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Nuevas
investigaciones arrojan más datos sobre la íntima relación
de Uribe con narcos y paramilitares
Álvaro
Uribe, ‘uno de los nuestros’
Por
Decio Machado
Desde Barranquilla (Colombia)
Periódico Diagonal, Madrid, 07/02/08
“España
está con Uribe y con Colombia”. Con estas palabras se
resume el contundente apoyo brindado por José Luis Zapatero
a su homólogo colombiano, Álvaro Uribe Vélez, en su
visita a Madrid el 23 de enero.
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Entre
7.000 y 15.000 desaparecidos desde 1977
El
Gobierno de Uribe representa la necesidad de
centralizar el poder ejecutivo para lograr una unidad
de mando en la guerra contra la insurgencia y contra
cualquier tipo de oposición popular que se genere. Su
modelo económico se caracteriza por una gran
acumulación y concentración de capital y tierras en
pocas manos, mientras el capital financiero controla
las arterias vitales de la economía. Hoy, el 50% de
los colombianos viven por debajo de la línea de
miseria, y el 10% en condiciones de indigencia.
Mientras tanto, unos pocos concentran en sus manos una
altísima proporción de la riqueza. Tan sólo en los
dos primeros años de su mandato, dos de los más
grandes grupos económicos del país ya habían
triplicado su riqueza. Según denuncian las ONG de
derechos humanos en Colombia, su proyecto de Estado es
fascista, sustentado en elementos como centralización
del poder ejecutivo, el control y disminución del
Congreso, el fortalecimiento del aparato militar, el
desarrollo de la estructura paramilitar y la negación
de las libertades democráticas. Según la Asociación
de Familiares Desaparecidos (Asfades) se supera la
cifra de 7.300 desaparecidos en Colombia desde 1977.
Sin embargo Gloria Gómez, directora de esta
asociación, indica que la cifra real podría superar
los 15.000, dado que en muchas ocasiones las familias
no denuncian por miedo a las posibles represalias.
Para Asfades, el principal actor represivo en Colombia
es el paramilitarismo, seguido por el Ejército y de
lejos la insurgencia. Uribe ha extraditado a
delincuentes comunes y a presuntos guerrilleros hacia
EE UU, pero se comprometió a no extraditar a los
paramilitares, es decir, a los más peligrosos
miembros del crimen organizado. |
El
mandatario colombiano fue recibido entre otras
personalidades por el rey Juan Carlos, los ex jefes de
gobierno José María Aznar y Felipe González, así como
por el líder de la oposición Mariano Rajoy. Pero como si
el apoyo de los líderes españoles fuera poco, también
Javier Solana, ministro de Relaciones Exteriores de la UE,
quiso dejar constancia de cómo se sitúa Europa en el
conflicto colombiano: “Todas las ideas que ponga Uribe en
la mesa serán apoyadas por la UE. Tenemos plena confianza
en él… y tiene todo nuestro apoyo”.
La
relación del Estado español y la UE con el actual Gobierno
colombiano está siendo cuestionada por el conjunto de
organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos
del planeta, y de manera especial por las que actúan y
sufren la represión sobre el terreno. Este respaldo, además,
viola todas las cláusulas internacionales que los países
de la UE tienen establecidas para no colaboración con
Gobiernos implicados en el tráfico internacional de
estupefacientes.
Narcoparamilitarismo
y Uribe
La
relación de Uribe Vélez con el paramilitarismo y el
narcotráfico viene de lejos. A principios de los ‘80,
cuando el actual mandatario colombiano ejerció durante 28
meses como director del Departamento de Aviación Civil,
apoyó con múltiples licencias aéreas, hangares y pistas
de aterrizaje en fincas privadas a diferentes capos del
narcotráfico, entre los que destaca Jaime Cardona
(considerado el número dos del cártel de Medellín en
aquella época), según denunció el escritor colombiano
Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína.
Los
negocios turbios en su entorno tampoco son nuevos. El
periodista Nelson Sánchez Abaúnza escribió una
documentada crónica en la revista Cromos, en la que señaló
cómo se había extraído 43 millones de pesos
(aproximadamente unos 550.000 dólares) del Departamento de
Aviación Civil, a través de la firma de un “contrato
fantasma” que Uribe estableció con la entidad
Colasesores, la cual meses antes había sido embargada por
el Banco Real de Colombia.
Otro
episodio alarmante de la biografía de Uribe tuvo lugar el
15 de junio de 1983: cuando falleció su padre (Alberto
Uribe Sierra, un conocido especulador de fincas y caballos,
muy bien relacionado con los líderes del narcotráfico en
Antioquia y que murió en un tiroteo con las FARC), el
actual presidente colombiano se desplazó a la finca
Guacharacas, lugar de los sucesos, en un helicóptero
propiedad de Pablo Escobar. Preguntado por este hecho, Uribe
se limitó a decir que fue fruto de la casualidad. Sin
embargo, en el sepelio de su padre, destacaban entre los
invitados tanto Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín,
como el clan de los Ochoa.
En
su libro Mi confesión, el difunto líder
narco–paramilitar, Carlos Castaño, jefe de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), afirma que “la base
social de las Autodefensas lo considera [a Uribe] su
candidato presidencial”, y prosigue: “Es el hombre más
cercano a nuestra ideología y filosofía”. Castaño
describe: “Como gobernador de Antioquia, Uribe Vélez logró
sacar adelante 59 cooperativas de seguridad con las cuales
nunca estuve de acuerdo (las Convivir). No voy a negar que a
las Autodefensas les sirvió, pero no tanto se avanzó con
ellas. Quienes las aprovecharon fueron los traficantes, que
se dedicaron a montar pequeñas Convivir en sus fincas. Era
habitual ver cinco camionetas Toyota, con un ‘narco’
adentro escoltado de manera impresionante y sus
guardaespaldas portando armas amparadas por el Estado”.
Uribe
fue el autor de la fórmula Convivir: cooperativas de
seguridad, agrupación de ciudadanos, un comité coordinador
y una central privada de comunicaciones, todo ello con
dotación de armas. Se crearon 690, de ellas 70 en
Antioquia, donde comenzaron. Según la Secretaría de
Derechos Humanos y Libertades: “Estas organizaciones se
convirtieron en bandas de maleantes y asesinos, transformándose
en grupos punitivos, que terminaron asesinando y
secuestrando.
Fueron
utilizadas por los terratenientes y narcotraficantes para
aplicar la política contrainsurgente de ‘tierra
arrasada’ en numerosas zonas campesinas y en la misma
capital de Antioquia”. Según la ONG internacional Pax
Christi: “Significó la plasmación práctica de una visión
fascista del Estado, con fundamental aplicación en las
zonas de cultivo ilegal”. En muchos casos, la relación de
Uribe con el narcotráfico y la parapolítica se ha dado a
través de intermediarios. Destaca en ese sentido el papel
del senador Mario Uribe, primo hermano del mandatario.
Fue
amigo incondicional de Pablo Escobar: lo visitó en la
represa del Peñol cuando el capo estaba “en la
clandestinidad”, y lo previno en alguna oportunidad para
que lograra eludir la acción de la Justicia. Mario Uribe es
el líder fundador del partido uribista Colombia Democrática
y en la actualidad se encuentra investigado junto a otros 40
congresistas por vínculos con la “parapolítica”.
El
‘entorno’ de Uribe
Con
Uribe están alineados políticamente la mayoría de los
congresistas y políticos vinculados al ‘Proceso 8.000’.
Aunque se trata de individuos a quienes las autoridades
judiciales han dejado fuera de la política, muchos de ellos
han expresado en diversas formas su respaldo al presidente
de la República.
El
primero de todos es Fernando Botero Zea, quien ha asesorado
a Uribe en temas específicos de su campaña electoral.
Botero estuvo implicado en el robo de millones de dólares
girados por el cártel de Cali a la campaña de Ernesto
Samper, que él desvió hacia sus cuentas en el exterior. En
la actualidad vive exiliado en México, aunque se sabe que
entra en Colombia cada vez que Uribe lo requiere.
También
destaca el apoyo de Alberto Santofimio Botero, el ex
controlador Rodolfo González García, los ex parlamentarios
César Pérez García, Tiberio Villareal, Fuad Char y el
empresario Carlos Náder. Santomifio, Pérez García y
Villareal pasaron varios años en la cárcel por sus
vinculaciones con el narcotráfico. González García fue
absuelto en un caso similar por “razones de tipo técnico”,
pero jamás demostró su inocencia. EE UU retiró la visa a
la familia Char y los introdujeron en la famosa ‘Lista
Clinton’ (personas relacionadas con el narcotráfico),
cuando comprobaron que estaba implicado en lavado de dinero
producto del narcotráfico. Uribe sigue apoyando a estos
personajes. Recientemente indicaba que “Fuad Char es un
hombre respetable en su vida pública y privada”, a la vez
que apoyaba a su hijo Alex (gran especulador inmobiliario)
en su candidatura a la alcaldía de Barranquilla.
El
empresario Carlos Náder, también en la ‘Lista
Clinton’, tampoco puede entrar en territorio
norteamericano. Sobre él recae una condena de seis años de
prisión por tráfico de drogas. Tanto su esposa como él
mismo, brindan alojamiento en sus casas particulares de
Miami y Madrid respectivamente cuando el mandatario se
desplaza a estos territorios.
Pero
el caso más complejo de las personas que apoyan a Uribe es
el de su segundo de abordo en la gobernación de Antioquia,
Pedro Juan Moreno Villa (fallecido misteriosamente en
accidente de avión el 24 de febrero de 2006). En 1997 y
1998 agentes de la DEA decomisaron 50 toneladas de permangánato
de potasio. Las investigaciones demostraron que estos
insumos, suficientes para fabricar 500 toneladas de
hidroclorato de cocaína, con un valor de 15 millones de dólares
en el mercado, fueron importados por la empresa GMP
Productos Químicos, con sede en Medellín, propiedad de
Moreno Villa.
Según
denuncia Joseph Contreras, corresponsal de Newsweek y autor
del libro El Señor de las Sombras – Biografía no
autorizada de Álvaro Uribe Vélez en agosto de 2001,
Donnie R. Marshall, jefe de la DEA, denunció que “GMP fue
el más grande importador de permangánato de potasio en
Colombia”. Según Marshall, “quien controle el mercado
de permanganato de potasio en Colombia, controla el tráfico
global de cocaína procesada”.
Según
la DEA, 200 toneladas fueron vendidas por la compañía GMP
en el tiempo en que Moreno era secretario de gobierno de
Uribe en Antioquia. De igual manera, el actual presidente de
Colombia fue relacionado con el narcotráfico durante su
desempeño por tan sólo cuatro meses, como alcalde de
Medellín.
Según
Joseph Contreras, su salida del cargo fue debida a que el
entonces presidente Betancur detectó su presencia en una
cumbre (finales del 1982) de los cuatro grandes del cártel
de Medellín (Pablo Escobar, los Ochoa, Carlos Lehter y
Gonzalo Rodríguez Gacha). Los servicios de inteligencia
detectaron varios testigos, y para colmo Uribe incluso fue
llevado a esa reunión clandestina en un helicóptero
propiedad de los capos. Al presidente no le quedó otro
camino que ordenar que lo sacaran sigilosamente de la alcaldía.
El
11 de marzo de 1984, un año después de que Uribe dejara de
ser alcalde, y en plena campaña electoral al Senado,
durante un operativo de las autoridades antinarcóticos, se
decomisó un helicóptero Hughes–500, modelo 369D, con
matrícula HK 2704–X. El 21 de abril, Uribe se entrevista
con Enrique Parejo, en aquel momento ministro de Justicia,
para explicarle que su familia, propietaria del helicóptero,
no estaba implicada en el narcotráfico, y que simplemente
“lo habían prestado a un amigo”.
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