Drogas: cultivos no ceden

Por Constanza Vieira
Inter Press Service (IPS), 29/02/08

Bogotá.– Los cultivos de droga no ceden y Inter Press Service (IPS),, según el Departamento de Estado estadounidense. "Las fumigaciones son parte del problema" y no su solución, replicó la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA), sobre la polémica herramienta.

El informe de Control Internacional de Narcóticos (CIN) de la cancillería estadounidense elogió este viernes el decomiso de 126 toneladas de cocaína durante 2007 y la erradicación forzada de 220.000 hectáreas de cultivos de coca, materia prima de la droga.

Pero esos resultados no logran contener el fenómeno. La misma fuente señala que este país andino exporta a Estados Unidos 90 por ciento de la cocaína que allí se consume, mientras aumentan los envíos a Europa y Brasil.

El CIN menciona que la mayoría de los cultivos de coca se sitúan en zonas de influencia de las guerrillas izquierdistas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ELN (Ejército de Liberación Nacional), surgidas en 1964 y que actúan en extensas regiones de escaso o nulo control estatal.

Un "número significativo" de paramilitares ultraderechistas de segundo nivel, desmovilizados tras pactos con el gobierno de Álvaro Uribe, siguen activos en el narcotráfico, señala el CIN, que manifiesta preocupación por el poder corruptor de las organizaciones criminales.

El CIN es presentado anualmente al Poder Legislativo estadounidense como contexto para definir la ayuda económica y militar, que depende en parte de que Washington "certifique" a los países productores por su lucha contra el narcotráfico.

Desde 2000, Estados Unidos intenta frenar el flujo de cocaína mediante el Plan Colombia, antidrogas y contrainsurgente, que ha costado más de cinco mil millones de dólares.

El informe celebró los "agresivos" planes de erradicación de cultivos y destrucción de laboratorios del gobierno colombiano y su "fuerte récord" de sospechosos de narcotráfico extraditados a Estados Unidos.

La erradicación se adelanta mediante fumigaciones aéreas con una mezcla potenciada de glifosato, herbicida patentado por la empresa estadounidense Monsanto, o mediante la destrucción manual de plantas con escolta de la policía antinarcóticos.

Funcionarios colombianos y estadounidenses sostienen que la mezcla es inocua, pero según investigaciones ecuatorianas que están siendo evaluadas por el relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, Paul Hunt, ésta podría ser nociva para personas y animales y para el ambiente.

La no gubernamental WOLA recoge la preocupación de expertos nacionales que observan en terreno que las fumigaciones "tienden más bien a reforzar que a debilitar la confianza de los campesinos colombianos en los cultivos de coca, incitando y no disuadiendo a su replantación, lo que contribuye a la extensión de la coca a nuevas áreas del país".

En 1999, la coca se concentraba en 12 departamentos colombianos, y hoy se cultiva en 23 de los 32 que tiene este país.

Para el Departamento de Estado, el problema es que no se fumiga lo suficiente, pero "la fumigación no sólo es inefectiva, es contraproducente. Persistir en ella sólo va a aumentar el daño", según la WOLA, cuyo informe se concentra en el impacto del químico en la megadiversidad biológica de Colombia y en la diversidad cultural del país.

En los últimos años "no ha disminuido ni un gramo la cocaína que producimos" y en cambio aumenta el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, dijo a IPS el economista Héctor Mondragón, asesor de Convergencia Campesina, Negra e Indígena (CCNI), con cerca de un millón de afiliados en todos los departamentos del país.

CCNI es una alianza de varias organizaciones de agricultores, la Organización Nacional Indígena de Colombia, comunidades negras y desplazados por la longeva guerra colombiana, entre ellos muchos obligados a desplazarse por las fumigaciones mismas, que los dejan sin sustento.

"La extensión total de cultivos se mantiene, tanto si se toma a Colombia individualmente como si se toma el área andina. Nunca disminuye", comentó sobre el fenómeno recurrente de que la reducción en un lugar se refleja en un incremento más o menos equivalente en otro.

Estados Unidos "esperaba que esta guerra contra las drogas sirviera para contener el narcotráfico, pero no ha servido. El pueblo estadounidense no ha dejado de recibir ni un gramo de cocaína por cuenta del Plan Colombia", opinó, aunque las autoridades estadounidenses y colombianas sostienen que sin éste las cosas estarían aún peor.

En todo caso, "los cultivadores de coca, al no tener otra forma de subsistencia, al ser desplazados por la guerra contra las drogas, se van a sembrar coca en los territorios de los indígenas y de los afros que tienen asentamientos tradicionales, se van a tumbar la selva en sus territorios", agregó.

Según Mondragón, la región más golpeada por la migración de cultivos es la occidental Costa Pacífica o Chocó Biogeográfico, un tesoro mundial de diversidad biológica.

Allí "los cultivos de coca llegaron en masa. Han afectado a los afrocolombianos y a las comunidades (indígenas) embera y awá", señaló.

La secuencia fue descrita así por Mondragón: "Primero viene la siembra de coca. La promueven el mercado de coca y la pobreza, y la practica gente que no tiene más opción que sembrar coca. Esa gente, después de un tiempo, es fumigada. Le toca irse de esas tierras. ¿Quién se queda con ellas? Los mismos que les compraban la coca para vender cocaína".

En muchas regiones donde antes fueron desplazados los cocaleros se extiende la palma africana. Ahora, pasa lo mismo en el Pacífico.

"Las denuncias que estamos viendo en el Pacífico indican que los cultivos de palma aceitera se convierten en una forma de lavar los dineros de quienes se beneficiaron del cultivo de coca. No los cultivadores campesinos, sino los traficantes de la cocaína", dijo el asesor.

Al mismo tiempo, se producen leyes que les prohíben a estas comunidades titular sus territorios. "Se da pie para que estas tierras sean apropiadas por empresas como las que se dedican a la palma africana u otras actividades", agregó.

La mayoría de las violaciones a los derechos humanos en territorio indígena ––asesinatos y desplazamiento–– se cometieron en los últimos años en la Costa Pacífica, registra la CCNI. Y justamente es el sufrimiento lo que a Mondragón le parece la cara más oscura de la guerra antidrogas.

No sólo son los dueños ancestrales del territorio, los cultivadores y desplazados, "el sufrimiento humano es enorme también entre quienes hacen la represión contra la droga. Muchos policías terminan lisiados, muertos o prisioneros" de la guerrilla.

Tres contratistas estadounidenses del Plan Colombia fueron atrapados por las FARC en febrero de 2003. Siguen en situación dramática en la selva y su libertad depende de una negociación de canje por insurgentes presos que no se resuelve.

¿Y para qué?, inquirió Mondragón, "para nada. Porque si dijeran que se acabó el narcotráfico en el mundo, quizá habría alguna justificación. Pero lo que nos están mostrando esos informes es el fracaso de la guerra antidroga, que sólo sirve para que la gente sufra".

Al mismo tiempo, hay quienes se benefician del círculo perverso.

"Son la Monsanto que vende el glifosato, son las empresas que venden los aviones, General Dynamics, que es la (fabricante) de los helicópteros, las empresas de contratistas como la DynCorp. Son los que reciben la plata del Plan Colombia. Ellos son los que se están beneficiando", concluyó.