Las extradiciones de los paramilitares son
un golpe a la verdad

Por Constanza Vieira (*)
Con aportes de Helda Martínez (Bogotá)
Inter Press Service (IPS), 13/05/08

Bogotá.– En una operación iniciada en silencio y a la medianoche en tres cárceles de Colombia, y concluida con la primera luz del alba de este martes, fueron extraditados a Estados Unidos 14 ex jefes paramilitares, presuntos o confesos criminales de guerra, que la justicia estadounidense pide por narcotráfico.

Todos tenían suspendida la orden de extradición mientras acataran la Ley de Justicia y Paz, aprobada en 2005 para regir la desmovilización de bandas paramilitares de ultraderecha responsables, según la Organización de las Naciones Unidas, de 80 por ciento de crímenes cometidos en la guerra civil colombiana.

El presidente Álvaro Uribe justificó la medida porque los ex jefes paramilitares siguieron delinquiendo tras su desmovilización, otros no estaban confesando sus delitos y "todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega".

"La verdad manipulada deja de ser verdad. La verdad tiene que decirse sin cálculos en el tiempo, sin dilaciones", señaló el presidente.

Agregó que "el gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que la riqueza que las personas extraditadas entreguen por acuerdos con jueces de ese país se dedique a reparar a las víctimas colombianas".

"Nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos", enfatizó para tranquilizar a casi cuatro millones de personas, la mayoría desplazadas por acción de estos grupos.

Sorprendido por su extradición, Rodrigo Tovar, alias "Jorge 40", azote del pueblo indígena kankuamo en la norteña Sierra Nevada de Santa Marta, gritó que los habían traicionado y lanzó un improperio, lo cual mostraría que no hubo negociación para extraditarlos.

Según su abogado, Hernando Bocanegra, los paramilitares estaban dando la verdad "gota a gota" porque así fue diseñada la Ley de Justicia y Paz.

Cada uno de los 200 ó 250 sobrevivientes o familiares de las víctimas presentes en las sesiones de confesión tenían derecho a preguntar a su defendido por su ser querido inmolado. Si tenía conocimiento directo del caso, el procesado podía contestar; si no, inquiría a sus subalternos, y "esa era la demora", relató.

"Ellos estaban hablando", por eso "eran tan lentas estas versiones libres", como se ha llamado a la etapa de confesión, señaló Bocanegra. "Había un cronograma que se estaba cumpliendo. Estaban en el punto de asesinatos, masacres y genocidios".

Algunos comenzaban a relatar sobre su acción conjunta con unidades militares, otro punto en el cronograma. Otros ya habían anunciado que implicarían a empresarios.

Entre los extraditados están el ex comandante de los paramilitares Salvatore Mancuso, Diego Murillo, alias "Don Berna", heredero del extinto narcotraficante Pablo Escobar, y el jefe del lado norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, Hernán Giraldo.

El portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, advirtió a la prensa que la medida afecta "gravemente" los derechos de los sobrevivientes y busca impedir que los paramilitares continúen dando los nombres de sus cómplices e instigadores, políticos, militares y empresarios.

Eduardo Carreño, vicepresidente del no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, dijo a IPS que "la medida confirma lo que hemos dicho desde el principio: que un Congreso legislativo con fuerte presencia paramilitar legisló en causa propia, y que las víctimas son las grandes olvidadas en este proceso".

Al menos 63 parlamentarios, casi todos oficialistas, están bajo investigación por sus vínculos con los paramilitares, en un proceso judicial conocido como la "parapolítica".

Entre ellos está preso el primo del presidente y su principal aliado político, el ex senador Mario Uribe.

Carreño señaló que "con las víctimas nunca se dialogó, nunca se les ofreció garantías ni se respetará la no repetición" de crímenes de guerra, como las masacres, la desaparición, las torturas horrendas, los asesinatos de líderes populares y personas del común, y el desplazamiento forzado para apropiarse de las tierras del campesinado.

Según los paramilitares y quienes los justifican, estos actos fueron cometidos contra "subversivos", es decir colaboradores de la guerrilla izquierdista surgida en los años 60.

"Pensar que desde Estados Unidos se logre la reparación de las víctimas es una falacia total. Pensar que ahora las víctimas tendrán que tramitar pasaportes y solicitar visas (a Estados Unidos) es un imposible", en caso de que sobrevivientes y familias afectadas quisieran buscar justicia en ese país, dijo Carreño.

"Es una burla total", dijo a IPS Gustavo Gallón, director de la humanitaria Comisión Colombia de Juristas. "La cuestión era clara. Si realmente estaban delinquiendo tras la desmovilización, como lo estaban haciendo, pasaban a justicia ordinaria, como está previsto en Justicia y Paz", donde en lugar de penas máximas de ocho años tendrían que pagar 40.

El gobierno colombiano dice que los procesos de la Ley de Justicia y Paz continuarán en Estados Unidos, a donde enviará a fiscales y abogados para tomar declaraciones de los ex jefes paramilitares.

Santiago Rodríguez, quien fue defensor del narcotraficante colombiano Hernando Gómez Bustamante, alias "Rasguño", extraditado a Estados Unidos en julio de 2007 tras ser deportado a Colombia desde Cuba, recordó que no se puede juzgar por los mismos hechos a una persona en dos lugares distintos.

Y además, todo lo que digan los extraditados, a partir de este momento puede ser usado en su contra.

"Yo no permitiría a un cliente mío hablar" sobre crímenes cometidos en Colombia adicionales al narcotráfico, dijo el jurista Rodríguez desde Estados Unidos en entrevista telefónica con la bogotana W Radio.

Sólo lo aceptaría si mediara un acuerdo escrito y aprobado por el Departamento de Justicia estadounidense, sobre protección ante cualquier proceso que pudiera ser usado contra un defendido suyo.

Según el estadounidense Código de Evidencia en la sección 404 P, detalló el abogado Rodríguez, si un acusado, mientras es juzgado, admite en otro proceso delitos que no hacen parte de la acusación en Estados Unidos (como las confesiones en las que se basa la Ley de Justicia y Paz), esas admisiones pueden tornarse evidencia contra el procesado.

En síntesis, los ex jefes paramilitares extraditados no tendrían por qué colaborar con la justicia colombiana, porque esto les puede complicar su situación legal en Estados Unidos. "Tendría que haber protecciones por escrito", reiteró el jurista.

Para el senador colombiano izquierdista Gustavo Petro, con estas extradiciones, el presidente Uribe "dio varios golpes en uno solo". "El primer golpe es contra la verdad", dijo a IPS.

"Si Uribe dice que hay un pacto con Estados Unidos" para que los procesos por crímenes de guerra continúen en ese país, que no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, "es un pacto secreto porque nadie lo conoce. El interés de Estados Unidos es controlar el narcotráfico, nada más", expresó.

"El segundo golpe es contra las víctimas y la posibilidad de una reparación, que se aleja al no conocerse la verdad", y "el tercero es contra la justicia colombiana", señaló el senador, porque con esta decisión, el presidente "desconoce la justicia colombiana y reconoce la justicia estadounidense", estimó Petro.

Por su parte, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), creada en el marco de la Ley de Justicia y Paz, instó a "firmar un acuerdo de cooperación entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación de Colombia, para que los derechos de las víctimas ocupen un lugar central en la agenda judicial".

Otro acuerdo que habría que pactar, según la CNRR, debe garantizar con "certeza" que las víctimas "puedan adelantar tanto sus demandas civiles como penales contra los jefes paramilitares extraditados y así garantizar la plenitud de sus derechos".

Bases militares y extradición de los “paras”

La dominación norteamericana en Colombia es total

Por Apolinar Díaz – Callejas
Argenpress.info, 15/05/08

En mis columnas anteriores en Argenpress insistí en el hecho evidente de la dominación política y militar de Estados Unidos sobre Colombia, por el sometimiento total del Presidente colombiano Alvaro Uribe Vélez a los dictados y programas políticos y sociales del Presidente Bush de Estados Unidos. Uribe Vélez es el más adepto servidor de la política e intereses norteamericanos en Colombia bajo el gobierno Bush. Uribe Vélez un hombre de la extrema derecha latifundista y “liberal” colombiana ha sido un seguidor incondicional de los rumbos nacionales e internacionales de la política norteamericana del gobierno Bush.

En las cuestiones internas colombianas, Uribe Vélez ha mostrado a plenitud su ideología retardataria y progringa que lo han llevado a la torpeza de tratar de influir en la política interna norteamericana, acogiendo abiertamente la tesis política de un triunfo electoral de los republicanos de Bush, en vista de que los demócratas gringos se han pronunciado con toda energía contra la represión antisindical y de crímenes contra el Movimiento Obrero Colombiano en su conjunto. En las reuniones internacionales en que participa Bush no oculta sino que, por el contrario, hace ostentación de su adhesión total a los rumbos políticos imperialistas de Bush. Una de sus decepciones en esa relación es que Bush no lo invitó a montar en sus caballos en la hacienda ganadera que tiene el presidente norteamericano.

Por si faltara algo a las pruebas de sumisión incondicional de Uribe Vélez a los dictados de Bush, se ha sumado en las últimas horas la decisión norteamericana, y obviamente de Uribe Vélez, de instalar una base militar estadounidense en La Guajira colombiana, a pocos kilómetros de las instalaciones venezolanas petroleras del Golfo de Maracaibo. Es una vulgar y agresiva decisión de Bush y de Uribe Vélez contra Venezuela, Ecuador y toda Sur América, que día a día se enrumban más hacia la unidad económica, social y política de la América Latina. Bush y Uribe Vélez se unen contra el proyecto histórico de la América Latina y el Caribe de organizarse como región democrática, independiente y solidaria para cumplir la tarea total de independencia y soberanías nacionales que no ha sido posible realizar hasta ahora por la América Latina, precisamente por la funesta influencia y presión norteamericana contra las naciones que integran la América Latina y del Caribe.

Todo lo anterior queda absolutamente confirmado por lo ocurrido en la noche y madrugada de hoy miércoles 14 de mayo, en que Uribe Vélez puso a todo el gobierno colombiano en coordinación detallada con el gobierno de Bush, a ejecutar un programa para enviar a los Estados Unidos a los trece principales líderes del paramilitarismo y el narcotráfico de Colombia que se encontraban encarcelados y sometidos a los trámites judiciales y penales de los organismos de justicia colombianos, comenzando por la propia Corte Suprema de Justicia. Desde esa madrugada la opinión colombiana independiente saltó a protestar por la decisión de Uribe Vélez y de Bush, de ejecutar una operación política y militar abyecta a Estados Unidos, enviando a Estados Unidos a trece paramilitares y narcotraficantes. Toda Colombia ha entendido que con esta extradición masiva se frustra totalmente la ejecución de la doctrina reciente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el sentido de que no se podían extraditar a Estados Unidos miembros de los grupos de narcotraficantes y paramilitares encarcelados, sin que antes se indemnizara a las familias de victimas colombianas de los crímenes y asesinatos de narcotraficantes y paramilitares. La decisión de Uribe Vélez contra la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de Colombia fue inmediatamente después de que la Corte dictara esa sentencia.

De esa manera los delincuentes del narcotráfico y del paramilitarismo solo serían castigados en Estados Unidos en cuanto a ellos les convenga, al tiempo que las victimas colombianas, que son centenares de miles, de la violencia y crímenes de narcotraficantes y paramilitares no tendrán las indemnizaciones ordenadas por la ley. Con ello el Presidente Uribe Vélez ha traicionado al pueblo colombiano y dado un golpe mortal a la reciente doctrina de la corte suprema de justicia de que nadie podía ser extraditado a Estados Unidos por esa clase de delitos, sin garantizar antes el pago de las indemnizaciones a las familias y victimas colombianas de esos crímenes. El Presidente Uribe Vélez se burló de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, de las familias de las victimas de los crímenes del narcotráfico y de la parapolitica. No es extraña la versión que hoy circula en Colombia de que la decisión del Presidente Uribe Vélez es una forma de pagar el apoyo electoral y político que recibió para ser elegido en dos oportunidades como presidente de la República de Colombia.

Colombia tiene por delante la desgracia de que el gobierno Bush de Estados Unidos logre desatar una guerra contra Venezuela y el propio Ecuador como castigo a la independencia política, económica y comercial de esas dos naciones latinoamericanas. Naturalmente esos dos bárbaros presidentes no son capaces de medir las respuestas que pueden dar a esas agresiones los pueblos de Venezuela, Ecuador y de la propia Colombia.