Propuestas
del presidente colombiano
Uribe
quiere la paz... de los cementerios
Por
Claudio Testa
Socialismo o Barbarie, periódico, 17/07/08
Uribe ha
llamado a las FARC a iniciar un proceso de pacificación y
desarme. El problema es que ha sido una constante en la
historia de Colombia, que los “acuerdos de paz” jamás
fueron respetados. En todo el siglo XX, por lo menos
desde la Guerra de los Mil Días (1899-1902) hasta hoy, la
norma fue que cada “acuerdo de paz” en los numerosos
conflictos armados, era seguido de la matanza de muchos
de los que se habían “pacificado”, sobre todo si se
trataba de luchadores populares.
Así pasó
con buena parte de las guerrillas liberales de la Guerra de
los Mil Días. Lo mismo sucedió con los guerrilleros
campesinos que enfrentaron victoriosamente al sanguinario régimen
conservador de Ospina Pérez (1946-50) y de Laureano Gómez
(1950-53), y creyeron en la “paz” y las “amnistías”
que ofrecía el general Rojas Pinilla al tomar el poder en
1953.
Una de las
últimas y más trágicas experiencias ocurrió en la década
del ‘80, cuando las FARC, después de negociaciones con el
presidente Belisario Betancur (1982-86), intentaron pasar a
la actividad política legal y electoral, constituyendo la
Unión Popular (UP). El resultado fue la masacre de 4.000
de los candidatos de la UP, incluido su candidato a
presidente, Jaime Pardo Leal, en 1987.
En esos
momentos, las FARC iban marchando hacia una integración
legal al régimen burgués, como lo harían poco después
las guerrillas de Centroamérica, cuyos antiguos jefes
engordan hoy como diputados, funcionarios y ministros...
fieles servidores con barniz “progresista” del
capitalismo y el estado burgués. En Colombia, por el
contrario, mediante ese baño de sangre, cortaron un proceso
que apuntaba en ese sentido.
¿Por qué
las cosas serían ahora diferentes, si las FARC aceptaran
“pacificarse”... nada menos que con Uribe?
En primer
lugar, gran parte del aparato del estado –su médula,
las FFAA y policiales– han hecho del paramilitarismo y
del sicariato su modo de existencia. En Colombia sigue
siendo un buen negocio asesinar gente, desde dirigentes
sindicales para que no molesten a las empresas, hasta
campesinos para quitarles la tierra o impedirles que la
recuperen. Con bastante razón, Salvatore Mancuso, el único
jefe paramilitar con algún nivel político y cultural,
definió al régimen político colombiano como “paramilitarismo
de estado”.
En la
burguesía colombiana hay evidentemente sectores que desearían
tener un “país normal” y que se expresan en las
tentativas de la Corte Suprema en relación a los
paramilitares y la llamada “parapolítica”. Pero, al
mismo tiempo, el capitalismo colombiano es, en América
Latina, en donde más se han desarrollado los sectores lúmpenes,
relacionados con el narco. Estos comprenden no sólo a
“nuevos ricos” sino a venerables familias tradicionales,
comenzando por la del presidente Uribe, cuyas relaciones con
los paramilitares han ido siempre de la mano con las del
narcotráfico.
El peso que
han ido ganando en la burguesía colombiana esos sectores
mafiosos, no influye precisamente en el sentido de buscar
soluciones “pacíficas” a los problemas políticos, como
sería un acuerdo negociado con las FARC. Ellos, además,
“sintonizan” con las tradiciones de amplias fracciones
de la vieja burguesía colombiana, cuyos abuelos y
bisabuelos hicieron fortunas masacrando a los
campesinos colonizadores que extendían la
“frontera” agrícola para apoderarse de sus tierras...
Hoy este mecanismo sigue funcionando tal cual, como
lo testimonia la masa de desplazados y los millones de hectáreas
que les robaron.
Por último,
una anécdota para ver qué chances de ser respetado tendría
un “acuerdo de paz”. En Colombia hay todo un movimiento
de desplazados que reclama la tierra que les han robado los
narco-paramilitares. En ese sentido, el Congreso ha dictado
leyes de incautación de esos bienes mal habidos y su
devolución a los campesinos.
En
diciembre de 2004, Uribe en persona entregó a un grupo de
desplazados 500 hectáreas de tierras recuperadas de un jefe
narco preso en EEUU. Los campesinos estaban encabezados por Julio
César Molina, un líder que se había hecho famoso por
los reclamos de tierras que había encabezado. Hoy, los
campesinos han sido otra vez expulsados. Molina cayó
asesinado en mayo pasado. Era así uno más de los 89 líderes
de desplazados muertos en los últimos cuatro años. [1]
Esto nos
lleva a un hecho aun más significativo: después de la
“desmovilización” del 2002 y el posterior
encarcelamiento de sus jefes más notorios, los
“paracos” se han reorganizado públicamente en toda
Colombia, bajo el nombre “Águilas Negras”. Por
supuesto, el gobierno no hace nada al respecto.
En estas
condiciones, ¿un “acuerdo de paz” podría ser algo más
que un “papel mojado”?
1.-
Datos de la revista Semana, Bogotá, 21/06/08.
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