La
fiscalía investiga al Ejército por 1.155 muertes
extrajudiciales
Morir
como falso combatiente
Por
Winston Manrique
Enviado especial a Bogotá
El País, 17/11/08
El ejército
busca generalmente indigentes o drogadictos: los secuestra,
los traslada lejos de su zona, los asesina y luego los
registra como "guerrilleros abatidos" para evitar que alguien
los reclame. Una práctica que parece ser generalizada
De un día
para otro, al muchacho que se ganaba la vida como estatua
viviente en un parque de Neiva el ejército lo hizo aparecer
como un guerrillero muerto en combate. Nadie ha salido del
asombro en esta ciudad al sur de Colombia. Mientras, el país
asiste horrorizado a la denuncia de 1155 víctimas de
ejecuciones extrajudiciales como ésta, que investiga la
Fiscalía General de la Nación por todo el territorio
colombiano. Se acusa a las fuerzas públicas de registrar
como guerrilleros caídos en combate a personas inocentes,
llamados “falsos positivos”. Más de 3000 funcionarios
de las Fuerzas Armadas son investigados, incluidos
generales.
Un
boomerang al que se enfrenta el presidente colombiano,
Alvaro Uribe. El mandatario basó gran parte de su política
de seguridad democrática para combatir a la guerrilla,
primero, en un sistema de recompensas a civiles que
informaran sobre guerrilleros, lo cual pudo haber generado
una red de delincuencia o negocio de muertos, según advirtió
el fiscal general de la nación, Mario Iguarán Arana; y,
segundo, en la estrategia de privilegiar los incentivos
militares según el número de bajas en combate.
El ministro
de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció el domingo la
destitución de otros trece militares por este escándalo,
que se unen a los veintisiete miembros del ejército que ya
fueron relevados hace tres semanas. Con estas destituciones
y la renuncia del comandante del ejército, Mario Montoya
(responsable de la operación en la que se liberó a Ingrid
Betancourt en julio), el gobierno, afirma el fiscal, “ha
pretendido salvar su responsabilidad ante la Corte Penal
Internacional”. “Pero si comprobamos que ésta es una práctica
sistemática y generalizada, estamos frente a un delito de
lesa humanidad”, añade.
No son
casos aislados. En Neiva, cubierto de blanco de la cabeza a
los pies, Miller Andrés Blandón acudía al Parque Cívico
a ganarse la vida como estatua humana. Hacía poco había
salido de un centro de desintoxicación de drogas y
convertido la Casa de Apoyo al Habitante de la Calle en su
refugio, dice el coordinador del programa, Antonio Torres.
El 17 de julio, Blandón acudió allí a comer. Cuando los
indigentes terminaron, llegaron dos hombres en una moto y
les ofrecieron trabajo como recolectores de café. Sólo
tres de ellos se creyeron el cuento y se fueron a juntar café.
Al día
siguiente, las noticias del mediodía dijeron que tres
guerrilleros habían caído en combate en las selváticas
montañas de los Andes del municipio de San José de Isnos.
Al
atardecer, uno de los miembros de la fiscalía que hizo el
levantamiento de los cadáveres encontró en la cartera de
una de las víctimas su documento de identidad, a nombre de
Miller Andrés Blandón, y apuntado un número de móvil.
Llamó, y la segunda esposa de su abuelo, Silvia Segura, negó
que ese muchacho de 24 años fuera guerrillero.
Los otros
dos indigentes siguen enterrados como no identificados.
Igual que en muchos de los casos investigados en catorce
departamentos, ya que se buscan personas que no sean de la
región, las secuestran, las trasladan lejos de su zona y
luego el ejército las registra como guerrilleros caídos en
combate para evitar que alguien las reclame.
Colombia se
ha convertido en un territorio minado para Uribe, ante la
continua denuncia de estas ejecuciones extrajudiciales. Según
la analista política Claudia López, estos hechos dejan en
evidencia la ineficacia del control y mando del gobierno
frente a sus instituciones militares y de los comandantes
frente a sus subalternos y la negligencia frente a las
denuncias de violación de derechos humanos.
El país es
observado. Días antes de su elección como presidente de
Estados Unidos, el 4 de noviembre, Barack Obama aseguró en
uno de los debates de la campaña que no firmaría con
Colombia el Tratado de Libre Comercio mientras no haya
garantías de derechos humanos.
Son 1155
muertes que investiga la fiscalía –como el caso de Miller
Andrés Blandón–, de indigentes, drogadictos o
marginados, más otras 2.000 denunciadas por otras
instituciones. Todo para cumplir con los resultados pedidos,
obtener ascensos, condecoraciones o, simplemente, para
disfrutar de permisos en días especiales. Ocurrió el Día
de la Madre de 2007, cuando en el Batallón de Infantería
31, el soldado Luis Esteban Montes advirtió
infructuosamente a su comandante de que la persona que habían
secuestrado sus compañeros con el fin de hacerla pasar por
un guerrillero muerto era su hermano.
Desde la
llegada de Uribe al gobierno, en 2002, se han denunciado
casos de “falsos positivos” por parte de familiares u
organizaciones de derechos humanos que lo único que recibían
del presidente eran descalificaciones o acusaciones.
Un
presidente que en su primer acto público, el 8 de agosto de
2002, anunció su política de estímulo y recompensas a
civiles, y la pretensión de convertir a Colombia en un país
de informantes. Lo que ha generado muchos debates y casos
asombrosos. El semestre pasado, el guerrillero alias Rojas
se presentó ante un comando del ejército con la mano de su
jefe Iván Ríos, del secretariado de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), como prueba, y diciendo
dónde estaba el cadáver. Yacía junto al de la novia de éste,
a la que también había matado. Tras una polémica nacional
sobre la legalidad y moralidad de que Rojas recibiera la
recompensa, finalmente le fue concedida.
Según las
estadísticas del propio gobierno, cuando Uribe llegó a la
presidencia, en Colombia había 15.000 hombres de las FARC.
Según esas mismas fuentes, en estos seis años se han
desmovilizado, han sido capturados o han muerto en combate
55.000 guerrilleros. Las cuentas no cuadran. “Una prueba
–reflexiona Claudia López– de la obsesión por
justificar resultados absurdos.”
Aunque en
Colombia nadie niega que la seguridad del país ha mejorado,
que hay más confianza por parte de los inversores
extranjeros y que las FARC parecen heridas, cuarenta y cinco
millones de colombianos se preguntan perplejos si acaso,
para solucionar el conflicto armado, todo vale.
Colombia
se desmorona entre asesinatos, robos,
desempleo y crisis social
Por
Apolinar Díaz – Callejas
Indymedia Colombia, 20/11/08
En pocos días
termina el año 2008, en el que ha caído sobre Colombia una
espantosa crisis humanitaria, política y social, como
aterradora expresión de los daños que ha causado al país
el gobierno del Presidente Uribe Vélez.
El país
fue convertido por el actual gobierno en el más abyecto de
América a los intereses políticos y dictados del gobierno
del Presidente George Bush.
La situación
es tan grave que periódicos como El Tiempo, el de mayor
circulación nacional, ahora propiedad de una empresa de la
ultraderecha española, que fue en el pasado de reconocida
independencia nacional y política, ha tenido que denunciar
el desmoronamiento de la vida y economía de los
colombianos. El diario liberal El Espectador, uno de cuyos
directores, Guillermo Cano, fue asesinado hace varios años,
ha renacido manteniendo la política informativa sobre la
realidad de una disolución nacional del país bajo el
gobierno Uribe Vélez que mantiene la nación bajo el peso
de crimines y asesinatos de toda clase de gentes, de despojo
del campesinado por narcos y paramilitares, de represión y
encarcelamiento de estudiantes de importantes universidades
de Bogotá, y de asesinatos de miembros de organizaciones
campesinas, de ataque directo y a bala a los grupos indígenas
y ciudadanos originarios de razas africanas.
Algunos
ejemplos muestran lo dicho. El gobierno y la prensa
inventaron la frase "falsos positivos" para
describir asesinatos y crímenes de miembros del ejército y
la policía contra jóvenes y gentes del pueblo. En sólo
Bogotá fueron asesinados 19 jóvenes, cuyos cadáveres
aparecieron a varios miles de kilómetros del lugar de los
hechos, enterrados en tumbas colectivas. Pero resultó que
lo que parecía un hecho aislado es una política criminal
practicada y ejecutada en la mayoría de las regiones
colombianas. Como autores de esos asesinatos han aparecido
miembros del ejército y de la policía.
En estos
momentos ha estallado en todo el territorio nacional,
especialmente en los Departamentos del Valle, Nariño, Boyacá,
Antioquia, Putumayo y el propio Bogotá, el escándalo de
empresas privadas con distintos nombres, DRFE (Dinero Rápido,
Fácil y Efectivo), DMG (David Murcia Guzmán), que se
robaron miles de millones de pesos. Este último personaje
estuvo en el Palacio Presidencial de Colombia, reunido con
el Secretario de Prensa, Cesar Mauricio Velázquez, lo que
prueba que el Presidente de la República y sus altos
empleados sabían lo que estaba pasando. Por eso en sus últimos
discursos públicos, el Presidente Uribe Vélez ha tenido
que invocar la ayuda de la "divina providencia",
al tiempo que en cuestión de pocas horas lanzará un montón
de decretos para tratar de detener el caos. Además de lo
anterior, fueron creadas empresas particulares, que ofrecían
grandes utilidades a los depositantes en ciudades y zonas
rurales.
Las gentes
creían que era un "milagro" de la divina
providencia. No es aventurado expresar que las pérdidas de
los depositantes, gentes de clase media baja, sobrepasan los
cien mil millones de pesos. El Procurador General de la Nación
Edgardo Maya Villazón, ha exigido a los alcaldes
municipales, distritales y locales que de forma inmediata
practiquen visita de investigación y control a las decenas
de empresas que se lanzaron a recoger ahorros de los pobres
de Colombia. El gobierno Uribe Vélez que sabía lo que
estaba pasando, se mantuvo impasible, preocupado por sus
intrigas para obtener la inclusión del tema del TLC entre
Estados Unidos y Colombia que impulsan Bush y Uribe Vélez
en el temario del Presidente Barack Obama.
A su vez,
los jueces investigadores de la masacre cometida en el
Palacio de Justicia hace varios años, han encontrado nuevos
elementos para esclarecer la responsabilidad gubernamental
en los crímenes de entonces. Uribe Vélez mantiene su
guerra y agresión contra las organizaciones de indígenas
colombianos que iniciaron hace varias semanas una marcha a
pie hacia Bogotá, para exigir del gobierno el cumplimiento
de los compromisos con esa población y la de origen
africano. Se ha conocido un correo electrónico del grupo
ultraderechista "Águilas Negras", que señala
como su objetivo militar inmediato a 32 estudiantes y
egresados de 4 facultades de la Universidad Nacional.
El Tiempo
destaca que el Presidente Uribe llegó tarde a esta crisis y
por ello "la reacción visceral de los ahorradores ha
sido de culpar al Estado más que a su propia avidez".
Como historiador, subrayo que el mediocre desarrollo
capitalista colombiano, que viene desde la Colonia, ha
tenido numerosos sucesos de estafas y robos de los ahorros
del pueblo. Algunos personajes nacionales de alto relieve
fueron encarcelados por esos delitos.
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