Este es el lema con que los organizadores de la marcha por las víctimas
de los paramilitares del próximo 6 de marzo, están convocando
colombianos de todo el mundo

“Por los desaparecidos, los desplazados,
los masacrados y los ejecutados”

Revista Semana, Bogotá, 14/02/08

Cuando bajó la marea emocional de la enorme caminata contra las Farc el pasado 4 de febrero, el ruido de una nueva manifestación se levantó, esta vez, por las víctimas de los paramilitares y de agentes del Estado.

Las suspicacias que provocó la protesta anti Farc también salpicaron esta nueva convocatoria, criticada por el gobierno. Incluso algunos voceros oficiales han dicho que es organizada por el grupo guerrillero. Con afirmaciones como esta se ha tratado de debilitar las razones de la segunda marcha. Sin embargo, sus organizadores como muchos otros analistas y ciudadanos que se han mostrado solidarios con las víctima de la violencia, se preguntan por qué alguien puede considerar ilegítimo marchar para hacer visibles, por ejemplo, a los desaparecidos del Palacio de Justicia; a los casi tres millones de campesinos desplazados; a los sindicalistas asesinados y a las 90 mil víctimas del paramilitarismo registradas en la Fiscalía en el proceso de Justicia y Paz.

Para el próximo 6 de marzo, varios organismos se encargaron de convocar colombianos en todo el mundo para que salgan a las calles “por los desaparecidos, los desplazados, los masacrados y los ejecutados”. Mientras que la marcha del 4 de febrero fue iniciativa de un grupo en la red social Facebook indignado luego de que se hicieran públicas las pruebas de supervivencia de varios secuestrados por las Farc, la de marzo fue invitada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Central Unitaria de Trabajadores, Fecode (Federación Colombiana de Educadores), la organizaciones Minga, Viva la Ciudadanía, Indepaz y Redepaz.

“Incluso desde antes del 4 de febrero se ha puesto en la discusión pública el tema ético sobre la actitud de la ciudadanía frente a las víctimas. dijo Iván Cepeda en entrevista a Semana.com (ver Artículos Relacionados) y líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Queremos que se generalice y se le rinda un muy justo homenaje a los desplazados, a los desaparecidos, a los familiares de los asesinados y masacrados, a través de múltiples actos simbólicos en Bogotá, algunas ciudades del país y en otras ciudades del mundo. No sólo queremos que sea un momento de hacer memoria, sino de solidaridad”,

Resulta paradójico que luego del amplio respaldo que el gobierno Uribe le dio a la marcha del 4 de febrero contra las Farc, ahora sean sus voceros los más críticos de la marcha en solidaridad con las víctimas del paramilitarismo. El primero en pegar el grito en el cielo fue el asesor presidencial José Obdulio Gaviria: “yo personalmente no participaré. Difícilmente la sociedad colombiana participará en tal tipo de convocatoria cuando precisamente estamos marchando contra los que convocan”, dijo en Caracol Radio días atrás, haciendo alusión a la invitación que hicieron las Farc en su página virtual a apoyar esta marcha. Gaviria también criticó que se marchara contra el paramilitarismo, pues este, según él, ya no existe. “Equivaldría como marchar contra la guerrilla liberal, o contra el M–19, o contra el Epl”, organizaciones ya desmovilizadas.

Tendría razón Gaviria al inferir que marchar contra las AUC es igual a marchar contra los 35.353 desmovilizados de esta organización que oficialmente dejaron las armas entre el 2003 y el 2006. Esto no significa sin embargo que el paramilitarismo haya dejado de existir en Colombia.

Observadores nacionales e internacionales y las mismas autoridades han detectado grupos paramilitares que continuaron delinquiendo (por ejemplo la ‘Organización Nueva Generación’ que en Nariño que ya amenazó por correo electrónico a varias personas que caminarán el 6 de marzo o las ‘AUC de don Berna’ que operan en la frontera entre Nariño y Cauca).

Hoy estiman que, entre desmovilizados que retornaron a las armas, otros que nunca las abandonaron y algunos jóvenes nuevos, hay cerca de 3 mil colombianos en las bandas emergentes. Estas no sólo se dedican al narcotráfico, sino también ejercen labores de “control” político e ideológico persiguiendo a quienes consideran enemigos y, en algunos casos, hacen la mal llamada “limpieza social”.

Subsisten incluso problemas con algunos de los jefes desmovilizados de las AUC, que ponen en duda su voluntad de paz. Por mencionar algunos casos, el Inpec acaba de descubrir armas y dinero en la cárcel de Itagüí donde permanecen los principales ex comandantes de ‘paras’; y la OEA tiene información concreta de que en departamentos como Córdoba, Cesar y la zona del Urabá hay amenazas a desmovilizados que se resisten a reclutarse nuevamente en organizaciones de autodefensa.

Apenas en enero de 2008 los paramilitares cometieron dos masacres, nueve desapariciones forzadas y ocho homicidios.

Contra la violencia que están ejerciendo estas bandas, como advertencia civil a quienes entre los desmovilizados han incumplido los acuerdos, y en solidaridad con las víctimas que siguen creciendo es contra quienes se marchará el próximo 6 de marzo.

Si bien las AUC como estructura ya no existe, el paramilitarismo sí, y que aún con la desmovilización de ellos, todavía hay víctimas que lloran por su culpa. En Colombia han sido desplazadas cerca de tres millones de personas. También han desaparecido unas 15 mil personas en los últimos 30 años y muchas de ellas han sido enterradas. Las autoridades ya saben de 3 mil personas en fosas comunes, y eso que hasta ahora se empieza a conocer la verdad.. Más de 1.700 indígenas, 2.550 sindicalistas, medios centenar de periodistas y miles de militantes de la Unión Patriótica han sido asesinados.

Las autoridades policiales y judiciales aseguran que entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3.500 masacres y robaron más de seis millones de hectáreas de tierra a campesinos en diferentes rincones del país. Desde que empezaron las desmovilizaciones han sido asesinadas 600 personas cada año. Y su violencia no ha sido solo militar.. También han corrompido e infiltrado a las instituciones del Estado. La justicia ha vinculado a 72 personas, entre congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados y otros líderes políticos.

Si el 4 de febrero se marchó contra las Farc, contra el secuestro, contra los vejámenes a los que son sometidos Íngrid Betancourt o los soldados que llevan hasta 10 años en la selva; contra los asesinatos que ejecuta este grupo guerrillero, ¿por qué va a ser ilegítimo marchar también contra los paras que han inundado de sangre este país, y no han cesado del todo su violencia, o contra los autores de la desaparición de once personas en el holocausto del Palacio de Justicia?

Otro de los lema de los organizadores de la manifestación del 6M que causa roncha, es el de marchar contra los crímenes de Estado. La interpretación del gobierno, y compartida por muchos analistas, sobre el conflicto armado es que no ha existido una guerra sucia organizada desde el Estado, como sucedió en otros países, y lo que ha habido en Colombia es militares o funcionarios corruptos que han buscado atajos para pelear la guerra contra la guerrilla.

Desde la izquierda, sin embargo, se deduce que si tantos dirigentes del estado durante tantos años han sido cómplices de masacres, magnicidios, desapariciones o ejecuciones extrajudiciales, es porque implícitamente esa ha sido una política de Estado.

Más allá de esa discusión ideológica, sin embargo, están las víctimas que han sufrido igualmente, sea por política de Estado o no, y merecen la solidaridad ciudadana.