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Lucran
con jóvenes para sacrificarlos como trofeos de guerra -
Estalla sangriento
escándalo
El
Ejército de Uribe asesina jóvenes pobres para presentarlos
como “guerrilleros muertos”
y atribuirse victorias
Por
Jorge Enrique Botero, desde Bogotá
La Jornada, 15/10/08
Son las 11
de la mañana pero parece de noche. Enormes nubes de un gris
plomizo y fúnebre se han posado sobre Soacha [suburbio muy
pobre de Bogotá], dando al paisaje urbano un tono muy
acorde con los sentimientos que cunden entre sus habitantes:
la tristeza y el miedo.
Soacha,
nombre indígena de la cultura chibcha que quiere decir varón
del sol, tiene casi 400 mil habitantes y una larga historia
de tragedias. Inundaciones bíblicas, deslizamientos de
tierra que sepultan barrios completos, alcaldes corruptos
que se roban su escaso presupuesto y violencia, mucha
violencia.
Por estos días
llora a sus jóvenes muertos. Decenas de muchachos que
comenzaron a desaparecer a comienzos de este año y cuyos
cadáveres han ido saliendo a la superficie tras permanecer
meses enterrados en fosas comunes de lugares remotos. En la
prensa colombiana se les conoce como “los desaparecidos de
Soacha” y su historia promete ser uno de los más macabros
sucesos de la violencia sin fin que sacude a Colombia desde
hace décadas. “Si es que no la tapan a punta de amenazas
y más muertes”, advierte el hermano de uno de los
muchachos asesinados, único testigo de los hechos que
accedió a hablar con La Jornada.
Camino a
los hogares de algunas de las víctimas, ubicados en el
barrio San Nicolás, se palpan el miedo y la desconfianza.
Las miradas huidizas de los vecinos y su negativa a
contestar cualquier pregunta se complementan con las puertas
que se cierran al paso de los extraños y con una que otra
advertencia pronunciada entre dientes:
–No
pierda el tiempo, periodista. Aquí nadie le va a hablar de
esos muchachos… esa vaina se quedó así.
“Esa
vaina” comenzó a saberse en la primera semana de
septiembre cuando la morgue de la ciudad de Ocaña, 610 kilómetros
al nororiente de Bogotá, no pudo seguir guardando los cadáveres
de jóvenes sin identificar que se amontonaban en sus bóvedas.
El hecho llamó la atención de algunos periodistas locales
lo cual hizo que se activaran las alarmas de un sistema
gubernamental dedicado a establecer el paradero de personas
desaparecidas.
Tras
confirmar la identidad de Elkin Verano, Joaquín Castro y
Julián Oviedo, todos menores de 20 años, sus familiares
denunciaron que ellos habían salido meses atrás de sus
casas atraídos por la promesa de un buen trabajo “en la
costa” y nunca más había sabido de ellos. Agregaron que
los cuerpos sin vida de sus seres queridos tenían impactos
de bala de alto calibre y repitieron ante los medios las
versiones que habían escuchado cuando fueron a recuperar
los cadáveres: que las balas habían sido disparadas por
soldados del ejército.
A lo largo
de todo septiembre siguieron apareciendo cadáveres y con
ellos se multiplicaron las denuncias de familias que exigían
saber el paradero de sus hijos desaparecidos. Solamente de
Soacha aparecieron 12 jóvenes muertos, pero la cifra de
denuncias superó rápidamente los 50. Las fotografías de
las madres desgarradas de dolor recibiendo los restos
mortales de sus hijos se tomaron la primera plana de los
medios y el ejército tuvo que pronunciarse.
Según su
primera versión, se trataba de muchachos reclutados por las
FARC muertos en combate. Sin embargo, días después se
aclaró que los jóvenes no habían muerto en
enfrentamientos con la guerrilla sino “con bandas
emergentes de paramilitares que operan en las regiones de
Ocaña, Acarí y Ábrego”.
El miércoles
24 de septiembre, la policía aseguró que un grupo de
reclutadores pertenecientes a fuerzas paramilitares recorría
zonas paupérrimas de las principales ciudades del país
ofreciendo jugosos contratos a los jóvenes desocupados que
deambulaban por las calles y los parques. La versión
coincide con la del familiar de uno de los muertos.
“Mi
hermano se mantenía por ahí, sin hacer nada. Tenía un
parche de amigos que estaban en las mismas que él…
Jugaban micro futbol todo el día y esperaban que les
saliera cualquier trabajito. Un día me dijo: hermanito me
voy, me salió camello en la costa, pagan bien y voy a
conocer el mar. Al otro día se fue y nunca más supimos de
él. Al principio pensamos que estaría ahorrando para poder
llamar o que iba a llegar en cualquier momento, pero como al
mes mi mamá comenzó a decir que le había pasado algo.
Lloraba todo el día. Un día, de pura desesperada se fue
para donde una señora que lee el tabaco y llegó muy
triste. Decía que la señora le había confirmado sus
presentimientos, que a mi hermano le había pasado algo muy
malo”.
A comienzos
de octubre, en medio del creciente escándalo por la
sucesiva aparición de cadáveres de jóvenes que el ejército
presentaba como “dados de baja en combate”, el ministro
de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció una investigación
a fondo de los sucesos y pidió a la fiscalía general que
tomara cartas en el asunto.
El
gobierno se empeña en cerrar el caso
Unos días
después, el 7 de octubre, el propio presidente Álvaro
Uribe se pronunció sobre los hechos y tras calificar a los
jóvenes de delincuentes “que no estaban recogiendo café
en una finca”, intentó poner punto final a la polémica
asegurando que según el dictamen de la fiscalía general,
“ellos fueron dados de baja en combate”.
Con lo que
no contaba Uribe era con que ese mismo día el fiscal
general, Mario Iguarán, lo desmintiera, afirmando que su
despacho no tenía evidencia de la forma en que habían caído
los jóvenes.
Tanto interés
del ejército y del presidente Uribe por cerrar el caso
despertó las alarmas de numerosas ONG dedicadas a la
defensa de los derechos humanos, así como de organizaciones
juveniles que olfatearon un tenebroso escenario detrás de
las versiones oficiales. Según versiones de prensa
aparecidas en los últimos días, las muertes de los
muchachos estarían asociadas a un tétrico negocio mediante
el cual los reclutadores llevan a los jóvenes a zonas de
guerra, los dotan de armas cortas y luego entregan al ejército
las coordenadas geográficas de su ubicación para que las
tropas ataquen el lugar y los exhiban como “trofeos de
guerra”.
La macabra
operación funciona, según las ONG, gracias a la política
interna de las fuerzas militares, que premia con recompensas
y otros beneficios a los soldados y oficiales que muestren
resultados en sus operaciones. Las bajas de miembros de
grupos irregulares son denominadas “positivos” y estos
“son el rasero para medir la efectividad en las zonas de
orden público”.
A la
denuncia sobre las motivaciones de lucro que habría detrás
de las muertes de jóvenes se suman las noticias de medios
locales según las cuales por lo menos 20 miembros de la
fuerza pública fueron condenados la semana pasada por
“falsos positivos” en los que perdieron la vida 15
campesinos de diversas regiones del país, presentados
inicialmente como integrantes de grupos irregulares.
Mientras la
fiscalía general sigue las investigaciones, en Soacha todavía
reina la oscuridad. Muy pocos creen que se vaya a hacer
justicia “mucho menos con las amenazas que nos han hecho
llegar para que guardemos silencio. Yo le he dicho a mi mamá
que sigamos buscando la verdad pero ella me responde que ya
perdió un hijo y no quiere vernos muertos a los que
quedamos”, dice el hermano de una de las víctimas, mi único
testigo, no sin advertir, al terminar su frase, que no
quiere ver su nombre publicado en la prensa.
Aún
no se ha definido cómo murieron los 19 jóvenes
“desaparecidos”, admite
Álvaro Uribe
Sus
cadáveres fueron encontrados en dos fosas
comunes; militares dicen que “cayeron en combate”
Dpa
y Reuters, 08/10/08
Bogotá.–
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, dijo hoy que la
fiscalía general aún no ha establecido cómo murieron 19 jóvenes
que desaparecieron en Soacha, una localidad que colinda con
esta capital, cuyos cadáveres fueron encontrados en dos
fosas comunes en los departamentos de Santander y Norte de
Santander, hace dos semanas.
De esta
manera, el gobernante conservador rectificó declaraciones
formuladas ayer cuando defendió la argumentación del ejército
de que que los jóvenes fueron abatidos en un combate entre
el ejército y la guerrilla, al asegurar que la misma fiscalía
general ya había dado por bueno ese reporte.
Pero el
titular de la fiscalía, Mario Inguarán, aclaró ayer mismo
que Uribe malinterpretó un informe de esa instancia, y
resaltó que aún no había definido la razón de la muerte
de los jóvenes.
En un
comunicado, Uribe reconoció hoy que “la fiscalía aún no
ha establecido la afirmación del ejército de que fueron
dados de baja en combate”, como le había atribuido la víspera
a ese organismo y a supuestas investigaciones de autoridades
forenses, y dijo ahora que es la fiscalía “la que debe
adelantar la investigación”.
Uribe afirmó
el martes que “el fiscal general de la nación aseguró
que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de
baja en combate, no fueron a recoger café, iban con propósitos
delincuenciales y no murieron un día después de su
desaparición, sino un mes más tarde”, en rechazo a
reclamos de familiares y organismos humanitarios que temen
se trate de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los
militares en el contexto de la controvertida política de
seguridad del gobierno.
De acuerdo
con familiares de los jóvenes, varios de ellos dijeron
antes de desaparecer que habían sido contratados para
trabajar en fincas del norte del país.
Por su
parte, el opositor partido Polo Democrático Alternativo
afirmó que en realidad son más de 150 los jóvenes que han
sido reportados desaparecidos por sus familiares y se teme
que hayan sido ejecutados, como en otros casos denunciados
anteriormente.
En tanto,
se reportó que seis militares colombianos fueron detenidos
acusados de haber dado muerte a dos campesinos en un caserío
de Casanare, a quienes habían presentado como insurgentes
muertos en combate.
Los
uniformados detenidos son acusados de los delitos de
homicidio en persona protegida, desaparición forzada y
concierto para delinquir.
Mientras,
el Ministerio de Defensa informó que ocho militares
murieron este miércoles al caer en un campo minado en las
afueras de la población de Barbacoas, en el departamento de
Nariño, fronterizo con Ecuador, cuya trampa atribuyó a la
columna Daniel Aldana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, que se moviliza por la costa del Pacífico
colombiano.
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