Estado
delincuente, intervención imperial y palma africana
Por
César Jerez
La
Haine, 21/07/06
La
reelección de Uribe Vélez equivale a la legalización del
paramilitarismo como estrategia contrainsurgente y como modelo de
desarrollo regional. Se trata de la consolidación de una propuesta de
Estado lumpenesco que legaliza actividades mafiosas y las pone al
servicio de estrategias encubiertas de guerra sucia, como elemento
represivo fundamental de las tendencias igualitarias y emancipatorias.
A su vez el régimen representa la pérdida casi total de la soberanía
política, económica y social de nuestro país.
Pese
al obvio apoyo estadounidense a la consolidación del régimen
autoritario actual, poco se ha escrito sobre los intríngulis
regionales que evidencian la relación entre el modelo de desarrollo
en las regiones y la cooperación militar y económica de los Estados
Unidos en Colombia. En regiones como el Magdalena Medio la negociación
con los 'paras' es apoyada indirectamente por los Estados Unidos
mediante la promoción de la inversión privada en el campo. Los
proyectos agrícolas de la agencia de cooperación gringa USAID se
ejecutan a través de inversionistas privados, asociaciones de pequeños
productores y de campesinos sin tierra organizados alrededor de un
proyecto.
Mediante
el financiamiento de la USAID se promueve la organización de los
campesinos, la asistencia técnica, la implementación de cultivos y
la compra de material vegetal. Los inversionistas privados
beneficiarios de la agencia son terratenientes que históricamente han
ejercido el poder político usándolo para beneficiarse, creando políticas
públicas que promueven cultivos agroindustriales como la palma
africana, tal es el caso de Murgas, el mayor palmicultor colombiano,
quien fuese ministro de agricultura durante la administración
Pastrana.
Por
su parte los narcotraficantes y paramilitares, que en el caso del
Magdalena Medio representan un solo sector 'productivo', se organizan
en asociaciones y cooperativas de productores para lograr la
legalización y cofinanciación de sus proyectos. Esto no quiere decir
que los pequeños productores que hacen parte de estas cooperativas
sean paramilitares, más si lo son los grandes accionistas y
beneficiarios, reconocidos narcoparamilitares de la región.
En
el Magdalena Medio el caso más emblemático de este modelo de apoyo
indirecto de la cooperación gringa al paramilitarismo lo constituye
Cooproagrosur, que ha recibido dineros de la USAID a través de un
operador (ARD) para su proyecto de palma aceitera africana ubicado en
Monterrey, entre los Municipios de San Pablo y Simití, en el sur de
Bolívar. Con este proyecto los 'paras' han realizado un proceso de
lavado de dólares del narcotráfico y de otras actividades ilícitas
como el robo continuado de gasolina y de paso han logrado legalizar la
tenencia de estas tierras obtenidas bajo expropiaciones y presiones
sobre sus verdaderos propietarios.
Pese
al apoyo indirecto de la USAID a la economía paramilitar en el
Magdalena Medio, es necesario tener claro que el objetivo central de
este modelo de cooperación es introducir la economía capitalista agrícola
en el campo colombiano, algo que la élite económica y política del
país, en su incapacidad política y mental, no ha logrado realizar.
Desafortunadamente
esta modernización de la ruralidad bajo el modelo gringo no
representa bienestar para el campesinado, pues se trata de financiar
la implementación de proyectos agrícolas de rendimiento tardío que
requieren de un considerable capital de cofinanciación. Se promueven
los cultivos de palma africana, cacao, caucho, algunos frutales y la
explotación forestal (por eso el afán de introducir una ley forestal
'adecuada'). El papel del campesino no va más allá de la tradicional
mano de obra barata, sin garantías laborales y sociales. Esta relación
precaria entre el capital y el trabajo rural ya se encuentra
plenamente establecida y ensayada en el modelo de las alianzas
productivas.
La
idea central de USAID es condicionar a los empresarios para que
inviertan en el campo en proyectos previamente priorizados y
focalizados por el Banco Mundial, el Departamento de Estado, la
embajada gringa y la USAID en base a intereses obvios, por ejemplo,
bajar el precio de las materias primas para la industria alimentaria
del imperio y diversificar las fuentes de materias primas como en el
caso del cacao. En la actualidad estos proyectos se financian con
dineros de los contribuyentes norteamericanos hasta con un 15 o 20 %
del monto total, antes la contribución era de hasta un 50%.
Las
agencias operadoras de los proyectos son empresas constituidas y
controladas por los norteamericanos como por ejemplo: FUPAD –
Fundación para el desarrollo, ARD – Asociación para el desarrollo
rural, CHEMONICS, ACDI – VOCA, entre otras. Estas operadoras se
encargan de ejecutar programas como: ADAM, MIDAS, CAPP, DLG
(Democracia y gobernabilidad local) e IDP. Tanto las operadoras como
los programas tienen como objetivo estratégico fomentar la inversión
de capital privado en el campo para garantizar la producción de
materias primas estratégicas para el sector industrial alimentario de
los Estados Unidos, algo que ya se encuentra claramente concebido en
el 'acuerdo' alcanzado en el tratado de libre comercio.
Los
programas de cooperación gringa al desarrollo son contrainsurgentes
en la medida en que complementan la estrategia de intervención
militar en el conflicto (Plan Colombia) en las regiones, buscando la
promoción de una base social y empresarial afecta a la
institucionalidad del régimen. A la vez se da la paulatina captación
de ong's y organizaciones sociales a través del financiamiento de
proyectos condicionados. Los inversionistas y los 'cooperantes'
presionan la militarización de las regiones allí donde se vea puesta
en riesgo la inversión, tal es el caso del Catatumbo, donde se está
exigiendo la ubicación de una brigada móvil del ejército para
proteger los cultivos de palma africana. Estos programas buscan
consolidar las políticas de los Estados Unidos en el país,
encarnadas nítidamente en el actual gobierno.
Curiosamente
la mayoría de los nuevos empresarios beneficiados por los dineros de
la cooperación gringa son de origen antioqueño, 'son personajes
oscuros', según una de las fuentes de este artículo, y gozan de
buenas y directas relaciones con el gobierno de Uribe.
Uno
de los elementos preocupantes que encierra este modelo de cooperación
impuesto por los Estados Unidos es la pérdida de institucionalidad y
de soberanía del Estado colombiano. Los dineros que ejecutan las
operadoras se invierten directamente, esto quiere decir que las
instituciones colombianas no participan ni en la toma de decisiones ni
en la ejecución de los programas. Es decir que las políticas
agrarias, la modernización del campo colombiano y su
instrumentalización en lo político, económico, social y militar
obedecen a una estrategia pensada lejos de nuestras fronteras y de
nuestros intereses como pueblo.
Todo
parece indicar que la 'ayuda' de los Estados Unidos está circunscrita
a dos ejes de intervención territorial militar y socio–económica.
En el mapa 'Geographic focus of the USAID/Colombia program for the
period 2006 –2008', elaborado por la USAID, se puede observar que
toda la intervención económica, política y social esta planificada
para las regiones comprendidas desde la cordillera oriental hacia el
norte, incluyen los programas zonas rurales de Putumayo, Nariño,
Huila, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas,
Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Magdalena, La Guajira, Cesar,
Bolívar, Norte de Santander, Santander y parte de Boyacá.
Estas
son regiones de operación de los bloques Sur, Central, Occidental,
Caribe y Magdalena Medio de las FARC, donde se han realizado grandes
operaciones militares y donde hay una fuerte presencia y control
paramilitar en cascos urbanos. En los lugares que concuerdan con los
corredores que comunican estos bloques guerrilleros citados no se
planea ninguna inversión, así como en los lugares supuestamente
liberados de la presencia guerrillera como Cundinamarca.
El
segundo eje de intervención estadounidense, estrictamente militar, lo
constituye el sur del país, desde la cordillera oriental hasta las
fronteras con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, donde se ha
desarrollado en mayor volumen el Plan Colombia y donde se desarrolla
actualmente el Plan Patriota.
La
estrategia de intervención de Estados Unidos buscaría afectar al
proyecto guerrillero en el norte mediante la condicionada (por el
abastecimiento de materias primas y el TLC) modernización del campo
en sitios donde la guerrilla estaría, según ellos, debilitada y
donde exista una 'clase empresarial' dispuesta a apostarle al modelo.
Está estrategia aseguraría la zona andina, parte de la frontera con
Venezuela y las costas pacífica y atlántica, por donde son
exportados los productos, materias primas e hidrocarburos colombianos.
En este escenario es imprescindible la captación de las bases
sociales mediante la generación de empleo precario en cultivos
agroindustriales.
Por
su parte hacia el sur de la cordillera oriental, territorios de
operación de los bloques guerrilleros oriental y sur, la intervención
netamente militar buscaría romper la resistencia de lo que han
llamado el núcleo duro de las FARC, su retaguardia estratégica. La
combinación de las diferentes estrategias en el sur y en el norte
tendría como resultado el hipotético escenario centroamericano de
una guerrilla debilitada en una mesa de negociación.
A
manera de conclusión podemos afirmar que los niveles de intervención
estadounidense en el conflicto, político social y armado colombiano
son multidimensionales y determinantes. El conflicto se da en un
contexto, no necesariamente nuevo, de creciente lumpenización de la
élite económica y política colombiana por la vía de la legalización
narcoparamilitar. La ley de justicia y paz constituye la consolidación
de un modelo de Estado delincuente, desinstitucionalizado y sin
soberanía. La guerra, como prolongación extrema de la política,
desafortunadamente y pese a los entusiastas análisis postelectorales,
será la que determine el futuro de los colombianos, para bien o para
mal.
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