Las mentiras del gobierno para justificar el asesinato de sindicalistas

Encubridores

Por Alberto Aguirre
Revista Cromos, Bogotá
Septiembre de 2007

Entre 1991 y 2001 fueron asesinados en Colombia 1.075 sindicalistas. Entre estos, 24 de Adida, 11 de Fecode, miembros de la USO, del ISS, de sindicatos universitarios, etc. Es amplio el espectro: esto y el gran número están indicando que se trata de una política de Estado.

El país más peligroso de la tierra para ejercer el sindicalismo es Colombia", dice la CIOSL (Confederación Internacional de Sindicatos Libres). Siendo la salud pública un sector descuidado por el Estado, no es de extrañar que los sindicalistas de la salud figuren en aquella lista macabra. (Recuérdese que son los sindicatos los más firmes defensores de la instituciones que los albergan). En dicha lista figuran estos sindicalistas de Anthoc (Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas): Gabriela Galeano, asesinada en Cúcuta el 9 de diciembre de 2002; Ricardo Luis Orozco, asesinado el 2 de julio de 2001, en Barranquilla, y Saulo Guzmán Cruz, asesinado en Aguachica (Cesar), el 11 de abril de 2001.

Son antecedentes de la masacre ocurrida el 5 de agosto de 2004, en Caño Seco, Saravena (Arauca), donde fueron muertos Jorge Eduardo Prieto Chamucero, Héctor Alirio Martínez y Leonel Goyeneche; el primero era presidente de Anthoc, en Arauca; Héctor Alirio Martínez era presidente del Sindicato Agrícola de Arauca, y miembro de la Junta Nacional de ANUC; y Goyeneche era tesorero de la CUT, y maestro en Puerto Nidia (Saravena). Informa El Tiempo (7 de septiembre de 2004): "Los militares dijeron que en el momento en que iban a ser detenidos los sindicalistas intentaron huir y abrieron fuego contra la tropa y ésta respondió dándoles muerte". Falso. La masacre de Caño Seco fue un episodio más de esta persecución incesante contra la clase obrera, que se manifiesta desde despidos injustos, terminación indebida de contratos, recorte de prestaciones, cierre de sindicatos, hasta el asesinato de sus líderes. Contra los trabajadores, el Gobierno y los patronos forman dañado y punible ayuntamiento. Ante la masacre de Caño Seco, el vicepresidente, Francisco Santos, y el ministro de Defensa de entonces, Jorge Alberto Uribe, aseguraron (La Patria, 28 agosto) que "las víctimas eran guerrilleros del ELN". Era ésta una mentira lisa y llana. (Santos rectificó luego).

Dijo El Tiempo (7 de septiembre de 2004): "El comandante de las Fuerzas Militares, Carlos Alberto Ospina, afirmó que los sindicalistas dispararon a la tropa con armas de 9 mm y que tenían tacos de dinamita". Falso. Agregó: "No creo que los sindicalistas hayan estado en una reunión muy santa, cuando en su poder las tropas encontraron dos pistolas, tres tacos de dinamita, unos cuatro metros de cordón detonante". Falso. De modo aún más cínico y falaz habló el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, quien justificó así el asesinato (ver el mismo diario): "Primero, eran delincuentes; segundo, fue en combate con la fuerza pública; tercero, estaban armados; cuarto, tienen orden de captura". Cuatro mentiras redomadas.

Informan La Patria (28 de agosto), y los principales diarios del país: "Un subteniente y tres soldados del Ejército fueron condenados, por un Tribunal Militar, a 40 años de cárcel por el asesinato, en agosto de 2004, de tres sindicalistas en Arauca que fueron presentados como guerrilleros". Se comprobó que la tropa entró disparando a la choza donde dormían los sindicalistas y allí los acribilló. Tienen tiros a quemarropa en la cabeza (a menos de 50 cm). No trataron de huir. No tenían arma alguna. No hubo combate alguno. Las víctimas estaban en estado de indefensión. Los mataron de rodillas.

Para mayor escarnio, Prieto y Martínez debían estar gozando de medidas precautelativas impuestas por la OEA, dado el peligro que corrían. El Estado no les brindó protección ninguna. Todo lo contrario. Sal a la herida.

La ley penal no solo condena a los autores de un crimen, sino que persigue también a sus cómplices y auxiliadores; entre estos, a los encubridores, esto es, a aquellos que ocultan o adulteran los hechos, sea para borrar, sea para atenuar la culpa.

La masacre de Caño Seco fue un episodio más de esta persecución incesante contra la clase obrera, que se manifiesta desde despidos injustos, terminación indebida de contratos, recorte de prestaciones, cierre de sindicatos, hasta el asesinato de sus líderes.