Ejecuciones
sumarias del ejército de Uribe: Un suboficial del Ejército
revela sobre falsos positivos en Norte de Santander y que le
costaron su carrera militar
"Nos
daban cinco días de descanso por cada muerto"
Revista
Semana, Bogotá, 26/01/08
Lo
que cuenta el sargento Alexander Rodríguez –si la
justicia llega a comprobarlo– es la historia de un mundo
que funciona al revés. En diciembre pasado denunció ante
la Procuraduría, y ante las propias Fuerzas Militares, que
en su paso por la Brigada Móvil XV que opera en Ocaña
(Norte de Santander) fue testigo de cómo se encubrían
homicidios de civiles para presentarlos como bajas en
combate. Y apenas tres días después, paradójicamente, el
denunciante resultó castigado: una junta de generales
encabezada por el comandante del Ejército, Mario Montoya,
decidió retirarlo del servicio activo; mientras que el
coronel Santiago Herrera, que comandaba la Brigada donde
ocurrieron los hechos denunciados por el sargento, fue
trasladado a Bogotá para asumir como oficial ayudante del
propio Montoya.
La
historia que Rodríguez le contó a las autoridades –y a
SEMANA– es escabrosa. Asegura que: "a principios de
noviembre estaba el sargento Ordóñez recogiendo 20.000
pesos por soldado, que eran para cancelar la pistola que le
habían colocado a la persona que habían dado de baja (.)
Ordóñez les decía: 'si quieren entregar la plata bien, si
no, lo dejamos así, pero vean que son cinco días de
permiso...'".
El
sargento también relató que a mediados de octubre hubo dos
supuestas ejecuciones, en una de las cuales la víctima
sobrevivió y escapó. La versión de Rodríguez coincide
con la denuncia que han hecho ONG como Minga, que aseguran
que el 13 de octubre un campesino llamado Adinael Arias Cárdenas
fue abordado por soldados del Ejército, y que al día
siguiente apareció reportado como un guerrillero dado de
baja en combate. También hay similitudes con la historia de
Willamir Rodríguez Figueroa, un campesino de 22 años,
analfabeta, quien cuenta que el 6 de octubre salió de su
vereda, cuando unos soldados lo detuvieron con el argumento
de que por no tener los papeles en regla, sería reclutado.
Después de hacerlo caminar por varias horas y casi a la
medianoche, cuenta que "me esposaron a un palo de cacao
y me amarraron con una pita...". "Al rato sentí
fue un disparo. caí en el pastal boca abajo y yo me hice el
muerto...". "Después llegaron los soldados y me
colocaron una pistola al lado de la cabeza".
El
coronel Santiago Herrera estuvo al frente de la Brigada Móvil
XV durante 2006 y 2007. Esta es una de las unidades
militares con más denuncias por posibles ejecuciones
extrajudiciales. En diciembre pasado Herrera asumió como
ayudante del general Montoya
Willamir
logró escaparse, según su relato, y correr hasta que
encontró refugio en la casa de un campesino que le ayudó a
llegar al hospital de El Tarra. Allí fue detenido por las
autoridades. Después de permanecer dos meses en el
hospital, está en la cárcel, acusado de rebelión, y en su
contra han declarado dos testigos aportados por el Ejército.
Las
denuncias del suboficial fueron tomadas tan en serio por la
Procuraduría Regional de Ocaña, que esta entidad solicitó
que se le trasladara de guarnición para garantizar su vida.
El Ejército alega que los señalamientos del sargento Rodríguez
son una retaliación porque con sus superiores "él tenía
muchas fallas en disciplina desde dos años atrás"
–dice el general José Joaquín Cortés, comandante de la
Segunda División–. "Había quejas contra el sargento
por deudas y por faltar al lugar de trabajo". Para el
general Cortés, esto podría ser una retaliación del
sargento porque dado su historial, difícilmente lograría
un ascenso. No obstante, si el comportamiento de Rodríguez
era inadecuado desde hace tantos meses ¿por qué se le
retiró de la institución sólo cuando hizo estas graves
denuncias
Rodríguez
no es el único que ha denunciado estas irregularidades en
Norte de Santander. Las ONG de derechos humanos han
registrado 19 casos de posibles ejecuciones cometidas por
esta Brigada en 2007. La Procuraduría finalizó el año con
casi 40 quejas por estos hechos. Las que se suman a las ya
conocidas denuncias por ejecuciones en las Brigadas de
Antioquia y Meta, que se han convertido en preocupación
tanto para las Naciones Unidas como para el gobierno de
Estados Unidos, que apoya a estas unidades militares.
Esta
denuncia llega justo cuando el ministro de Defensa, Juan
Manuel Santos, lanzó oficialmente la Política Integral de
Derechos Humanos, un esfuerzo que, entre otros puntos,
contempla la regulación de la fuerza en la guerra, a través
de la legitimidad y la eficacia.
Durante
mucho tiempo, en el inconsciente militar reposó la idea de
que el respeto de esos derechos era una desventaja para
ganar la guerra. Hoy la intención del Ministerio de Defensa
es que, por ejemplo, los uniformados lleven consigo un pequeño
manual de lo que no se debe y lo que se puede hacer. Desde
ya, cada una de las divisiones del Ejército cuenta con un
inspector delegado que vigila que todo el reglamento se
cumpla; la Armada tendrá otros dos y próximamente se creará
un centro de entrenamiento en Tolemaida para fortalecer la
comprensión del tema.
Será
la justicia la que dirá si las delicadas denuncias del
sargento Rodríguez corresponden a lo ocurrido. Entre tanto,
el Ministerio de Defensa cree que con la estrategia
implementada la Fuerza Pública entenderá mejor que la
legitimidad del Estado se consigue a través del respeto de
los derechos humanos y no de lograr más muertos en la lista
enemiga, por encima de lo que sea.
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