La
Colombia de Álvaro Uribe
Por
José Steinsleger Altercom (Agencia de Prensa de Ecuador), 03/07/09
’Sin guerras de
invasión que lo justifique, las oligarquías colombianas han causado
en el pasado medio siglo la muerte violenta de 200 mil personas,
aproximadamente... No deseo abundar en más. No puedo. Deseo, como
todos, la paz en Colombia...’
I
Irreducible lucha la
de Colombia y sus pueblos que, siguiendo el ejemplo de la insurrección
de los comuneros de Paraguay (1717-35) preanunciaron la independencia
política de América (1780), así como hoy preanuncian la emancipación
económica y social de nuestros pueblos.
En el país que desde
1886 lleva el nombre del conquistador, la violencia republicana empezó
el día en que un grupo de patriotas redactó en Cartagena la primera
constitución liberal del mundo hispánico (un año antes que la de Cádiz,
1811), y cuando socialmente fue institucionalizada por los enemigos de
la confederación bolivariana (1830). Sin embargo, las luchas
populares de Colombia se han ganado el derecho a ser entendidas con
referentes más creíbles que los recurrentes anuncios de su
inviabilidad o extinción: realismos mágicos de exportación,
quevedos de corto alcance, diálogos tramposos de paz y sesudos
debates en torno a la feroz violencia de clase que las combaten.
’Por izquierda’ y
’por derecha’ predomina aún el enfoque positivista ajustado a
conveniencia. Interpretación falaz que en la historia colombiana del
siglo XIX hizo de ocho guerras civiles y medio centenar de alzamientos
armados, una sucesión incomprensible de luchas entre caudillos
perdidos por causas sin motivos, y hechos a los que se fue despojando
de vigencia y legitimidad dialéctica. No obstante, quien trate de
entender desprejuiciadamente las guerras sociales de Colombia, se
detendría en tres presidentes líderes del Partido Conservador:
Mariano Ospina Rodríguez (1805-85), Pedro Nel Ospina (1858-1927) y
Mariano Ospina Pérez (1891-1976).
El primer Ospina
participó en el intento de asesinato de Simón Bolívar (septiembre
de 1828); su sobrino Pedro intervino en la entrega de Panamá a
Estados Unidos y dirigió el consejo de guerra verbal contra Pedro
Prestán, mulato cartagenero que en 1885 defendió la ciudad panameña
de Colón contra una invasión yanqui. Y Mariano, nieto de aquél,
despojó de su carta de ciudadanía a los campesinos del Partido
Liberal, indispensable para votar (1946).
Un historiador
liberal sería más ’objetivo’: destacara, por caso, que Pedro Nel
Ospina era ’progresista’ y fue el primero gobernante del mundo en
emplear el avión para misiones oficiales. O bien que ante las
’estridencias’ de la política, Ospina Pérez era muy respetado
porque hablaba bajito, ya que de niño se había tragado en la
hacienda de su papá una semilla de café que le rasgó las cuerdas
vocales.
Empero, durante los
gobiernos de Ospina Pérez (1946-50), Laureano Gómez (1950-51) y
Roberto Urdaneta Arebláez (1951-53), apoyados por Estados Unidos,
Colombia fue envuelta en llamas en el nombre del ’Corazón de Jesús’
y los ’filocomunistas’ del Partido Liberal.
Cientos de masacres
de campesinos y un crimen emblemático: el asesinato de Jorge Eliécer
Gaitán, líder y candidato presidencial del Partido Liberal (1948).
El magnicidio
coincidió con el nacimiento de la OEA, cuya acta fue suscrita por los
embajadores en un garage de Bogotá a causa del levantamiento popular
que la historia popular llama bogotazo.
En el monte, los
gaitanislas liberales se enfrentaron a las ’partidas de
Chulavista’ (paramilitares), terroristas del Partido Conservador que
asolaron varios departamentos (provincias) del país: Boyacá,
Santander, Cundinamarca, Huila, Tolima y Valle de Cauca.
Trescientos mil
muertos después, la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla
(1953-57) no fue menos dura y su derrocamiento llevó a la
’alternancia’ liberal-conservadora de los 12 años siguientes.
Pero en 1961, una
misión de Estados Unidos, encabezada por el general Yarbourough, se
volcó a entrenar grupos de paramilitares en las áreas rurales,
sirviendo de pruebas ’piloto’ en los inicios de la guerra de
Vietnam.
Proceso desatendido
por los movimientos democráticos de América Latina, las luchas
populares de Colombia guardan experiencias sin par. En primer lugar,
el ejército insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC,
1964), que surgido del semillero liberal rebelde representa algo más
que sus 20 mil efectivos dirigidos por Manuel Marulanda Vélez
(Tirofijo), quien tiene bajo fuego más años que Mao Tse Tung y Ho
Chi Minh.
Colombia es un país
clave en la guerra de Washington contra los pueblos latinoamericanos.
Bogotá representa, exactamente, el espacio geopolítico idóneo para
reclutar a hombres como Francisco de Paula de Santander, primer
presidente de Colombia y de los primeros en traicionar los ideales
puestos al día por la revolución bolivariana del venezolano Hugo Chávez.
Naturalmente, si
Washington decidiese la intervención abierta debería juntar soldados
para pelear en un territorio dos y media y 52 veces mayor que Vietnam
y El Salvador, y 11 y dos veces y media mayor que Yugoslavia e Irak.
La intervención
yanqui en Colombia requiere de trabajo político y de consenso de
masas.
Y el presidente
Alvaro Uribe, relecto en las urnas el 28 de mayo pasado, será su
ejecutor.
II
En Colombia, la
’violencia de los unos y los otros’ se desarrolla dentro de un
Estado oligárquico donde ’los unos’ son dueños de 67 por ciento
de las tierras cultivables (menos de 4 por ciento de los propietarios)
y ’los otros’ esperan desde 1810 que la democracia ’más-antigua-de-América’
(sic) sea algo más que imaginación de políticos, escritores y
periodistas cómplices o despistados.
Datos recientes de
Naciones Unidas estiman que de un total de 43 millones de habitantes,
31 por ciento subsiste en la indigencia, 64.2 anda por debajo de la línea
de pobreza, 17 está desempleada (2.5 millones), 40 vive del subempleo
(6.8 millones) y 4.1 millones se desenvuelven en la informalidad.
Más de la mitad de
los colombianos económicamente activos (22 millones) vive de lo que
puede, en tanto, según el Banco Mundial, la relación rico-pobre es
1-80, cuando en el decenio de 1990 era 1-52. Y del total de 8 millones
que trabajan, sólo la mitad gana el salario mínimo o tiene contrato
de trabajo.
En un país célebre
por sus brujos y hechiceros, los gobernantes colombianos parecen haber
encontrado la alquimia perfecta de la injusticia estructural: delegación
del mando a través de conjuros ’democráticos’, criminalización
de la protesta social, exterminio sistemático de dirigentes y
militantes de las causas democráticas y populares, masacres en campos
y ciudades a plena luz del día y total y absoluta impunidad de los
asesinos entre los varios recursos, quizá tan misteriosos, del
exterminio social.
Sin guerras de invasión
que lo justifique, las oligarquías colombianas han causado en el
pasado medio siglo la muerte violenta de 200 mil personas,
aproximadamente. En 1996, mil 900 precandidatos renunciaron a
presentarse a comicios locales, 49 alcaldes y concejales murieron
asesinados y más de 80 fueron secuestrados.
Un informe de la
policía, publicado por un diario de Bogotá (El Espectador, 24/4/99),
reveló que en 1998 fueron asesinadas 23 mil 96 personas, otras 2 mil
609 secuestradas y en 115 masacres murieron 685 personas. Medellín
aparecía como la ciudad más violenta, seguida por Bogotá (2 mil 439
personas asesinadas) y Cali (mil 871).
Colombia es líder
mundial en asesinatos selectivos de dirigentes populares y sindicales.
Mil 500 de 1987 a 1992, 3 mil de entonces a la fecha. Si bien escasa,
en términos comparativos, la violencia de la resistencia también se
hace sentir. Las FARC retienen cerca de 3 mil, figurando entre éstos
la candidata presidencial Ingrid Betancourt, varios legisladores,
oficiales del ejército y de policía y tres agentes yanquis espías
de la CIA de un avión abatido por fuego rebelde.
Una comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas precisó que ’... en 2005 se
concretó la más grave operación de impunidad, especialmente frente
a miles de violaciones cometidas por grupos paramilitares’. Un
informe de la Cruz Roja Internacional estima que en el mismo año se
registraron 55 mil 327 desplazados y 317 desapariciones forzosas
(aumento de 13.6 por ciento en relación a 2004).
Según testimonio de
Rafael García, ex director de informática del DAS (seguridad del
Estado), existen listas negras de profesores, sindicalistas y
activistas de derechos humanos elaboradas por esta institución, y
luego asesinados. Alfredo Correa de Andreis, ingeniero agrónomo, sociólogo
y ex rector de la Universidad de Magdalena, fue desaparecido y muerto
el 17 de septiembre de 2004 cuando trabajaba en una investigación
sobre despazados en Bolívar y Atlántico.
De las cinco
nacionalidades que representan la mitad de los refugiados atendidos en
2005 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR, 8.4
millones), Afganistán ocupa el primer lugar (2.9 millones), seguido
de Colombia (2.5 millones), Irak (1.8 millones), Sudán (1.6 millones)
y Somalia (839 mil). En ’desplazados internos’ (20.8 millones)
Colombia ocupa el primer lugar (2 millones), seguido de Irak (1.6
millones), Paquistán (1.1 millones), Sudán (1 millón) y Afganistán
(912 mil).
El uso de minas
’antipersonales’ representa otra variable atroz de la guerra.
Colombia encabeza desde 2005 el primer lugar en registrar víctimas
por la siembra de este tipo de artefactos. La guerrilla fabrica minas
artesanales (quiebrapatas) y el ejército y los paramilitares usan las
Kleymore, vendidas por Estados Unidos.
Desde 1990, cuando se
produjo el primer accidente con una mina, mil 60 colombianos han
quedado mutilados (más víctimas que en Afganistán y Kampuchea).
Actualmente, se calcula que entre 70 y 100 mil minas han sido
sembradas en 31 de los 32 departamentos (provincias) del país. Una
mina antipersonal tiene una vida de 50 años. Armarla cuesta un dólar.
Desarmarla, 400 dólares.
En Bogotá, un
informe del corresponsal sueco Dick Emanuelsson observó que la
televisión muestra niños mutilados o heridos por las esquirlas de
las minas, pero jamás se permite mostrar a los soldados desangrados
en los campos de minas. Excepto cuando salen del hospital en sillas de
ruedas, sin piernas.
III
El análisis de la
sangrienta y poliédrica violencia de clase que los grupos oligárquicos
impusieron en Colombia por medio de la ’alternancia’
liberal-conservadora (1957) demandaría de un equipo
interdisciplinario de investigadores creíbles, talentosos, respetados
y... comprometidos.
En tal sentido, lo
que menos hace falta en Colombia son diagnósticos y estudios de
formato ’objetivo’ como los de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales de Quito (Flacso). Desde su nuevo edificio
(construido en terrenos del ejército ecuatoriano con la
’desinteresada’ contribución de la Democracia Cristiana alemana),
la Flacso es una institución de posgrado que opera en sintonía con
el pensamiento contrainsurgente del Pentágono en toda la subregión
andina.
La dimensión
imaginativa parece que también agotó sus posibilidades de expresión
en Colombia. Años atrás, el presidente de la Asociación de Ex
Agentes de la Policía Secreta (Carlos Arbeláez) invitó a escritores
del género ’crimen y misterio’ de todo el mundo a una conferencia
que tendría lugar en agosto de 2000 para que se inspiraran en las
historias que sacuden al país real.
A última hora, los
escritores invitados de América Latina, Europa y Estados Unidos
cancelaron el viaje. Actitud prudente, pues una cosa es imaginar y
otra narrar los hechos tal cual son. Tenemos, por ejemplo, las
declaraciones de Salvatore Mancuso (jefe paramilitar, asesino confeso
y ex socio del presidente Alvaro Uribe), quien a Margarita Martínez,
corresponsal de Associated Press, aseguró que su ejército de
sicarios no ejecutaría ’... a más de tres personas al mismo
tiempo’ (13/02/02).
Seguramente que en
cualquier estado de derecho también para eso existe la ’libertad de
expresión’. En cambio, de haber reparado en los hechos ocurridos en
el campo de exterminio Hacienda El Palmar (en curso de investigación),
Gabriel García Márquez habría escrito un magnífico cuento de
terror.
Don Rodrigo Mercado
Pelufo, Cadena, decidía en El Palmar qué campesinos de la comunidad
de San Onofre iban a morir, o ser descuartizados a golpe de machete y
del lento run-rún de las motosierras. Jefe paramilitar y ganadero,
don Rodrigo tenía un método infalible: por cada 10 que mataba dejaba
uno en libertad para contar lo que había visto.
A pocos metros de una
laguna situada a la entrada de la propiedad, los caimanes devoraban
los cadáveres de los ejecutados. Y en medio de las fosas que dejaba
la carnicería, se organizaban reventones y certámenes de ’Miss
Maja Internacional’ o ’Miss Tanga’, en los que oficiaba de
jurado la simpática diputada Muriel Benito Rebollo, originaria de San
Onofre y partidaria de Uribe.
En los asados y
parrandas de Cadena fueron vistos Norman León Arango, comandante de
la policía, y el ex gobernador Salvador Arana (acusado de ser el
autor intelectual del asesinato de un alcalde). Indignado por las
denuncias internacionales, el presidente Uribe aplicó ejemplares
medidas de castigo: Arango fue nombrado agregado militar de Colombia
en Francia, y Arana fue nombrado embajador en Chile.
Bien. No crea usted
que nos vamos apoyando en los malévolos datos de la maldita subversión
y el ’comunismo internacional’, que no acaba de entender que el
Muro se cayó. Ni tampoco crea que omitimos la violencia ’del otro
lado’, que por motivos de espacio remitimos a los ’noticieros’
de Miami y a los comentarios del impoluto don Andrés Oppenheimer,
vicario de la democracia latinoamericana.
No deseo abundar en más.
No puedo. Deseo, como todos, la paz en Colombia.
Pero en 1957, el jefe
guerrillero liberal Gustavo Salcedo entregó las armas, pactó la paz
con el gobierno y fue asesinado.
Y cuando concurría a
otra reunión de paz, se cayó el avión del jefe guerrillero Jaime
Bateman (M-19).
Y en 1983, el
guerrillero Oscar Calvo (EPL), representante en una comisión
negociadora de paz, murió asesinado.
Los candidatos
presidenciales Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989) y
Bernardo Jaramillo (1990) fueron asesinados.
Carlos Pizarro, otro
jefe del M-19 propicio al diálogo, fue asesinado (1990).
En plena negociación
con el gobierno, el presidente César Gaviria ordenó el bombardeo del
campamento central de las FARC.
En 2001 el Ejército
de Liberación Nacional (ELN) liberó a 45 soldados como gesto de
buena voluntad, y el presidente Andrés Pastrana mandó a bombardear
sus efectivos.
Y en 2002, en el
ocaso de su mandato, Pastrana dispuso el fin de las negociaciones y
bombardeó los campamentos de las FARC.
Pero Washington también
se queja. Y no tanto porque en el aspecto militar le va mal, sino por
lo que realmente le duele.
En mayo de 2002 el
Departamento de Estado suspendió parte de la ayuda financiera para
Colombia. Dos millones de dólares de fondos entregados a la policía
colombiana habían desaparecido, misteriosamente.
La última: en
febrero pasado, la revista Semana denunció torturas y abusos
cometidos contra 21 soldados del Batallón Patriotas de la sexta
Brigada de Infantería (Tolima).
Un soldado explicó:
’Todos nuestros generales han pasado por eso. Así nos formamos’.
.-
Escritor y periodista argentino residente en México. Los tres artículos
fueron publicados en el diario La Jornada de México.
|