La Central Unitaria de Trabajadores denuncia
el asesinato de 27 dirigentes este año

La Jornada, 19/08/08

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y organizaciones no gubernamentales han registrado durante 2008 el asesinato de 27 dirigentes sindicales (66 por ciento del total de muertos en 2007), pero sus denuncias han sido sofocadas por la atención que los medios de información han dado a la guerra contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y por el hecho de que muchos de los crímenes ocurren en pequeñas localidades o zonas rurales.

Uno de los casos más graves ha sido el de Guillermo Rivera Fúquene, quien era dirigente del sindicato de la Contraloría Distrital cuando fue reportado por sus compañeros como desaparecido en Bogotá, el 22 de abril pasado, y cuyo cadáver fue encontrado el 15 de julio en el registro público de la ciudad de Ibagué, capital del departamento de Tolima, donde había sido sepultado seis días después de su desaparición con las insignias "NN", correspondientes a los cuerpos no identificados.

Apenas en marzo el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Carbón había denunciado el homicidio de Adolfo González Montes, un miembro de la dirección de esta agrupación, quien fue sacado de su casa en la ciudad de Riohacha, el día 22, y luego fue torturado hasta provocar su deceso.

Los casos de asesinatos, precedidos muchas veces de actos de hostigamiento de elementos de la Policía Nacional colombiana o de grupos armados ilegales, se extiende también a militantes de la oposición de izquierda y a líderes comunitarios y campesinos, a quienes se les acusa de tener vínculos con la guerrilla y se les detiene sin orden judicial.

Decesos no aclarados

Un ejemplo de los actos contra la oposición de izquierda ocurrió el 8 de agosto, cuando fue asesinado el miembro de la dirección del Polo Democrático Alternativo en el departamento de Arauca, Luis Mayusa Prada, de 46 años, cuyo fallecimiento no ha sido esclarecido por las autoridades hasta la fecha, según informó la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.

Otra acción de hostigamiento e intimidación a líderes sociales fue denunciada por el Consejo de Comunidades Negras de la Coordillera Occidental de Nariño, luego que dos de sus dirigentes, María Antonia Amaya y Jospe Arcos, fueron interceptados el 11 de julio en un retén instalado en el municipio de Policarpa por un grupo paramilitar autodenominado Nueva Generación, lo que prueba que la desaparición de la fuerza ilegal de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2006 no acabó con ese tipo de agrupaciones armadas.

También asociaciones indígenas han sido amedrentadas este año. El Consejo Regional del Norte del Cauca y en general indígenas nasa habitantes de esa región fueron amenazados por un grupo que se hace llamar Campesinos Embejucaos (furiosos) del Cauca.

Con motivo del homicidio de González Montes, los carboneros afirmaron que con frecuencia se profieren amenazas en "pasquines" en los que se enumera con nombre y apellido a quienes se señalan como las posibles siguientes víctimas.

Denuncias como las anteriores llevaron a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a expresar el 13 de marzo su preocupación por las amenazas contra líderes sociales, las cuales se intensificaron después de la manifestación contra los crímenes de Estado y los paramilitares, realizada en las calles Bogotá el 6 de marzo pasado.

En el ámbito rural, el 30 de marzo, fue asesinado el dirigente campesino del oriente del departamento de Antioquia, Gerardo Antonio Ciro, quien había conseguido la animadversión de algunos funcionarios regionales y directivos de la policía nacional en la zona, a causa de sus reclamos en favor de las comunidades agrícolas.

El 9 de agosto la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) expresó su preocupación por las "desinformaciones aparecidas en diferentes medios hablados y escritos" en los que se pretendió relacionar a la organización con las FARC.

La Fensuagro señaló que en los primeros días de este mes las autoridades del país presentaron ante los medios a una mujer de nombre Liliany Patricia Obando Villota como presunta representante legal de la federación agropecuaria, lo que es falso.

La organización aprovechó la oportunidad para reclamar por el hecho de que 450 miembros de la Fensuagro hayan sido ultimados desde 1976 -12 años después del inicio del conflicto armado interno en Colombia- en circunstancias que todavía no han sido aclaradas.

Con todos esos antecedentes, la organización Human Rights Watch, que calcula que entre 1986 y 2008 han sido asesinados dos mil 500 sindicalistas, envió al virtual candidato presidencial republicano, John McCain, una carta en la que le hizo ver que la situación de los derechos humanos en Colombia está distorsionada por las informaciones oficiales del gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Hasta junio, cuando McCain estuvo en Bogotá, la lista de sindicalistas muertos sumaba 26 personas, pero no había sido reportada la muerte de Guillermo Rivera.

Human Rights Watch, que afirma que 98 por ciento de los casos de sindicalistas fallecidos en 22 años han quedado sin esclarecimiento judicial, ratificó su postura en contra de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, con el argumento de que Washington "no debería conceder el acceso permanente sin aranceles a productos que, en muchas situaciones, son elaborados por trabajadores que no pueden ejercer sus derechos sin temor a ser asesinados".