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Gobierno,
Ejército y multinacionales
La
trama de la parapolítica acorrala al presidente Uribe
Por
Decio Machado
Diagonal Nº 55, 24/05/07
Con más de cien
detenidos, entre los que destacan 12 congresistas de la coalición que
apoya a Uribe en la presidencia de Colombia, el país afronta una
crisis de legitimidad institucional sin precedentes.
El escándalo de la
parapolítica en Colombia no para de crecer. Muchas organizaciones
humanitarias ya habían denunciado desde hace años esta situación,
sin embargo es ahora cuando están saliendo a relucir nombres, datos y
hechos que salpican de manera permanente al presidente Uribe.
La impunidad con la
que ha actuado el paramilitarismo ha permitido que sus líderes no
hayan tenido pelos en la lengua. Carlos Castaño, el antiguo jefe de
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -responsable de matanzas,
masacres y asesinatos selectivos a lo largo y ancho del país-, se
vanaglorió públicamente tras las elecciones parlamentarias de 2002,
las que llevaron a Álvaro Uribe a la presidencia, de que un tercio de
los diputados elegidos apoyaba a los ‘paras’.
El escándalo continúa,
y el pasado 14 de mayo la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó
la captura de cuatro nuevos senadores: Juan Manuel López Cabrales,
Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes y William Montes. También
ordenó la captura del representante de la Cámara de Córdoba, José
de los Santos Negrete y de Luis Carlos Ordesgoitia, hasta hace poco
uno de los más altos funcionarios de Uribe, ex presidente del
Instituto Nacional de Concesiones (INCO). La acusación sobre todos es
contundente: “concierto para delinquir agravado”.
También la Unidad
contra el Terrorismo de la Fiscalía General ha ordenado la detención
de 15 personas -todas de la órbita política- entre quienes destaca
la ex parlamentaria Eleonora Pineda, muy cercana a Uribe y gran
defensora del proceso Justicia y Paz que otorga beneficios judiciales
a los miembros desmovilizados de las AUC.
La Sala Penal de la
Corte concluyó que todas estas personas trabaron una estrecha relación
con los ‘paras’ para obtener beneficio político. La prueba de
ello está escrita en el documento llamado Acuerdo de Ralito, firmado
por 32 personas, donde aparecen, además de los líderes más temidos
de las AUC (Salvatore Mancuso, Don Berga, Diego Vecino y Jorge 40),
los senadores detenidos, representantes en la Cámara, gobernadores,
alcaldes, funcionarios públicos de alto nivel, dirigentes políticos,
ganaderos y hasta un periodista. Según Carlos Gaviria, presidente del
Polo Democrático Alternativo (PDA), “una buena parte de la clase
política tradicional del país ha estado haciendo un acuerdo con el
‘paranarcotráfico’ para construir conjuntamente lo que ellos
denominan una nueva Colombia”.
Ejército
y paras, la misma cosa
Con estas nuevas órdenes
de captura, los detenidos pertenecientes al entramado político
colombiano superan el centenar. Entre ellos hay ya 12 congresistas
encarcelados y dos más están fugados. Salvatore Mancuso, ex jefe
paramilitar detenido, confesó en Medellín el pasado 15 de mayo ante
los jueces de Justicia y Paz haber sido entrenado por los militares,
así como la existencia de acuerdos firmados por las AUC con varios ex
comandantes del Ejército. Todos estos comandantes forman parte hoy
del generalato de las Fuerzas Armadas Colombianas.
Mancuso se definió a
sí mismo como “una prueba fehaciente del paramilitarismo de
Estado”. Explicó cómo desde la década de los ‘60 hasta los
‘90 todos los manuales de contraguerrilla de las Fuerzas Armadas
justificaban e invocaban el pensamiento de las AUC. Las lista de altos
mandos militares implicados es larga, pero entre ellas destacan por su
alta graduación los generales Rito Alejo del Río, Martín Orlando
Carreño e Iván Ramírez. Según Mancuso, con ellos se planeó la
extensión de las AUC por todo el país. “Los generales nos
indicaban a los escuadrones paramilitares qué terrenos podíamos
tomar y qué zonas estaban libres de peligro para concentrar a los
hombres reclutados”, indica el ‘para’ detenido. Y prosiguió
diciendo: “El paramilitarismo ha sido orquestado por los gremios
económicos, que son los que ponen la plata, plata que favorece a los
políticos y el Ejército dispara a quien se oponga a esto, sea
guerrillero o no sea”. El caso del general Del Río es sin duda el más
escandaloso. Todas las denuncias que se interpusieron contra él
fueron rechazadas por los gremios empresariales, los mismos militares
y por los funcionarios de alto nivel. Las pruebas sobre la actuación
de este mando militar son tan evidentes que llevó a un juez a
proferir una orden de captura que se hizo efectiva el 21 de julio de
2001.
La detención se
realizó en base a pruebas acopiadas por la Unidad de Derechos Humanos
de la Fiscalía tras tres años de investigación al general Del Río
por su participación en el asesinato y desaparición de más de 1.200
personas durante los años 1996 y 1997, cuando desempeñó el cargo de
comandante de la Brigada XVII.No obstante, fue excarcelado el 6 de
agosto del mismo año y el 9 de marzo de 2004 el Fiscal General archivó
la investigación. Pasión y muerte de un informante es uno de los
documentos más interesantes sobre las actividades de Del Río. Está
escrito por el sacerdote Javier Girado, y en él se hace un recuento
del proceso y posterior muerte del soldado Oswaldo de Jesús Giraldo
Yepes, asesinado el 2 de abril de 2005 en Yarumal, Antioquia, por
describir las relaciones entre los militares en Antioquia y las AUC.
Según este soldado,
“el general Rito Alejo del Río llegó a Mutatá rodeado de
paramilitares para enfrentar los combates con la guerrilla en La
Llorona y de allí se comunicaba con el ‘Mono Mancuso’, líder
paramilitar. La oficina de dicho general era frecuentada por
paramilitares que iban allí a planear muchas cosas. Los paramilitares
entraban sin problema a la Brigada XVII donde el general Del Río les
daba confianza; dicho general más bien le temía a los soldados
regulares, pues pensaba que la guerrilla podía infiltrarlos para
matarlo”.
Giraldo Yepes
denunciaba que Del Río era habitualmente escoltado por paramilitares,
y decía que el apoyo a los paramilitares por parte del Ejército debía
ser ‘A-1’ (máxima prioridad).
El senador Gustavo
Petro le reclamó al presidente Álvaro Uribe, el pasado mes de abril,
una explicación de por qué le ofreció un homenaje de desagravio al
general Del Río cuando la embajada de los EE UU había anunciado el
retiro de su visa y las organizaciones de derechos humanos de ese país
publicaban detallados informes de su actividades. Sobre Del Río
recaen denuncias de haber actuado en unidad de acción con las AUC, de
ser el responsable de desplazamientos violentos de muchas poblaciones
campesinas e indígenas, así como de centenares de muertes. Sin
embargo, Del Río apenas ha sido investigado.
Relaciones
de la familia Uribe con el paramilitarismo y el narco
Por
Decio Machado
Diagonal Nº 55, 24/05/07
El pasado mes de
abril, Gustavo Petro, senador de PDA denunciaba que Álvaro Uribe,
siendo gobernador de Antioquia, aprobó la creación de una
cooperativa de seguridad propiedad de Salvatore Mancuso.
El senador documentó
ante el senado colombiano que lo mismo ocurrió con otros líderes
paramilitares como ‘La Gata’ Enilce López y Jesús Ignacio Roldán
Pérez, alias ‘Monoleche’.
El legislador dijo
que la de Mancuso fue una de los 82 ‘convivir’ (como se conocieron
este tipo de escuadrones privados) que Uribe autorizó de 1995 a 1997
en Antioquia. Las ‘convivir’ tuvieron vinculación con grandes
narcotraficantes y contaron con la colaboración de efectivos del Ejército.
Según Petro, “los militares y el narcotráfico propiciaron la
creación del paramilitarismo para que se custodiaran las tierras del
Magdalena Medio y el Urabá antioqueño, y las pistas que servían
para sacar diariamente 20 o 30 vuelos con coca”. Petro sostuvo que
el asesinato en 1989 de Luis Carlos Galán, quien por entonces promovía
su candidatura presidencial, se derivó de una alianza de las AUC,
narcotraficantes y “militares anticomunistas”.
También testimonios
que dan cuenta de cómo los paramilitares protegían las haciendas de
la familia Uribe. En la finca Las Guacharacas, propiedad de la familia
del mandatario, se ejecutaron guerrilleros y allí operó una
organización dirigida por Juan Villegas Uribe, quien tenía contacto
permanente con ‘Lucas’, un reconocido jefe paramilitar. Por último,
Petro indicó que en la finca La Carolina, también propiedad de los
Uribe, los paramilitares tuvieron su base de operaciones para actuar
en la zona.
Gustavo Petro y su
familia han sido innumerables veces amenazados por sicarios y
paramilitares. El último hecho de gravedad en este contexto ocurrió
el pasado 4 de mayo, cuando dos suboficiales del Ejército fueron
capturados en las inmediaciones de la casa de Petro por su escolta
personal. Primero se dijo que eran agentes de la DAS (órgano de
inteligencia de la seguridad colombiana). Tras haber sido esto
desmentido por parte de las autoridades policiales, el Ejército sacó
un escueto comunicado donde indicaba que los dos militares realizaban
actividades de verificación dentro de una operación, que no ha
quedado aclarada en el comunicado.
Los
‘paras’ y las multinacionales
El ‘para’
Salvatore Mancuso incriminó el pasado 17 de mayo a diversas
multinacionales, a dos de las mayores empresas nacionales del país y
a diversas compañías carboníferas de financiar a las AUC. Según el
líder paramilitar detenido, Chiquita Brands (ex United Fruit), Dole
Food Company Inc (propiedad de David Murdoch), Fresh Del Monte (con un
56% en manos del millonario palestino-chileno Mohammad Abu-Ghazaleh,
pero donde participan compañías como la alemana Allianz AG, la británica
Barclays, o las norteamericanas FMR Corp y Melon Financial Corp)
pagaban por eliminar dirigentes campesinos y sindicalistas molestos,
aportando cada una de ellas dinero a los fondos de las AUC.
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