Estalla
la bomba de las ejecuciones extrajudiciales
Por
Constanza Vieira
Inter
Press Service (IPS), 30/10/08
Bogotá.–
La destitución de 20 oficiales y siete suboficiales del ejército,
por ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en
combate, "es un triunfo de las organizaciones de
derechos humanos, un triunfo de la sociedad
colombiana", dijo Reynaldo Villalba, del Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo.
Villalba
llamó a la Fiscalía General de la Nación a hacer "un
gran trabajo", "no solamente con los destituidos
sino especialmente con los no destituidos, los que
permanecen ocultos y son responsables de estas políticas".
Los
tres generales, 11 coroneles, cuatro mayores, un capitán,
un teniente, seis sargentos y un cabo destituidos tenían
jurisdicción en los departamentos de Santander
(nororiente), Norte de Santander y Arauca, ambos fronterizos
con Venezuela, y en Antioquia, en el noroccidente.
Las
divisiones Segunda y Séptima quedaron acéfalas con la
salida de sus respectivos comandantes, los generales José
Joaquín Cortés (Santander, Norte de Santander y Arauca) y
Roberto Pico (Antioquia).
El
otro general destituido es Paulino Coronado, comandante de
la Brigada 30, en cuya jurisdicción, provincia de Ocaña,
región del Catatumbo, Norte de Santander, se abrió la caja
de Pandora de las ejecuciones extrajudiciales en este país
que vive en guerra interna desde 1964.
La
medida fue anunciada el miércoles en mitad de la visita de
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, la sudafricana Navi Pillay, ex jueza de la Corte
Penal Internacional y del Tribunal Penal Internacional para
Rwanda.
Pillay
reiteró la recomendación del informe anual de su oficina,
emitido en 2007: que el gobierno y los comandantes de las
Fuerzas Armadas erradiquen las ejecuciones extrajudiciales y
prevengan, sancionen y hagan públicos los casos.
Asimismo,
Pillay subrayó "la importancia de que estos hechos
sean investigados por la justicia ordinaria" e instó
al fiscal general Mario Iguarán "a fortalecer la
Unidad de Derechos Humanos" para esclarecer todas las
denuncias.
En
la tarde terminó la visita del director para América
Latina de la Dirección de Relaciones Exteriores de la
Comisión Europea, Stefano Sannino, quien el martes afirmó
que "hay un avance muy importante, muy positivo y una
atención muy importante del gobierno colombiano en el tema
de derechos humanos".
El
23 de septiembre estalló la noticia: la morgue de Ocaña
estaba repleta, pues el contrato con la parroquia católica
local había vencido y no había dónde enterrar tantos
muertos.
Al
menos 23 de los cuerpos eran de jóvenes remitidos por
autoridades militares como muertos en combate y entraron en
distintas fechas a la morgue en los últimos cuatro meses.
En
distintas fechas, 11 de ellos desaparecieron de sus casas en
la deprimida zona sur de Bogotá, y un día y medio o dos
después ya estaban muertos. Pero entre Ocaña y Bogotá hay
unos 700 kilómetros y el viaje por tierra demora 36 horas.
Si no fueron trasladados vía aérea, murieron casi
inmediatamente al llegar a la remota región.
En
Ocaña operan la Brigada Móvil Número 15 de
Contraguerrilla, con dos coroneles destituidos, pero también
el Batallón de Infantería Número 15 y el Batallón Plan
Energético Vial.
El
cuerpo de Joaquín Castro, obrero fundidor de 25 años, ya
no estorbaba en el depósito de cadáveres. Desapareció el
13 de enero de su casa en Bogotá, dos días después entró
a la morgue de Ocaña como muerto en combate, y el 20 de
septiembre le avisaron de su muerte a la madre, Elvira Vásquez,
quien le dio sepultura.
Las
familias niegan que sus hijos hayan sido delincuentes,
paramilitares de ultraderecha o guerrilleros izquierdistas,
como afirmó el general Coronado. De los 11, el ejército
reportó expresamente que ocho eran paramilitares y uno
guerrillero.
El
día que estalló el escándalo, la Defensoría del Pueblo
(ombudsman) emitió incluso un comunicado que situaba los
hechos como "reclutamiento forzoso de menores de
edad", una práctica ajena al ejército, pero propia de
los ejércitos irregulares.
Mientras,
las autoridades se dedicaron a mostrar antecedentes
judiciales de algunos de los muertos, incluyendo una demanda
por alimentos.
La
secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López, del
izquierdista Polo Democrático Alternativo, desde el
principio calificó los casos de "desaparición forzada
con fines de homicidio", pero fue duramente atacada por
el gobierno, que advirtió que se abstuviera de
"prejuzgar".
El
gobierno de Álvaro Uribe centra su principal bandera, la
contrainsurgente política de Seguridad Democrática, en
incrementar la imagen pública de las Fuerzas Armadas.
El
25 de julio, Uribe dijo que "la estrategia
guerrillera" consistiría ahora en que "cada vez
que se le da una baja a la guerrilla (sic), ahí mismo
moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para
decir que fue una ejecución extrajudicial", en
referencia indirecta a los defensores de derechos humanos.
Y
el 9 de septiembre el ministro de Defensa, Juan Manuel
Santos, reportó haber "descubierto" "una política
deliberada de ciertas organizaciones" con relación a
"las mal llamadas ejecuciones extrajudiciales".
Esta
política, según el ministro, consistiría en
"simplemente inflar las cifras" progresivamente,
"para deslegitimar la fuerza pública" mediante
acusaciones que son luego "muy difíciles de desvirtuar
políticamente".
"Es
muy curioso que cuando hay un combate con guerrilla de
civil, inmediatamente comienzan las denuncias sobre
ejecuciones extrajudiciales", dijo Santos el 29 de
septiembre a la emisora W Radio.
Desde
septiembre de 2007, la cartera de Defensa orienta a las
tropas en que "mejor un desmovilizado que un capturado,
mejor un capturado que un muerto", según Santos.
Pero
el propio Uribe ha dictado incontables veces a sus tropas la
orden de "exterminar" a la guerrilla, incluso este
año.
Y
ante reiteradas acusaciones de que la fuerza pública sigue
actuando en connivencia con milicias ilegales conocidas como
Águilas Negras y otras estructuras paramilitares que no se
desmovilizaron tras pactos con el gobierno, Uribe también
ordenó "resultados".
Las
cifras de bajas, efectivamente, fueron aumentando.
El
8 de octubre, el senador izquierdista Gustavo Petro aseveró
que serían 130 los muchachos asesinados para que el ejército
los presentara como bajas en combate en distintos puntos del
país.
La
Oficina en Colombia de la Alta Comisionada emitió el 26 de
septiembre un duro comunicado contra la práctica de las
ejecuciones extrajudiciales, que había observado en los
departamentos noroccidentales de Antioquia, Córdoba y
Sucre.
La
Oficina describió un "patrón" común: "las
víctimas reciben promesas de trabajo, aparentemente legales
o incluso ilegales, para trasladarse a municipios y
departamentos distintos de sus lugares de residencia",
y terminan en un día o dos como éxito militar.
Existe
participación de "verdaderas redes criminales,
encargadas de engañar y conducir a las personas hasta el
lugar donde se les da muerte", alertó la Oficina.
El
anuncio de la destitución de los militares se dio hora y
media antes de la presentación en Bogotá de cuatro
informes sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de 209
organizaciones de derechos humanos nacionales y de una misión
internacional de 13 profesionales de cuatro países europeos
y Estados Unidos.
Uno
de los informes reporta más de 55 casos de bajas en combate
en la jurisdicción de la Brigada 15 en los últimos dos años,
"que en realidad, de acuerdo a los testimonios de los
familiares y vecinos, eran hombres laboriosos".
Esta
Brigada "en los últimos tres años ha sido una
verdadera máquina de muerte", según el jurista
Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos
Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación
Colombia–Europa–Estados Unidos (CCEEU), que presentó
uno de los informes, pues "ha dejado una estela de
muertos en la zona de su jurisdicción".
Gustavo
Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, se
preguntó "por qué no han reaccionado antes este
gobierno y gobiernos anteriores", si esto "se ha
denunciado por lo menos desde los años 70 del siglo
XX".
"Son
comportamientos que se repiten en todas las brigadas, en
todas las divisiones, en todas las regiones del país, para
hablar en términos civiles", agregó, y "obedecen
a un patrón, a una forma de comportamiento" basada en
la discriminación de personas humildes, de raza negra, indígenas,
"y por supuesto de opositores", dijo Gallón a
IPS.
Muchas
víctimas provienen de sectores socialmente vulnerables,
incluyendo indigentes y adictos a las drogas ajenos a redes
sociales, "seguramente para actuar con mayor impunidad,
creyendo que estas personas no serían reclamadas por
nadie", según el abogado Villalba.
Entre
enero de 2007 y junio de 2008 "una persona perdió la
vida diariamente por ejecución extrajudicial"
directamente atribuida a la fuerza pública, muestran las
denuncias recibidas por la CCEEU, plataforma de derechos
humanos que agrupa a 202 organizaciones.
Es
"un aumento de casi el doble de los hechos" que la
CCEEU registró entre el 1 de julio de 2002 y el 30 de junio
de 2007, "y de casi el triple" comparado con los
cinco años anteriores a la administración de Uribe,
iniciada en agosto de 2002.
El
abogado Yepes atribuye ese aumento a la intensificación de
la guerra.
Hay
una "militarización extrema de la vida civil, que ha
incrementado notablemente la presencia de fuerza pública en
todo el territorio nacional", sumada a "una presión
muy fuerte de resultados sobre la tropa" que tiene que
mostrar "control de las zonas a cualquier costo",
dijo Yepes a IPS.
A
esto se agrega "una estructura perversa de incentivos y
sanciones", como bonificaciones, ascensos, traslados y
viajes al exterior, por resultados militares en el marco de
la Seguridad Democrática, añadió.
"Hemos
comprobado que brigadas altamente comprometidas en
ejecuciones extrajudiciales reciben ayuda militar de Estados
Unidos", y muchos de sus comandantes "han recibido
también entrenamiento" de ese país, advirtió Yepes.
Los
condicionamientos de derechos humanos que el Poder
Legislativo de Estados Unidos puso a la ayuda militar a
Colombia, la tercera mayor que entrega ese país, después
de Israel y Egipto, "no se están cumpliendo",
dijo.
Si
las autoridades de control hubieran actuado ante los
primeros reportes, "nos hubiéramos ahorrado muchos
muertos", aunque "no todo es negativo", matizó.
"Hay
un aumento de la conciencia pública sobre la realidad dramática
de las ejecuciones extrajudiciales", no sólo en la
sociedad sino en las autoridades, que comienzan a entender
que esta práctica es inaceptable internacionalmente, apuntó
Yepes.
Pero
también ha influido "una actividad valiente de las víctimas
que han salido a dar la cara, a denunciar", "con
un riesgo enorme para sus vidas", así como la labor
del movimiento nacional e internacional de derechos humanos,
incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas, concluyó.
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