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Crecen los
asesinatos a sindicalistas
Por
Juan Carlos
Hurtado Fonseca
CEPRID,
20/09/08
En el
Gobierno de la "seguridad democrática", los
derechos laborales y las garantías de vida de los
trabajadores han sido los más vulnerados.
“Ni
porque tienen el interés de que les aprueben el TLC con
Estados Unidos, el Gobierno y los empresarios cesan la
persecución para lograr el exterminio del movimiento
sindical", aseguró a VOZ un dirigente de los
trabajadores. Y es que las cifras sobre ejecuciones
extrajudiciales; la cantidad de conflictos en empresas
generados por la negativa patronal a exigencias de derechos
laborales garantizados en la Constitución Política; el
trabajo de los medios de comunicación que han logrado crear
en el inconciente colectivo una cultura antisindical; el
despido de trabajadores sindicalizados; las trabas en el
Ministerio de la Protección Social para el registro
sindical y el acoso laboral a quienes intentan organizarse;
muestran que los empleadores saben utilizar todas las
maneras posibles para negar un derecho de las sociedades
democráticas y defender sus mezquinos intereses.
Algunos
ejemplos
En este
sentido, en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
Incoder, los funcionarios cuentan con una asociación de carácter
cooperativo con alrededor de cuatro mil afiliados, estos
contratan con trabajadores quienes crearon Sintracorfeinco,
organización en proceso de registro sindical en el
Ministerio de la Protección Social. Pero las personas que
están en administración de la asociación, aunque fueron
sindicalistas, no recibieron bien la creación de la
organización de trabajadores y procedieron a perseguirlos,
como cualquier patrón. Actualmente se han despedido ocho
trabajadores con fuero sindical. «Los trabajadores aseguran
que esto no le interesa a la entidad porque ya cuenta con el
dinero para pagar las posibles indemnizaciones a que los
obliguen. Pero han interpuesto una acción de tutela
solicitando el reintegro y el pago de los salarios que han
dejado de recibir, con sus debidas prestaciones», asegura
Alfonso Ahumada de la CUT, Bogotá.
El
sindicato se constituyó hace tres meses y los funcionarios
fueron despedidos hace dos. Dirigentes de la CUT han
realizado algunas reuniones con las partes para hacer ver
que el derecho de asociación es un derecho fundamental y
los ha exhortado a solucionar todo por la vía del diálogo.
Persecución
oficial
Por otra
parte, desde el Ministerio de la Protección Social los
trabajadores sienten actitudes contrarias al derecho de
asociación, especialmente hacia los sectores orientados por
la CUT. Las solicitudes de registro de constitución de los
sindicatos o inscripción de junta directiva que no
encuentre obstáculos por parte de funcionarios de esta
entidad estatal, son pocas. En la constitución del
sindicato de trabajadores de la empresa de transporte urbano
Rápido Pensilvania, después de reuniones en horas de la
madrugada para poder constituir la organización, los
conductores pasaron la documentación al Ministerio. El
funcionario aceptó el registro sindical, pero en el proceso
la empresa con un sindicato de carácter patronal,
interpusieron un ron aceptados y valederos para luego negar
el registro.
De la misma
manera, en el registro del nuevo comité ejecutivo de la
CUT, subdirectiva Bogotá, se presentaron todos los
documentos, aparece el oficio remisorio donde se hace la
relación de todos los requerimientos, pero la respuesta es
que faltan papeles que ya se habían anexado. «Creemos que
el Ministerio está haciendo un papel a favor de los
empresarios, además, tienen comportamientos para hacerle el
favor a organizaciones que han aparecido con el propósito
de crear una cuarta central en Colombia, de carácter
uribista. Se le da prelación a esto porque Uribe está
afanado ya que todas las centrales obreras están contra él»,
explica Alfonso Ahumada.
Conflictos
en textileras
Desde hace
cuatro meses, la textilera Maquila en Bogotá, se encuentra
en huelga por parte de 30 trabajadoras cabeza de familia. La
empresa, como su nombre lo indica es una maquiladora para la
empresa Vesta, ambas del mismo dueño.
Ocho meses
atrás, Maquila tuvo alrededor de 70 operarios, pero la
empresa no respondió con las necesidades de los
trabajadores, hubo violación a la convención colectiva y
en el último año no ha pagado los salarios de manera
cumplida, una de las causas de la huelga, pues al inicio del
cese de actividades a los trabajadores se les adeudaba casi
ocho salarios. La administración afirma no tener
posibilidades de producir la única opción que es la
liquidación, pero ésta no se ha solicitado ante la
Superintendencia de Sociedades. El conflicto trae graves
consecuencias para los trabajadores porque son pocos los
activos representados en algunas máquinas de la fábrica.
Según líderes sindicales, «La empresa no está interesada
en solicitar la liquidación, para tener una retaliación
contra las trabajadoras que exigieron sus derechos».
Asimismo,
la empresa Unihilo en Bogotá, cuenta con alrededor de 400
trabajadores de los cuales 125 están sindicalizados, aunque
resistiendo la persecución de la administración que
despidió a 14 de ellos, reintegrados después por sentencia
vía tutela. Los trabajadores presentaron un pliego a través
de Sintratextil, con puntos relacionados a la estabilidad,
el sistema de contratación, primas, subsidio de transporte
e incremento de salarios, entre otros. Por su parte la
empresa presentó un pacto colectivo para contrarrestar las
exigencias de los trabajadores, sin llegar a un acuerdo en
el tiempo estipulado legalmente. Después de seis meses se
conformó el tribunal de arbitramento y el conflicto está
en espera.
40
sindicalistas asesinados en 1998
La forma más
violenta de perseguir a los trabajadores se impone en la
actualidad. Así lo deja ver el último informe de la
Escuela Nacional Sindical, ENS, que registra la ejecución
extrajudicial de 40 trabajadores sindicalizados. «En lo que
va corrido del año, 40 sindicalistas han perdido la vida a
manos de paramilitares y agentes del Estado, uno más que
toda la cifra de 2007», asegura y agrega, «Tal cifra da
cuenta del preocupante incremento de este fenómeno en
Colombia, toda vez que el número de sindicalistas
asesinados en los ocho meses que van corridos de este año,
es casi igual al registrado durante todo el año anterior,
cuando se contabilizaron 39 casos en todo el país. Con un
agravante: este año el porcentaje de dirigentes asesinados
es mayor: 15, frente a 10 del año anterior».
En unos de
sus apartes el informe reconoce, «El sindicato más
golpeado es Fensuagro, Federación Sindical Nacional
Unitaria Agropecuaria, filial de la CUT, que registró 5
casos de homicidio. También el Sindicato Unitario de
Trabajadores de la Educación del Valle, Sutep, con cuatro
homicidios. La Asociación de Educadores del Norte de
Santander y el sindicato de los trabajadores del Inpec,
registraron de a tres casos de asesinatos de afiliados.
Llama también la atención el grado de impunidad que, hasta
el momento, ha rodeado estos crímenes, pues, según la
información disponible, por estos hechos sólo han sido
detenidas dos personas.
Preocupante
situación en Santander, por amenazas. Otra circunstancia
preocupante tiene que ver con el aumento de sindicalistas
amenazados de muerte, sobre todo en el departamento de
Santander. Mientras en el país en lo que va del año se han
denunciado 125 casos de amenazas, en Santander el reporte es
de 57 casos de sindicalistas amenazados, o sea casi la mitad
del total nacional en este solo departamento. Los otros
departamentos más afectados por las amenazas son Antioquia,
donde se han denunciado 22 casos, el Valle del Cauca con 9
casos, y Norte de Santander con siete».
Estrategia
del horror para viabilizar un proyecto económico - Urge
solidaridad internacional para denunciar el terrorismo de
estado
Los
carniceros del Urabá antioqueño
Por Gloria
Cuartas (*)
CEPRID,
20/09/08
En el seno
del Gobierno hay inquietud y preocupación, y no es para
menos. Para nadie es un secreto la cercanía que tuvo el
presidente Álvaro Uribe con el general Rito Alejo Del Río,
cuando Uribe era gobernador de Antioquia y el General
comandaba en el Urabá la Brigada XVII, con sede en Carepa
(11 de noviembre de 1995 – 16 de diciembre de 1997).[1] ¿Qué
relación y responsabilidad tiene el poder político y económico
de Antioquia desde el período 1995–1997 hasta nuestro días
con el exterminio de "población civil" en el Urabá?
¿Por qué
la implantación del modelo económico de privatización
organizado por la alianza entre ganaderos, agricultores,
bananeros y transnacionales con el gobierno regional, y
salvaguardado por la estrategia militar– paramilitar de
expoliación y muerte, permanece en impunidad, "sin vínculos
y sin responsabilidad" entre el General Rito Alejo del
Río y el hoy Presidente de la Republica Álvaro Uribe Vélez?
Parece que las preguntas llevan implícitas las respuestas.
Las voces de las victimas de las horrendas masacres que se
cernían a diario sobre esa región y las voces de las
muertes selectivas que aun se cometen, no han sido
escuchadas por la institucionalidad, las victimas siempre
reclaman justicia y verdad. Siempre denunciando el Plan
sistemático de "Pacificación del Urabá": el
laboratorio campesino de muerte profesional como instrumento
para "la paz"... Laboratorio de muerte consolidado
históricamente con la creación y legalidad de las AUC
legitimadas por Uribe Vélez cuando fue Gobernador de
Antioquia y creó las llamadas CONVIVIR, continuado como política
integral de Estado mediante el llamado Paramilitarismo...
que desde ese momento hasta hoy, siembra las prolíficas
tierras del Urabá de fosas comunes.
Hoy, desde
la Presidencia de la Republica, esta política de legitimación
del exterminio es continuada de una forma más sutil: la
legitimación se opera mediante el artilugio de la
"desmovilización" y "negociación" del
Estado con el paramilitarismo, mediante la "Ley de
Justicia y Paz", negociada como instrumento de
impunidad y legalización de los criminales pero mostrada
ante el mundo como "el compromiso del gobierno con el
país"...
Hoy los
paramilitares son convertidos como cuerpo en grupos sociales
y guardabosques... Legalización presentada como un éxito
de la política de seguridad democrática que se jacta de
afirmar que gracias a ello los paramilitares entregaron
"verdades", armas y ante todo "reparación".
Han consolidado la "matriz social" de control a la
población civil... ¿Cual Justicia? Nada más alejado de la
verdad.
Los crímenes
continúan en la impunidad, los paramilitares continúan
delinquiendo, los "elegidos" con estos votos
(votantes coaccionados), se cambian el derecho a seguir
legislando con el aval del Presidente. No creó que la
verdad que hoy sale a la luz, sea exclusivamente como efecto
de la "ley de justicia y paz". Es (y parece extraño),
son los Victimarios, los Carniceros, los que cuentan
episodios de cómo, donde, con quién, con que fin se
desarrolló esta estrategia. Algunos lo hacen porque les han
incumplido los pactos políticos... mientras que otros
paramilitares se resienten porque los que de la mano de
ellos mismos graneaban las estrategias de exterminio de las
comunidades, hoy permanecen inmunes, en silencio, en la vida
ciudadana, como grandes señores, presidentes o generales de
la república.[2]
La política
de la mentira, la deslealtad, la desconfianza entre las
personas, la violación a la soberanía nacional y la de los
países vecinos, centran los llamados "valores" de
la política de seguridad democrática. Todavía insito en
dar cuenta al país de mi testimonio, me niego al silencio
impuesto por los operadores y por los medios de comunicación,
quiero denunciar que las mujeres y hombres que fuimos
testigos del exterminio de las comunidades y que nunca
fuimos tomados en serio por los "operadores de
justicia", exigimos justicia, exigimos verdad, exigimos
la responsabilidad de todos los responsables, las pruebas
están ahí en el análisis del contexto político, económico,
cultural de la región.
Los
operadores de Justicia, se negaban a tener en cuenta
nuestras denuncias sobre la responsabilidad de los
"carniceros" institucionales, afirmaban que no teníamos
pruebas judiciales directas de la responsabilidad contra el
general Rito Alejo y el Gobernador de ese entonces Álvaro
Uribe, entre otros, en las masacres del Urabá. No les
bastaba con las voces de las víctimas, con el análisis de
contexto que entregábamos, con la prueba material de los
hechos, ellos esgrimían que ellos requerían la prueba
procesal, la que cumple con los requisitos de forma, como si
fuera posible separar la verdad material de la formal, como
si la verdad no fuera sólo una, como si el testimonio de
las víctimas aunado a los hechos contextuales no fuera
suficiente... Como si la razón de la decisión judicial no
dependiera de la reconstrucción de los hechos conforme al
contexto, como si de lo que se tratara no fuera de
establecer la verdad, sino de dirimir a favor del más
fuerte un proceso... Como si no existiera responsabilidad a
la luz de la Constitución de los que tienen a su cargo el
cuidado de la vida como principal mandato.
Estos
operadores jurídicos, llámense jueces, fiscales,
procuradores judiciales, hoy tienen la obligación ética y
moral de responder al país. ¿Cuantas visitas a la fiscalía?
Cuantas veces mujeres y hombres, relatamos los sucesos del
desplazamiento, el dolor de familiares de desaparecidos,
mujeres violadas, asesinatos selectivos, cuantas veces
fuimos con las mujeres a "rescatar" de la presión
paramilitar a los hombres inermes, mientras "el
General" o mejor dicho "el Carnicero" gozaba
de los avances y los reportes a su jefe inmediato que conocía
TODO lo que pasaba en la zona. Y siempre la pregunta por la
Prueba judicial. No bastaba el dolor, ni señalar a los
responsables. Tal vez hoy los cómplices de esas masacres
respondan por el "Eslabón Perdido" de los
responsables que tienen nombre evidente y que no se atreven
a responsabilizar, aunque todos saben quienes son los
"Carniceros del Urabá" y donde están hoy.
Uribe
y los muertos comunistas
En nombre
de la paz, de la inversión económica, de acabar con la
guerrilla, el entonces Gobernador Álvaro Uribe y su
secretario de Gobierno diseñaban la estrategia mayor... Hoy
siento mucho que Pedro Juan Moreno, no este vivo (Pedro Juan
Moreno, amigo de Uribe, propietario de GMP, importadora de
Permanganato de Potasio para la cocaína). ¿Quién lo saco
del juego? ¿Quien conocía del poder y la verdad que
guardaba Pedro Juan Moreno?... ¿Quien lo mando matar?
Cuanto diera hoy por escuchar con su soberbia habitual y la
alegría que se dibujaba en su rostro con cada
desplazamiento y cada muerto "comunista" y claro
los reportes de misión cumplida de Álvaro Uribe, lo que
nos podría decir desde su "verdad"... ¿Quien
mato a Carlos Castaño o... estará en Israel?
Desde esta
experiencia de exterminio, empresarios, bananeros, políticos,
y algunos religiosos dieron vía libre a la operación
militar esa que hoy paramilitares como
"H.H"(Veloza), "el Alemán", Mancuso,
Don Berna, "Melasa", entre otros, denuncian. Estas
practicas, las de ayer y las de hoy, no son hechos aislados,
no fue a la espalda del país, ni de los medios de
comunicación, NO, esto exige que hoy mas de 13 años después,
la verdad se le cuente al país y se responda; NO
POLITICAMENTE ( pedir excusas afirmando que lo hicieron
otros) como desde el Gobierno ya se esta acostumbrando a
sectores del país, no, exigimos que se responda desde la
justicia, con sanciones personales. Ya sabemos que desde la
política es simplemente asumir que era "necesario
hacerlo" porque valía la pena esto parta "salvar
a Colombia del comunismo", era una tarea del
"elegido" que tiene que imponer una moral
salvadora a los corderos. Si señores y señoras... Es hora
de levantar la voz con las victimas. Contra la inmoralidad
de este gobierno basado en la falsedad, la mentira
cotidiana, la palabrería vacía de ética: esto exige que
la gente DESPIERTE. El gobernante de arena, no puede seguir
pretendiendo ser reelegido con una historia de crimen,
mentira, complicidad. ¿Será que los medios de comunicación
acompañaran una marcha exigiendo la responsabilidad de los
nunca nombrados: General Rito Alejo y Presidente Uribe?
Hoy no
puede seguir el silencio sobre las masacres y el
descuartizamiento selectivo en el URABA, que hasta hoy sigue
vigente. No podemos estar presenciando que saquen de sus
casas a hombres y mujeres responsabilizándolos según el
estado de ser "terroristas", no podemos estar en
silencio mientras avanza la masacre, la muerte selectiva, el
señalamiento golpeando a las comunidades que NO olvidan,
que no venden su dolor del pasado por un plato de lentejas.
Desde mi condición de ciudadana exijo que los operadores de
justicia que estaban en la zona del Urabá, en especial en
el periodo 1995–1998 entreguen su versión de lo que pasó.
¿Donde estaba el defensor del Pueblo? ¿Donde estaba
medicina legal? ¿Dónde estaban los jueces, los fiscales?
En fin estoy como siempre indignada de este adormecimiento
del país y la desmemoria impuesta. ¿Donde esta la
responsabilidad de Luís Camilo Osorio?
¿Donde están
los rostros humillados de niñas y niños que los obligaron
a crecer sintiendo que sus familiares era mejor que morirán
de cualquier forma y de esa manera "purificar los
pecados" en la tierra; y ahora si ellos no estaban al
lado de los victimarios correrían la misma suerte? Hoy el
Presidente Uribe no solo hizo homenajes al General de la
muerte, sino que con el, presentaban al país su modelo, su
propuesta de gobierno, de seguridad, su propuesta de dirimir
los conflictos. Presentaba en ese homenaje su postulación a
la Presidencia de la Republica y prometía que la "
valentía", "el coraje de Su General" habían
mostrado la manera de devolver la paz a Colombia: no diálogos,
no salidas políticas, sino la fuerza, la violencia, la
venganza, la alianza narco–armas–política serian los
nuevos ritos de la secta. Exijo que la justicia, si todavía
podemos nombrarla, muestre su rostro frente al Presidente
Uribe... que el General Rito Alejo, Luís Camilo Osorio,
desmovilizados del EPL, inclusive, los asesores actuales del
Gobierno vinculados a este capitulo de la historia del país
respondan. También los cooperadores económicos, nacionales
e internacionales respondan, los quiero ver a todos
mostrando su rostro a las victimas.
Notas:
(*) Gloria
Cuartas fue alcaldesa de la Unión Patriótica en Apartadó
(Colombia).
1. ver
Revista Cambio del 7 al 13 de agosto 2008. Numero 788
2. Así se
expresó Veloza, refiriéndose al ejército y al Estado de
Colombia: "Nosotros éramos ilegales y son más
culpables ellos que nosotros, porque ellos representaban al
Estado y estaban obligados a proteger a esas comunidades y
nos utilizaban a nosotros para combatir a la guerrilla.
Nosotros cometimos muchos homicidios y tenemos que
responder, pero ellos también deben responder..."
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