El
escándalo de los falsos positivos
Por
Simone Bruno (*)
ALAI, América Latina en Movimiento, 30/10/08
"Eso
ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en
crímenes, crímenes resultado de la confabulación entre
delincuentes e integrantes del Ejército tienen por interés
asesinar inocentes para dar la sensación de que se está
enfrentando en esa región a los criminales, cuando son los
verdaderos criminales los asociados con el Ejército para
cometer esos crímenes".
|
|
|
Marcha
indígena: mientras se destapan sus crímenes,
Uribe enfrenta movilizaciones de distintos sectores |
Esta
sorpresiva declaración no la hizo algún solitario defensor
de los derechos humanos que grita contra el viento, sino el
presidente de la República Colombiana Álvaro Uribe Vélez,
que, según la Constitución es también el comandante último
de las fuerzas armadas.
La frase ha
sido acompañada por el retiro de las fuerzas armadas de 20
oficiales –incluidos tres generales– y siete
suboficiales. Hecho sin precedentes en Colombia.
Según el
presidente, que habló a la nación el pasado miércoles al
amanecer, acompañado por el ministro de la defensa Juan
Manuel Santos y el general Freddy Padilla, al mando de las
fuerzas armadas, las culpas de los militares serian gravísimas.
Una comisión interna de las fuerzas armadas habría
comprobado la negligencia, cuando no la complicidad de los
27 militares, en el escándalo de los falsos positivos,
manera políticamente correcta de indicar algunos jóvenes
de la periferia de Bogotá secuestrados y luego resultados
muertos en un falso enfrentamiento con el ejercito.
Entre los
retirados del servicio se encuentran: José Joaquín Cortés,
comandante de la II División, responsable de Santander,
Norte de Santander y Arauca, el general Roberto Pico,
comandante de la VII División, con base en Antioquia, y el
general Paulino Coronado, comandante de la Brigada 30 en el
Norte de Santander, bajo cuya jurisdicción se encontraron
enterrados en fosas comunes varios de los jóvenes
secuestrados en Bogotá. El mismo General Paulino Coronado
apareció varias veces en los medios declarando que los jóvenes
habían muerto en combate y no se trataba de falsos
positivos.
“Come
siempre pasa con el gobierno Uribe, una vez que el escándalo
llega a los medios de comunicación el problema empieza a
existir” han declarado para ALAI algunos defensores de los
derechos humanos.
Solo unas
pocas horas después de la rueda de prensa presidencial,
otra rueda de prensa ha acompañado la presentación de un
informe de la CCEEU (Coordinación Colombia Europa Estados
Unidos) que reúne a varias ONGs que investigan sobre las
violaciones de los derechos humanos. El informe, que se
llama: “Ejecuciones extrajudiciales: realidad
inocultable”, presenta datos escalofriantes sobre este
tema que por mucho tiempo ha sido subvalorado por el
gobierno y que es consecuencia directa de la política
gubernamental de la seguridad democrática. Según la CCEEU
desde el comienzo de la seguridad democrática en Junio de
2002 hasta Junio de 2007 se verificaron 955 casos de
ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del
Estado, a las que hay que sumar 235 casos de desapariciones
forzadas. Un incremento de casi el 68% frente a los 5 años
precedentes. ¿Si las FARC son justamente considerados
enemigo público número uno por detener 700 colombianos, un
ejército que mata a más de mil, cómo se tiene que
considerar?
El informe
analiza también una serie de datos muy interesantes sobre
este fenómeno. En estos años en Colombia se ha generado un
patrón persistente de ejecuciones extrajudiciales y de
impunidad que pero ha venido cambiando en el tiempo en su
modalidad. Ahora las victimas ya no son campesinos de
organizaciones sociales acusados de ser guerrilleros, como
en los primeros años.
Estos
primeros falsos positivos llamaban la atención de los
medios y las protestas de varios actores sociales. Según la
CCEEU, ahora las fuerzas armadas secuestran jóvenes en los
barrios marginales de las grandes ciudades, o sea una
población más vulnerable cuya desaparición no llama la
atención. Estos jóvenes son llevados hacia aéreas rurales
en donde se simula un enfrentamiento con el ejército y
estos jóvenes son dados de baja y registrados como
integrantes de grupos emergentes o de criminalidad común.
Luego son enterrados en fosas comunes como NN. Esto genera
mucha menos atención de los medios de comunicación y ha
favorecido una difundida impunidad.
Las razones
de estos homicidios son los sistemas de incentivos y premios
que el alto gobierno ha venido implementando. Cada
guerrillero o criminal dado de baja es recompensado
generosamente en términos económicos y de licencias. Por
esta razón se ha creado este macabro mercado de cuerpos
humanos cazados, comprados y vendidos por peso, como si
fuesen animales. Para algunos militares la vida humana de un
inocente vale menos que unos días de vacación.
El informe
analiza también la estructura de impunidad de la cual la
fiscalía forma parte. Los fiscales, violando normas
elementales, dejan las investigaciones y los procedimientos
a la justicia militar y no las asumen en los aparatos de la
justicia civil. “Existen unidades de fiscalía ubicadas al
interior de las guarniciones militares o policiales, que actúan
en combinación con la Fuerza Pública para legalizar
operativos en desarrollo de la lucha contrainsurgente”.
Las mismas
acusaciones llegan también de la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
que en su último informe sobre la situación de los
derechos humanos en Colombia, reconoció: "la
persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a
miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del ejército",
señalando además que "algunas características
comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas
como muertos en combate, alterar la escena de los hechos
antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las
ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las
investigaciones. Las investigaciones adelantadas por las
autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían
estar motivados por la presión de resultados y el interés
de algunos miembros de la fuerza pública de obtener a
partir de dichos resultados una serie de beneficios y
reconocimientos".
El informe
de la CCEEU será presentado a la Corte Penal Internacional
y a la misma Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, señora Navi Pillay que justo el miércoles
inició su gira por Colombia.
Como reacción
a estos hechos, la oposición ha pedido la renuncia también
del general Padilla y del ministro Juan Manuel Santos –con
aspiraciones presidenciales– directo responsable de la
aplicación de las políticas militares de la seguridad
democrática. El partido del Polo Democrático ha pedido
también la renuncia del presidente Uribe como comandante
del ejército. Alirio Uribe del Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo responsabiliza también al general Mario
Montoya, comandante del ejército y ya acusado de
complicidad con el paramilitarismo.
Efectivamente
tienen que existir unas responsabilidades políticas. El
ministro parece haber ignorado los falsos positivos
voluntariamente, solo hace un mes declaró contra la CCEEU:
“algunas personas siguen desconociendo la realidad y
tratan de vender la falsa aseveración de una política
gubernamental de las mal llamadas ejecuciones
extrajudiciales. Esta es una práctica que hemos
descubierto, una política deliberada de ciertas
organizaciones, que lo que quieren es que se denuncie para
que la cifra vaya aumentando y aumentando. Es una cifra que
se utiliza para después deslegitimar las fuerzas públicas
y cuando uno va a averiguar realmente que significan estas
denuncias, no se encuentra nada. Se encuentra que hay
personas interesadas en simplemente inflar las cifras para
después denunciar esta cifra como si fuera realidad.”
Resuenan
también las palabras del mismo presidente Uribe del pasado
junio de 2007, pronunciadas en contra de algunos defensores
de los derechos humanos: “ahora la estrategia guerrillera
es otra. Cada vez que se da una baja a la guerrilla ahí
mismo se movilizan sus corifeos en el país y en el
extranjero para decir que fue una ejecución extra
judiciaria. Pero las fuerzas armadas han puesto todo el
cuidado para no dar lugar a que se señale a miembros de las
fuerzas armadas de estar en colusión con grupos
paramilitares”.
Si el
presidente hubiese escuchado a aquellos corifeos de la
guerrilla de pronto se hubieran podido salvar por lo menos
las 535 víctimas que desde Enero de 2007 hasta Julio de
2008 se han transformado en falsos positivos, según la
CCEEU.
(*)
Simone Bruno es periodista italiano radicado en Colombia.
|