta comunal de Cazucá cuya identidad se reserva
IPS, relató que él y otros 13 líderes comunitarios habían sido
amenazados de muerte por grupos ilegales. "El 30 de mayo me
agredieron con armas punzantes y me dijeron que debía irme de la
zona".
"Hay miedo.
Pensamos mucho sobre si hacer la denuncia en conjunto y al final
decidimos que era más seguro hacerla por separado", añadió.
"No queremos ser
conejillos de Indias de estas organizaciones, por eso acepto hacer
esta denuncia", dijo el hombre, ex militante del partido
izquierdista Unión Patriótica, exterminado a tiros.
"Nosotros"
no queremos nada "con los políticos. Por el clientelismo nos dan
un mercadito (la compra diaria de alimentos) a cambio de votos",
sostuvo.
Este mes, varias
voces denunciaron asesinatos y desapariciones frecuentes en la zona
sur de Bogotá. Los cadáveres no siempre aparecen, y se cree que son
arrojados al cercano Rincón del Lago.
Denunciar los
atropellos o delitos a las autoridades es casi imposible. El puesto
policial más cercano está a 20 minutos en automóvil. Pero, además,
algunas fuentes señalan "nexos aparentes" de los criminales
con suboficiales de la policía.
En su primer mandato,
iniciado en 2002, Uribe negoció con las AUC una desmovilización bajo
un marco legal que habilita el perdón de muchos crímenes cometidos
por estas milicias, en su momento autoras de 80 por ciento de las
violaciones a derechos humanos, según la Organización de Naciones
Unidas (ONU).
Antes de que se
iniciara el proceso, los paramilitares se medían en menos de 5.000
integrantes. Hoy las autoridades hablan de 32.000 desmovilizados y de
unas 17.000 armas entregadas. Mientras, la prensa, analistas y
activistas de derechos humanos ya mencionan la existencia de una
tercera generación de estos grupos ilegales.
Ciudad Bolívar y
Altos de Cazucá, separados apenas por una calle, son también el
precario hogar de decenas de miles de campesinos que escapan del
conflicto armado en casi cualquier parte del país y llegan a la
capital en busca del Estado que los proteja.
Aquí se encuentran
con las mismas amenazas que quisieron dejar atrás –junto con sus
casas, sus predios y su sustento– más la pobreza y el abandono.
Según un
relevamiento de 1993, en Ciudad Bolívar residen 713.000 personas en
252 barrios, 50 de ellos ilegales, que se van formando sobre las zonas
más altas de los cerros. Estimaciones más recientes hablan de más
de un millón de habitantes. Según el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), allí viven unos 100.000
desplazados.
Belfa Marín, de 37 años,
llega agitada con dos de sus hijos a la Casa de los Derechos,
financiada por la ONU. Llora sin lágrimas porque el gobierno cerró
la policlínica que atendía hasta este mes a unas 10.000 personas,
con un promedio de 1.050 consultas al año.
La Casa de los
Derechos ofrece asesoría legal y servicios de educación y salud, así
como proyectos productivos para la población desplazada.
Marín busca papel
para recoger firmas contra el cierre de la policlínica. "¿Por
qué nos van a quitar de aquí? Yo he depositado confianza en los
doctores", dice presa de indignación. Tres años atrás, abandonó
su pequeña finca en Vista Hermosa, en el central departamento del
Meta, con su marido, sus tres hijos, su cuñado y una sobrina. Allí
actuaban las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC).
Primero marcharon a
la aldea de San Juan de Arama, un poco más al norte, pero allí se
encontraron con los paramilitares. A Marín le cuesta dar detalles y
nombres. De volver no quiere ni hablar, aunque aquí vive en la
miseria.
La zona de Ciudad Bolívar
y Altos de Cazucá fue décadas atrás territorio de apoyo logístico
de las FARC, pero pasó luego a manos de los paramilitares, que
proliferaron desde los años 80. En alguna fachada se ven leyendas
como "AUC presentes".
Las viviendas son
casi siempre de ladrillos. En las zonas más bajas de Ciudad Bolívar
se rodean de pequeños jardines y las calles están asfaltadas, hay
luz y agua. Todo empeora a medida que se asciende. Las cañadas con
aguas servidas corren a la vera de los caminos y las viviendas se
vuelven más precarias, al tiempo que el verde desaparece.
Los desplazados recién
llegados se instalan cuesta arriba. El trámite para conseguir
asistencia del Estado (un monto total equivalente a unos 200 dólares
por un máximo seis meses) puede demorar dos meses o más. Por eso es
muy común verlos pidiendo limosnas en los semáforos.
Eso fue lo primero
que le tocó hacer a Germán Luna, ahora presidente de la asociación
de desplazados "Semillas de Esperanza", con unas 350
familias.
Luna ha reunido a
alrededor de 50 madres y sus hijos en un espacio que oficia de comedor
en el sector de Santa Viviana, un vecindario ilegal de Ciudad Bolívar,
que por serlo no tiene agua, luz ni teléfono. Hoy no hay almuerzo.
Han esperado pacientemente la llegada de los periodistas para
denunciar lo que viven.
Luna dirige el
comedor "Lunitas de Amor". Con arroz, lenteja, aceite y
panela –donados por el Programa Mundial de Alimentos a través de la
alcaldía bogotana– se las ingenia para ofrecer una comida diaria a
417 niños.
"Vivimos de la
caridad", dice Luna. "Aquí no hay trabajo, y el
reasentamiento es una mentira del Estado. No hay seguridad para
retornar", afirma. En septiembre de 2001, su esposa y otras 17
personas fueron asesinadas en Montes de María, en el nororiental
Sucre. Luna partió entonces junto a sus hijos, hoy de siete y ocho años.
Uno de ellos,
sonriente, se acerca con un papel en blanco. "Póngame su nombre
y su teléfono", me pide. Mientras escribo, le digo que vivo muy
lejos, en Uruguay. "No importa, si usted me deja, igual me voy
caminando hasta allá".
Cuando los
periodistas se marchan, una joven se presenta con su beba en brazos.
La pequeña está afiebrada. La madre pide "un autógrafo"
en la suela del zapatito impecablemente blanco. "Es para cuando
ella sea grande y yo le cuente que ustedes estuvieron acá",
dice. Cabría esperar que, para entonces, la guerra colombiana haya
terminado.
"Estamos muy
lejos del fin del conflicto y del paramilitarismo, que es el asesino
ilegal al lado de la fuerza pública. Han cambiado de nombre con los años:
antes eran sicarios, luego AUC y ahora, veremos...", suspira
Jordan.
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